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Los familiares del activista Mariano Abarca Roblero, asesinado en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, el 27 de noviembre del 2009, después de una larga batalla y a casi 10 años del suceso, han hecho escuchar su voz de protestas en Canadá, en donde reclaman justicia al gobierno de ese país por el asesinato de este defensor del territorio.

Los deudos de Mariano Abarca, quien se opuso en vida a la operación de la mina a cielo abierto de oro, antimonio y barita operada por la empresa canadiense Black Fire en el Chicomuselo, lograron que un juez de Canadá atendiera el alegato de responsabilidad en este asesinato, no solo de la minera Black Fire, sino también de la embajada de Canadiense en nuestro país.

Este es un hito en la historia de búsqueda de justicia en los asesinatos de los defensores del territorio mexicano contra las mineras trasnacionales, pues hasta ahora, aun cuando se había evidenciado periodísticamente la participación de empresas mineras canadienses en varios asesinatos a defensores, ninguna instancia oficial había siquiera reconocido esa posibilidad.

La decisión del Juez canadiense de Keith M. Boswell, de escuchar el argumento de los familiares de Mariano Abarca Roblero, que refieren la responsabilidad de la minera Back Fire en este asesinato, abre la posibilidad de que otros homicidio de defensores de la tierra, que siguen en la impunidad por parte del gobierno mexicano, sean atendidos por los aparatos de justicia de los países de donde proceden las mineras señaladas de las agresiones.

Actualmente en México, de los 170 asesinatos de defensores del territorio que han sido registrados solo entre el 2010 al 2019, se estima –porque así lo refieren las evidencias extraoficiales- que en por lo menos 73 casos existe una participación directa de funcionarios de las empresas principalmente de origen canadiense, chino, norteamericano y argentino.

Sumado al asesinato de Mariano Abarca Roblero, también se encuentran las ejecuciones de otros activistas como Bernardo Vásquez de Puebla; Ramón Corrales Vega de Sinaloa; Jorge Torres y Efraín Moreno de Tabasco, así como el de Jazmín Rosario Azamar de Rosas en Veracruz, en donde se infiere la participación de las empresas mineras contra la que se alzaron en defensa de la tierra y el agua.

Lo más lamentable es que no solo se señala de esos asesinatos, entre otros, a las mineras trasnacionales, sino que también existen evidencias de intervención en dichas ejecuciones de las embajadas de varios países en México, las que intervinieron directamente en la “solución” de los conflictos que enfrentaron sus mineras contra los pobladores opositores, en donde el asesinato de los lideres fue una de las salidas acordadas.

El caso lo evidencia el asesinato de Mariano Abarca Roblero, del que se ha establecido que luego de oponerse a la operación de la minera Black Fire en Chicomuselo, Chiapas, la representación diplomática de Canadá en México, jugó –igual que en otros casos- un papel activo para posibilitar el fin del conflicto mediante el asesinato del principal líder comunal opositor.

Se sabe que el asesinato de Mariano Abarca, que fue ejecutado por un solitario ejecutor a bordo de una motocicleta, está relacionado con decisiones tomadas por el director general de Black Fire, Artemio Ávila Cervera, y el Gerente de Relaciones Públicas de la misma minera, Luis Antonio Flores Villatoro, quienes habrían recibido el respaldo de la embajada de Canadá en México, para terminar con el plantón que mantenía paralizada la mina contra la que se opuso Mariano Abarca.

De esta situación, obviamente, en el expediente de investigación que inició la entonces Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas, ni siquiera existe algún indicio que apunte a la apertura de una línea de investigación, en donde también se presume la participación de funcionarios del gobierno federal que cedieron el control a la embajada canadiense para cuidar los intereses económicos de sus empresas en México.

Una Política de Estado
Llama la atención que las acciones de disputa, que mantienen las mineras frente a los pueblos originarios en nuestro, no sólo se llevan a cabo con la participación de funcionarios del gobierno federal, sino que en la mayoría de los casos se cuenta con el apoyo de las embajadas de los países de origen de esos capitales.

El caso más evidente es la participación de la embajada canadiense en México, la que a través de su política “Economic Diplomacy”, se ha dedicado a proteger los intereses económicos de las mineras, siendo gestora de acciones de represión contra los pueblos que defienden su derecho al uso del agua, llegando en muchos casos a la decisión de ejecutar a los opositores.

Existen evidencias documentadas por organizaciones civiles como Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc) y Minning Watch, que revelan la participación de la embajada canadiense en México en acciones agresivas contra los pueblos.

Desde el 2004 hasta el cierre del 2018, la embajada canadiense en México había empujado, ante esferas del gobierno federal mexicano, acciones a favor de las mineras y consecuentemente en contra los pueblos naturales, en al menos 200 puntos geográficos de todo país, donde se han registrado, solo en los últimos cinco año, por lo menos 35 asesinatos de defensores ambientalistas.

La Sierrita, un Caso de Estudio
El caso más evidente de la intervención de la embajada canadiense, en apoyo a una minera con la finalidad de lograr el despojo del territorio y el agua a una comunidad, es el que se registró en la localidad de La Sierrita, en Mapimí, Durango, donde la representación diplomática de Canadá, gestionó ante el gobierno federal mexicano, encabezado entonces por Felipe Calderón, acciones de desalojo violento contra los comuneros que se alzaron contra la minera Excellon Resources.

En el ejido La Sierrita, hacia el año 2004, se asentó la minera Excellon Resource con la promesa inicial de rentar sólo 4 hectáreas para la explotación de “un reducido banco de plata”, pero en menos de dos años la oferta de renta de tierra creció a una superficie de 27 hectáreas. Con un monto de un millón 200 mil pesos se “benefició” a 127 ejidatarios con el pago único de 9 mil 500 pesos, ofreciendo de la mano hacer obras de infraestructura para la comunidad.

Lo que los representantes de la minera Excellon Resource nunca dijeron es que, como parte de la compra de los predios, también tenían el interés de la explotación total e irracional de los mantos freáticos. Los pobladores de La Sierrita ya contaban con sus propios pozos de agua, pese a lo desértico de la zona, los que, excavados a pocos metros de profundidad apenas daban sustento a la vida económica del lugar.

Pero Excellon Resource cavó tan profundo que no solo secó los pozos comunales, sino que se pudo hacer de un verdadero mar de agua encontrado bajo el suelo árido de la región de Mapimí, con el que no sólo atendió sus necesidades de lavado de minerales, sino que encontró un negocio: comenzó a extraer y a vender agua a los terratenientes de la zona, incluida la empresa lechera Lala. La explotación del agua fue a razón de una extracción de mil 370 litros por segundo, cuando los habitantes de La Sierrita apenas si subsistían con un suministro de agua estimado en 300 litros de agua por segundo.

Al secarse los pozos comunales que abastecían a la población local, el reclamo llegó: exigieron al gobierno federal el cese de la concesión de explotación de los mantos acuíferos otorgados a favor de Excellon Resource, pero su reclamo no encontró eco. Por eso los ejidatarios despojados de sus tierras se plantaron en los accesos a la mina La Platosa, sin imaginar la violenta reacción del gobierno federal mexicano, el que fue instigado a la represión por parte de la embajada canadiense en nuestro país.

Antes de la violeta represión sufrida por los 127 ejidatarios que se apostaron en un campamento a las afueras de las mina La Platosa, la embajada canadiense maniobró una serie de acciones, en coordinación con el gobierno federal mexicano y con el propio gobierno el estado de Durango, a efecto de terminar con la protesta de los ejidatarios, que exigieron el cese de la explotación de los mantos freáticos, luego de reconocer que el pueblo completo de La Sierrita se estaba “muriendo de sed, por culpa de la minera”.

Violencia desde la Embajada
Días previos al desalojo del plantón, cuando intervino el ejército, la policía federal y la policía ministerial de Durango, la embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky, mantuvo comunicación directa, a través del delegado comercial de la embajada, Wayne Robson, con el propio presidente Felipe Calderón, el gobernador de Durango, Jorge Herrera, con el entonces secretario de gobernación, Alejandro Poiré, y con el titular de la Secretaría de Economía, Bruno Ferrari.

La embajadora les solicitó apoyo a fin de proteger los intereses amenazados de la minera; el cuerpo diplomático de Canadá en México pidió expresamente, el uso de la fuerza para apagar el movimiento. La embajada canadiense garantizó a la empresa Excellon Resource todo el respaldo de la representación diplomática, poniendo a su disposición los “vínculos institucionales” necesarios a fin de salvaguardar sus intereses económicos.

La intervención de la embajada de Canadá en México, a favor de Excellon Resource, fue más allá que la puesta a su disposición de los “vínculos institucionales”, también maniobró una serie de reuniones entre el director de Excellon Resource en México, Brendan Cahill, con funcionarios federales de alto nivel, a fin de plantear la “necesidad urgente” de sofocar el movimiento social que mantuvo paralizadas las actividades de la mina por casi cuatro meses.

De igual forma, la embajadora de Canadá en México dispuso una serie de acciones para realizar espionaje político en contra de los ejidatarios, a fin de recabar información que pudiera ser útil para el cometido de la empresa.

Las gestiones de la embajada ante el gobierno federal, las que terminaron por desalojar violetamente la manifestación de los ejidatarios, fue ejecutada por el gerente de la mina La Platosa, el canadiense Rob Moore, al que por instrucción presidencial se le cedió el mando de las fuerzas federales, del ejército y de la policía de Durango. También se dispuso de un grupo de golpeadores traídos de las minas de Zacatecas, las que son operadas por la misma empresa, haciendo que el movimiento fuera disuelto y reconocido como un acto ilegal de los ejidatarios.

Otra de la Embajada de Canadá
Los directivos de la también minera canadiense Pan American Silver Corp., sin siquiera sentarse al diálogo con los habitantes quejosos de La Colorada en Zacatecas, denunciaron ante las autoridades de la Secretaría de Economía del gobierno federal, y ante las propias del estado de Zacatecas, que los pobladores intentaban frenar las actividades económicas de la minera.

Argumentaron que su inversión se ponía en riesgo, además de establecer que las quejas de los vecinos eran “un peligro para sus intereses”, por lo que solicitaron en forma inmediata la reubicación de 47 familias que afectaban su actividad productiva. Esta información fue emitida también a la embajada de Canadá, desde donde se gestionó ante el gobierno federal el envío de fuerzas federales para la protección del perímetro de la mina.

Fue así que la madrugada del 13 de enero, a los vecinos de La Colorada, los despertó el ruido de maquinaria pesada y los gritos de hombres armados, que se identificaron como “guardias privados de la empresa”, los que comenzaron a golpear en las puertas de las viviendas, para que todos los lugareños salieran a la calle.

Con las armas de por medio, los guardias de Pan American Silver Corp., comenzaron a empujar a los vecinos hacia la salida de la comunidad, mientras la maquinaria pesada destruía las viviendas. En medio del caos, algunos de los habitantes solicitaron vía telefónica el auxilio de la policía municipal de Chalchihuites y de la policía estatal de Zacatecas, los que hicieron presencia en forma inmediata, pero fue para respaldar a los guardias de la minera.

El desalojo de la comunidad La Colorada se hizo en menos de dos horas. Un total de 47 familias, las que se quejaban por los altos índices de contaminación en el agua, fueron desplazadas a un predio ubicado a cinco kilómetros de distancia, en donde la minera ofreció la construcción de viviendas para cada una de las familias trasladadas.

En forma inicial cada una de las familias fue dotada de un predio, con la promesa de iniciar la construcción de una vivienda para cada una de ellas por cuenta de la minera. La construcción de las viviendas dio inicio dos días después. Pero las viviendas que fueron entregadas a cada una de las familias desplazadas fueron construidas con cartón, láminas y el mejor de los casos con tablarroca y madera de desecho. En total fueron 230 los habitantes, incluyendo mujeres y niños, los que fueron desplazados de sus viviendas, por decisión directa de la embajada de Canadá en México. (Tomado de zenzontle400)