Mónica Valencia renuncia al cargo de magistrada del tribunal de Justicia Administrativa de QRoo

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Mónica Valencia Díaz renunció al cargo de magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, durante la sesión del pleno.

En su lugar el órgano colegiado eligió al magistrado Alfredo Cuéllar quien permanecerá en el cargo por seis años.

Hasta ahora no se saben las causas de la renuncia de la magistrada a la presidencia aunque ha trascendido que se debe a la presión para apoyar las denuncias contra ex funcionarios estatales de la pasada administración ante la mala integración de los expedientes por la fiscalía anticorrupción.

A poco más de un año de su nombramiento, Mónica Valencia Díaz renunció como presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, aunque no como magistrada, quedando en su lugar Alfredo Cuéllar Labarthe, magistrado de la cuarta sala.
La magistrada aludió a “motivos personales” como la causa de su renuncia a la presidencia del tribunal, en el que continuará como magistrada por otros seis años.
En su corto periodo como presidenta, generó polémica luego que su hermana fuera contratada por el Poder Judicial como titular de una recién creada “Unidad del Bienestar”. Ella negó que se tratara de nepotismo, pues la contratación fue hecha por el Tribunal Superior de Justicia.

El presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, confirmó que se enteraron de la renuncia, así como su reemplazo por Cuéllar Labarthe, tema que ya corresponde a la autonomía de ese organismo.
A través de un comunicado, el TJA señaló que la nueva presidencia durará tres años. Valencia Díaz pasó así a estar al frente de la cuarta sala, con sede en Cancún.
Alfredo Cuéllar Labarthe, quien fungió como abogado de la empresa First National Security de Cancún, luego de que ésta fuera intervenida por la Procuraduría General de la República (PGR).
Se presume que tiene parentela con Óscar Cuéllar Labarthé, ex candidato del PRD a diputado local y actual director de Servicios Legales de la PGR.
Fuente: Quequi

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