La corrupción es un mal que afecta al país y Quintana Roo no ha sido ajeno a ello, por lo que se requieren servidores públicos capacitados y profesionales para combatir este mal, sostuvo la diputada Yamina Rosado Ibarra, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XV Legislatura.
Al inaugurar el taller “Responsabilidades de los servidores públicos, impacto y sanciones ante el sistema anticorrupción”, la legisladora dijo:
“El Sistema Anticorrupción es de reciente creación y estableció un marco legal más estricto en materia de obligaciones y sanciones, esto con el propósito de combatir de manera enérgica la corrupción en el servicio público, por lo que es necesario conocer todas las nuevas obligaciones que nos impone la ley”.
Con una amplia participación de los trabajadores del Poder Legislativo, se llevó a cabo el curso en materia de responsabilidades administrativas y sanciones, con lo cual la XV Legislatura se suma a la construcción de un nuevo modelo de servidor público, que trabaje con honradez, amabilidad y eficiencia, que combata los actos de corrupción en el ejercicio del servicio a la ciudadanía.
El objetivo que plantea este curso es conocer las nuevas obligaciones que se tienen como servidores públicos y las consecuencias que trae el mal ejercicio de sus funciones.
El ingeniero José Enrique Castillejos Negrón, Titular de la Unidad Especial de Investigación, de la Auditoría Superior del Estado (ASEQROO), fue el encargado de impartir el curso y de esta forma promover el desarrollo y capacitación de los trabajadores del Poder Legislativo.
Dentro de las actividades de “Diciembre, mes Estatal Contra la Corrupción”, decretado por la XV Legislatura, también se puso en marcha un buzón para que la ciudadanía pueda presentar denuncias de cualquier instancia, órgano o dependencia, ya sea de manera personal o anónima.
La inauguración estuvo a cargo del Oficial Mayor del Poder Legislativo, Gerardo Martínez García, quien destacó la importancia de la continua capacitación y profesionalismo del personal que labora en el Congreso del Estado, al señalar que contar con el conocimiento pleno de las actividades que se realizan, minimiza los actos de corrupción en el servicio público.
