En breve será publicado el reglamento de la Ley Estatal de Turismo, donde se prevén multas económicas hasta de cien mil pesos para los prestadores de servicios, incluidas las rentas vacacionales, que no estén inscritos en el Registro Estatal de Turismo (Retur-Q).
Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo (Sedetur), indicó que una vez que sea publicado este reglamento, el registro de empresas y prestadores de servicios turísticos a esta plata plataforma, será obligatorio y ahora sí se podrán aplicar las sanciones.
“Esto servirá para reforzar el padrón de prestadores de servicios turísticos que nos permite trabajar de la mano y tener muy claro el universo de prestadores de servicios turísticos del estado y mejorar la competitividad de los destinos del Caribe”, expresó.
El titular de la Sedetur recalcó que este reglamenta, entre otras facultades, tiene la finalidad de ordenar y reglamentar las acciones a favor del turismo, al ser Quintana Roo un estado consolidado en esa materia y que requiere de esquemas más avanzados para tener un orden.
Cabe señalar que el Retur-Q fue lanzado en agosto de 2022 y fue anunciado como un instrumento para mejorar la gestión de esta actividad económica y dotar de seguridad y confianza a los viajeros mediante la plena identificación de las empresas que ofertan, desde paquetes vacacionales, hasta todo tipo de servicios turísticos.
La obligación para los prestadores de servicios turísticos, de estar inscritos al Rtur-Q, ya estaba establecido en la ley desde antes de la reforma; sin embargo, con la nueva modificación a la Ley de Turismo aprobadas por el Congreso en febrero de este año, se definió con toda precisión quiénes son los sujetos obligados.

Chetumal.- La armonización que se requiere realizar en la Ley de Educación, para que concuerde con la última Reforma Educativa, ofrece la oportunidad de garantizar en ella medidas de seguridad, como el contar con una cerca perimetral obligatoria, afirmó el diputado Eduardo Martínez Arcila.
En entrevista, el legislador panista señaló que hasta el momento no se han efectuado “operativos mochila”, pero ya se tiene un consenso con la ciudadanía de que se debe garantizar que no ingrese ningún objeto indebido a las escuelas, tema que se trabaja con las asociaciones de padres.
“Hay voces de alerta en diversos municipios, que señalan indudablemente que se tiene que establecer un programa. ¿Cuándo?, cuando exista un consenso pleno”, comentó.
El diputado advirtió que nunca se puede eximir la posibilidad de que algún estudiante realice algo indebido, pero la autoridad debe hacer su parte.
En cuanto a la oposición del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), Marco Antonio Toh Euán, a la revisión de mochilas, Martínez Arcila indicó que él está en su “papel” y es respetable lo que “debe declarar”, pero encima de todo está la necesidad de garantizar la seguridad en los planteles.
MAESTROS AMENAZADOS
En otro tema, cuestionado sobre los dichos de la CITEM, de que seis maestros de Quintana Roo han sido amenazados o extorsionados, dijo que no tiene los datos certeros, pero lo que ha trascendido en las mesas de trabajo es que en estos casos los educadores son parientes de alguien involucrado en actividades indebidas.
“Me parece que es algo delicado y debe ser parte de las medidas de las escuelas seguras”, abundó.


Cancún.- Por solicitud de la iniciativa privada, los diputados locales se comprometieron a una revisión a fondo del proceso por el que la Ley de Hacienda de Benito Juárez fue modificada, para añadir la obligatoriedad de los contenedores inteligentes de basura, proceso que podría terminar en un juicio político o en responsabilidades administrativas o legales.
Así lo señaló el diputado de Movimiento Ciudadano, José Luis “Chanito” Toledo Medina, quien señaló que esto marchará de forma separada de la tarea urgente que es modificar el Artículo 135 de la ley, lo que se efectuará el próximo martes, con base en la redacción original avalada por el Cabildo de Benito Juárez, aunque con una revisión por parte de los diputados para evitar posibles conflictos.
Se trata de una tarea urgente, reiteró, porque se necesita tener certeza por parte del municipio para cobrar este derecho y tener ingresos en sus arcas, y por parte de los empresarios para pagar lo que consideran justo.
El diputado admitió que parte del acuerdo es garantizar la autodeterminación de los desechos sólidos (los contribuyentes ponen lo que ellos afirman es la cantidad de basura que generan), punto que se entiende que genera suspicacias por parte de la ciudadanía, pero indicó que aquí es donde se necesitan estrategias de fondo por parte del Ayuntamiento.
“Es importante que tengamos una disposición para resolver un problema, lo que se empieza reconociendo que existe un problema”, afirmó. “Esto no es algo que se resuelve con esta modificación de la ley, sino una estrategia para combatir los tiraderos clandestinos, la evasión de impuestos”.
En cuanto a la investigación solicitada, indicó que, en caso de hallarse irregularidades, podría derivar en un juicio político en caso de ser un diputado, o bien en procesos administrativos y legales, si resulta ser un trabajador del Congreso del Estado.


Cozumel, Quintana Roo, a 14 de noviembre de 2018.- El Cabildo del Ayuntamiento de Cozumel aprobó por mayoría de votos las modificaciones a la Ley de Hacienda del Municipio y al Programa de Inversión Anual 2018, con los cuales se fortalecerá la recaudación de la isla y la orientación del gasto público en beneficio de la población.
Las modificaciones a la Ley de Hacienda municipal, avaladas durante la Sexta Sesión Extraordinaria por los integrantes del Cabildo, incluyen: la derogación del Impuesto sobre el uso de tenencia de vehículos que no consuman gasolina; homologación de los derechos de servicios de cobro del Registro Civil; el incremento del costo por servicios de desmonte, desyerbado y limpieza a lotes baldíos que realiza el personal de Ayuntamiento; así como la inclusión del cobro de Derecho de Saneamiento Ambiental.
Por su parte, el Presidente Municipal, Pedro Joaquín, destacó que el cobro de Derecho, el cual se promueve en todo el estado y es una práctica añeja en todos los destinos turísticos del mundo, no afecta los bolsillos de los ciudadanos, puesto que quienes los pagarán, serán los visitantes que hagan uso de las habitaciones de los centros de hospedaje.
Sostuvo que los recursos recaudados serán manejados con total transparencia y destinados para fortalecer las acciones en materia de seguridad pública y protección civil, así como el saneamiento ambiental, playas públicas y sustentabilidad del destino turístico.
“La seguridad pública es un flagelo social que está impactando de manera negativa en Cozumel, nuestro compromiso es trabajar para regresarle la paz y seguridad social a la población, con este nuevo pago de derecho, contemplamos que más del 50 por ciento de estos recursos serán destinados para acciones en este rubro”, indicó.
En este sentido, detalló que las medidas comprenden: más elementos de seguridad pública, equipamiento, tecnología para sistema de monitoreo, mejores condiciones labores para los policías como capacitación.
Del mismo modo, siguiendo el objetivo por el cual fue creado el Derecho, se fortalecerán los programas de acciones de saneamiento ambiental y playas públicas, donde se buscará poner en marcha proyectos de separación de desechos sólidos, a través de acciones de educación ambiental, patrulla ambiental y rescate de fauna.
Así también, se activará el centro de rehabilitación de especies silvestres y exóticas; se crearán unidades de manejo de vida silvestre, servicios e infraestructura en playas públicas y se implementarán acciones de sustentabilidad del destino, para el mejoramiento de la imagen urbana y/o embellecimiento de las zonas turísticas.
Cabe mencionar, que este Derecho, que se está promoviendo en todos los municipios de Quintana Roo, ya se ha implementado de manera exitosa en Lázaro Cárdenas y Solidaridad, en éste último se han recaudado hasta 170 millones de pesos en su primer año de operación, sin afectación a la ocupación hotelera.
En cuanto a la homologación de los derechos de servicios de cobro del Registro Civil, se brinda mayor seguridad a los usuarios, puesto que se eliminan las tarifas discrecionales que se manejaban en anteriores administraciones, ya que los costos de los trámites no estaban regulados por la Ley.

Debido a que como sector afirman que nunca fueron invitados a participar en el diseño de la Ley de Movilidad, misma que hoy entró en vigor, transportistas federales plantean cambios al artículo 125 de la misma.
El presidente del Movimiento Tour, José Cuauhtémoc Bizarro Galván, afirmó que, si se hace una reforma al 125, se evitará una “lluvia de amparos” por parte de los transportistas.
La solicitud ya fue planteada al diputado local y presidente de la Comisión de Transporte, Fernando Zelaya, reveló.
El 125 plantea que será el Instituto de Movilidad el encargado de expedir los permisos para el transporte de pasajeros, turismo y carga, entre otros rubros, los transportistas federales pidan que quede claro que eso es así cuando se trate de un concesionario no regulado por leyes existentes, para así evitar que este nuevo instituto invada el ámbito federal.
Fuente: Agencia SIM

