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Por irregularidades en la integración de la Carpeta de Investigación por agentes ministeriales de la Fiscalía de Veracruz sobre el homicidio de un periodista en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, y la omisión de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para brindar protección y auxilio al agraviado y a sus familiares, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió la Recomendación 89/2018 al Gobernador Constitucional del estado, Cuitláhuac García Jiménez y al Fiscal General de la entidad, Jorge Winckler Ortiz.

En los hechos ocurridos el 20 de julio de 2016, el comunicador recibió disparos de arma de fuego mientras se encontraba al exterior de su domicilio, por lo que fue trasladado al Centro Médico Regional, donde falleció. Había sido amenazado, por lo que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz emitió medidas de protección a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
La esposa de la víctima presentó una queja ante la CNDH en la que planteó irregularidades en la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que acudieron al lugar y omitieron perseguir a los probables responsables.

Las investigaciones realizadas por este Organismo Nacional acreditaron las violaciones a los derechos a la seguridad jurídica y legalidad por omisión en la protección y auxilio en el ejercicio de la función de seguridad pública atribuibles a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y violación al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia por la irregular integración de la Carpeta de Investigación por personal de la Fiscalía de Veracruz en agravio del periodista y sus familiares.
Determinaron que el día del homicidio, el equipo de policías responsable de su seguridad no acudió al domicilio refiriendo que habían sido convocados a una reunión; sin embargo, por el riesgo en que se encontraba el agraviado, el policía encargado debió asegurarse que otros elementos le reemplazaran y cumplieran con la medida para no descuidar la seguridad del periodista. Además, tres elementos que se encontraban en las inmediaciones del lugar el día de los hechos omitieron perseguir a los probables responsables señalados por los testigos.

Este Organismo Nacional observó dilación en la actuación de los elementos en brindar apoyo y auxilio a la víctima y sus familiares, ya que tuvieron que darle atención oportuna y requerir de inmediato la asistencia de una ambulancia. También se observó la omisión en el cumplimiento de las medidas de protección por los policías responsables, elementos de la Fuerza Civil y del Instituto de Policía Auxiliar, al no brindar protección y auxilio a su esposa.

Los servidores públicos de la Fiscalía de Veracruz encargados de las investigaciones no actuaron con la debida diligencia al omitir realizar acciones para su adecuada integración, incurriendo en dilación en su perfeccionamiento, sumado a la tardía atracción por parte de la Fiscalía Especializada y del Protocolo Especializado en la entidad. Además, de irregularidades en la integración de las indagatorias sobre el homicidio de la víctima al omitir acciones para la pronta investigación de los hechos y de la investigación relacionada a la presunta participación de un funcionario que desempeñaba un cargo municipal como probable responsable a quien los testigos refirieron como una de las personas que disparó.

La CNDH ha dado seguimiento a la situación de la libertad de expresión, así como al contexto de violencia que sufren las personas que ejercen el periodismo en Veracruz, como se registra en la Recomendación General 24 como la entidad con mayor cantidad de homicidios de periodistas de 2000 a la fecha, periodo en que se han presentado 22 casos. Ha reiterado que la falta de una adecuada procuración de justicia que permita identificar a los responsables e imponerles sanciones genera impunidad, la cual se convierte en otra de las causas que propicia el clima de agresión en contra de las y los periodistas.

Por estos hechos, la CNDH recomienda al Gobernador del estado de Veracruz reparar integralmente el daño a los familiares de la víctima e inscribirles en el Registro Estatal de Víctimas conforme a lo establecido en la Ley Estatal de Víctimas; instruir al Secretario de Seguridad para que el personal cumpla las medidas de protección que le soliciten las autoridades competentes; impartir cursos sobre el derecho a la libertad de expresión, protección y garantía de los derechos de las víctimas y del Protocolo Nacional del Primer Respondiente; realizar un diagnóstico para determinar si el personal policial cumple con el perfil requerido y con la aprobación de los exámenes de control de confianza a que deben ser sometidos para su ingreso y permanencia.
En tanto, al Fiscal General del Estado, le recomienda instruir al personal ministerial para agotar las líneas de investigación que permitan identificar, localizar, detener, judicializar y procesar a los probables responsables; impartir cursos a los agentes del ministerio público de Tierra Blanca y de la Fiscalía Especializada sobre el Protocolo Especializado y derecho a la libertad de expresión, respeto, protección y garantía de los derechos a las víctimas.

Finalmente, las autoridades mencionadas deberán colaborar con la CNDH en la presentación de las quejas que se realicen ante la Visitaduría General de la Fiscalía General y la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública, para determinar las responsabilidades y omisiones acreditadas que lleven a deslindar responsabilidades administrativas de los servidores públicos responsables, y asignar a un funcionario como enlace para cumplir con dicha Recomendación.
La Recomendación que ya fue debidamente notificada a sus destinatarios, puede ser consultada en la página www.cndh.org.mx