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En atención del contexto sanitario del coronavirus COVID-19 en la entidad, el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo ha implementado las acciones y los mecanismos necesarios para contribuir a la disminución de su propagación entre las y los justiciables, así como el personal de esta Institución.

Desde el mes de marzo del presente año y hasta la fecha, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, han implementado y dado seguimiento a las medidas sanitarias correspondientes, mediante los Acuerdos TSJQROO/2/2020, TSJQROO/3/2020 y TSJQROO/4/2020 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia; y los Acuerdos Generales 4/2020, 9/2020 y 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura.

Esto, mediante el desahogo de sesiones en videoconferencias en tiempo real, en aras de procurar la operatividad del Poder Judicial en beneficio de la ciudadanía.

En este tenor, si bien se determinó la suspensión de la atención al público y las actuaciones judiciales en los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial hasta el treinta y uno de mayo de dos mil veinte, con las condiciones y excepciones establecidas en tales ordenamientos; se ha privilegiado el trabajo a distancia para avanzar en la atención de los asuntos judiciales cuya naturaleza lo permita –principalmente presentados con anterioridad a la contingencia – que continuarán su trámite una vez concluida la suspensión de actuaciones, plazos y términos judiciales.

En la materia civil y familiar tradicional, los Juzgados de Primera Instancia del Estado han atendido el 100% de las 2,401 promociones e inicios existentes y asimismo, de las 437 sentencias pendientes hasta esa fecha, se ha avanzado en 349 de ellas, lo que se traduce en un progreso del 79.86%.

En tanto que en los ámbitos civil y familiar oral, de las 4,922 promociones e inicios pendientes, se avanzó un total de 4505, esto es, se registró un progreso del 91.52%.

Es necesario destacar que, para efectos de tutelar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, así como el interés superior de niñas, niños y adolescentes, se atendió un total de 376 asuntos relacionados con alimentos; 30 solicitudes de separación del domicilio conyugal; 13 casos de convivencias y 15 casos de guarda y custodia.

Por cuanto a la materia mercantil, se avanzó el 100% de las 788 promociones e inicios y, respecto de las 166 sentencias pendientes, se registró un avance de 154, es decir, un 92.77%.

En materia penal oral, de las 2,409 promociones e inicios, se avanzó un total de 2,206, traducido en un progreso del 91.57% y, aunado a lo anterior, se realizó un total de 531 audiencias.

En el caso de los Juzgados de Ejecución, de las 786 promociones e inicios, se avanzó en 721, es decir, hubo un progreso del 91.73%.

Una cuestión relevante en este ámbito es que, mediante Acuerdo General 10/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, se acordó la posibilidad de desahogar las audiencias del sistema penal acusatorio y de ejecución, tanto de adolescentes como de adultos, mediante videoconferencias en tiempo real.

Así, 229 audiencias del proceso penal acusatorio y en materia de ejecución se desarrollaron por este medio.

Para garantizar el debido acceso a la jurisdicción del Estado durante esta contingencia, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia excepcionó de la suspensión antes precisada a los asuntos que por su propia naturaleza sean de carácter urgente en Segunda Instancia.
 
Sin perjuicio de lo anterior, para continuar garantizando que los asuntos en Segunda Instancia se tramiten sin dilación y se encuentren al día, las Salas del Tribunal Superior de Justicia avanzaron un total de 241 sentencias y 102 acuerdos.

Y en este tenor, en un trabajo coordinado del Tribunal Pleno con el Consejo de la Judicatura, habrán de establecerse los mecanismos para que los asuntos susceptibles de estudio en esta contingencia continúen en ambas Instancias jurisdiccionales, en aras de una reincorporación paulatina de la atención al público.

A través de estas acciones, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura garantizan que el Poder Judicial del Estado cumpla con la función constitucional de impartición de justicia, para satisfacer la demanda ciudadana de una justicia humana, moderna y cercana con la sociedad ante este contexto sanitario que nos ocupa a todas y a todos.