Violadores

Dan orden de aprehensión a Araceli “M” y Víctor “A” por posibles delitos de abuso sexual contra menor

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Benito Juárez.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que agentes adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos en contra de la Libertad Sexual y el Desarrollo de la Personalidad cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Araceli “M” y Víctor “A”, por su probable participación en los delitos de abuso sexual y violación en agravio de una víctima de identidad reservada.

De acuerdo con los primeros actos de investigación, -ambas personas – madre y padrastro de la víctima, respectivamente, agredieron físicamente a la víctima a quien le provocaron diversas lesiones en su cuerpo, por lo que fue ingresado al Hospital General en Benito Juárez para su atención.

Durante una valoración, personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo (DIF QRoo) descubrió que el niño fue víctima de agresión sexual, por lo que dio aviso de la noticia criminal a la Fiscalía General del Estado.

Es así que, tras reunir los datos de prueba necesarios e integrarlos en la carpeta de investigación, fiscales especializados en la investigación de Delitos en contra de la Libertad Sexual y el Desarrollo de la Personalidad solicitaron a un juez de control la orden de aprehensión en contra de Araceli “M” y Víctor “A”, la cual, fue otorgada y cumplimentada.

Ambos fueron puestos a disposición del Fiscal del Ministerio Público, quien los presentará ante la autoridad judicial que los requiere.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo cumple con su obligación constitucional de investigar, ubicar y capturar a quienes atenten en contra de la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes en territorio quintanarroense.
Fuente: Dirección de Comunicación Socia de la FGE Q.Roo.

Erik y Luis, jóvenes puertorriqueños son vinculados a proceso por el delito de abuso sexual

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Playa del Carmen.- De acuerdo a un comunicado emitió por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad, un juez de control dictó vinculación a proceso a dos hombres originarios de Puerto Rico por el delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad.

Los imputados fueron identificados como Erick «Z» de 18 años y Luis «Z» de 19 años de edad, luego de que la víctima los señalará como los responsables de la agresión que sufrió en un hotel del municipio, el pasado 28 de junio.

Después de valorar los datos de prueba, un juez de control determinó prisión preventiva para los detenidos y dictó el término de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La FGE cumple con su encomienda constitucional de investigar, identificar y capturar a quienes atenten contra la integridad física y la dignidad de niñas niños y adolescentes en la entidad.

Proponen «castración» para violadores

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Chetumal.- El Congreso del Estado de Quintana Roo está analizando proponer una ley que protege la integridad y la libertad sexual de las personas, con énfasis en los menores y de las mujeres, con penas más enérgicas a los agresores sexuales, la castración química para los voladores, sería una de ellas.

Asimismo, el Pleno de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo realizó la lectura de varias iniciativas de ley, las cuales, fueron turnadas a las comisiones correspondientes.

La diputada Reyna Durán Ovando, coordinadora del grupo legislativo de MORENA en la XVI Legislatura, fue una de las que presentó una inciativa para modificar el Código Penal de Quintana Roo.

Dicha propuesta consiste en adicionar a las penas de prisión y multa que contempla el Código Penal para este delito, se imponga la inhibición hormonal obligatoria del deseo sexual, popularmente conocida como castración química obligatoria, que consiste en un tratamiento médico mediante el cual se le suministra de manera regular, a un violador efectivamente procesado y condenado, ciertos medicamentos o sustancias químicas destinados a inhibir el deseo sexual.

La diputada expresó que la pena del delito de violación, que prevalece en Quintana Roo de 10 a 25 años de prisión, no es suficiente.

Así como, propone llevar acabo un programa de tratamiento intramural y seguimiento pospenitenciario para los agresores sexuales, con el fin de identificar los factores de riesgo de reincidencia y realizar acciones para reducir los casos, al igual que tener permanentemente una verificación del riesgo que estos agresores puedan representar para su entorno.

En dicha propuesta, propone llevar un registro de violadores, para tener un control y seguimiento de aquellos que hayan cometido violación.

En cambio el Pleno de la XVI Legislatura expresó su total rechazo a las violaciones de derechos humanos contra las mujeres, feminicidios, a la violencia feminicida y a la problemática de acceso a la justicia para las mujeres.

Los legisladores del PVEM, propusieron un acuerdo en que se les exige a las autoridades tanto de procuración como de impartición de justicia del país, cumplan con su trabajo, para resolver de manera eficiente y pronta todos los casos de feminicidio que se encuentren pendientes de resolución.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos,
el diputado José Luis Guillén López, presentó una reforma a la Constitución local, y a diversos artículos de la Ley de Movilidad y la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, para lograr garantizar que los vehículos de los ciudadanos se encuentren seguros en los estacionamientos de servicio público.

Y el diputado José Luis Toledo Medina, de la representación legislativa de Movimiento Ciudadano planteó reformar otras disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, en materia de protección a las familias.

Hay que mencionar que, el Congreso de Quintana Roo aceptó con 23 votos a favor de los diputados, la reforma de las fracciones I y III del artículo 135 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo.

Quedando eliminado el cobro por el uso de contenedores inteligentes; así como, las casas habitación en todas las zonas geográficas del municipio, no tendrán que pagar por los residuos.

Al terminar, el diputado José Luis Toledo Medina pidió una disculpa pública al Gobernador de Campeche, por la actitud altanera con los ciudadanos de Quintana Roo.

Roberto Erales Jiménez del PT y Gustavo Miranda García del PVEM, expresaron que este problema debe ser resuelto jurídicamente, para no dañar la relación existente entre los dos estados.

Con motivo del Día del Movimiento Rotario, la diputada Judith Rodríguez Villanueva, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, dijo que la presencia de los Rotarios en Quintana Roo, a ayudado a los ciudadanos del estado, con su labor humanitaria.

Piden castigo de 50 años de cárcel a servidores públicos violadores

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Chetumal.- Por los hechos ocurridos en el país y en el estado, de violación y asesinato de mujeres, el diputado local Édgar Gasca Arceo urgió que se apruebe la reforma a los artículo 128 y 129 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para que todo aquel funcionario público que abuse de niños, niñas, adolescentes y personas discapacitadas, que reciba de 25 a 50 años de cárcel, además de ser inhabilitado de por vida.

La iniciativa fue presentada en la Oficialía de Partes de la XVI legislatura, “puedan recibir de 25 a 50 años de cárcel, además de una inhabilitación de su cargo de por vida, es lo menos que podemos hacer”, expresó en tribuna.
Dicha iniciativa fue presentada hoy por el diputado Gasca Arceo, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social en la XVI Legislatura, y propone agregar la fracción VI al artículo 128 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo: Cuando la violación sea cometida por servidor o empleado público, aprovechándose de su cargo o comisión oficial, en cuyo caso también será inhabilitado para ejercer cualquier otro cargo público de manera definitiva.

También agrega la iniciativa que se reformen los párrafos segundo y tercero del artículo 129 de la Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para quedar como sigue:
“A quien sin propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obliguen a ejecutarlo se le impondrá prisión de cuatro a ocho años. La pena se aumentará hasta en una mitad más cuando se empleare violencia o fuere cometido por alguna persona que tenga relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, con el ofendido en los casos que proceda; o cuando los actos sean ejecutados por servidores y/o empleados públicos, valiéndose de su cargo, comisión oficial o relación con el ofendido, para tal efecto.
Además de las penas señaladas, se le privará de los derechos derivados de la patria potestad, de la tutela o custodia, cuando así proceda, a quienes teniendo el ejercicio de éstos en relación con la víctima o el ofendido, cometa el delito a que se refiere el presente artículo, así como con la inhabilitación por diez años en el caso de servidores o empleados públicos”.

En tribuna, Édgar Gasca Arceo enfatizó lo que sucede en Quintana Roo de la necesidad de una ley de salud mental, pues los que actúan con alevosía y ventaja para secuestrar, violar y asesinar a personas vulnerables, están “enfermos mentales, son gente que no están bien de su salud mental”.

Fue en la Sesión No. 5 del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio legislativo, el diputado llamó a sus compañeros a apoyar la iniciativa, pues el tema de violencia no tiene que ver con el género, “brinquemos esa etapa y vayas a darle a las mujeres lo que necesitan, que es libertad”.

Cada año se añade a QRoo una ciudad como Carrillo Puerto, pero de los 32 mil nuevos migrantes llegan también asesinos, violadores y ratas

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La inmigración hacia Quintana Roo que este año, según proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), sumará más de 32 mil personas entre nacionales y extranjeros, está asociada también con los índices de violencia y, en particular, con los homicidios dolosos o ejecuciones en los que la mayoría de los procesados provienen de Tabasco, Yucatán y Chiapas.

De acuerdo con estadísticas de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Quintana Roo, durante 2019 se han detenido a 99 personas por homicidio doloso, principal indicador de violencia por ser un delito de alto impacto. De los detenidos, 89 se encuentran vinculados a proceso y 10 ya fueron sentenciados.

Entre los procesados y sentenciados 19 acreditaron como su lugar de origen a Quintana Roo, 19 a Tabasco, 13 a Yucatán, 12 Chiapas, 9 Guerrero, 4 Ciudad de México, 4 Jalisco, 3 Campeche, 2 Oaxaca, 1 Nayarit, 1 Costa Rica, 1 Colombia, y 11 sin datos por lo que no ha sido identificada aún su procedencia.

Porcentualmente estas cifras indican que casi el 80% de los asesinatos en Quintana Roo son perpetrados por gente que llega de fuera.
De igual forma la inmigración que provoca que la tasa de crecimiento poblacional (2.32%) en Quintana Roo sea más del doble que la del promedio nacional (0.97%), se refleja en el número de cuerpos de víctimas de homicidio doloso que no han sido reclamados ni identificados y que en este año suman 75.

El aeropuerto de Cancún moviliza cada año a 26 millones de personas. Tiene una población que no llega aún a los dos millones, según cifras de Conapo, pero recibe anualmente a 20 millones de turistas que, así como los inmigrantes, demandan atención y servicios generales.

Sin embargo, ni el flujo de inmigrantes ni el de visitantes ha sido reconocido por el gobierno federal como base para dotar a Quintana Roo de una mayor presencia de fuerzas federales que combatan al crimen organizado, responsable de 9 de cada 10 asesinatos en la entidad, ni de una repartición de recursos equitativa a la riqueza que genera para México: 33 de cada 100 pesos que ingresan al país se producen aquí por concepto de turismo.