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Ningún peso más de deuda en el gobierno de Carlos Joaquín, QRoo remonta su pasado de corruptelas

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Por la eficiencia en el manejo de los recursos y el saneamiento de la deuda pública sin recurrir a más préstamos, Quintana Roo ha tenido desde 2017 grandes avances en materia de transparencia y combate a la corrupción, después de haber sido uno de los estados con más desvíos de dinero público y opacidad en el país.

El reconocimiento a esos avances proviene de organismos autónomos y descentralizados. El más recientes es del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que destaca a Quintana Roo entre los estados que más ha mejorado en el ejercicio transparente de los recursos públicos desde que entró en funciones la administración de Carlos Joaquín.
Las mediciones del Coneval otorgaron a la entidad una calificación de 86 puntos en el Índice de Diagnóstico y Monitoreo del ejercicio presupuestal. Esta calificación sitúa a la entidad en el promedio más alto que va de 83 a 93 puntos. Hace cuatro años Quintana Roo sólo alcanzaba los 56 puntos, por lo que estaba reprobado en transparencia y eficiencia en la aplicación del dinero público.

Asimismo, después de ocupar el primer lugar en corrupción y opacidad en 2015, Quintana Roo avanzó al tercer lugar nacional en Gobierno Abierto, indicador que mide los índices de transparencia y participación social en la fiscalización del gasto gubernamental, donde el 80% de las compras son ahora por licitación pública y abierta cuando antes eran solamente el 2%.

Además, la eficiencia en el manejo de los recursos posicionó a Quintana Roo en el segundo lugar nacional en generación de ingresos propios, con una medición de 71.5 puntos cuando el promedio de los demás estados es de 42.5.

En el Índice de Transparencia de la Información Fiscal, Quintana Roo avanzó del lugar 13 a la posición 4, mientras en Transparencia y Gobierno Abierto pasó del último lugar (posición 32 de 32 estados) en 2015, al tercer estado más transparente de México.

En este sentido fue fundamental la participación ciudadana, por lo cual se conformaron 460 comités de contraloría social integrados por más de 7 mil 500 vecinos, a la vez que se abrió el portal “Vigila tu Obra” donde cualquier interesado puede monitorear la licitación, planeación, ejecución y entrega-recepción de las obras públicas.
De igual forma se blindaron contra la corrupción las adquisiciones de recursos materiales y se consolidó una mayor participación de empresas locales. Actualmente casi el 80 % de las compras del gobierno estatal son por licitación pública y abierta, cuando antes eran solamente el 2%, y sólo el 18% son por adjudicación directa cuando antes era el 90%. En materia de compras consolidadas, en 2017 se beneficiaron a 32 proveedores locales contra 13 foráneos; en 2018, a 21 locales contra 9 foráneos y hasta julio de 2019, 9 locales y 5 foráneos.

De igual forma, hasta el momento la administración de Carlos Joaquín no ha expedido ninguna concesión de transporte público, ninguna patente gratuita para bebidas alcohólicas y ninguna notaría, a fin de erradicar las prácticas clientelares y corruptas que predominaron en el pasado.

Juez obliga a Aguakan a invertir 706 mdp para dotar de servicio a Rancho Viejo

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Cancún.- Un mandato judicial determina que la empresa concesionaria del servicio de agua potable Aguakan debe invertir 706 millones de pesos para dotar del servicio de agua potable y alcantarillado a la zona de Rancho Viejo o Ciudad Mujeres, de la zona continental, revelaron en rueda de prensa integrantes de la asociación civil «Coordinadora Cívica de Quintana Roo”.
“No es un exhorto, es un mandado constitucional, judicial, que deriva de una orden de un juez de distrito, ordenado por un Tribunal Colegiado; y acá el Tribunal es claro: se constriñe a la concesionaria a invertir los montos que prometió; ¿qué pasaría si la concesionaria no cumple?, podemos recurrir en un recurso de incidente de incumplimiento de sentencia a la Suprema Corte, lo cual puede derivar en sanciones a la empresa y funcionarios” señaló Enrique Tejero Bacab, abogado de la AC.

El amparo fue el 86/2019, que fue resuelto por los magistrados del Tribunal Colegiado del Vigesimoseptimo Circuito.
Enlistó cuáles ponlas obras que debe desarrollar Aguakan.
“Es básicamente que se cumpla con el monto de inversión, que son 706 millones de pesos para Ciudad Mujeres; primero es la línea de conducción de agua potable, construcción de cárcamos, de rebombeo, construcción de redes para servicio doméstico, construcción de recolectores de drenaje sanitario y también conectar las plantas de tratamiento de residuos para drenaje sanitario” detalló.

Expuso que la concesionaria tiene un par de semanas a lo sumo para pronunciarse respecto a cómo y cuánto tiempo les debe tomar hacer dichas obras. Una vez realizadas las obras y otorgado el servicio la empresa podrá recuperar lo invertido a partir del cobro a los usuarios.

Sobre si será posible realizar la obra dado que dicha zona es irregular, el abogado aclaró que desde 2011 cuando Alicia Ricalde Magaña era alcaldesa de Isla Mujeres y Félix González Canto gobernador, se estableció en el PDU que Rancho Viejo sería regulado y se le nombró Ciudad Mujeres, en la que incluso se contemplaron algunas de las vialidades ya existentes en el área.
“Ya son asentamientos con uso de suelo, la gente tiene sus títulos de propiedad; pagan predial, tienen red de energía eléctrica, alumbrado, transporte público, calles pavimentadas, lo que no se tiene es servicio de agua potable y drenaje”, finalizó.

PADECEN ENFERMEDADES EN RANCHO VIEJO
En entrevista posterior a la rueda de prensa, la presidenta de la «Coordinadora Cívica de Quintana Roo”, Nery Guadalupe Tejero Bacab habló de algunas enfermedades que padece la gente de Rancho Viejo debido preciosamente a la falta de agua potable, tales como enfermedades estomacales o en la piel.

“Lo que pasa que la gente utiliza el agua para lavar los trastes o su ropa y a veces el agua está contaminada y eso genera enfermedades virales, del estómago; hay gente que por pobreza, en la zona, tiene la necesidad de tomar el agua, y por ignorancia no saben a veces y se enferman; ha habido gente que se enferma; aparte cuando lavas la ropa en tiempo de lluvia el agua se pone muy fea, huele mal, se pone amarilla”, denunció la activista.

El problema es grave dado que en esa zona hay hasta cerca de 40 colonias sin servicio de agua potable. Un promedio de 15 mil habitantes y unas 3 mil familias.

El castigo de AMLO para Chetumal será catastrófico en 2020

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Chetumal.- La preocupación de los empresarios, manifestaba ayer en conferencia de prensa, por el incumplimiento de las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador con el sur de Quintana Roo es una realidad que afectará de la misma manera a “fifis”y “chairos”, pero sobre todo a los más necesitados.

El recorte federal para el próximo año será un golpe devastador para una economía que depende exclusivamente del tema burocrático.
A ti que lees esto y eres vendedor de hot dogs, taxista, albañil, etc. serás de los más afectados porque al no haber dinero circulante la gente preferirá gastar menos.
El gobierna federal endureció las reglas migratorias, por lo que menos visitantes beliceños están viniendo a Chetumal a gastar su dinero, y esto afecta a “todos”, sí, incluso a ti que vendes fuller o avón.

Y mientras diputados y senadores siguen en sus tareas de protagonismo político y no se pongan a trabajar por el pueblo, esto tarde que temprano desatará una crisis económica más severa que traerá más delincuencia, más violencia y, por lo tanto, menos inversión.

Ni tren maya, ni Secretaría de Turismo, ni zona libre, ni gasolina más barata, pero sí la inflación más alta de todo el país es el saldo hasta el momento de la 4T para el sur de Quintana Roo.
Ojalá y el gobierne federal voltee la mirada a Quintana Roo, por el bien de todos. Mejor analiza que alguien de tu familia próximamente se quedará sin empleo, que pronto tendrás más problemas económicos y que no se deben celebrar las desgracias ajenas cuando alguien pierde el trabajo. Un desempleado más es un cliente menos que tendrás en tu puesto de hot dogs, en tu taxi o en tus obras.

Si una empresa quiebra no solo se afecta a “un corrupto” priísta (aunque no lo sea) sino también a una decena de empleados que tendrán que dejar su ciudad para poder darle sustento a su familia.
Pero mejor ahórrate tus comentarios ofendiendo al escribano e insultando a los demás, al fin y al cabo es lo único que podrás ahorrar.

SE QUEJAN LOS ENPRESARIOS
Como se recordará, ayer, el presidente del organismo empresarial, Eloy Quintal Jiménez exigió a los senadores Marybel Villegas Canché, Mayuli Martínez Simón y José Luis Pech Várguez realicen las modificaciones correspondientes para mejorar las posibilidades de crecimiento y desarrollo del sur de Quintana Roo.
Además pidió a los diputados locales se sumen en estos exhortos “dejando a un lado los intereses partidistas y velen por los intereses de una sociedad que les demanda y exige congruencia de sus discursos de campaña. La sociedad ya eligió y ahora es su responsabilidad cumplirles”.

Acompañado de los integrantes del CCE, Quintal Jiménez dio lectura a un documento en el que plasman su decepción por la reforma a la Ley Federal de Derechos, mediante la cual se eliminó la exención del pago del derecho de no residente “que sirve sea de paso, la están aumentando de 558 a 855 pesos que representa una traba más para los visitantes beliceños que reactivan la economía de la zona sur cada fin de semana.”

“La zona sur de Quintana Roo no es una frontera migratoria sino una franja fronteriza comercial que representa una derrama económica mensual de entre 25 y 30 millones de pesos para Chetumal y Bacalar por la afluencia de unos 38 mil visitantes de origen beliceño”, afirmó.
Los empresarios manifestaron su preocupación por el paquete fiscal 2020, “toda vez que lo prometido y propuesto por el presidente durante sus visitas a Quintana Roo no están contempladas y que permitirían la reactivación económica de la zona sur”.

Confirmaron un escenario desalentador para la capital del Estado y sus alrededores por el desplome del consumo en más del 25 por ciento, el cierre de empresas, la pérdida de empleos, minusvalía inmobiliaria y aumento de deudas bancarias, sin inversión pública y privada y que se agrava por el recorte de plazas de las delegaciones federales.
En el documento, los empresarios establecieron que los gobiernos federal, estatal y municipal no han podido cumplir con sus promesas de promover la inversión privada y productiva.
Reiteraron su decepción por el incumplimiento de la promesa presidencial y de los legisladores federales de considerar la reducción del IVA al 8 por ciento y un ISR con una tasa reducida al 20 por ciento, “lo que demuestra que los legisladores federales no escucharon sus propuestas para la zona sur”.

“Ha sido una decepción total y absoluta para nosotros el actuar de los diputados federales que no han hecho alguna gestión sustancial para mejorar las posibilidades de desarrollo del Sur de Quintana Roo”, enfatizaron. (Con información de Noticaribe)

Impugnan Ley Orgánica de la Fiscalía General aprobada por la XV Legislatura

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Chetumal.- Por considerar que se violan diversos preceptos constitucionales, así como diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la que fuera impulsada por el ex presidente de la Gran Comisión, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y aprobada en los últimos días de la XV Legislatura.

El 17 de octubre del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 111/2019 promovida por Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, en contra de la citada ley publicada el 13 de septiembre de 2019 en el Periódico Oficial del Estado.
De acuerdo con las consideraciones vertidas por la CNDH, se violentan los artículos los artículos 1, 5, 14, 16, 18 y 20, inciso B fracción I, 32 y 35, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los artículos 1,2,8,9 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 2, 14.2, 15 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 2,4 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Y es que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, establece facultades a las unidades administrativas de la Fiscalía para ordenar el aseguramiento de bienes “motu proprio” sin que exista control judicial previo, vulnerando los derechos de seguridad jurídica y debido proceso.

Además, establece como requisito para ocupar cargos públicos en la Fiscalía el “no estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa”, así como “haber sido destituido o inhabilitado” por resolución firme como servidor público, lo que a consideración de la CNDH vulnera los derechos de igualdad y no discriminación de trabajo y de acceso a un empleo, al excluir de manera injustificada a aquellas personas que cometieron una falta administrativa y que hayan sido sancionadas.
Por si fuera poco, la CNDH considera que la nueva Ley Orgánica de la FGE vulnera el principio de presunción de inocencia, al impedir el acceso a cargos dentro de la Fiscalía a personas que se encuentran sujetas a un procedimiento, sin que haya sido acreditada su responsabilidad administrativa.

La acción de inconstitucionalidad promovida por el ombudsperson nacional, considera que se vulnera los derechos de igualdad, no discriminación y a dedicarse a cualquier profesión, industria, comercio o trabajo lícitos; al establecer como la calidad de mexicano por nacimiento para ocupar cargos en la fiscalía, excluyendo a aquellas personas cuya nacionalidad es adquirida por naturalización.

“Positiva y necesaria, norma antiestrés”: Sede

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Cancún.- La entrada en vigor de una norma que obliga a los centros de trabajo a atender el estrés laboral es algo que es “de última moda”, pero también un tema que siempre se ha debido valorar, opinó la secretaria de Desarrollo Económico, Rosa Elena Lozano Vázquez.

Desde el miércoles, ya aplica la NOM-035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por el que las empresas deben identificar y prevenir factores que generen trastornos psicológicos, como estrés, con lo que se espera atender este problema que es sentido por el 75% de los trabajadores mexicanos, por encima de países como China (73%) y Estados Unidos (59%).
La funcionaria estatal indicó que al hablar de “estrés laboral” se generaliza, pues en realidad lo que se busca es que cada empresa tenga su departamento de recursos humanos con metodologías y programas que puedan prevenir situaciones adversas, además de identificar cualquier trastorno psicológico.

“Es importante contar con programas de inclusión social y atención psicológica, porque esto afecta directamente el rendimiento y la calidad de atención; el último es un factor crucial en la industria turística”, explicó.
Reiteró que el componente humano es el más importante de las empresas, y Quintana Roo es uno de los principales generadores de empleo formal, por lo que deben cuidarse a los trabajadores.

Cuestionada sobre el aumento de 0.7% en la tasa de desempleo en Quintana Roo, según diera a conocer el Inegi, la funcionaria estatal afirmó que en los datos que tiene ella, la actividad se ha mantenido.

Un paraíso que calla: violencia contra la prensa en Quintana Roo

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Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019.- Hoy en día, Quintana Roo es uno de los estados más violentos para ejercer el periodismo en México. Las agresiones han ido en aumento sin que las autoridades afronten el problema. Tan sólo durante el primer semestre de 2019 se han registrado 26 agresiones, el mismo número que el total del año anterior.

Quintana Roo es uno de los cinco estados más peligrosos para la prensa desde 2009, junto con Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. De ese año y hasta junio pasado, se han registrado 161 agresiones.

En 2017, aumentaron 500% respecto al año anterior[1], cuando se registraron 3. Desde entonces, han incrementado año con año. Al siguiente, en 2018, se pasó de 18 a 26 agresiones registradas, es decir un aumento del 44.4%. A diferencia de los anteriores, en ese mismo año se registraron 2 asesinatos. Los de los periodistas José Guadalupe Chan Dzib, el 29 de junio, en Felipe Carrillo Puerto, y Rubén Pat, el 24 de junio, en Playa del Carmen. Ambos trabajaban en el medio Semanario Playa News. Estos niveles de violencia no se han observado en ningún otro estado.

ARTICLE 19 advirtió sobre las consecuencias de esta violencia en 2014[2], durante el gobierno de Roberto Borge, cuando el clima ya era adverso para la prensa y señaló que, de no atenderse, se agudizaría. Las cifras confirman el cumplimiento de este augurio.

En junio, ARTICLE 19 realizó una misión a Quintana Roo, donde visitó los municipios de Solidaridad y Benito Juárez para entrevistar a periodistas sobre el contexto de violencia que enfrentan en esta entidad. Las personas entrevistadas afirmaron que las agresiones provienen de integrantes de la delincuencia organizada. De igual forma, aseguraron que tanto funcionarios públicos como empresarios también han pretendido censurarlos, oponiéndose a que publiquen sobre el incremento de la violencia ante el temor de que disminuya la afluencia turística.

Agresiones contra la prensa: entre el narco y el Estado

Para académicos como Erubiel Tirado, la reciente ola de violencia en la entidad comprende una dinámica cruenta de reacomodos y disputas entre organismos criminales en una región que conforma un enclave estratégico para la operación y control sobre el tráfico, venta y consumo de drogas[3].

En un reportaje publicado en Forbes, en marzo de 2019, se hace un recuento de las cifras de violencia en Quintana Roo de 2016 a 2018, revelando que en 2016 había una tasa de 12 homicidios por cada 100 mil habitantes, la cual aumentó un 118% en el 2017 y en 2018 un 113% con respecto al año anterior[4].

Forbes asegura que actualmente Quintana Roo se ubica 4 veces por arriba de la tasa de homicidios a nivel nacional y 10 veces por encima de la tasa mundial. La mayor parte de estos crímenes suceden en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos, Bacalar, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres.[5]

Según testimonios, las agresiones hacia la prensa en Quintana Roo obedecen principalmente a dos fenómenos. En principio, las presiones a las que son sometidos periodistas por la delincuencia organizada se configuran en amenazas y extorsiones para obligarlos a publicar fotografías de “narcomantas” o de cuerpos expuestos en la vía pública como mensaje a sus contrincantes, a las autoridades o a la sociedad, además de obligarlos a borrar hechos noticiosos que consideran puedan afectar a sus intereses. Por otro lado, autoridades estatales y municipales presionan a la prensa para no publicar los índices de violencia en el estado, ni posibles actos de corrupción de funcionarios públicos.

Respecto a la violencia cometida por parte del “narco”, un periodista del municipio de Solidaridad, que pidió resguardar su nombre, comentó a ARTICLE 19 que frecuentemente recibe mensajes en su página de Facebook de personas que afirman pertenecen a cárteles que se encuentran en la zona. Bajo amenazas, le envían fotografías de “narcomantas” o de cuerpos desmembrados con mensajes dirigidos a sus enemigos. “Lo que hago es ignorar los mensajes y bloquear los perfiles. Sé que, si les publico algo, inmediatamente me señalan como su vocero”, refiere.

En entrevista con ARTICLE 19, Adriana Varillas, reportera del periódico El Universal y Sergio Caballero, subdirector del periódico Noticaribe, coinciden en que la intensidad de las agresiones contra la prensa, principalmente por parte de la delincuencia organizada, empezó a hacerse más visible a raíz de la entrada de la nueva administración estatal, encabezada por Carlos Joaquín González, y con el evidente reacomodo entre grupos de la delincuencia organizada que han operado de manera intermitente por el dominio de la zona.

Caballero afirma que con Roberto Borge “se empezaron a configurar agresiones contra la prensa en el espacio digital, orquestadas desde el mismo gobierno del estado, para restarle credibilidad a la labor de los periodistasvinculándola con actos de corrupción, además de asociarlos con las actividades ilícitas de la delincuencia organizada”. Actualmente, estas agresiones digitales continúan, pero ahora, según señala el periodista “la delincuencia organizada ha aprovechado estas mismas formas de agresión para presionar”.

Cabe recordar que, en 2014, ARTICLE 19 describió cómo el exgobernador mostraba intolerancia a la prensa y mediante el uso de recursos públicos atacaba por redes sociales[6] a medios de comunicación locales. Del periodo de su mandato no se olvidan los ataques contra la revista Luces del Siglo; contra Sergio Caballero, corresponsal de Proceso; contra el portal Noticaribe; así como la detención arbitraria de Pedro Canché y el hostigamiento contra la periodista Lydia Cacho.

En este contexto, las amenazas en línea se han convertido en una forma de agresión constante. Ejemplo de ello es lo sucedido entre marzo y mayo de este año, cuando Canché, quien dirige su portal informativo Pedro Canché Noticias, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, recibió mensajes amenazantes de alguien que afirmaba ser integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En los primeros mensajes, esta persona le exigía al periodista remover contenido que había publicado en su página web y también lo coaccionaba para publicar notas sobre determinados homicidios que habían sucedido en el municipio.

Sin embargo, luego de que Canché ignorara los mensajes, llegaron otros de mayor calibre: “Quiero que saques una nota que diga que el muerto de la zona de cancun fue gent de lety de 40 (sic)”, “te voy a enseñar q a un parcero no se le evita perro t vamos a picar. (sic)” y, “ya sup q andas d sapo perro t voy a picar (sic)”. Estos fueron enviados el 30 de abril, 2 y 8 de mayo, respectivamente.

Además. recibió otros mensajes por parte de esa persona donde le pedía trabajar para él además de exigirle que no publicara nada relacionado con otro cartel que tiene presencia en la zona. También, el periodista relató haber recibido un comentario en Facebook donde una persona le amenaza con “cortarle la lengua”.

Por su parte, en el mes de mayo de 2019, el locutor de la radio Punto Sipse, Gonzalo Hermosillo, del municipio de Chetumal, recibió amenazas de muerte por medio de mensajes enviados a través de WhatsApp por parte de un hombre que afirmó ser integrante del CJNG. En ellos, le exigió adjudicar unos asesinatos al cartel enemigo y no relacionarlos con ellos. Incluso, le ofreció trabajar para ellos a cambio de dinero.

Afortunadamente, las amenazas en contra de Canché y Hermosillo no se han materializado. Sin embargo, lo mismo no sucedió con Francisco Romero, director del medio digital Ocurrió Aquí. ARTICLE 19 pudo comprobar que Romero recibió un mensaje privado en su cuenta personal de Facebook, del usuario “Dante Monterubio”, quien dijo que le haría daño a su familia si no publicaba información que favorecía al CJNG.

El 16 de mayo, sicarios dispararon al periodista a las afueras del estacionamiento del bar “La Gota”, matándolo a tan sólo tres cuadras de la base de la Policía Estatal del municipio de Solidaridad.

Antes de su asesinato, fue detenido arbitrariamente el 7 de marzo por elementos municipales de tránsito mientras cubría un accidente. En su momento, Romero aseguró a ARTICLE 19 que la detención fue ordenada por la presidenta municipal, Laura Beristáin, y un comandante de la policía municipal, conocido como “El Oso”, ya que luego de ser trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública él le dijo: “¿Ya ves? Y eso que no te metimos una putiza. No nos debes echar mierda a mí ni a la jefa (sic)”.

Luego de permanecer detenido durante dos horas fue llevado con una funcionaria de la misma corporación, quien le dijo: “la licenciada Laura Beristáin te mandó a soltar. Pero que ya te calmes y te quedes tranquilo”. Estos hechos, al igual que la amenaza recibida en Facebook mencionada anteriormente tuvieron lugar semanas antes del homicidio.

Ocurrió Aquí fue fundado en 2018 por Romero, posterior a los asesinatos de sus colegas José Guadalupe Chan y Rubén Pat, del Semanario Playa News, del cual también había sido integrante. Además del asesinato de su director, otro integrante del medio fue blanco de agresiones.

En febrero, Ricardo Cáceres, fue agredido por policías municipales del municipio de Solidaridad, quienes trataron de impedir la transmisión en vivo de un accidente vial. “Ya estábamos fuera del acordonamiento cuando llegaron los elementos de la patrulla y me agredieron. Uno de los policías me jala e intenta quitarme el celular”, relató el periodista.

Además, ARTICLE 19 documentó actos tendientes a criminalizar a la prensa en la entidad. Estos han sido protagonizados por las mismas autoridades que en lugar de actuar para garantizar a libertad de expresión, señalan a periodistas como supuestos operadores de la delincuencia organizada.

Uno de ellos se registró el 24 de febrero, durante la Reunión Nacional sobre Turismo, celebrada en Chetumal, cuando Beristáin acusó públicamente a los medios de comunicación pertenecientes a las empresas Grupo Cantón y Grupo Quequi de ser “sicarios periodísticos”. Esto después de que estos medios evidenciaran la situación de violencia en el municipio de Solidaridad.

Los asesinatos a periodistas en Quintana Roo y la falta de respuesta del Estado

La violencia extrema en el estado ha dejado el saldo inaceptable de 3 periodistas asesinados en menos de dos años: Rubén Pat, José Guadalupe Chan y Franciso Romero. Estos hechos fueron consumados en circunstancias similares. Chan fue asesinado el 30 de junio de 2018 por impactos con arma de fuego en el bar “La Baticueva”, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. El 24 de julio del mismo año, Pat también fue asesinado por impactos de bala afuera del bar “ARRE” en el municipio de Solidaridad. Y menos de un año después, sicaríos cegaron la vida de Romero exactamente bajo el mismo modus operandi.

Tanto Pat como Romero eran beneficarios del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), institución que no cumplió con proteger sus vidas. A la fecha los tres homicidios continúan sin esclarecerse y con señales de permanecer en la impunidad.

Tres meses antes del asesinato de Chan, ARTICLE 19 presentó en esta entidad la Agenda Mínima en materia de libertad de expresión, cinco recomendaciones y una hoja de ruta para garantizar el ejercicio del periodismo dirigidas a Carlos Manuel Joaquín González, previo a su toma de protesta como gobernador electo. No obstante, ninguna de las recomendaciones y propuestas enviadas por esta organización hacia el actual gobierno fue atendidas de manera puntual.

Desafortunadamente, mientras el Estado no otorgue garantías para ejercer la libertad de expresión, este clima no podrá sino empeorar. Quintana Roo se convertirá en una zona silenciada para la libertad de expresión, perdiendo de forma paulatina y continua las voces que aún producen información local de interés público, a pesar de las presiones del crimen organizado y de los grupos políticos en pugna[7].

Parte de la responsabilidad de la descomposición de la situación de libertad de expresión en Quintana Roo recae necesariamente en el gobierno estatal. El gobernador Carlos Manuel Joaquín González generó grandes expectativas por ser la primera alternancia de la entidad. Sin embargo, deja hasta el momento un saldo rojo en materia de garantías al periodismo. Es su obligación actuar con urgencia para revertir esta tendencia en el tiempo que le queda.

Quintana Roo vive un contexto de amenazas múltiples y sistemáticas a periodistas por parte del crimen organizado que opera en la zona y cuyas facciones se mantienen una pugna por dominar el tráfico de drogas en la entidad. Para estas redes de crimen organizado mantener el control del discurso público y de la información vital, es un asunto estratégico para la consecución de sus fines delictivos.

Exigencias

Actualmente cientos de periodistas en Quintana Roo sufren las consecuencias de las pugnas entre grupos de la delincuencia organizada que busca utilizarlos como portavoces de la violencia hacia sus contrarios mientras que el Estado falla en proteger y otorgar las garantías necesarias para que las y los periodistas puedan desarrollar su trabajo.

Por esto, frente al deber de las autoridades para proteger a la prensa ARTICLE 19 realiza las siguientes exigencias:

1.- Al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a asumir públicamente el compromiso de frenar la violencia contra la prensa en Quintana Roo y a actuar con voluntad política de manera contundente para la consecución de tal fin.
2.- Al Gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González a condenar públicamente la violencia ejercida contra periodistas del Estado y a asumir públicamente el compromiso de frenar la violencia en la Entidad. Además, deberá construir protocolos de protección que regulen la actuación de autoridades con periodistas para el cumplimiento de los estándares de prevención, protección y procuración de justicia en crímenes contra la libertad de expresión.
3.- A los presidentes municipales y Ayuntamientos, a garantizar que las investigaciones administrativas sobre el uso desproporcional de la fuerza pública y sobre cualquier acto denunciado de forma administrativa como censura a los medios y periodistas avancen se dicten sanciones ejemplares.
4.- A la Fiscalía Especial para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República (FEADLE), atraer el caso de Francisco Romero, Rubén Pat y José Guadalupe Chan, para que, con base en la aplicación del Protocolo Homologado para la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, se sancione a los responsables.
5.- Al Fiscal General del Estatal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca a coadyuvar con la FEADLE de manera diligente con la investigación de los casos mencionados anteriormente.
6.- Al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a realizar de manera urgente las gestiones necesarias de coordinación con el gobierno estatal, a fin de poner en marcha estrategias de protección y prevención integrales en el Estado. Así como medidas tendientes a salvaguardar la vida e integridad de las víctimas indirectas de los homicidios cometidos contra periodistas.
7.- A la Fiscalía Especial para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República (FEADLE), atraer el caso de Francisco Romero, para que, con base en la aplicación del Protocolo Homologado para la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, se sancione a los responsables.
8.- A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se le solicita realizar un análisis de la violación sistemática de derechos Humanos en la entidad, y en su caso, emitir recomendaciones a las autoridades responsables por violaciones a los mismos, poniendo especial énfasis en la libertad de expresión.
Fuente: articulo19

Plagian a mujer en la SM 51

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Cancún.- Una mujer, identificada como Wendy “N”, fue plagiada por hombres armados afuera de su casa, en la Supermanzana 51 de esta ciudad.
La mujer estaba en la esquina de la calle Mosquito con la avenida Nichupté, cuando sujetos en una Renault Duster café la obligaron a abordar su vehículo, llevándosela contra su voluntad a un lugar desconocido.
Al lugar llegaron agentes de la Policía Municipal, así como de la Fuerza de Reacción y Atención Inmediata (FRAI), perteneciente a la Fiscalía General del Estado.

Inicia Fiscalía anticorrupción diplomado en gestión de talento humano y responsabilidad social gubernamental

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La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició en Quintana Roo, el Diplomado en Gestión de Talento Humano y Responsabilidad Social Gubernamental, dirigido para todo el personal que labora en esta institución.
De acuerdo la programación, el diplomado estará dividido en cuatro módulos (cursos), en el cual se integraron 60 trabajadores de esta instancia, 40 de ellos establecidos en la Zona Sur, así como 20 en la Zona Norte.

Los cursos tienen una duración de 120 horas y las sedes para su aplicación son: en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco y la ciudad de Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad.
Dicho diplomado es innovador y está desarrollado particularmente por la Universidad Internacional de Ciencias de Vanguardia. La especialización permitirá que todo el personal de la fiscalía, independientemente de su perfil académico, pueda desarrollar habilidades que servirán para robustecer equipos de alto desempeño, así como alcanzar el éxito en los objetivos primordiales de toda la unidad especializada.

Durante la inauguración del diplomado, la doctora Rosaura Villanueva Arzápalo, Fiscal Anticorrupción, resaltó la importancia de cada uno de los que conforman la unidad especializada, sobre su liderazgo a nivel nacional con resultados en recuperación de patrimonio e innovación la entidad federativa.

“Es un gran privilegio, pero sobre todo una gran responsabilidad porque hoy nuestra institución tiene la oportunidad de trascender en nuestra sociedad a nivel local y nacional; por ello, la base de nuestro Modelo Estratégico Institucional se centra en el talento humano, capacitado, con valores y altos estándares de eficiencia”.
La Fiscal Anticorrupción agradeció a la Universidad Internacional de Ciencias de la Vanguardia, a su rector, el Doctor Daniel Quijano Ocegueda y su Director de Unidad, el Maestro Joaquín Calzada Castillo, por haber diseñado un diplomado exclusivo para la unidad especializada, orientado totalmente a las necesidades de capacitación.

Para finalizar, Joaquín Calzada Castillo aclaró que se trata de un diplomado para preparar el talento humano, que es el activo más importante de la fiscalía, a fin de que puedan llevar la organización a la excelencia, sobre todo en el ámbito administrativo, además de generar conciencia porque son el primer eslabón para dar el ejemplo de responsabilidad social.

Trabajan 38 ministeriales reprobados con amparos

Cancún.- Hay más de 60 agentes de la Fiscalía General del Estado, entre Ministerio Público, Policía Ministerial y peritos, quienes reprobaron su examen de control y confianza, y quienes serán nuevamente evaluados, con el riesgo de ser dados de baja, si nuevamente fracasan.

Así lo reveló el fiscal general, Óscar Montes de Oca, quien indicó que hay 38 que trabajan en el organismo con un amparo, el que impide que la autoridad realice lo conducente en sus casos.
Sobre las evaluaciones futuras, indicó que toca al Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) emitir las citas, pues evalúan a muchos elementos.
Por otro lado, confirmó que continúa la reorganización de los Ministerios Públicos y aseguró que todos estos agentes ya cumplen con los requisitos que exige el cargo, faltando únicamente el que se aprueben estos exámenes.

«La estafa de la iglesia con la fe y sombrero ajeno»

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MARCO ANTONIO BARRERA

Cancún.- Medio centenar de iglesias católicas promueven la fe con el préstamo de terrenos municipales que fueron donados por empresas y particulares para el desarrollo y bienestar comunitario.

Son 43 predios que en conjunto están valuados en 175.1 millones de pesos, y otros siete sin cálculo comercial ni catastral, que fueron dispuestos para el uso de la Prelatura de Chetumal. De ellos, los más cuantiosos son los que albergan a los templos de Corpus Christi, en la Supermanzana 92; el de San Judas Tadeo, en la 236; el de San Pedro y San Pablo, en la 96, y el del Señor de la Misericordia, de la Supermanzana 238, cuyo precio es de 18.3, 10.2, 8.4 y 7.6 millones de pesos, respectivamente.

El municipio destina, por el contrario, sólo cuatro terrenos públicos para bibliotecas y la promoción de la cultura a través de la lectura. Dispone de instalaciones asentadas cuyo valor es 18 veces más barato, comparado con la promoción religiosa.

Según el reporte del patrimonio municipal, el predio que ocupa la biblioteca Dr. Enrique Barocio, ubicada en Av. Chichén Itzá y calle Hezaba de la Supermanzana 1, tiene un valor de 9 millones 231 mil 182 pesos; la biblioteca Erick Paolo Martínez, de las calles 127 y 4 en la Supermanzana 96, vale 571 mil 212.78; mientras que de la biblioteca Rosendo Leal Sánchez, localizada en la esquina de las calles 16 y 105 en la Supermanzana 95, no está cotizado el terreno que ocupa.

El inventario de bienes de la Dirección de Patrimonio Municipal señala que en Benito Juárez hay 2 mil 476 inmuebles registrados como propiedad pública hasta el 28 de junio pasado.

Aparte de los 50 lotes que tiene a su disposición la administración de la Prelatura en este destino, también ocupa otros con alto valor comercial, como la Iglesia de San Felipe de Jesús, en la Supermanzana 95, que vale 6 millones 371 mil 216.95 pesos; el Templo de San Juan de Dios, en la 224, de 6 millones 023 mil 522 pesos; y Nuestra Señora del Carmen, en la 227, de 5 millones 565 mil 218 pesos, de acuerdo al último avalúo reportado por las autoridades.

En contraste, el gobierno benitojuarense destina una menor cantidad de predios para el bienestar comunitario. Son 38 que se utilizan para canchas deportivas, 22 casetas de policía, 10 centros de salud, cinco estancias infantiles, tres plazas públicas y una casa de la cultura.

De los 2 mil 476 bienes inmuebles municipales se destinan 95 predios a escuelas primarias y secundarias, 84 a parques públicos y 61 a parques infantiles.

El reporte reporta también el valor de los predios que ocupan otros sitios emblemáticos de este destino, como el Panteón Los Olivos, que vale 40.1 millones de pesos; Playa Marlín, con un costo de 34.2 millones de pesos; el Parque Las Palapas, con 20.4 millones; el Palacio Municipal, con 19.6 millones; Playa del Niño, con un valor de 12.5 millones; y Playa Ballenas, con 10.3 millones de pesos, entre otros sitios.
Fuente: LucesdelSiglo