A la mitad de la administración estatal y en medio del panorama financiero nacional, como resultado de los recortes anunciados por la Federación al presupuesto de los Estados, el gobierno de Quintana Roo analiza la posibilidad de una nueva reestructuración de su deuda, así como diversos mecanismos financieros para enfrentar la situación de los próximos años, confirmó el gobernador Carlos Joaquín González.
“Hoy nos encontramos en el análisis de una nueva reestructuración de la deuda pública, así como otras herramientas financieras para obtener recursos que permita concretar proyectos de beneficio social”, explicó.
Agregó que hoy inició un foro para la modernización de la Ley de Catastro con el propósito de reforzar los sistemas de recaudación estatal, porque “es precisamente en los catastros en donde el Estado y los municipios pueden tener su fortaleza financiera al poner orden y generar un control en las acciones de construcción”.
“Esta nueva Ley de Catastro permitirá una mejor cobranza y la obtención de más recursos para trabajar en favor de la comunidad”, agregó,
El mandatario estatal aclaró que la modificación de tablas catastrales que proponen algunos ayuntamientos es un tema netamente municipal, “pero es el que debe tener más orden”.
“México es el país que tiene menor recaudación catastral, no necesariamente por los montos sino por la falta de información geográfica, y lo que busca el Estado es precisamente recuperar esa información y que los municipios puedan hacer uso de ella y mejore la cobranza, que no necesariamente debe estar atada a un aumento, sino a través de poner orden para acabar con el rezago y la evasión fiscal”, aseguró.
El mandatario estatal reiteró la preocupación por el recorte presupuestal anunciado por el Gobierno Federal y la desesperación por no obtener respuesta a las necesidades de la entidad.
“Esta situación obliga a pensar en nuevos esquemas financieros que permita encontrar los recursos para atender las demandas de la población”, enfatizó.
Dijo que los gobernadores del PAN han programado reuniones con la Secretaría de Hacienda para revisar la problemática y la necesidad de revisar los esquemas de coordinación fiscal.
En diciembre de 2016, el Gobierno del Estado logró la reestructuración de su deuda pública que ascendía a 19 mil 169 millones de pesos e implementó un programa de austeridad con el propósito de ahorrar cerca de 600 millones de pesos.
Tras analizarse las propuestas de 15 instituciones financieras que fueron invitadas a participar en este proceso de reestructuración de la deuda, los fallos recayeron en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. con 5 mil 900 millones de pesos en un plazo de nueve mil 125 días; el Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, el Grupo Financiero Banorte, con tres mil millones de pesos con un plazo de siete mil 300 días; Banco Multiva S.A., Institución de Banca Múltiple, grupo financiero Multiva, con un monto de 5 mil 4 millones 665 mil 103 pesos con 48 centavos con un plazo de nueve mil 125 días; HSBC México, Banca de Institución Múltiple, grupo financiero HSBC con un monto de mil 698 millones 186 mil 888 pesos con un plazo de siete mil 300 días y Banco Interacciones S.A., institución de banca múltiple, grupo financiero Interacciones con un monto de 3 mil 656 millones 451 mil 554 pesos con nueve centavos a un plazo de siete mil 300 días.
De acuerdo con la Ley de Egresos 2018 aprobado por la XV Legislatura, las transacciones de la deuda pública/costo financiero de la deuda asciende a 2 mil 055 millones 162 mil 002 pesos, cifra que corresponde también al rubro de deuda pública interna; las transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno ascienden a 4 mil 202 millones 888 mil 796 pesos; las participaciones entre diferentes niveles y ordenes de gobierno ascienden a 1 mil 674 millones 975 mil 312 pesos; adeudos de ejercicios fiscales anteriores ascienden a 1 mil 136 millones 626 mil 565 pesos lo que hace un total de 28 mil 415 millones 664 mil 155 pesos.
Fuente:Noticaribe
