Por Abraham Gorostieta
Desde hace tres años Tajamar, un manglar ubicado en la zona hotelera de Cancún ha estado bajo los reflectores de la prensa, la razón: la venta de esos terrenos a ambiciosos empresarios que no respetaron las mínimas normas de medio ambiente y en 2016 ordenaron la devastación de manglar y toda vegetación aledaña.
Esto sucedía días antes de que concluyeran los permisos con que contaba Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). El Malecón Tajamar fue noticia no solo en el estado sino nacional. Las fotografías de cocodrilos muertos, aves sepultadas en escombros del desmonte y demás especies le dieron la vuelta a todo México.
Desde entonces grupos de activistas de derechos ambientales y ecologistas, como el de Katerine Ender, han llevado una lucha que bien se puede comparar con la de David contra el gigante Goliat. La ecologista ha promovido toda serie de recursos ambientales en los tribunales, que finalmente le han dado la razón.
La magistrada del Tercer Tribunal Colegiado de Justicia, del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, Selina Haidé Avante Juárez, confirmó que Malecón Tajamar está definitivamente cancelado como consecuencia del fallo del 2017, emitido por esta misma instancia.
Para tener esta sentencia, el tribunal se fundó en los principios de “prevención, precaución, responsabilidad y desarrollo sustentable, así como el reconocimiento de derechos colectivos que prevalecen sobre la propiedad privada”.
Pero, las cosas no terminan aquí.
Tajamar, el negocio
En 2017, el Fonatur obtuvo 2,040 millones de pesos, por la venta de los terrenos en Tajamar. En las propias cuentas de la dependencia de Turismo se informa que el gobierno federal invirtió 618 millones de pesos entre el 2003 y el 2012, para la urbanización de 72 hectáreas que conforman todo el complejo. También, entre el 2012 y el 2018, la administración federal ha tenido que pagar 35.5 millones de Predial, además de 4.3 millones de pesos por concepto de energía eléctrica, más otros 3.3 millones de pesos por vigilancia.
Sin embargo, ya desde 2008 la ONG Greenpeace México documentó y denunció que las tierras de Malecón Tajamar comercializadas en esos años formaban parte de los cuatro millones 77 mil metros cuadrados que Fonatur vendió durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa por 58 millones 310 mil 255 dólares.
Ahora con la confirmación de la magistrada Selina Haidé Avante Juárez de que Malecón Tajamar ya no tiene posibilidad de reactivarse, vienen las indemnizaciones.
En 2016, Manuel Mercado Béjar, era entonces director de Desarrollo del proyecto de Tajamar, esto durante el gobierno de Enrique Peña Nieto como presidente, y de Roberto Borge como gobernador. Cálculos de las indemnizaciones por la cancelación definitiva de Malecón Tajamar son de 3 mil millones de pesos, según cifras de Fonatur.
Los “afectados”
Son 22 empresas las que aprovecharon los precios de ganga en los predios de Malecón Tajamar, y que con la cancelación del proyecto sus inversiones se han visto afectadas y que a pesar del ecocidio que generó el desmonte del Malecón, hay que indemnizarlos.
Varias de estas empresas radican en Nuevo León y otras en Quintana Roo. Ellos son algunos:
José Martín Domene Zambrano es uno de los empresarios que compró predios en Tajamar. Cuñado del exgobernador de Nuevo León y exdiputado, el priista Benjamín Clariond Reyes Retana. Domene Zambrano ha sido señalado como uno de los principales promotores del grupo Amigos de Fox, que en 2000 promovió y recaudó dinero para apoyar la candidatura del panista Vicente Fox Quesada en el norte del país.
Inmobiliaria Moka tiene como representante al empresario de origen libanés William Jorge Karam Kassab. Reportes de la prensa lo vinculan con el exgobernador de Tabasco y excandidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Madrazo Pintado. William, junto con su hermano Paul, son dueños de la empresa Hidrosina, que maneja una red de 82 estaciones de gasolina distribuidas en 16 estados del país. Durante la administración de Enrique Peña Nieto, Hidrosina recibió mil 182 millones de pesos, por contratos de suministro de gasolinas. Los contratos fueron entregados por 61 dependencias u organismos de la administración pública, donde destacan la Comisión Federal de Electricidad y el IMSS, como las principales contratantes, en número de acuerdos y en monto erogado.
Francisco Córdova Lira y Juan Rafael Lang Uriarte, ambos representantes de la firma Ciscolang, fueron dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC). Francisco Córdova Lira, fue presidente del Comité de Participación Ciudadana para la Transparencia y de Grupo Xcaret, en 2014 fue designado Cónsul de Australia en Cancún, mención que le valió felicitaciones personales por parte del gobernador Roberto Borge.
Jaguar Ingenieros Constructores, fue una de las empresas que “ganaron” el primer paquete de licitaciones del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para trabajos de tercería, drenaje, pavimentación y señalamiento y recibió para esto 885 millones 647 mil pesos.
Simón Galante Zaga es el representante de la empresa Fondo Comercial Mexicano, de acuerdo con la revista Forbes, tiene en sus manos una fibra hotelera a través de la cual tiene 34 hoteles, entre los que destacan los Fiesta Inn, Real Inn y los Camino Real.
Gabriel Eugenio Garza Rangel y a Guillermo Garza Rangel son los representantes de la empresa GR Inmuebles, provenientes de una de las más acaudalada familias de Nuevo Léón, los Garza Sada, fundadora de la Cervecería Cuauhtémoc y fundadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Para Katerine Ender, la ambientalista y ecologista todavía resta por cumplir la sentencia de reforestación del sitio, además de que se promoverán sanciones contra los exfuncionarios que autorizaron este proyecto y quienes permitieron que se devastaran especies protegidas.
