Por Arturo Mendoza Mociño /
Pedro Canché Noticias
Puerto Morelos, Quintana Roo.- El pasado miércoles 19 de septiembre las oficinas de Aguakan en Playa del Carmen y Cancún fueron intervenidas por agentes de la Policía Estatal y Federal para aclarar un presunto desvío de más de mil 200 millones de pesos.
Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V. (DHC), denominación fiscal de Aguakan, siempre ha estado en el ojo del huracán por la calidad y las tarifas de su servicio de agua potable en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen, pero las rachas de vientos de corrupción arreciaron cuando en octubre de 2016 la empresa que comandan Jorge Eduardo Ballesteros Franco, su hijo Jorge Eduardo Ballesteros Zavala, Diego Ramos González de Castilla y Enrique Rojas Blásquez dejó de pagar la contraprestación que le corresponde como concesionaria del servicio de agua.
Todo empezó en el guadalupanísimo 12 de diciembre de 2014 cuando la XIV Legislatura de Quintana Roo prorrogó la concesión de DHC hasta el 31 de diciembre de 2053. También ese día los diputados locales aprobaron el Decreto 251 mediante el cual la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo (CAPA) contrató un crédito bancario por 980 millones de pesos, el cual sería usado para inversión en infraestructura, aunque su aplicación real se desconoce hasta el momento.
El préstamo tendría que pagarse trimestralmente a través de la contraprestación que debería pagar Aguakan. Sin embargo, la concesionaria promovió un recurso ante un juzgado federal para depositar ahí los pagos de las contraprestaciones que se realizan cada tres meses y que cada año suman más de 200 millones de pesos.
Perla adicional: Tampoco se sabe en qué se usaron los mil 55 millones de pesos que recibió el ex gobernador Roberto Borge por parte de la empresa para impulsar la concesión ampliada hasta el 2053, pero el Gobierno de Quintana Roo está obligado a pagar esos préstamos como aval que es.
Los montos de los que se desconoce su paradero, el del préstamo y el del pago extraordinario, duraron sólo unos minutos en las cuentas bancarias de CAPA antes de que fueran transferidos a una cuenta de la Secretaría de Finanzas, bajo la que dirección de Juan Pablo Guillermo Molina, de la cual desaparecieron.
Por ello, el gobierno de Carlos Joaquín González ha intensificado acciones legales para verificar el cumplimiento económico y operativo de Aguakan. En tanto la concesionaria del clan Ballesteros anticipó su defensa en los juzgados para evitar la cancelación del título de concesión que le fue prorrogado en el último año del quinquenio de Borge.
(Fuente: Gobierno de Quintana Roo)
