Cd de México.- La tarde noche de este miércoles, la EL Consejo Consultivo De La Comisión Nacional De Los Derechos Humanos (CNDH) hizo un fuerte pronunciamiento contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a las ante las restricciones presupuestales, operativas y cambios administrativos que serían aplicables a diferentes institutos y organismos sociales.
A través de un resolutivo de una cuartilla, el Consejo Consultivo de la CNDH externó su preocupación por las disposiciones operativas y medidas administrativas anunciadas por el Poder Ejecutivo Federal en torno al Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) en tanto la eventual desaparición o recorte presupuestal que se plantea aplicar a las cuatro instancias generaría una afectación directa a los derechos de los grupos en condición de vulnerabilidad.
Explica que los más afectados son las personas con discapacidad, aquellas que tienen 60 años o más de edad, así como a las juventudes, quienes históricamente han sido víctimas de exclusión, discriminación y estigmatización por parte de la sociedad, lo que les ha impedido el acceso al ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de igualdad con el resto de la población.
Precisa que se limita el desarrollo y fomento de la participación ciudadana de carácter social a través de diversas figuras asociativas, como las organizaciones de la sociedad civil y las instancias gubernamentales que propician este apoyo como INDESOL, INAPAM, CONADIS e IMJUVE.
La CNDH se manifiesta a favor de que todas las instancias tengan una evaluación de su desempeño, utilidad y atribuciones a efecto de garantizar eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función pública, pero toda medida debe estar sustentada en información y evidencia objetiva, ser transparentes conforme a la norma constitucional y de ninguna manera arbitrarias.
La CNDH señala que una de sus obligaciones constitucionales es la de promover, respetar, proteger y garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, así como de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos, por ello con estas medidas impuestas al INDESOL, INAPAM, CONADIS e IMJUVE afectarían a grupos en condición de vulnerabilidad, respecto de los cuales el Estado mexicano tiene un deber especial de cuidado y protección, así como organizaciones de la sociedad civil.
La CNDH plantea que en vez de desaparecer estas instancias como el INDESOL, INAPAM, CONADIS e IMJUVE, se apliquen diagnósticos que permitan sustentar las medidas correctivas para evitar actos de corrupción, desvío o indebido uso de los recursos públicos, o la ineficacia y falta de efectividad de los programas que implementan, por lo que se pronunció por medias de control, fiscalización, auditoría y transparencia del ejercicio presupuestal, así como investigar y sancionar los casos en que se acredite el incumplimiento de obligaciones legales.
Asimismo en el numeral Cuarto, se establece que el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un respetuoso llamado a las Secretarías de Bienestar y Hacienda y Crédito Público, para que la revisión de las estructuras administrativas que se realicen se lleve a cabo con enfoque de derechos, de género, ciclo de vida y transversalidad, y con respeto irrestricto a las obligaciones constitucionales, convencionales y legales que buscan proteger los derechos humanos de la población.
Del mismo modo, resalta la importancia de ponderar la pertinencia de los esquemas y mecanismos que se propongan como alternativas, en tanto parte importante de los apoyos que requieren las personas mayores, así como aquellas con discapacidad, son de naturaleza prestacional por lo que, difícilmente pueden ser monetizados, existiendo el riesgo de que se propicien esquemas que lejos de atender las necesidades y requerimientos reales de las personas afectadas, busquen atender intereses de índole diverso al de los derechos humanos.
