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Cancún.- El empresario Alberto Millar López, ex propietario de la desaparecida revista «Polémica» y hermano de Heriberto Millar, ex propietario del periódico «Respuesta», publicó en su cuenta de Facebook un video en el que exige justicia pareja para todos, alegando que a él no le regalaron el predio que le fue incautado ayer, sino que lo compró al IPAE, como muchos otros empresarios en esa zona.
En el video, titulado «Comunicado No. 1», decidado a la opinión pública y de cerca de 20 minutos de duración, el empresario dio una explicación pormenorizada de la forma en la que adquirió este predio de cuatro hectáreas, en la Región 295, conocida como la «zona de sascaberas» en el bulevar Luis Donaldo Colosio, mismo que ayer fuera asegurado por la Fiscalía General del Estado y que era usado como estacionamiento público.

Alegó que nadie le regaló el predio, sino que se lo compró al Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), por lo que acusó de una posible persecución en su contra y cuestionó que por qué entonces no le aseguran los predios comprados por otros empresarios, como Issac Hamui, Abelardo Vara, desarrollos como Cumbres, Lagos del Sol, Villamagna o empresas como Aqua.
Comentó también que junto a su predio hay otro de 7 hectáreas, que tenía como posesionario a alguien que acaba de titular, Enrique Lechón Rosas, hermano del notario 10 Francisco Lechón Rosas, quines están casados con las dos hijas de la ex senadora Addy Joaquín.

Aseguró que su negocio ya se lo «echaron a perder», ya sufriendo un daño patrimonial, y que si la justicia aplica, debe ser pareja.
Según Millar López, un familiar de su escolta era el posesionario del predio, Carlos Hernández Cantón, y se lo ofreció en venta pues estaba enfermo, acordando una cesión de derechos por este terreno, que esta persona había obtenido del ejido Alfredo V. Bonfil.
Sin embargo, y como él señala en el video, este terreno había sido expropiado y en realidad pertenecía al IPAE, por lo que él solicitó una reunión con la entonces presidenta del mismo, Claudia Romanillos Villanueva para «regularizar» (en realidad adquirir) el terreno. Según él, la funcionaria estatal le señaló que para ello, tenía que primero poner fin a algún posible litigio por el predio.
Ello, porque parte de ese lugar era ocupado por Eduardo Paredes Moreno, quien allí tenía una aeropista (aunque Millar asegura que estaba colindante a este terreno y que tenía «tres fierros viejos» sin permiso para operar), y quien lo demandó por despojo y daños, después de ser expulsado del terreno por la fuerza, hecho que Millar no niega en el video, pues incluso señala que el juicio sigue por la vía civil, por haber violentado su posesión.
De acuerdo a su narración, fue hasta que obtuvo el no ejercicio de acción penal (hasta que la Fiscalía borgista desistió el caso) que logró un contrato de compraventa y, después de un año de pagar las mensualidades, logró la titulación, admitiendo estar nervioso ya que la administración de Roberto Borge Angulo estaba por terminar.

Sin embargo, esto se contradice por un audio filtrado por Noticaribe en 2016, donde en una llamada con un amigo, Alberto Millar se jacta de tener tanto el no ejercicio de acción penal como la titulación, las que habrían salido de manera simultánea.

De hecho, en toda esta detallada explicación no entra en la verdadera materia de lo que se le acusa en los distintos medios de comunicación, que es haber obtenido un predio, no gratis, pero sí a un precio muy inferior al de su valor real.
Millar pagó 250 pesos el metro cuadrado por este predio de 4 hectáreas, cuando su valor comercial se estima en 10 mil pesos. Eso significa que lo obtuvo a un 2.5% de su precio real, unos 14 millones de pesos, en pagos mensuales, en lugar de 560 millones de pesos. Los quintanarroenses así perdieron unos 546 millones de pesos en patrimonio público.
Cabe destacar que, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, el litigio por el que fue asegurado el predio, de acuerdo a la carpeta 15011/2019, ni siquiera es por esta cuestionable compraventa, sino por un supuesto fraude procesal, pues, según la parte acusadora, a él se le dio un poder para poder hacer las gestiones para «regularización» (en realidad compra) de este terreno ante el IPAE, incluso recibiendo él un dinero a cambio, pero en cambio, Millar la compró para él, cosa que el querellante supuestamente vino a descubrir el año pasado, al enterarse que este terreno estaba en venta.

Esto es casi lo opuesto de lo que mencionó este empresario en el video, pues, como ya se consignó, él dijo que el posesionario, Carlos Hernández Cantón, le entregó una cesión de derechos, recibiendo un dinero a cambio. También afirmó que ya le perdió el rastro a esta persona y que ignora los motivos por los que fue asegurado el predio.
También hizo un exhorto a la Fiscalía General del Estado para que permita la salida de los vehículos que allí tenían sus clientes, que incluye a una transportadora turística, a la concesionaria Hyundai, entre otras.