Rumano

Aclara INM que rumano repatriado no tenía medios para quedarse en Cancún

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Cancún.- Días después que un hombre de nacionalidad rumana denunciara en redes sociales que el personal del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de Cancún, a través de la Guardia Nacional, le exigió un soborno para dejarlo ingresar al país, esta dependencia emitió un comunicado en el que indica que su personal actuó de manera correcta, pues este extranjero no era apto para serle autorizado su ingreso.

A través de un video publicado en la red social Tik Tok, y luego compartido en internet, este extranjero, con nombre de usuario ““iammariomocanu”, explicó en español que arribó a Cancún pero “sin explicación” le negaron el ingreso y lo enviaron a una habitación con otras 30 personas, donde debió esperar por dos horas, sin acceso al baño, para ser colocado en un vuelo de regreso.
Un policía (quien por estar en un área federal tenía que ser Guardia Nacional), al escuchar lo que le había ocurrido, le señaló que si pagaba cuatro mil dólares al INM, lo dejarían ingresar, algo que no aceptó.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración afirmó que este hombre, quien llegó desde España, afirmó que venía de vacaciones por un mes, pero no tenía reservación en un hotel, vuelo de regreso o dinero suficiente para solventar su estancia, razón por la que le fue negado su ingreso.
“En todo momento se procedió conforme a la ley y se respetaron los derechos de la persona”, asevera el escrito.

Pese a ello, el que este extranjero no fuera apto para ser ingresado no niega su acusación de que le exigieron una “mordida” en el aeropuerto cancunense, para dejarlo entrar, en especial cuando denuncias de este tipo abundan por parte de viajeros, en especial venezolanos.

De acuerdo a estas denuncias, las exigencias de pago presuntamente son planteadas a personas que no son aptas para ingresar, precisamente para violar la ley y autorizarles una estancia.

Regresa FGR propiedades a rumano radicado en Cancún

Cancún, Quintana Roo.- Más de cuatro meses después que fueran aseguradas, producto de un cateo, dos casas y un rancho fueron devueltos por la Fiscalía General de la República (FGR) a su propietario, el rumano Florian Tudor, aunque su abogado alega que hubo un saqueo y que faltan 40 millones de pesos en dinero y valores.

Una lujosa casa en la avenida Róbalo, en la Supermanzana 3, fue la primera en ser devuelta, lo que sería seguida por un edificio en la avenida Cobá, con número 38, entre la Yaxchilán y Palenque, y un rancho en la Ruta de los Cenotes, en Puerto Morelos.

Estos lugares fueron cateados por agentes de la FGR, con apoyo militar, el pasado 11 de mayo, quedando los lugares asegurados. En ese entonces, se señaló extraoficialmente que el propietario encabezaba una red de clonadores de tarjetas, siendo incluso detenido en posesión de un arma y una fuerte cantidad de dinero, un mes antes.

Sin embargo, su defensa alegó y comprobó ante un juez, que este aseguramiento violó los derechos de su cliente y su familia, además de no respetar las formalidades del proceso, por lo que se decretaron ilegales y se anularon todas las pruebas obtenidas de estos operativos.

Tanto Tudor como otro implicado, Chakib Naif, acusaron haber sido víctimas de amenazas, gritos y hasta agresiones, por parte de los agentes que directamente acudieron en busca de dinero. Su queja fue llevada ante las oficinas centrales en la Ciudad de México.

El rumano residente en Cancún también acusó que un agente de la FGR le pidió un millón de pesos para frenar el hostigamiento que sufría desde hace dos años previo a este cateo.

El abogado Javier Nicolás Hernández señaló que se trató de un aseguramiento simulado, a través de un cateo, alegando supuestas actividades ilícitas.

“Se tenía que hacer la devolución. La fiscalía interpuso diversos recursos para únicamente retrasar la entrega, pero se tuvo que cumplir la ley. Aunque no quiso, tuvo que acatar”, explicó.
Ahora tendrán que hacer un inventario del daño, pues no hay cajas fuertes, dinero, faltan joyas y relojes. En el rancho, se tenían 22 perros y tres caballos, que fueron retirados sin que se sepa su paradero.

“La nueva administración de la Fiscalía es la que cumple la ley. La anterior, con diverso delegado fue quien orquestó este saqueo”, acusó el abogado.