Cancún.- De forma sorpresiva, la Agencia de Proyectos Especiales (Agepro) del Gobierno del Estado cerró el acceso, la servidumbre de paso, hacia la Marina Chac-Chi, ubicada junto a las que fueran las Villas Juveniles del Crea.
Marina Chac-Chi cuenta con un contrato de arrendamiento para un espacio frente a la playa dentro del predio de las Villas Juveniles, que data de cuando este espacio era federal, mismo que sigue vigente hasta el 2022.
Como se sabe, el ex gobernador Félix González Canto recibió este espacio del Gobierno Federal, en el kilómetro 2.2 de la Zona Hotelera, mismo que fue enajenado por el IPAE casi de forma inmediata, a una fracción de su valor real, a la empresa Cadevi, creada ex profeso para esta transacción por Ricardo Vega Serrador, director de Corpogas y acusado de ser prestanombres del ex mandatario.
Como la titulación ocurrió después, ya en el quinquenio de Roberto Borge Angulo, este terreno, como muchos otros rematados por el IPAE a directivos de Corpogas fueron asegurados por la PGR en 2017, logrando la Agepro, como sucesora del IPAE, la recuperación de este predio.
Marina Chac-Chi por años debió combatir los intentos de Cadevi de expulsarlos de su posesión, motivo por el que obtuvieron un amparo que impedía, entre otras cosa, que se les cerrara esta servidumbre de paso.
En entrevista, Enrique Paredes, gerente del lugar, explicó que la Agepro obtuvo una medida cautelar, como parte de la recuperación de este terreno, con el que pudieron «saltar» este amparo y les cerraron el acceso, que además servía como acceso público a la playa y así era usado por cientos de ciudadanos, además de ser reconocido como tal por las propias autoridades.
«Nos afecta en la operación de esta marina, de la que dependen 300 familias, así como afecta a toda la ciudadanía que ingresaba a la playa por este acceso público», comentó el empresario.
El entrevistado dijo ignorar los motivos detrás de esta acción del Agepro, pues no debieran tomar esta postura, independientemente de sus esfuerzos por revertir los despojos sufridos durante las anteriores administraciones.
Indicó que ahora busca un diálogo con las autoridades para lograr una solución y recuperar el acceso, aunque no descartó tener que acudir a instancias legales para lograrlo.
Enrique Paredes recordó que, en el contrato de compraventa entre el IPAE y Cadevi, figura ya esta servidumbre de paso, así como su contrato de arrendamiento. También aparece señalado en la descripción de medidas y colindancias.
