A través de un comunicado, la empresa Uber confirmó que ayer se cumplieron los 90 días que el Instituto de Movilidad tenía por ley para otorgar una respuesta a su solicitud de permiso para operar en la entidad, sin que la dependencia contestara.
Aunque la plataforma de transporte no lo menciona, la falta de respuesta por parte del gobierno abre la puerta para que Uber nuevamente acuda a un juez, ahora para obtener el permiso para operar, lo que se conoce como afirmativa ficta.
“Lamentamos que una vez más las autoridades del estado ignoren las solicitudes realizadas bajo el marco legal, así como a sus ciudadanos quienes han alzado la voz para pedir mayores y mejores opciones de movilidad”, declaró Saúl Crespo, gerente de comunicación de Uber, a través del comunicado.
Uber logró, a través de un amparo, que le desaplicaran las reformas hechas a la Ley de Movilidad, lo que signifca que podían solicitar un permiso para operar como plataforma de transporte sin tener vehículos concesionados. Sin embargo, como lo informó el propio director del Instituto de Movilidad, Pedro Pérez Pérez, ellos contaban con 90 días para darle respuesta a esta solicitud, plazo que se cumplió ayer.
“Si esto quedara así, tendría que otorgar el permiso”, admitió el funcionario en una entrevista de enero, en la que confiaba que en los tres meses que contaban, la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado podría combatir con éxito el amparo.
Sin embargo, en fechas más recientes, funcionarios han indicado que el Instituto de Movilidad todavía no puede expedir permisos pues se carece de un reglamento, estrategia que fue contestada por Uber en su comunicado de hoy, al alegar que esta carencia “no debería limitar o impedir que los gobernados puedan reclamar los derechos de la Ley, para usar el medio de movilidad que mayor les convenga”.
“Pese a que Uber está dispuesto a cumplir a cabalidad con la regulación, las autoridades parecen insistir en ignorar los procesos que la plataforma ha seguido, beneficiando a ciertas minorías e intereses particulares y dejando de lado a sus ciudadanos”, se añade.
Apenas ayer, dirigentes taxistas se reunieron con la Comisión de Transporte del Congreso del Estado. Allí, Erasmo Abelar Cámara, secretario general del sindicato “Andrés Quintana Roo” de Cancún, comentó que incluso con el amparo “faltaban muchos trámites” para que Uber pudiera obtener su permiso para operar, pese a sus pretensiones de “estar siempre por encima de la ley”.
