Cancún.- Luego de que a nivel federal se le ha citado a comparecer a la ex secretaria federal del gobierno peñanietista, Rosario Robles Berlanga, por su participación en lo que se ha llamado “La Estafa Maestra”, hoy, el periódico El Universal detalla en una publicación los malos manejos por los que la ex titular de Sedesol y Sedatu también tendrá que rendir cuentas ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y la Fiscalía Anticorrupción.
La investigación a la que se hace referencia corresponde a los 806 millones de pesos que el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), que entonces era dirigido por Jorge Acevedo Marín, facturó entre noviembre de 2015 y agosto de 2016 a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), la cual dirigía Robles Berlanga. Dichos recursos eran por el pago de servicios que nunca realizó la dependencia o su personal. Todo esto durante la administración estatal del ex priista y hoy preso Roberto Borge Angulo.
De los 806 millones que ingresaron a la cuenta 4029654258 de HSBC del SQCS, 782 mil 52 pesos fueron destinados a un total de 41 proveedores. El problema es que cerca de la mitad de los mismos, 19, presentaban diversas inconsistencias como domicilios inexistentes, falta de registro en el padrón del Servicio de Administración Tributaria (SAT), suposición de actividades, giro diferente al del servicio prestado, o incluso que distintas empresas compartían el mismo domicilio fiscal.
Dentro de los casos que revela la población, está el de Desarrollo Publicitario ADP, una empresa en liquidación, y a la que, sin factura de por medio, se le pagaron 110 millones de pesos. Mismo caso de Agatha Líderes Especializados, una empresa sin activos, personal o infraestructura, que recibió 58.9 millones de pesos.
106.5 millones de pesos fue lo que también recibió Comercializadora Green Recyt, que ni siquiera aparece en los registros del SAT. Y hay otros casos como el de Asesorías y Servicios Break, que presenta inconsistencias en sus datos de ubicación.
FACTURAS DE EQUIPOS QUE NO EXISTEN
Entre otras irregularidades se enumeran compras que supuestamente se hicieron, pero cuyos equipos jamás ingresaron al inventario del SQCS, pese a que hay oficios que certifican las compras, y que cuentan con la firma del entonces subdirector de Administración de la dependencia, Francisco Javier Orellana.
Algunos de estos equipos es una estación terrena receptora cuyo costo, según documentos, es de 16 mil 100 dólares. Similar situación de un decodificador de 3 mil 758 dólares.
A nivel estatal, y debido a estas irregularidades detectadas, se presentaron cargos contra el ex titular del SQCS, Jorge Acevedo Marín, así como el subdirector general de Administración, Gerardo Antonio Vázquez.
Según algunas estimaciones, Quintana Roo sería el estado al que se destinó la mayor parte de recursos de lo que se conoce como “La Estafa Maestra”: casi la cuarta parte, un 23 por ciento.
