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Chetumal.- La cobertura policiaca en Bacalar se ha quedado atrás en comparación al crecimiento poblacional, por lo que próximamente será reforzada, igual que en Tulum, en donde debe evitarse que se derrame la inseguridad desde Solidaridad, afirmó el secretario de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra.
Entrevistado después de su comparecencia en el Congreso del Estado, el jefe policiaco indicó que se han identificado a siete grupos, de los que ha habido detenciones en cinco. Esto incluye a los colombianos, con base de operaciones en Chetumal, y cuyo líder está exhibido en carteles públicos, aunque sabe de la llegada de otros elementos en el norte del estado.

También existe el Cartel Jalisco Nueva Generación, con presencia en Quintana Roo de hace años, en el trasiego de drogas, y que tiene conflicto por el control territorial de las narcotienditas con los Bonfileños (“Cártel de Cancún) y con los Pelones; así como con el Cártel del Golfo, exclusivamente en Solidaridad.
Cuestionado sobre las pruebas en las que se basó para acusar de prestanombres al asesinado inspector estatal Archi Llama, comentó que ya se acordó que el fiscal, Oscar Montés de Oca, será quien lo aborde próximamente.

Negó que haya querido denostar la imagen de un compañero que ya perdió la vida, pero defendió lo dicho, pues tenía que presentar una hipótesis para evitar la “confusión” debido al video difundido por los delincuentes en donde el agente hacía una serie de acusaciones, amenazado.

Sobre la recompensa de un millón de pesos ofrecida por el asesinato de otro policía, indicó que saldrá de recursos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, luego de que se acordara entre ellos, la Fiscalía y el gobernador del Estado.

Rechazó que a los anteriores policías asesinados se les hubiera valorado menos, sino que en otros casos se tenían evidencias de quiénes habían sido, algo que ahora no es así, además que existe el riesgo de que se transforme en una situación recurrente, por lo que se tomó esta decisión drástica.
Sobre policías dados de baja, indcó que son 91, y sumarían 120 si se añaden aquellos que renunciaron por verse bajo investigación. Actualmente hay un control del 80% del personal y ya se revisan “ciertas situaciones que nos generan ruido”, en conjunto con la Fiscalía.

Sobre el helicóptero “Águila 1”, indicó que cuesta 2 millones de pesos mensuales su operación, monto que esperan reducir con la adquisición de un segundo helicóptero el año próximo, para así no trasladarlo de norte a sur.
De su comparecencia, opinó que fue muy respetuosa y productiva, llevándose varias inquietudes a las que les dará respuesta a futuro.

De Villatoro, quien le pidió la renuncia si no daba resultados, dijo que fue una reacción de molestia ante una serie de argumentos que no le parecieron.
“Todos estamos en el mismo barco, tenemos una responsabilidad. Así como nosotros tenemos la obligación de ser transparente, quienes reciben una dieta tendrán que rendir cuentas de ello”, añadió.