Durante el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, las autoridades bloquearon la información en contra de Borge y de este modo fue imposible cumplir las órdenes de aprehensión dictadas por jueces de Control de la entidad, a su vez la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo buscaba por todos los medios tener acceso al expediente por el cual se extraditó a México al exgobernador Roberto Borge Angulo.
Rosaura Villanueva Arzápalo, fiscal anticorrupción del estado, manifestó que sí se topó con restricciones durante un año que quiso obtener copias del expediente federal porque la intención es traer a Borge Angulo a que comparezca ante la autoridad judicial del estado.
Con la reciente administración en el poder, el país ya tuvo una apertura y por fin se le autorizó a la fiscal tener copias certificadas del asunto para que así empiece a trabajar el traslado del exgobernador hacia Quintana Roo, actualmente recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos.
“Había una especie de trabas, sí, ¿por qué no decirlo así?, porque hemos litigado a más no poder y hasta ahora nos están abriendo apenitas una rendija para poder acceder y poder, ya con más eficiencia, ejercer los recursos legales que le competen al estado para poder estar en aptitudes de cumplimentar las órdenes de aprehensión.
“Hemos tenido los mecanismos y las reuniones de trabajo con gente del gobierno federal como es la exministra Olga Sánchez Cordero (actual secretaria de Gobernación), yo en lo particular le entregué un folder con las necesidades, avances, retos y perspectivas de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo y la imposibilidad que hemos sentido legal y jurídica para también poder traer al exgobernador aquí a Quintana Roo. Ha sido un calvario realmente, hemos seguido muy de cerca las audiencias, hemos tratado de ver la posibilidad de traerlo”, expresó Villanueva Arzápalo.
“Apenas ayer (miércoles) la directora general de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales al fin, y después de tener las reuniones de trabajo con la Federación, después de un año que no nos habían permitido el acceso a las copias del procedimiento de extradición del exgobernador. Ayer tuvimos por recibido copias certificadas del acuerdo por el cual se autorizó la extradición del exgobernador, mismas que esta Fiscalía solicitó hace varios meses para poder apreciar las condiciones bajo las cuales se entregó a nuestro país dicha persona y de esta forma estar en aptitud de cumplimentar las órdenes de aprehensión que los jueces de Control de esta localidad han obsequiado”, añadió.
Por otra parte, reconoció que con la liberación de Mario Castro Basto, otorgada por el Juez Sexto de Distrito a nivel federal, por prescripción del delito, otros borgistas involucrados en el fraude de VIP Saesa pueden correr con la misma suerte.
“En esa carpeta en específico, no quiero engañar a la ciudadanía, es una posibilidad latente, es una posibilidad que subsiste a través del criterio que emitieron de manera contradictoria las autoridades federales, sin embargo, estamos viendo la temporalidad del ejercicio público en el cual estuvieron participando los demás involucrados, porque es inadmisible que a pesar de las pruebas ofrecidas y valoradas por los jueces de Control, y los mismos jueces federales existiendo autos de vinculación y órdenes de aprehensión combatidas, el juez federal decida que esa es una conducta delictiva que ha prescrito.
“Por eso he hecho un enérgico llamado a las autoridades federales a efecto de que coadyuven en el combate a la corrupción que tanto daño le está haciendo a nuestra sociedad y que necesitamos avanzar juntos en la búsqueda de la justicia”, señaló.
Con información de: Karla Romero. Luces del Siglo
