Pese a que han transcurrido dos años, en la entidad no se cuenta con un diagnóstico sobre el avance en el tema de la alerta de género decretada para los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel, aseguró Yolanda Garmendia Hernández, integrante del Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo.
Señaló que como sociedad civil han dado seguimiento a las observaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), por la Alerta de género, sin embargo no hay manera de verificar el porcentaje de avance, pues se carece de indicadores y una base de dónde partir.
Por ejemplo señaló que al Congreso del Estado le correspondió elaborar cinco leyes. Aquí lo importante no es que se aprueben, sino validar que estén siendo aplicadas adecuadamente por parte de la Fiscalía o de las instancias responsables de acuerdo a los protocorlos aprobados.
No ha habido ni siquiera una reunión de evaluación y si se hacen no son públicas.
Otro caso son los Geavics que Coordina la Secretaría de Seguridad Publica que están desarticulados. Las patrullas no tienen ni gasolina, todo ello incide en las acciones en favor de la mujer.
No se dan seguimiento a las órdenes de protección o restricción en favor de las mujeres. Las muertes de las mujeres tienen muchos años, pero no pasa nada. Sigue la violencia.
A dos años no se sabe que es lo que se ha hecho bien o mal y la violencia contra la mujer es algo ya normalizado.
Cómo avanzar cuando hasta en el transporte público se registra este tipo de violencia, hay buena disposición del gobernador (Carlos Joaquín) pero sigue la percepción de que no se hace nada.
Qué tiene que pasar para que realmente se haga un trabajo real para evitar la violencia en contra las mujeres.
Tampoco la Comision de Derechos Humanos haciendo lo propio.
Por ello como sociedad civil han sostenido reuniones con autoridades como la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Seguridad Pública y Secretaría de Gobierno.
En Cancún no sólo se debe proteger a las mujeres en la zona hotelera, como ciudad turística. Es necesario un cambio de estrategia, en donde participe la sociedad y gobierno, pero con un interés real que busque la solución del problema.
A nivel nacional en un informe los tribunales del país resultaron poco transparentes, pero el de Quintana Roo está entre los peores. De las sentencias ejecutadas solamente ha publicado 35 de las cinco mil 800. En ese sentido hay que trabajar también, es decir en la solución de los expedientes.
