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Cancún.- La activista medioambiental Katerine Ender Córdova, que por años ha defendido a Tajamar, además de iniciar litigios contra Puerto Cancún, Grand Solaris y El Cid, entre otros, ha sido denunciada penalmente por la representante legal del proyecto hotelero Grand Island Cancún, por extorsión y amenazas, apenas días luego de que declarara su oposición hacia este multimillonario desarrollo.

La activista fue notificada de la denuncia antier por agentes de la Fiscalía General del Estado. El documento señala que la representante legal de BVG World dice que Ender Córdova acudió a sus oficinas y le exigió 20 millones de pesos en efectivo, así como otros 5 millones de pesos mensuales, o de lo contrario efectuaría una “campaña de desprestigio”.

El Ministerio Público otorga como medida cautelar, la protección policiaca a favor de esta persona en su domicilio y la prohibición de la ambientalista de acercarse.
En entrevista, Ender Córdova recordó que el pasado 24 de octubre, efectuó un recorrido por la laguna Nichupté con voluntarios, para comprobar la contaminación en este cuerpo de agua, por una fuga de cloro en una planta de tratamiento de Fonatur, hechos por los que ya existe una denuncia. Como parte del recorrido, pasan por la zona donde se piensa construir el Grand Island Cancún, proyecto de mil millones de dólares que fue anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en su trasmisión en vivo del hecho, señala que en el lugar hay mangle, por lo que los permisos ambientales están viciados.

Posteriormente, en un diálogo con un representante de Fonatur, con quien mantiene contacto por la situación de Tajamar, así como por la denuncia por la contaminación de la laguna, también le indicó en ese predio hay fauna protegida, por lo que el gobierno federal debiera investigar los permisos, antes de ser demandados.
Sin embargo, una semana después, fue que le notificaron de esta denuncia penal en su contra, por esta persona que no conoce, que alega que fue a sus oficinas, que también ignora dónde se encuentra.

“Lo curioso es que las supuestas amenazas fueron el mismo día que estaba haciendo este recorrido”, señaló.
La ambientalista recalcó que todas estas acusaciones son ficticias y hechas con el propósito de desprestigiarla; sin embargo, ella asegura que su labor en defensa del medio ambiente habla a su favor, tanto en Tajamar, donde incluso ha sido amenazada por otros pseudoambientalistas que sí resultaron estar comprados, como en otros proyectos hoteleros, donde ha mantenido los litigios vigentes, tanto por vía administrativa como penal.

“Yo tengo ingresadas denuncias por amenazas, desde que estoy aquí, en 2015 y esas están archivadas, ni me han brindado atención. Pero en este caso, ordenaron 90 días de protección”, contrastó.
El proyecto Grand Island, para la ambientalista, sería un “nuevo Tajamar”, en caso de permitirse la devastación de mangle, en este predio de 49 hectáreas, del lado de la laguna.