Borgistas

«Dinero recuperado de borgistas ha ido a obra pública»: Yohanet Torres

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Chetumal.- Los recursos que han sido recuperados de exfuncionarios de la administración de Roberto Borge Angulo han ido principalmente al pago de obra, así como a otras necesidades básicas, confirmó la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Yohanet Torres Muñoz.
En entrevista, explicó que el dinero recuperado a través de los juicios realizados por la Fiscalía Especializadas en Combate a la Corrupción, les ha llegado en depósitos a sus oficinas recaudatorias, dinero que entra a las arcas y sirve para el pago de obras.

El dinero llegó principalmente en 2017 y 2018, aunque también hubo algunos pagos el año pasado.
“Vienen otras devoluciones, en que se especifica que ese dinero será exclusivamente para pago de obra”, añadió.

SEGURO POPULAR
Por otro lado, confirmó que este lunes será liquidado el personal que solía trabajar en el extinto Seguro Popular, a un costo de entre 8 y 9 millones de pesos.
“Hemos trabajado al respecto toda esta semana y el lunes debe quedar el pago a los trabajadores”, explicó la funcionaria estatal.
Como se sabe, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, nombre oficial del Seguro Popular, fue extinguido el 1 de enero, pues será reemplazado por el Instituto de Salud del Bienestar, al que Quintana Roo todavía no se adhiere, aunque por mientras se brinda atención a todo ciudadano con solo una identificación.

El Gobierno Federal aseguró el presupuesto para mantener la nómina de estos empleados, en lo que se transita al nuevo régimen, con dinero liberado a la Secretaría de Salud; no obstante, la titular de esta dependencia, Alejandra Aguirre Crespo, declaró que no recontrataría a estas personas, pues el traer a administrativos no es su prioridad.

OBSERVATORIO: Solo el 0.5 % de los recursos que se robaron los borgistas se han logrado recuperar

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Más de 13 mil 663 millones faltan por recuperar del saqueo que hicieron los borgistas al erario público, informó el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Manuel Palacios Herrera, que corresponden a las auditorías practicadas a instancias de gobierno en el periodo de los años 2015 y 2016.

La auditoría extraordinaria reveló que el saqueo preliminar es de 13 mil 663 millones 51 mil 38 pesos con 32 centavos y apenas la Fiscalía Anticorrupción ha logrado recuperar la cantidad de 69 millones de pesos, en 38 denuncias interpuestas que implican a 97 servidores públicos de los periodos 2015 y 2016.
Legisladores integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura se reunieron con Manuel Palacios Herrera, quien les informó sobre el estatus de las investigaciones correspondientes a las auditorías practicadas a instancias de gobierno de correspondientes a los años 2015 y 2016.

Durante la reunión que encabezó el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, presidente de la citada Comisión, el Auditor Superior informó que las denuncias interpuestas, así como los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) derivados de la auditoría complementaria ordenada por el Pleno de la XV Legislatura a las cuentas públicas de la pasada administración, continuarán hasta sus últimas instancias.
El objetivo es, dijo el legislador, lograr la completa reparación del daño a la hacienda pública. El Auditor reiteró que, precisamente, ese es el principal objetivo de las denuncias que se encuentran en curso.

Ramos Hernández resaltó que para la XV Legislatura, es importante que la ciudadanía y los medios de comunicación conozcan cuáles son los avances y el resultado de la auditoría complementaria realizada a la pasada administración, así como el compromiso de los legisladores porque los procedimientos iniciados se concluyan hasta lograr la reparación del daño al estado de Quintana Roo.
Ante los diputados Luis Ernesto Mis Balam, Gabriela Angulo Sauri, Fernando Zelaya Espinoza, Javier Padilla Balam, Yamina Rosado Ibarra y Juan Ortiz Vallejo, el Auditor presentó los avances de la revisión casuística y concreta de las cuentas públicas 2015 de diversos entes fiscalizables del estado y los municipios de la pasada administración, solicitada por el Congreso del Estado en febrero de 2017.

Como se recordará, esta auditoría busca completar la revisión al 100 por ciento, de los informes de resultados de las cuentas públicas del 2015, cuyos informes fueron avalados por la legislatura anterior sin tener la certeza mínima requerida, con avances de apenas un 50 y 75 por ciento, en sus revisiones tanto financieras como física de las obras públicas.
Ante los legisladores, Palacios Herrera informó que la Auditoría Superior presentó un total de 15 denuncias por un monto de 8 mil 955 millones 615 mil 432 pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2015, donde se involucran a 64 servidores públicos de la pasada administración estatal y de las municipales.
Para el periodo 2015-2016 se interpusieron 14 denuncias por un monto de 1 mil 925 millones 874 mil 530 pesos, en la que se involucran a 18 servidores públicos. Mientras que del periodo 2016, se presentaron 9 denuncias que involucran a 15 servidores públicos, por la cantidad de 2 mil 781 millones 561 mil 75 pesos.

En total son 97 servidores públicos involucrados en 38 denuncias por un monto de 13 mil 663 millones 51 mil 38 pesos con 32 centavos de 2015 y 2016.
Además de las denuncias penales interpuestas, se han promovido 36 Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) ante los órganos internos de control de las dependencias donde se registraron estas irregularidades.

El Auditor Superior del Estado Manuel Palacios Herrera presentó también el Seguimiento del proceso de solventación del ejercicio fiscal 2016 que, de acuerdo con el corte al 31 de enero de 2019, se han registrado observaciones por 790 millones 940 mil 887 pesos de los cuales, se han logrado solventar 165 millones 934 mil 874 pesos, quedando un pendiente por 624 millones 407 mil 418 pesos.

Los datos ofrecidos por el titular de la ASEQROO corresponden al informe entregado en noviembre de 2018 a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, relativo al avance de la fiscalización de la cuenta pública de la actual administración, cuyo informe final deberá presentarse el próximo 20 de febrero de 2019

Convocará Congreso al Auditor Superior para que informe sobre investigaciones a Borgistas

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Para conocer el avance de las demandas y procedimientos resarcitorios iniciados contra 84 funcionarios de la pasada administración por mandato de la XV Legislatura, el Congreso del Estado convocará a una reunión de trabajo al titular de la Auditoría Superior del Estado para que informe al Poder Legislativo el estado que guardan dichos procedimientos dio a conocer el diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.

Entrevistado al término de la sesión número 6 de la Diputación Permanente, Ramos Hernández aseguró que los integrantes de la XV Legislatura no terminarán su encargo sin antes poder informar a la sociedad cuáles fueron los resultados de las demandas y procedimientos iniciados contra servidores públicos de las administraciones anteriores.

El diputado Emiliano Ramos recordó que, en 2016, la XV Legislatura tomó una decisión histórica al mandatar la revisión de las cuentas públicas de 2015, así como reabrir las cuentas públicas de 2016 de las entidades de gobierno y ayuntamientos, que habían sido aprobadas de manera exprés por la anterior legislatura.

“De ese mandato del Congreso, la Auditoría Superior del Estado en abril de 2017 presentó denuncias contra 84 exfuncionarios públicos, de las cuales en los próximos días tendremos a la fiscal anticorrupción para informarnos sobre el trabajo de su fiscalía y tiene que haber, por supuesto, un avance de las 27 denuncias contra 84 funcionarios por un monto de 13 mil millones de pesos que se logró acreditar”, explicó.

Ramos Hernández comentó que hay otro grupo de 30 o 40 funcionarios adicionales que, si bien su conducta no dio elementos para interponer una denuncia, sí hay elementos que permiten la inhabilitación y sobre todo, obligarlos a resarcir el daño a la hacienda pública.

Además de la comparecencia del Auditor Superior, para este mes de enero está contemplada una reunión de la Fiscal Anticorrupción ante la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos que preside la diputada Yamina Rosado Ibarra, como parte de las reformas constitucionales aprobadas en materia de transparencia y rendición de cuentas.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta aseguró que estos procedimientos son tardados, pues existen tiempos y plazos que deben cumplirse, así como respetar el debido proceso y el derecho de audiencia que tienen los ex servidores públicos involucrados.

“Sin embargo de lo que se denunció en abril de 2017 a enero del 2019, tiene que haber avances en estos procesos y es nuestra obligación como Comisión de Hacienda, vigilar que la Auditoría Superior del Estado haya avanzado en estas investigaciones para posibles sanciones, entonces es un proceso largo, pero tiene que haber un avance no podemos irnos sin haber concluido”, sentenció.

Sobre la solicitud de juicio político contra el extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) Juan Pablo Guillermo, Ramos Hernández dijo que están a la espera de que los jueces resuelvan los amparos que ha promovido el exfuncionario para que la Comisión Instructora emita sus conclusiones.

En la sesión número 6 de la Diputación Permanente, se dio lectura a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio, la cual fue turnada a las comisiones correspondientes para su estudio y análisis.

A la sesión asistieron los diputados Emiliano Ramos Hernández, Jesús Alberto Zetina Tejero, Raymundo King de la Rosa, Ramón Javier Padilla Balam y María Yamina Rosado Ibarra.

PGR aprende a funcionarios por encarcelamiento del periodista Pedro Canché

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La PGR cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de Tila Patricia “N” y a Javier “N”, quienes en su calidad de servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia y del Poder Judicial de Quintana Roo, respectivamente, probablemente iniciaron, instruyeron y determinaron un proceso penal por el supuesto delito de sabotaje en perjuicio de un periodista en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto.

Los hechos que dieron origen a la integración de una indagatoria en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), se presentaron cuando el periodista Pedro Canche tomaba fotografías, grababa video y recababa información de una manifestación pública en las afueras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en esa ciudad.

Derivado de lo anterior, el comunicador publicó diversas notas periodísticas con una línea editorial crítica a la atención a la población maya de dicha comunidad por parte de las autoridades estatales y municipales y posteriormente fue detenido por acusársele de cometer el delito de sabotaje en perjuicio de la sociedad en general y encarcelado por un período de nueve meses aproximadamente.

La investigación señala que Tila Patricia “N”, en su calidad de agente del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia, inició una indagatoria sin contar evidencia alguna que acreditara los elementos del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del periodista, consignó y solicitó una orden de aprehensión en su contra, como represalia por su actividad periodística.

Por otra parte, la FEADLE señaló que presentó elementos suficientes a consideración de un juez federal para determinar que Javier “N”, como juez penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, dictó, sin contar con elementos probatorios que permitieran presumir la probable participación del periodista en el delito de sabotaje, el auto de formal prisión en su perjuicio y con la finalidad de afectar, limitar y menoscabar el derecho humano a la libertad de expresión.

Los probables responsables, a quienes se les imputa la comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 225, fracción VIII, (hipótesis de al que entorpezca maliciosamente la administración de justicia), del Código Penal Federal, quedaron a disposición de la autoridad judicial que los requiere y fueron internados en el Centro de Readaptación Social de Chetumal, Quintana Roo.
Fuente: Revistabe.com.mx

Prisión domiciliaria al borgista Carlos Acosta

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Chetumal- Como resultado de la audiencia de revisión de medidas cautelares, el Juez de Control de primera instancia del distrito judicial de Chetumal decretó la modificación de la medida cautelar impuesta a Carlos Acosta Gutiérrez de prisión preventiva a arresto domiciliario.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, confirmó que este viernes, se realizó Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares para atender la petición de Carlos ‘N’, quien a través de su defensa, solicitó la revisión de las medidas cautelares impuestas por el Juez de Control.

El Juez de Control de primera instancia del Distrito Judicial de Chetumal, de acuerdo a la petición efectuada por la defensa de Carlos ‘N’, decretó la modificación de la medida cautelar impuesta de prisión preventiva justificada a arresto domiciliario, con base establecido en el Artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en que faculta a los jueces de control para ordenar el resguardo en su propio domicilio a personas a las que no se quiere dejar en libertad mientras se les procesa y que se autorizó tal medida con el fallo de la Suprema Corte de Justicia el día 20 de marzo del presente año.

Carlos Acosta Gutiérrez es imputado por el delito de desempeño irregular de la función pública, que se sigue en la carpeta administrativa 151/2017, en tanto se lleva a cabo el procedimiento penal en su contra.

El proceso continúa, el embargo de bienes se mantiene independientemente de que presentó testigos, así como documentación que avala su residencia, también dejó a resguardo del juez de control el pasaporte, visa y documentos personales que lo limitan para deambular hacia algún lugar distinto al impuesto como arraigo. La vigilancia será a cargo de Seguridad Pública del Estado.

Los fiscales adscritos a la fiscalía especializada solicitaron independientemente a lo anterior una garantía económica la cual fue concedida por el Juez de Control. Cabe señalar que dicha medida también puede ser revocada en caso de algún incumplimiento del imputado.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, continúa firmemente en su labor con total apego a derecho, que permita la reparación de los daños ocasionados al patrimonio del Estado y el puntual seguimiento a todos los procesos penales instaurados en contra de los ex funcionarios públicos que cometieron alguna conducta delictiva.
Fuente: Noticaribe

¿Un borgista salvaría al PRD?

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Aunque usted no lo crea el triunfo de Julián Ricalde depende de José Luis Toledo “El Chanito”. Para Ripley. Y no solo él. Todo el PRD Quintanarroense.

Por eso insisten en que las corrientes lo pongan al frente de Cancún como candidato a alcalde. Ver para creer. Un borgista para sus triunfos. Julián es candidato a senador por la segunda fórmula y ruega por los votos que “El Chanito” le daría.

Por eso hasta fustigan a Emiliano Ramos y dicen que es el candidato Chocolate para perder y favorecer a Mara Lezama.

En el PAN también cuentan leyendas que Emiliano vendría a favorecer a Remberto Estrada y se ha sentado a negociar con ellos. Toda una campaña para desprestigiar a su compañero y poner a “El Chanito”.

Ya de antemano ponen perder a su compañero Emiliano. ¿ Y si triunfa? En política los enemigos son en serio. Por eso no debe n escupir arriba.

Quizas la solución sea que las pluris se la den a Ricalde y Emiliano y la alcaldía a un candidato del PAN y listo.

Borgistas acapararon terrenos en colonias irregulares en Cozumel

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AGENCIA SIM

Cozumel.- Ex titulares del extinto Instituto de Fomento a la Vivienda (Infovir) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), además de ex funcionarios públicos y estatales están involucrado en el despojo de más de 100 terrenos que estaban asignados para habitantes de colonias irregulares, por lo que la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) ya alista denuncias penales y proceso administrativos para recuperarlos.

Carlos González Pacheco-Vázquez, subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Territorial Sustentable (Sedetus; sucesora de la Seduvi), indicó que son varios los ex funcionarios públicos que se asignaron terrenos en colonias irregulares, lo que ya fue informado al Secoes, con el fin que les finquen responsabilidades jurídicas y penales.

En entrevista, el funcionario estatal señaló que ya se encabeza las mesas de trabajo, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) y el Ayuntamiento de Cozumel, para recopilar la información con el fion de regularizar colonias y predios.

El objetivo es que estas familias consigan regularizar su situación, comprando estos predios a un precio accesible, con el fin que instancias de gobierno puedan ofrecerles servicios básicos.

“Este año tiene que ser el año de la acción, pues el ejercicio anterior fue el de la organización”, explicó González Pacheco-Vázquez.
El titular de la Sedetus, Carlos Ríos Castellanos, también ha sostenido reuniones con dependencias federales, a fin de gestionar lo que haga falta para atender este problema; mencionó entre las dependencias visitadas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), a fin de gestionar la reubicación de personas que esperan desde hace varios años al predio Gaviotas, por ejemplo.

En el primer semestre se tendrán que percibir los trabajos de estos proyectos, aclaró el subsecretario quien agregó que la dependencia trabaja en coordinación con dos o tres empresas privadas, de las cuales buscan que los precios y financiamientos para los beneficiarios sean los adecuados.

Alistan 27 nuevas demandas contra borgistas

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AGENCIA SIM

Chetumal.- Rafael del Pozo Dergal, titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) adelantó que en las últimas semanas ha presentado siete denuncias penales adicionales por ejercicio irregular de la función pública y faltan otras 20 por ingresar ante la Fiscalía General del Estado. Estas 27 nuevas denuncias suman un presunto daño patrimonial cercano a los 4 mil millones de pesos.

Con estos nuevos procesos legales, se llegará a un total de 50 denuncias, para un total de 13 mil millones de pesos reclamados.

En entrevista, el funcionario público aclaró que, con base en las reglas del nuevo Sistema Penal Acusatorio, los funcionarios públicos de esta administración pública deben reservar los detalles del resultado de las auditorías, sobre todo en lo relativo a nombres, pues esto sería considerado una violación al debido proceso, lo que permitiría que algunos presuntos responsables se evadan de la acción de la justicia.

Revelar los a los presuntos implicados también los pondría sobre aviso y podría hacer que evadieran la justicia, cambiando su lugar de residencia.

Del Pozo Dergal informó que estas nuevas denuncias consideran ejercicios irregulares en áreas que no habrían sido consideradas antes, sin querer aclarar cuáles, sólo ejemplificando con el área de la salud.

Respecto del número de ex funcionarios presuntos responsables, dijo que desconoce el número de ellos quienes estarían involucrados en las denuncias penales, aunque por parte de los propios reporteros se especuló que hasta el momento serían 84.

De las arcas del estado y los municipios de Quintana Roo se habrían desfalcado cerca de 13 mil millones de pesos en la administración de Roberto Borge Angulo, estimó el funcionario, lo que podría ser incluso más para la Auditoría Superior del Estado, que tiene un campo de acción más amplio.