AGENCIA SIM
Cancún.- A un mes de que se iniciaron las investigaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hacia la Universidad Politécnica de Quintana Roo (Upqroo) por el aparente desvío de 98 millones de pesos, Carlos Omar Saldaña Salgado, abogado general de esta casa de estudios, continúa en funciones, sin ninguna clase de sanción, pese a que fue quien firmó las actas y que incluso maneja un vehículo adquirido con estos recursos.
Raúl Arístides Pérez Aguilar, rector de la Upqroo, declaró que está todo en normalidad y no se piensa realizar ningún proceso interno para aclarar lo ocurrido, para gran extrañeza del personal del lugar.
En 2016, esta institución recibió de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 98 millones de pesos para un estudio técnico, mismo que fue asignado por vía directa a ocho empresas. De estas, cinco resultaron ser fantasmas y una fue fundada por el entonces rector, José Luis Pech Galera, en conjunto con una directiva de la universidad.
Esta última empresa, descubrió la Auditoría Superior de la Federación, se llamaba Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular S.A. de C.V., con domicilio ficticio y con el ex rector como apoderado legal. De los recursos de la Sedatu, recibió 6 millones 800 mil pesos, los que fueron rápidamente transferidos a otras empresas. Sin embargo, 1.55 millones de pesos fueron usados para comprar tres camionetas Mazda CX3 y una Mazda CX9.
Uno de estos vehículos, todavía es usado por Carlos Omar Saldaña Salgado, abogado de esta universidad, que continúa laborando con normalidad.
Cuestionado al respecto, el rector, Raúl Arístides Pérez Aguilar, señaló que “no tienen ningún problema” y que los entregables, con los que la universidad comprobó el gasto realizado, fueron recibidos conforme a protocolos.
Admitió que el nombre del abogado sí figura en algunos documentos en la página de la Auditoría, lo que figuró en la prensa, pero que lo único que les comentó la ASF es no cometer la “torpeza” de contratar a empresas que no cuenten con el recurso humano para realizar el trabajo.
“Fue un golpe un poco duro para la universidad, pero hay que dejar que las cosas sigan por su curso”, añadió.
Un trabajador de la universidad, que pidió se omitiera su nombre por seguridad, confirmó que Saldaña Salgado ni siquiera ha sido suspendido de sus labores, para extrañeza de todos, y también confirmó que maneja uno de los Mazdas adquiridos por el ex rector con los recursos federales.
“Sí, efectivamente su nombre está en los documentos de esa transacción”, indicó la fuente, lo que se comprueba con el balance de los entregables, en donde figura como “coordinación y enlace” con las empresas fantasmas.
La actuación de Saldaña Salgado, cabe añadir, violenta el Artículo 24 del Reglamento Interior de la Upqroo, donde se le exige “verificar que los dictámenes, declaratorias acuerdos y demás resoluciones que se emitan cumplan con las formalidades y requisitos legales” además de asesorar de forma correcta al rector en estos asuntos.
También estaría en violación del Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en que se obliga a “abstenerse de cualquier acto u omisión que cause suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión”.
