Cancún, Quintana Roo.- El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de una juez federal, sentencia condenatoria de ocho meses dos días de prisión y otras medidas cautelares contra Carlos Mimenza por el delito ñde amenazas agravadas por ataques a Amir Hibraim y a la libertad d expresión.
Fue la Juez Verónica Gutiérrez Fuentes, quien emitió la condena de 8 meses de prisión sin derecho a fianza.
En las medidas cautelares dictadas en esta sentencia también están la de reparación del daño integral; caución de no volver a amenazas; suspensión de derechos civiles y políticos; amonestación pública para que no reincida; y subsistencia de medidas cautelares impuestas, en contra de Carlos Mimenza, líder de los Autodefensas de Quintana Roo.
Esto sienta un precedente histórico en todo el país y deja en claro que la justicia puede y debe alcanzar a todos aquellos que amenacen, violenten y intenten atentar contra la Libertad de Expresión en México.
En cuanto a la reparación del daño, la juzgadora Verónica Gutiérrez señaló que se deberá dar rehabilitación (tratamiento sicológico para víctima, pareja e hijos), que no haya repetición (curso de derechos humanos, que no se acerque al domicilio ni se comunique) y se dé una compensación.
Por lo que hace al mecanismo de protección de periodistas, el representante social federal obtuvo que se pague lo que el estado mexicano gastó en la protección y en atención a la figura de sufragación, además de que se reintegre al mecanismo lo erogado.
De acuerdo con los hechos asentados en el expediente, en julio de 2017 el ahora sentenciado envió mensajes telefónicos al periodista con contenidos amenazantes de atentar contra su integridad física y la de su familia.
Al valorar las declaraciones de testigos, pruebas documentales y periciales presentadas por la fiscalía, a lo largo de seis días de audiencia de juicio oral, la Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, Verónica Gutiérrez dictó la sentencia condenatoria al considerar que la agresión se gestó por la actividad periodística de la víctima y tenía el objeto de limitar así como menoscabar su derecho a la libertad de expresión.
