Cancún.- La reducción del acceso público a las playas de esta ciudad se ha convertido en un fenómeno que impacta no solo el entorno natural, sino también la vida social y cultural de sus habitantes, de acuerdo con el estudio «La apropiación y privatización del espacio costero en el destino turístico de Cancún, Quintana Roo», realizado por investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (UQROO).
La investigación, elaborada por la Dra. Mirna Yasmín Pacheco Cocom y el Dr. Anastacio Gustavo Fernández Rodríguez, documenta cómo el crecimiento turístico y hotelero ha transformado el litoral en espacios cada vez más restringidos para la población local.
Uno de los hallazgos más relevantes indica que, de las 14 playas públicas contempladas originalmente en el desarrollo de Cancún, solo tres mantienen condiciones adecuadas de acceso libre, mientras que el resto presenta obstáculos físicos o limitaciones indirectas.
El estudio señala que la problemática no se limita a barreras visibles, como accesos cerrados o infraestructura privada, sino que también incluye prácticas que desalientan la presencia de residentes, como la vigilancia en zonas hoteleras o la priorización de espacios para turistas.
De acuerdo con testimonios recabados entre jóvenes habitantes, algunos ciudadanos han experimentado restricciones o actitudes que consideran discriminatorias al intentar acceder a ciertas áreas de playa, lo que ha generado una percepción de exclusión en su propio entorno.
Además del impacto social, los investigadores advierten efectos ambientales derivados del desarrollo intensivo en la franja costera, como la construcción sobre dunas, que contribuye a la erosión y a la pérdida de biodiversidad.
El análisis también destaca un cambio en la dinámica cultural de la zona, donde la expansión de modelos turísticos y comerciales orientados al visitante internacional ha desplazado expresiones locales, modificando la identidad del destino.
Los autores advierten que, de mantenerse la tendencia actual, en los próximos años podría incrementarse la restricción de accesos públicos, lo que limitaría aún más los espacios de recreación para la población.
Ante este panorama, proponen fortalecer la regulación en la zona federal marítimo terrestre, así como fomentar la participación ciudadana para garantizar el derecho al acceso a las playas, consideradas bienes públicos en México.
