Bots

Feminicidio de Rocío Mendoza activa los bots de Borge y Marybel Villegas

Luego del feminicidio de Rocío Mendoza Estrada, la complicidad entre el ex gobernador Roberto Borge y la senadora por Morena, Marybel Villegas Canché, se puso de nuevo al descubierto.
El asesinato de Mendoza Estrada sucedió después de haber sido agredida y amenazada en varias ocasiones, desde 2005, por su exesposo Jorge Parra Moguel. Su denuncia no prosperó gracias a la intervención de la entonces diputada local, Marybel Villegas, quien desde 2003 sostenía relaciones con Parra Moguel.

Este asunto hizo que en redes sociales los reflectores se posaran sobre la pareja Parra-Villegas. Y en una aparente contraofensiva se activaron cuentas que buscan desviar la atención sobre el feminicidio y cómo las autoridades pasadas no actuaron para defender los derechos de la mujer agredida.
En un análisis realizado sobre los perfiles que están intentando influir en la conversación se detectó que las cuentas se habilitaron en septiembre de 2014 para difundir las acciones del entonces gobernador Roberto Borge.

No habían tenido actividad, hasta que este tema ha acaparado la atención de los medios de comunicación, y la línea que siguen es la de deslindar el impacto que generan en la sociedad los feminicidios cometidos por omisión o complicidad de responsables de impartir justicia, como en el caso de Abril Pérez.

Como en los viejos tiempos Borge ordena activar sus bots para traer confusión

De nueva cuenta una sentencia en el juicio al exgobernador Roberto Borge desencadenó la clonación de un medio de comunicación para atacar al gobernador Carlos Joaquín y la articulación de redes y bots para viralizar casos criminales, manipulando deliberadamente a la opinión pública, provocando que la violencia se convierta en tendencia en las redes sociales, infundiendo el terror, confrontando a la sociedad con el gobierno y ejerciendo presión social.

Mediante operaciones de propaganda para infundir terror en la población y romper con los patrones de comportamiento cotidiano en las ciudades de Quintana Roo, grupos políticos y criminales mantienen las alianzas que pactaron en el pasado y en busca de regresar al poder utilizan la inseguridad como instrumento de lucha política, sin que les importe la gente ni la percepción a nivel nacional e internacional de los destinos turísticos que sostienen en más de 90% a la economía y la industria estatal.
La noche de ayer martes se suscitó una persecución y balacera contra una mujer y su acompañante en la Quinta Avenida de Playa del Carmen y como resultado de la acción inmediata de la Policía de Quintana Roo, fue detenido un gatillero y asegurada el arma. Sin embargo, de forma casi simultánea a los hechos circularon videos que fueron distribuidos organizadamente a medios y que, por lo mismo, distaban de ser grabaciones casuales.

A la manipulación deliberada para provocar que la violencia se disparara como tendencia en las redes sociales, se sumaron grupos de bots que compartieron y viralizaron los enlaces de los videos que habían empezado a ser publicados por medios acreditados a partir de las 23:00 horas.
Los criminales y sus aliados, que usan la libertad de expresión de los medios de comunicación para viralizar los mismos hechos en los que están involucrados y así confrontar a la sociedad y gobierno, planean y articulan su propaganda a través de cuentas falsas con el fin de generar presión social y política.
En estas acciones se inscribe la clonación de las redes de Luces del Siglo, medio de comunicación que escribió hoy en su portada:

“La guerra sucia que Roberto Borge emprendió durante su gobierno contra Luces del Siglo resurge ahora con la clonación de una página en plataformas digitales que difunde contenido ajeno a esta empresa periodística”.

Como en ocasiones anteriores, estos ataques suceden después de que Roberto Borge fue vinculado a un nuevo proceso por desempeño irregular de la función pública. Durante la audiencia realizada a distancia, el juez también le dictó prisión preventiva como medida cautelar hasta por dos años para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia, y se instruyó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación. Esta sentencia deriva de la carpeta administrativa 154/2017, por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública, formulados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) del estado.