Sociedad - Page 204

Por: Agencia Clic

Cancún, Quintana Roo. – El nombre de Gaspar Narciso Paredes Cardeña les resuena a varios empresarios de la península, a quienes defraudó, y que hoy con documentación falsa se ostenta como dueño de Marina Chac Chi, y de ello se ha valido para violar la ley y tratar de despojar de sus playas a los quintanarroenses, en el kilómetro 3.5 de la zona Hotelera de Cancún.
Está plenamente documentado su trayectoria de fraudes y crímenes, y de los que se puede enumerar les consta a empresarios yucatecos y de Quintana Roo, pues Gaspar Narciso Paredes Cardeña y su esposa Miriam de Lourdes Palma Capetillo y en los que participó su hijo Gaspar Enrique Paredes Palma, estafaron con más de 14 millones de pesos, mediante su despacho contable.
En el expediente número 18/2012 se les denunció por los delitos de Fraude Genérico y Usurpación de Profesiones, dos años más tarde se les dictó sentencia condenatoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito dentro del expediente 219/2014, donde consta que, mediante engaños a los empresarios, los Paredes Palma se hicieron de dinero.
Como ya se sabían los recovecos de la Ley, pretendieron mediante documentos falsos, sorprender a las autoridades y así comenzar a apropiarse de las playas frente al CREA en la zona hotelera de Cancún.

NACIÓ MARINA CHAC CHI DEL FRAUDE
En esta ocasión, Gaspar Narciso Paredes Cardeña no logró evadir la acción de la justicia, dado que en el expediente 06/2019 se emite sentencia en la Novena Sala Especializada en Materia Penal de Primera Instancia el 27 de marzo del 2019, donde se le señala como responsable del delito de fraude procesal, por presentar documentos falsos para hacerse pasar como dueño y poseedor de un inmueble dentro del juicio civil 864/2016.
Los documentos falsos utilizados fueron el Contrato de Arrendamiento entre la COJUDEQ y Gaspar Narciso Paredes Cardeña, supuestamente firmado en el año 2001.
Otro documento que resultó falso es el Contrato de Cesión de Derechos Adcorpus entre la COJUDEQ y Ponce Arguelles García, con fecha de 15 de diciembre de 2001.
Y finalmente un Contrato de Compra-Venta, supuestamente realizado entre Ponceano Aguelles García como vendedor y Gaspar Narciso Paredes Cardeña como comprador con fecha 15 de febrero del año 2002.
Se corroboró que los datos eran falsos, dado que la CONJUDEQ en el año 2001, aún no había sido constituida.
Su carrera criminal y de fraudes no se detuvo, pues se logró acreditar que eran falsos los documentos que exhibía tanto la concesión de Zofemat y la correspondiente de APIQROO.

TODO ERA FALSO, HASTA PERMISOS DE ZOFEMAT Y APIQROO
El 30 de septiembre de 2019 fue negada la solicitud de ampliación de prórroga de Zofemat por el director en su momento, Rodrigo Hernández Aguilar, pues se verificó que sus documentos presentados, eran falsos.

Hoy, la Marina Chac Chi opera sin tener los permisos, es decir, de manera ilegal, entre algunos documentos que le falta es el permiso del Ayuntamiento de Benito Juárez, tanto licencia de funcionamiento, patente de alcohol, licencia de construcción y pago de basura, lo cual ha derivado en denuncias, que hasta el momento no avanzan.
La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, le ha negado la vigencia de derechos para ocupar la zona marítima, además de que el espacio a ocupar fue rebasado, según dictámenes de verificación de la misma dependencia.

UN EX MAGISTRADO, SU AMIGO DE FRAUDES
Gaspar Narciso Paredes Cardeña se preparó bien para cometer fraudes, pues cuentan con los servicios legales del litigante José Manuel Rodríguez Puerto, ex Magistrado Federal, sobre quien pesa una sanción en el año 2014.

El Consejo de la Judicatura Federal mediante el comunicado número 26 de fecha 14 de mayo del 2014, indica que se le sancionó al ex magistrado por múltiples actos de corrupción, entre los que figura el tráfico de influencias y haber actuado para favorecer al entonces conocido “zar de los casinos” José Rojas Cardona.
Para el año 2019 el ex Magistrado, amigo y defensor de Gaspar Narciso Paredes Cardeña, también fue acusado de emprender acciones ilícitas con secretarios, jueces y magistrados para favorecer a actores de la delincuencia organizada.