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Fiscalía no procede contra desarrolladores ilegales ni invasores en Cancún

Cancún.- A pesar de tener denuncias, expedientes y amplias pruebas en contra de desarrolladores ilegales e invasores desde hace meses, la Fiscalía General del Estado hasta ahora no ha procedido en contra de ninguno de ellos, dándoles seguridad de que pueden continuar estas prácticas sin castigo alguno.
Lo anterior lo denunció el secretario técnico del Ayuntamiento de Benito Juárez, Hugo Alday Nieto, quien comentó que ellos como autoridad agraviada han tenido que recurrir a asociaciones ciudadanas para formar mesas de trabajo, para así presionar a la Fiscalía a que tome cartas en el asunto.

En entrevista, el funcionario municipal dijo que era preocupante la inacción de la Fiscalía, pues ha dejado en la indefención a las personas que han sido defraudadas por estos desarrolladores, al igual que al propietario de un terreno que fue invadido en la Región 247.

“Hay varias carpetas de investigación contra desarrolladores irregulares, sin que se les dé solución a los afectados”, comentó el secretario.
Se trata de dos temas separados, pero similares. Por un lado, el ayuntamiento ha clausurado 18 “fraccionamientos” irregulares, en la salida a Mérida, por efectuarse sin permisos, fuera de toda normativa y en violación al Plan de Ordenamiento Ecológico Local (POEL).
En la ley, el desarrollo urbano fuera de la ley ya está penado, pues se generan asentamientos irregulares sin servicios básicos, con daños al medio ambiente, además de generar desorden en el desarrollo de la ciudad.

A pesar de estar estos espacios clausurados por el municipio, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), con quienes levantaron evidencias de los delitos cometidos, la Fiscalía General del Estado no ha actuado en contra de estos desarrolladores, que han descubierto operan en igual impunidad en varios municipios de la zona norte del estado, en especial en Isla Mujeres.
Aunado a esto, también el Ayuntamiento lidia con una invasión en un predio de la Región 247 desde hace meses, igualmente con denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado y sin respuesta.

El municipio ha actuado con Desarrollo Urbano, con Protección Civil, con bomberos e incluso con Servicios Públicos, debido a las prácticas que han detectado, como tomas clandestinas de agua, al drenaje y al alumbrado público. El propietario del predio ya denunció el despojo sufrido hace meses, con amplias evidencias, pero nula reacción.
“Hemos tratado de incentivar ella actuación por parte de la Fiscalía, sin suerte”, admitió Alday Nieto. “Es peocupante que no se mueva la autoridad, pues deja en indefensión al propietario y genera seguridad entre los invasores de que que no les pasará nada”.

EMULARÁN OPERATIVOS
Por otro lado, el secretario técnico la comuna cancunense reveló que ya ha sostenido un diálogo con autoridades del Ayuntamiento de Tulum, para replicar estos mismos operativos en contra de fraccionamientos irregulares.
En Tulum, el problema de los asentamientos irregulares es grave, en especial por la contaminación que suponen para el subsuelo, al solo contar con drenaje una fracción de la cabecera municipal.

El siguiente paso, anticipó, es invitar a autoridades de Sedetus para que se reunan e intercambien experiencias.
“Lo ideal es que Puerto Morelos también se sume, porque muchas empresas que comercializan lotes ejidales son las mismas que aquí”, añadió.
Para el funcionario municipal, el que lo contacten de otros ayuntamientos para repetir este programa es indicativo de que van por buen camino, además de que se ha hecho notoria su actuación.

Fallece elemento de la Fiscalía, presuntamente por Covid-19

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Cancún. – Reporta Fiscalía su primera muerte, presuntamente por COVID-19, se trata de Luis Felipe Ortiz Seca de 47 años de edad quien estaba adscrito a la Fiscalía de Investigación de la Zona 1 en el Municipio de Benito Juárez.
Luis Felipe Ortíz Seca, prestó sus servicios a esta representación social por casi 27 años; actualmente se desempeñaba como Fiscal del Ministerio Público Auxiliar, una de las áreas clasificadas como esenciales para la atención a la ciudadanía.

“La institución lamenta esta sensible pérdida y brindará todo el apoyo y el acompañamiento necesario a sus familiares, reconociendo en todo momento su vocación y profesionalismo en el servicio público”, decía el comunicado que envió la dependencia.
A inicios de esta semana un oficial de Seguridad Pública también falleció por este virus, y se confirmó el contagio en otros seis elementos más.

Presentan denuncia ante la Fiscalía contra 162 promotores de saqueos

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Una red de incitadores de hechos delictivos fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado, luego de haber sido detectados 162 perfiles en Facebook que incitan a cometer saqueos, vandalismo, fraudes y promueven noticias falsas, en medio de la contingencia sanitaria por el COVID-19.

El Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra informó, a través de su cuenta de Twitter, que ya fueron presentadas las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado para la investigación contra los incitadores que operan en cuatro municipios del estado.

De acuerdo a las investigaciones de la Policía Quintana Roo, 50 perfiles de Facebook fueron detectados en el municipio de Benito Juárez, 91 en Solidaridad, 19 en Othón P. Blanco y 2 en Isla Mujeres, en los cuales se promueven saqueos.

De esta manera, la Policía Quintana Roo inició los trámites para que la Fiscalía proceda penalmente contra los incitadores cibernéticos.

El riesgo de los saqueos en este periodo de contingencia sanitaria es latente y de hecho algunos supermercados empezaron a colocar tablones en sus paños de cristal, en una medida de protección que anteriormente era utilizada solo en caso de huracanes.

Apenas el pasado fin de semana, la Policía Quintana Roo detuvo a tres jóvenes y a una mujer por participar en un intento de saqueo en un supermercado de la Supermanzana 259.
Fuente:Gabriel Alcocer/Noticaribe44

La fiscalía para periodistas logró 18 condenas en 4 años

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De 2017 a la fecha la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) ha obtenido 18 sentencias condenatorias –entre ellas las que se han dictado en dos casos emblemáticos, los -homicidios de Miroslava Breach Velducea y Javier Valdez Cárdenas, corresponsales de La Jornada–; además, hay 80 personas sujetas a juicio y decenas de investigaciones están en curso. El trabajo ha generado un mensaje claro: las agresiones, amenazas o intimidaciones contra los periodistas van a tener consecuencias, afirmaron Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, y el encargado de la Feadle, Ricardo Pérez Sánchez del Pozo.

La funcionaria explicó que la Feadle cuenta con células de investigación dedicadas sólo a la persecución de amenazas contra periodistas, ya que es el delito con mayor incidencia, y alcanza 45 por ciento de las denuncias que se atienden.

Herrerías Guerra expuso que en las áreas que están adscritas a su fiscalía “hay una política muy enfocada en atender los casos en que han señalado como responsables a autoridades, que van desde el delito de abuso y tortura, aunque también hay algunos por tratos crueles o degradantes, contra la administración de la justicia; un tercer bloque son los casos de homicidio y ya tenemos sentencias en dos casos emblemáticos para el país [Miroslava Breach y Javier Valdez]”.

Mencionó que hay 36 casos en que se ha llegado a acuerdos reparatorios o a sentencia condicional, en los que las personas denunciadas se comprometen a resarcir a los periodistas afectados, y ello envía mensajes de cero tolerancia e impunidad.

Abuso de autoridad

A su vez, el titular de la Feadle destacó que de esta manera se “están llevando los casos a una justicia más pronta y más expedita en favor de la víctima”.

El fiscal Ricardo Pérez mencionó que en el estado de Quintana Roo se tiene una incidencia muy alta del delito de abuso de autoridad y pocos casos de amenazas; sin embargo, el mensaje que se envía a todos aquellos que afectan la libertad de expresión es que las autoridades federales están actuando y judicializando los expedientes, y en este momento podemos ver cómo han ido descendiendo los delitos de abuso de autoridad en Quintana Roo.

Agregó que cada entidad tiene una incidencia particular, pero que el trabajo que se ha desarrollado desde 2017 ha dado resultados. “Veracruz, por ejemplo, tuvo un pico de agresiones muy importante y ahora las estadísticas son distintas a las de hace tres años. Actualmente son más los casos de amenazas que de agresiones directas y violentas”.

La fiscal Sara Irene Herrerías dijo que “este mensaje es importante, porque llevará a que se sancionen las amenazas o las agresiones más leves, va a prevenir también los homicidios. Reitero, el mensaje es: si cometes un delito va a haber una respuesta del Estado, no va a haber impunidad”.

Mencionó la importancia que han tenido los acuerdos reparatorios. Por ejemplo, citó el caso en el cual un funcionario dañó la cámara de un fotoperiodista y, en lugar de buscar una condena en el ámbito judicial, se logró que el inculpado pagara el equipo dañado y otorgara una reparación económica a la víctima.

En cuanto a los homicidios de periodistas los funcionarios mencionaron que se buscan sentencias altas, de más de 50 años contra los imputados, como ocurre en los casos de Miroslava Breach y de Javier Valdez.
Fuente: Lajornada

Víctima de violencia huyó del estado ante nula respuesta de Fiscalía

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Playa del Carmen.- De los cuatro casos de violencia de género que ha atendido la asociación “La Fuerza de Minerva”, solo dos fueron atendidos debidamente por la Fiscalía General del Estado, en tanto que los otros dos quedaron estancados, una de las víctimas incluso huyó de Quintana Roo, temiendo por su vida.
Lo anterior lo dio a conocer la presidenta de esta asociación, Sonia López Cardiel, quien lamentó el lento e indiferente actuar de la Fiscalía General del Estado, pues la única manera en que se logra un avance para conseguir un castigo hacia el agresor es presionando a través de un abogado.

En el caso de la mujer que huyó, la también ex diputada local comentó que no contaba con dinero para un abogado, por lo que tenía que ir en persona a preguntar por su expediente, recibiendo largas e indiferencia por parte de los funcionarios.

La activista responsabilizó de esta situación a la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, Lizbeth Lugo Hernández, aunque mayormente al fiscal general, Oscar Montes de Oca, por no disponer de suficientes recursos y no sensibilizar a su personal en la atención a víctimas, que vuelven a ser victimizadas cuando acuden por ayuda.
Sin embargo, aseguró que sabe que no tienen capacidad para atender todo el rezago que arrastran, con casos archivados desde hace mucho tiempo, por lo que ya tuvieron un acercamiento con el fiscal y esperan auxiliar en esta labor, mediante la firma de convenios.

“Estamos con ciudadanos vigilantes, con psicólogos, asesoría con abogados”, comentó. “Si sabemos que no tiene la capacidad, por el motivo que sea, tenemos que participar también; solo verlos es hacerse cómplice”.
En este sentido, comentó que uno de los principales problemas de la sociedad moderna es la falta de empatía, el no querer involucrarse si no sufren una situación directamente.
“Debemos decir que esta ciudad es nuestra, sin importar de dónde vengas. Soy de la Ciudad de México, pero no me considero de allá. Tengo 32 años aquí y yo amo Playa del Carmen. El no hacer nada es caer en la complicidad”, enfatizó.

Operativos de Fiscalización, detenidos hasta mayo en Cancún

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Cancún.- Por la extensión otorgada por Cabildo para el trámite de licencias de funcionamiento, la Dirección de Fiscalización no hará operativos sino hasta el 2 de mayo, aclaró su titular, Alberto Covarrubias Cortés, quien reveló que multaron a 3 mil 700 comercios el año pasado por, entre otras cosas, no contar con este documento.

En entrevista, dijo que, aunque enero estuvo lento, a finales de este mes aumentaron mucho las solicitudes de licencia de funcionamiento, sin poder proporcionar cifras, al ser tema de la Dirección de Ingresos.
Cabe recordar que recientemente se reformó la Ley de Hacienda de Benito Juárez, ante las quejas por parte del empresariado, inconformes con el cobro del derecho de basura y obligatoriedad en la adquisición de contenedores inteligentes. Con ello ya quedó zanjada esta polémica, por la que comercios se negaban a realizar este trámite.

En 2019, continuó el director, hubo un incremento de 7% en las licencias de funcionamiento entregadas, lo que representa cerca de 2 mil 700 comercios más.
Ahora se cuenta con un padrón de 21 establecimientos y la meta es cerrar el año con 23 mil, comentó.

Reconoce Fiscalía que el Semefo está saturado

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Cancún.- En una rueda de prensa convocada por la Fiscalía General del Estado, su titular, Óscar Montes de Oca Rosales informó sobre el avance de las investigaciones de la menor de ocho años fallecida por ingerir ácido, pero también reconoció que las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) están saturadas.

La mañana de hoy lunes, Montes de Oca Rosales reveló que el 17 de febrero pasado se tuvo conocimiento del fallecimiento de una niña de ocho años de edad, la menor murió por ingerir ácido, donde se culpó a la pareja sentimental del papá de la niña, la que ya fue asegurada ayer domingo por Ministeriales.
La menor fue llevada al hospital el pasado 22 de diciembre. La madre de la pequeña interpuso una denuncia ante la Fiscalía, pues aseguró que la víctima le dijo que la pareja de su padre la obligó a ingerir ácido y que si decía algo le iría peor.

La menor fue tratada y dada de alta el 6 de enero, siendo llevada al DIF, pero su situación se agravó y tuvo que nuevamente ser ingresada en el hospital general.
sin embargo, la niña murió el lunes pasado y se iniciaron las investigaciones correspondientes; fue así que “el domingo (ayer) se detuvo a Reina C por la probable comisión del delito de asesinato”, aunque aclaran que todavía se realizan las investigaciones para determinar su grado de participación.

El fiscal aclaró que este tema no puede calificarse como feminicidio, pues la niña no fallece por ser mujer, sino por violencia intrafamiliar.

SEMEFO SATURADO
En cuanto a las fosas comunes, el Fiscal Montes de Oca Rosales puntualizó que esperan que las personas acudan a identificar los cadáveres, pues después de que son identificados son entregados a sus familiares; porque la capacidad del Semefo está saturada, pero hay movilidad de entrega de cadáveres, así que no hay un número permanente.
Por otro lado explicó que en enero se tiene a diez personas vinculadas a proceso relacionadas con el crimen de ejecuciones. Así que se dan resultados.

En cuanto al presupuesto, recordó que pidió una ampliación de plantillas laborares en la FGE, porque el 90 por ciento del presupuesto se va en sueldos y prestaciones, pero se quiere construir un panteón forense en la parte sur del municipio Benito Juárez, con una inversión de 25 millones de pesos aproximadamente, la remodelación del edificio de Cancún.
Por último reveló que hay 53 muertes en total en febrero, el 90 por ciento tienen relación con la delincuencia organizada; además de 16 casos registrados como feminicidios.

Fiscalía detiene por peculado a Raúl Labastida

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Fiscalía detiene por peculado a Raúl Labastida, ex consejero Jurídico de Roberto Borge, últimamente trabajaba con Jorge Portilla Mánica y luego con Wiliam Conrado de Obras Públicas

Chetumal.- Por peculado Por cerca de un millón 100 mil pesos fue detenido Raul Labastida Mendoza, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de Quintana Roo en la administración de Roberto Borge.

Un juez de Chetumal fijó la audiencia de Labastida para este domingo a las 10 de la mañana en los juzgados orales.

Cuando caminaba quitado de la pena en las calles de Chetumal fue detenido por agentes de la Fiscalía Anticorrupción, para luego ser recluído en el Centro de Readaptación Social (Cereso) en espera de la audiencia del juez.

Raúl Labastida perdió todos los amparos y desde hace dos años anda escondido, aunque se le ha visto trabajando en Tulum con el ex titular de la desparecida Sintra Jorge Portilla y ahora con Wiliam Conrado Alarcón, secretario de Obras Públicas del Gobierno de Quintana Roo.

En abril de 2017, la entonces Secretaría de la Gestión Pública, ahora Secretaría de la Contraloría interpuso ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia penal por Ejercicio Indebido de la Función Pública en su contra.

La denuncia derivó de una auditoría extraordinaria practicada, como parte del procedimiento de entrega recepción, en donde se detectaron irregularidades en gastos efectuados por el ex funcionario por más de un millón de pesos.
Posteriormente, Labastida Mendoza, logró dentro del juicio de amparo 649/2017 promovido ante el Juzgado Primero de Distrito una suspensión definitiva contra una orden de aprehensión que la FGE tenía en su contra.
La determinación del juzgado federal fue recurrida por las autoridades de la FGE. El ex consejero jurídico entregó en octubre de 2017 la ficha de depósito de garantía por 20 mil pesos, con cual se mantiene vigente la suspensión definitiva a su favor.

El Código Penal del Estado de QRoo dice en su Artículo 256.- Se impondrá de uno a diez años de prisión y de veinticinco a doscientos cincuenta días multa, al Servidor Público o persona encargada de un servicio público del Estado, Descentralizado o Municipal o comisionado que para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa pertenecientes al Estado, al Organismo Descentralizado, al Municipio o a un particular, si por razones de su función o cargo los hubiere

Fiscalía Anticorrupción: Zona Sur

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN LOGRA CAPTURA DE EX FUNCIONARIO BORGISTA

Chetumal. – La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) logró la detención de Raúl “N”, ex funcionario público del Estado Quintana Roo, acusado de un posible delito en agravio de la administración pública estatal.
El hoy detenido fue apresado por personal de la Fiscalía Anticorrupción en la ciudad de Chetumal, posteriormente fue recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso), en espera de la audiencia que será fijada ante el Juzgado Penal Oral.
En el transcurso de las horas será ampliada la información.

Fiscalía anticorrupción consigue sentencia de 2 años y dos meses contra el ex alcalde Rafael Eugenio Castro Castro

Playa del Carmen, Quintana Roo.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) obtuvo de un Juez Penal una sentencia condenatoria en contra de Rafael Eugenio Castro Castro, a quien le impuso una pena de dos años y dos meses de prisión por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública.

El ahora sentenciado, quien realizó funciones como Presidente Municipal de Solidaridad, también recibió una sanción de 120 días multa, además de que está acusado por el quebranto patrimonial por aproximadamente 111 millones de pesos.

El órgano jurisdiccional fue garante al señalar que, en cuanto a la reparación del daño, la condena será genérica a efecto de precisar algunos procedimientos y que serán resueltos en una audiencia consecuente de ejecución de sentencia.

En el contexto de los hechos, el Juez logró tomar esta decisión por todos los elementos que logró integrar la Fiscalía Anticorrupción dentro del expediente marcado con el número 42/2019 (Carpeta de Juicio Oral).

En la investigación que realizaron los especialistas, se estableció que de enero a septiembre del año 2016, fueron realizados 88 procesos de contrataciones de bienes y servicios de manera indebida, tras poseer vicios de legalidad con 16 proveedores por parte del Honorable Ayuntamiento.

Dichos procedimientos, que fueron corroborados por el juzgador, debieron ser velados por los altos mandos de dicho ayuntamiento; esto quiere decir que el hoy imputado realizó manejos incorrectos de la cuenta pública y la administración de los bienes, por ende, no actuó apegado a la Ley.

En dichas indagatorias, se determinó que R. E. C. C., operó en conjunto con otros servidores públicos que laboraron en dicha administración en el año 2016; tal y como lo señala también el informe presentado por la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo).

Con este fallo a favor del municipio, la Fiscalía Anticorrupción logra que se repare el daño causado a la cuenta pública, luego de un largo proceso que se afrontó profesionalmente a fin de garantizar la justicia en Quintana Roo.

El delito por el que se le acusa a este ex funcionario está previsto y sancionado en el Artículo 207, fracción IV del Código Penal vigente al momento de los hechos, con una pena que va de 1 a 3 años de prisión y 200 días multa.

Rafael Castro ocupó la titularidad de la Oficialia Mayor, durante la gestión del entonces alcalde, Mauricio Góngora Escalante (2013-2016). Cuando éste se separó del cargo, para contender por la gubernatura de Quintana Roo, en suseción de Roberto Borge, Castro Castro asumió la suplencia como presidente municipal.

Góngora Escalente y Rafael Castro son acusados de peculado en la carpeta 229/ 2017, por el caso Finmart, empresa con la que firmaron un contrato para otorgar créditos a empleados de la comuna, para la compra de electrodomésticos.

Vía nómina, el ayuntamiento descontaba a los trabajadores, cada quincena y depositaba a la compañía, que en 2015 dejó de recibir los pagos y lo comunicó a la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres, cuando asumió el encargo.

Confirma Fiscalía tentativa de homicidio de guarura de regidora en Cancún

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Benito Juárez.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que la Vice Fiscalía de Asuntos Internos, a través de la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos por Personas Servidoras Públicas, inició la carpeta de investigación correspondiente contra Edi “F” y Roger “P” por el delito de Tentativa de Homicidio, tras hechos ocurridos la tarde del jueves en la supermazana 97.

Edi “F” -quien se encuentra adscrito a la policía de investigación- y Roger “P” –perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública- fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, por policías estatales después de que una mujer solicitó auxilio a los elementos policiacos con el reporte de que ambos sujetos pretendían atentar contra su integridad física.

No obstante, se definirá la situación jurídica de los detenidos dentro de los plazos que establece la Ley.

La Fiscalía General del Estado, mantiene el firme compromiso de cero tolerancia a servidores públicos que atenten contra el bienestar de la ciudadanía, con base en las disposiciones legales vigentes, en el territorio nacional.

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