Ciudad de México.- Al anunciar que hoy se presentará una iniciativa de Ley sobre el outsourcing, para evitar afectaciones a los trabajadores y a la hacienda pública, la Secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde Luján tomó como ejemplo de esta ilegalidad a un hotel en Cancún, Quintana Roo, donde dijo que sus trabajadores no sabían quién era su patrón.
Sin mencionar el nombre, María Luisa Alcalde puso de ejemplo a Quintana Roo donde detectaron que de los 802 trabajadores del centro de hospedaje, únicamente dos estaban reconocidos como trabajadores; operaban 14 empresas pagadoras, las que se distribuían los 800 empleados.
“Ubicamos que 40 trabajadores no estaban registrados en el Seguro Social, 762 trabajadores estaban registrados con falsos salarios mínimos, ninguno de los trabajadores conocía o reconocían a las empresas que les pagaban, todos estaban obligados a contratar cada tres meses con diferentes empresas pagadoras”, detalló.
El problema para el trabajador es que no tiene un patrón a quién demandar, porque en su mayoría son empresas “fantasmas” para evadir responsabilidades.
“Hoy presentamos una propuesta que resuelva los problemas y los abusos de la subcontratación… partimos de un principio que el trabajo es un derecho y un deber social, no es una mercancía”; la afectación de los trabajadores es que se les inscribe en el Seguro Social por debajo de su salario, en los fondos de vivienda, las liquidaciones, indemnizaciones, licencias de maternidad, accidentes e incapacidades”, dijo.
La estrategia de las empresas subcontratadoras es que cada tres meses despiden y recontratan a los trabajadores, en diciembre despiden a los empleados y los recontratan en enero. Esto es afectación a los trabajadores y evasión de impuestos; así como a las cuotas del IMSS y del Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores).
La subcontratación la introdujo en el 2012 el entonces presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y la fecha existen alrededor de 4 millones 600 mil trabajadores en esta situación, pero como no hay registros claros, puede ser que la cifra sea menor, aunque el IMSS registra a 200 mil trabajadores que se unen cada año a este esquema ilegal.
