Cancún.- En rueda de prensa, Brenda Aguirre Martínez acusó a su ex esposo, Luis Héctor Sarti Pérez, presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, de violencia de género, así como de tráfico de influencias, para obtener medidas cautelares favorables dentro de su proceso de divorcio.
Acompañada de sus abogados, Araceli Andrade Tolama y Miguel Peña Pérez, Aguirre Martínez denunció además que sus dos hijos, de siete y cuatro años de edad, fueron sustraídos por su padre, quien dijo llevárselos para una supuesta audiencia, que no se realizó.
Lo grave del asunto, añadió, es que el mayor tiene una condición médica que requiere de su supervisión, pues ella estaba encargada del tratamiento, para el cual ella obtuvo una certificación.
La denunciante dijo representar a muchas mujeres que atraviesan situaciones similares de violencia institucional y de género, y que son “doblemente violentads”, pues se les castiga por atreverse a denunciar.
Araceli Andrade Tolama indicó que su cliente decidió hacer frente a años de abuso sistemático que sufría a manos de su esposo, quien en represealia comenzó una “escalada de acciones violentas, includo el divorcio, sustraccion de los menore e intentos de ser lanzada de su casa”.
Denunció que el divorcio, que debiera tomar dos meses, fue obtenido en tres días, con una orden cautelar que además expulsaba a su clienta de la casa conyugal, emitida en un día y notificada esa misma jornada.
“Ojalá a otros casos se les diera la celeridad de esta, aunque aquí no es para bien, sino que es la utilización del poder para respaldar los abusos de esta persona”, declaró la abogada, quien dijo que el acuerdo que se obtuvo en un día debiera tomar seis meses, en promedio.
Incluso, señaló que el presidente de la Barra de Abogados tuvo acceso a la carpeta investigadora para su revisión, antes que su esposa abandonara la Fiscalía General del Estado, cuando acudió a denunciarlo, lo que es una evidente muestra de su “influyentismo”.
Por ello, añadió, decidieron hacer este caso público, para tratar de frenar este amiguismo y dejar de esta en desventaja.
Acusó a la Fiscalía General del Estado y a los Tribunales Familiares de incurrir en este tráfico de influencias.
Presente en la rueda de prensa estaba la regidora de Puerto Morelos, Ludivina Menchaca Castillejos, quien dijo representar el colectivo “50 Más 1”, enfocado en lograr cambios legislativos en favor de la mujer, como muestra de apoyo a esta víctima de violencia de género.
PRESIÓN MEDIÁTICA
Entrevistado posteriormente, Luis Héctor Sarti Pérez, presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo negó incurrir en tráfico de influencias o en violencia familiar, al señalar que se trata de una presión mediática por parte de su ex mujer, al no tener argumentos jurídicos para respaldar sus dichos.
El abogado señaló que él demandó a Brenda Aguirre Martínez con el divorcio unilateral el 4 de febrero de 2020, por una serie de situaciones privadas, incluida una infidelidad por parte de ella, que además aceptó tácitamente en su contestación.
“Al verse ella enterada de esta demanda de divorcio, bajo el consejo de abogados poco éticos, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por supuesta violencia familiar” comentó Sarti Pérez, quien negó incurrir en estas conductas, pues su ex esposa “únicamente se vale de las instituciones para tener una estrategia legal, tendiente a ocultar los daños generales no solo a su persona, sino a los menores”.
El caso no prosperó, pues no existen evidencias que respalden sus dichos, por lo que ella, pese a saber de la demanda existente, interpuso su propia demanda exigiendo una pensión de 180 mil pesos mensuales y la custodia de los menores, a los que se ha negado a incorporar a un sistema escolarizado.
Sin embargo, añadió, el juzgado primero oral familiar, al ver la coincidencia entre las partes, declinó su competencia en favor del juzgado segundo (donde estaba la demanda original), cobrando vigencia las medidas otorgadas, para que ella abandonara el domicilio conyugal “a más tardar el día 21 de abril de 2020 y que los menores se quedaran bajo el cuidado del progenitor”.
Hasta la fecha, ella se ha negado a abandonar este hogar, además de emprender esta “campaña de desprestigio” acusó.
Sobre los hijos, indicó que ella sabe el domicilio exacto donde están, pero no ha buscado un contacto directo o indirecto con ellos, pues superior a su interés de ejercer la maternidad está el económico “a través de amenazas, difamaciones y conferencias de prensa”.
Además de deslindar a la Barra de Abogados de Quintana Roo de este caso, Sarti Pérez advirtió que ya analiza la demanda por daño moral, por las denuncias falsas y declaraciones vertidas a la prensa.
