Cancún.- Esta mañana, Leobardo Rojas Sánchez y Pedro Flota Alcocer, dirigentes estatales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Revolucionario Institucional (PRI), respectivamente, acudieron al Palacio Municipal de Benito Juárez a interponer una queja formal contra la designación de Miguel Ángel Zenteno Cortés como síndico, al considerarla arbitraria e ilegal.
Fue el pasado 24 de mayo cuando el Cabildo de Benito Juárez designó al entonces síndico, Pablo Gutiérrez, como secretario general del Ayuntamiento. Esto generó un vacío que fue resuelto en la misma sesión, al nombrar a Miguel Ángel Zenteno Cortés, quinto regidor, como nuevo síndico.
En entrevista hoy, Leobardo Rojas, dirigente estatal del PRD, refirió que, una vez que se aprobó la salida de Pablo Gutiérrez de la sindicatura, el responsable de ocupar ese puesto debió ser su suplente, Erick Arcila, hoy presidente de la Comisión de la Juventud y el Deporte del gobierno estatal.
Reveló que este funcionario, quien obtuvo la suplencia por la vía electoral, en septiembre pasado presentó un justificante médico para retirarse temporalmente del puesto; sin embargo, al poco tiempo, éste asumió como encargado de despacho de la ya citada comisión, en la cual, dijo, «se le ha visto muy activo».
«Entonces, lo que nosotros decidimos es que no está imposibilitado para ejercer el cargo. Pese a que en su momento interpuso un justificante médico por problema de salud, él nunca ha renunciado», recalcó.
En ese sentido, Leonardo Rojas aseveró que el gobierno municipal prefirió colocar en el cargo de síndico a alguien que «solapará las cuentas públicas» de la administración, y también allegado a la hoy gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa.
«Hoy el gobierno municipal ha hecho algo por el cual se caracterizado el estatal y hasta su propio partido, que es designar a cargos a los parientes y amigos. Es una camarilla que quiere controlar el estado; es una intromisión del gobierno del estado en todos lados», indicó.
Por su parte, Pedro Flota Alcocer, líder priista en Quintana Roo, recalcó que esta queja tiene como fin «hacer valer la ley» y llegar hasta las últimas consecuencias.
«Aquí se trata de hacer valer la letra, de imponer la ley local y, desde luego, la federal, por encima de las ‘chicanadas’, de las artimañas que están a la vista pública; pero también se trata de evitar el control de una persona o de un grupo que está ahora en el poder y que, a través de esta posición, buscan ocultar, meter al ámbito de la opacidad las cuentas públicas de este Ayuntamiento», resaltó.
Por último, refirió que en caso de que el Ayuntamiento haga caso omiso de esta exigencia, se verán obligados a acudir al Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) o la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que se declare improcedente la designación del nuevo síndico.
