Abuso de Autoridad

Vinculan a proceso a Laura Beristain por abuso de autoridad

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Playa del Carmen.- La ex presidente municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, quedó vinculada a proceso hoy, acusada de abuso de autoridad, en perjuicio de la concesionaria Redesol, luego de una audiencia virtual a la que ella no se presentó.

La denuncia fue realizada por esta empresa, y clasificada por la Fiscalía General del Estado con la carpeta 94/2019. Esto, debido a que la ex edil de Morena determinó la suspensión de su concesión, del servicio de recolección de basura, sin obtener autorización de Cabildo.
La audiencia de vinculación fue iniciada ayer, pero fue suspendida y retomada hoy desde las 10 de la mañana. Presentes estuvieron la parte agraviada, sus abogados, el abobado defensor de Beristain Navarrete y un defensor público. La investigada nunca se conectó a la videoconferencia.

Al quedar vinculada a proceso, la ex edil deberá acudir a firmar cada 15 días en el Poder Judicial, además de tener la prohibición de abandonar el estado. Los abogados de la parte querellante solicitaron que se le pusiera un brazalete electrónico, lo que será analizado por el juez.
Falta que se desahogue el proceso mismo, para determinar si Beristain Navarrete tiene responsabilidad penal, además de tener que cuantificarse los presuntos daños incurridos contra la concesionaria.

Es de destacar que debido a que la suspensión de la concesión fue realizada de manera unipersonal, la actual administración, de Lili Campos Miranda, fue emplazada a restituirla, por lo que debieron repetir el proceso de aguardar a que la empresa asumiera el servicio, constatar que no lo hizo, para luego intervenir esta concesión, pero en esta ocasión con aval del Cabildo.

Ex director Eduardo Santamaría y 10 mandos policiacos con un pie en la cárcel

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Cancún.- La Fiscalía General del Estado (FGE) turnó ante un juez los expediente del ex director de policía de Cancún, Eduardo Santamaría y 10 mandos, por lo que la autoridad judicial decidirá si autoriza las órdenes de aprehensión por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y robo por la represión que sufrieron feministas y policías en el Ayuntamiento de Benito Juárez.

Esta lista ante el juez incluye al entonces secretario municipal de Seguridad Pública, Eduardo Santamaría Chávez, así como a un subsecretario, director, tres coordinadores, tres supervisores y dos elementos policiacos, de acuerdo a lo informado hoy por Oscar Montes de Oca, fiscal general del Estado.

En un mensaje difundido en video, el fiscal indicó que el expediente abierto incluye como víctimas a dos periodistas lesionados de bala en los hechos, así como otros ocho ciudadanos, participantes de esta manifestación, quienes sufrieron diversas heridas. Uno, además, sufrió la sustracción de sus pertenenccias.
En esta represión, participaron al menos 78 policías divididos en cuatro grupos.
Los mandos detenidos incumplieron con su deber al no salvaguardar los derechos de las personas y poner en riesgo a los asistentes de esta manifestación, al permitir que su personal acudiera al lugar armados. También fueron omisos al no detener a los agentes que accionaron sus armas de manera injustificada.
También habrá imputaciones contra los mandos por permitir que se alterara la escena del crimen, además de la destrucción de evidencias.
La investigación continuará y podrá incluir a otros funcionarios, advirtió el fiscal.
En los próximos días se realizará la audiencia inicial.

Ex director policiaco, Eduardo Santamaría y 10 mandos y policías

Ejercita FGE acción penal en contra de 11 personas por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y robo

*Los hechos que se les atribuye ocurrieron el pasado 9 de noviembre en la plaza de la Reforma, frente al Palacio Municipal de Benito Juárez.

*Al momento de los hechos, se desempeñaban como servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

*En próximos días, se llevará a cabo audiencia inicial ante un Juez de Control para formular la imputación correspondiente y la imposición de medidas cautelares.

Benito Juárez.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que se ejercitó acción penal en contra de once mandos y elementos policíacos, por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y robo investigados en la carpeta de investigación pertinente, por hechos suscitados el pasado 9 de noviembre en las instalaciones del Palacio Municipal de Benito Juárez, cuando se manifestaban grupos feministas y simpatizantes, en protesta de un feminicidio que aconteció en esta ciudad.

En el expediente se encuentran relacionados, en su calidad de víctimas 2 periodistas del Estado de Quintana Roo quienes resultaron lesionados por arma de fuego, así como 8 personas más con heridas en diferentes partes del cuerpo -a una de ellas le sustrajeron sus pertenencias- quienes participaban en la manifestación que se llevaba a cabo en la Plaza la Reforma, ubicada frente al Palacio Municipal ya citado.

De la investigación se desprendió que participaron al menos 78 policías municipales según reportes oficiales, divididos en cuatro grupos, cuyo objetivo era la protección y contención a las instalaciones.

La representación social hasta este momento ha practicado diversos actos de investigación, entre ellos: 10 entrevistas a las víctimas -a quienes se les otorgaron medidas de protección-, fueron entrevistados 78 elementos policiacos; se practicaron 89 dictámenes periciales de diversas especialidades, entre ellos en materia de medicina, de balística, de psicología, de valuación, de química, de análisis de videograbaciones, de identificación y se revisaron 60 armas de fuego, continuándose con el análisis del total de armas que ampara la licencia colectiva para la confronta con un elemento balístico encontrado en el cuerpo de una de las víctimas.

Además, se envió un desglose a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República y otro desglose a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad de la FGE Quintana Roo, por lo que hace a probables hechos relacionados con delitos sexuales.

También se dio intervención a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos.

De momento se ha concluido, que 9 mandos de la policía municipal incumplieron con su deber de cuidado al no salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, lo que era su responsabilidad en términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; así mismo, pusieron en riesgo a los asistentes de dicha manifestación al permitir que personal bajo su mando acudiera con armas de fuego al lugar de los hechos, no evitando el empleo ilícito de la fuerza al ser utilizadas las armas de fuego de manera innecesaria e injustificada, contraviniendo la Ley Nacional del Uso de la Fuerza Pública.

Por otra parte, también fueron omisos en ordenar la detención de aquellos elementos de la policía que accionaron sus armas de fuego, en contra de los ahora lesionados.

Finalmente, también se formulará imputación en contra de los mismos mandos, por permitir que se alterara la escena de los hechos y se destruyeran, ocultaran y desaparecieran elementos probatorios.

Por lo anterior esta Fiscalía ejercitó acción penal en contra de 11 personas servidoras públicas, entre ellos 9 mandos y 2 elementos policíacos, quienes al momento de los hechos, desempeñaban el cargo de Secretario, Subsecretario, Director, 3 coordinadores, 3 supervisores y 2 elementos, todos ellos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal en Benito Juárez.

En los próximos días se llevará a cabo audiencia inicial ante un Juez de Control, para formular la imputación correspondiente y la imposición de medidas cautelares.

La representación social continuará con la investigación por diversos hechos señalados como delito por la ley en contra de otros servidores públicos que probablemente participaron en los mismos.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo cumple con su obligación constitucional de localizar, perseguir y capturar a quienes transgreden la ley y atentan contra la vida y la integridad física de los Quintanarroenses.
Fuente: Comunicación Social de la FGE.

Acusan a administrador de centro de salud de acoso laboral y abuso de autoridad

Cancún.- Personal de Centro de Salud No. 15 de la región 103, se manifestaron para exigir el cambio del administrador, Francisco Javier Santiago Mijangos y del director, el médico Rene Gilberto Castro Buenfil por acoso laboral, abuso de autoridad y hostigamiento.

Aseguraron que a la mayoría del personal les han realizado cambios de sus áreas sin antes argumentarles o notificarles con anticipación.

Trabajadores con más de 18 años de antigüedad han sido removidos.

Por ello, el director desmintió que se esté llevando ese tipo de acciones y responsabilizó a sus superiores de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, de emitir los cambios realizados con el personal.

“Yo no tengo ningún documento por escrito, por parte de ellos dónde conste por parte de estás anomalías”, afirmó el director.

Ante esto, el personal aseguró que desde el inició de la pandemia empezaron a recibir malos tratos por parte del director y acusaron que no se les entregó material de protección para atender a pacientes sin importar el riesgo latente de contagio por el COVID-19.
Fuente:Noticaribe

Fiscalía anticorrupción logró que policía repare daños por abuso de autoridad en Cozumel

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Cozumel.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) logró que un policía repare los daños a favor de una persona de identidad reservada, luego de que fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad.
La solicitud de suspensión condicional a proceso fue generada por la defensa del imputado, identificado como José “N”, a quien se le relaciona con la carpeta administrativa 129/2019 por el delito antes mencionado.

Durante la audiencia, la defensa del ahora vinculado a proceso planteó la entrega de un monto económico que fue dividido en cuatro pagos los días 16 y 20 de marzo, así como los días 15 y 30 de abril del año en curso.
Además, fue acordada la entrega de una motocicleta en buen estado y se establecieron medidas cautelares por instrucciones del Juez de Control.
El imputado tendrá que residir en su domicilio y permanecer alejado de la víctima, como una medida de protección.

El órgano jurisdiccional otorgó así un plazo considerable para que se suspenda el proceso hasta el día 2 de septiembre del año en curso.
La Fiscalía Anticorrupción veló en todo momento por la protección jurídica de la víctima, cumpliendo así con lo establecido en las normas que rigen la justicia en Quintana Roo.