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Nombran a quintanarroense como auditor de la Sectur

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Chetumal, Quintana Roo.- Jorge Alberto Chan Cob, ex consejero del Instituto Electoral de Quintana Roo y ex secretario general de la Universidad de Quintana Roo fue designado como titular de la Auditoría Interna de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, en momentos en que se planifica el traslado de esta dependencia a Chetumal.

El nombramiento del chetumaleño fue efectuado el pasado 26 de febrero en la Ciudad de México, por la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval Ballesteros, según se informó en un comunicado.

“Con dicho nombramiento de la Sfp, el Mtro. Jorge Alberto Chan Cob se suma al gabinete de combate a la corrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de la 4a Transformación, en una dependencia federal estratégica para el desarrollo de Quintana Roo y del país, asimismo, pasa a formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización”, se asevera en el boletín.

El quintanarroense deberá evaluar el desempeño de los funcionarios, uso del presupuesto y cumplimiento de metas, al interior de la Sectur.

Chan Cob fue consejero del Ieqroo entre 2003 y 2012, también fue secretario general de la Uqroo entre 2012 y 2017.
“En 1997 fue fundador del campus Cozumel de la UQROO, hoy con maestrías y doctorados en turismo y desarrollo sustentable”, se añade. “Igualmente fue fundador y Vicepresidente de la Junta Nacional Directiva de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas A.C.”

Faltan 487 mdp por solventar del ejercicio fiscal 2017

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Chetumal.- De acuerdo con el auditor superior del estado, son 487 millones de pesos los que presentan inconsistencias en el ejercicio fiscal 2017, sin especificar cuáles son las dependencias involucradas. Será hasta 30 días a partir de hoy cuando las unidades de Investigación y Sustanciación de la Auditoría darán a conocer lo que no se solvente ante el Tribunal Administrativo y la Fiscalía General del Estado.
“Hoy, 20 de febrero, de acuerdo a la ley de fiscalización, es obligación del titular de la Auditoría Superior del Estado entregar el informe general de esta fiscalización y en este caso corresponde al ejercicio 2017”, destacó el auditor Manuel Palacios Herrera, en entrevista a su llegada al Congreso.
El informe se refiere a 101 entidades, es decir poderes del estado, entes autónomos, entidades paramunicipales, municipios, organismos públicos descentralizados, paraestatales, fideicomisos, detalló.

“Hablamos de 300 observaciones en general y 511 recomendaciones. De acuerdo a la ley, los 487 millones de pesos que no se han solventado, los entes tendrán todavía 30 días para atender sus observaciones y recomendaciones”, indicó.
Una vez que se cumplan estos 30 días y habiendo presentado lo necesario para las aclaraciones, la Auditoría puede llamar a los entes para cotejar y analizar la información, previo antes de que la misma dependencia se pronuncie. Cuando se cumplan 120 días es cuando la Auditoría se pronunciará finalmente sobre los montos sin solventar.

MEJORAS Y RECURSOS FEDERALES
En su opinión, y a comparación de otros ejercicios, el auditor nota mejoras en el manejo de los recursos en el estado, es decir, mejoras en prácticas de gobierno y en la administración de recursos.
Sobre los fondos de algunas obras que provienen de la federación, el funcionario establece que ellos no pueden intervenir, pues eso le compete a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero que trabajan de manera coordinada para colaborar en lo que les requieran. Además, señala que hoy mismo el titular de la ASF acudió al Congreso de la Unión a presentar el mismo informe, pero a nivel federal.

Otro factor que ha ayudado, consideró, es son los sistemas y organismos anticorrupción. Y también le atribuye las mejoras a que se han atendido las recomendaciones que ellos desde la Auditoría han hecho.
Concluye hablando de las posibles denuncias. Aclara que una vez pasados estos 30 días corresponderá a las unidades de Investigación y Sustanciación de la Auditoría Superior del Estado serían las encargadas de dar a conocer faltas graves (si las hubiera) ante el Tribunal Administrativo y la Fiscalía General del Estado.