Cancún, Quintana Roo.- Uber obtuvo una suspensión judicial en contra de las reformas hechas a la Ley de Movilidad y que pusieron candados adicionales a las plataformas de transporte, pero todavía debe cumplir con los requisitos de esta legislación, por lo que no puede operar en tanto no se le expida un permiso.
Así lo aclaró Jorge Pérez Pérez, director del Instituto de Movilidad, quien indicó que esta empresa le hizo ya entrega de los documentos para la obtención de su permiso, los que tuvo que recibir, para respetar el derecho de audiencia.
La ley les da tres meses para responder, por lo que tiene hasta el 8 de abril, indicó, tiempo en el que queda ver cómo se resuelve este tema legal, en manos de la consejería jurídica del Gobierno del Estado, que probablemente impugne esta resolución judicial.
Reiteró que la suspensión no es contra la Ley de Movilidad, sino las reformas aprobadas por el Congreso (por presión de los sindicatos de taxistas) en las que se añadían más requisitos para estas plataformas de transporte, incluida la necesidad de tener vehículos concesionados.
Con la suspensión, aplica la ley originalmente aprobada, lo que significa que, para operar, Uber necesita la autorización del Instituto de Movilidad, con la certificación de sus vehículos y permisos para sus operadores.
“Si esto quedara así, tendría que otorgar el permiso”, admitió el funcionario.
“CIRUGÍA MAYOR”
Pérez Pérez se reunió hoy con la presidenta municipal, Mara Lezama Espinosa, el secretario general, Jorge Aguilar Osorio, y otros funcionarios del rubro de transporte, para revisar la situacion actual y meter orden de forma conjunta.
“Lo que se trata es hacer cirugía mayor, con base en estudios técnicos”, indicó, añadiendo que su dependencia tendrá una dirección técnica, con sede en Cancún.
Lo que no se puede hacer, añadió, es que el Ayuntamiento regule el transporte masivo por un lado y ellos el de concesión por otro. Por ello, trabajan en una propuesta integral y sincronizada.
Admitió que hay “caos vial” por las rutas entrelazadas de autobuses y combis, largos tiempos de traslado, costos, inseguridad, mal estado de unidades, entre otros problemas.
Pidió paciencia a la ciudadanía, pues su dependencia comenzó a recibir presupuesto apenas desde enero, de 40 millones de pesos, monto insuficiente para todas sus tareas.
Inclusive con una bolsa extra de 5 millones de Sefiplan para la instalación de esta dependencia nueva, pudieron colocar delegaciones solo en cinco municipio, y no en 10 como esperaban.
Parte de su personal será el mismo de Sintra, pero todavía no se le ha entregado formalmente.
MOTOTAXIS
Por último, sobre mototaxis, adelantó que sí serán regularizados, con la entrega de permisos, con base en un censo ya levantado por el Ayuntamiento, pero con medidas de seguridad mínima y puntos de operación, que no pueden ser en avenidas principales.
También denunció que hay “vivales” en sindicatos o cooperativas que cobran hasta 150 mil pesos para la entrega de unos permisos sin validez legal o certeza.
“Es un permiso sin validez”, acusó.
