Chetumal.- Fue lo que expresó Martínez Arcila.
Para el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, lo que toca hacer en el caso de los policías de Cancún que están protestando y que cerraron incluso la corporación es simple y sencillamente “aplicar la ley”; es decir, hace a un lado a quien no quiera estar. Considera que la protesta no es por denunciar carencias, sino porque ven reducidas su coto de poder.
En entrevista, el legislador panista opinó que no debe haber marcha atrás por parte de las autoridades.
“Lo que tienen que hacer es aplicar la ley; si no están dispuestos a ser disciplinados, a estar del lado de los buenos, no tienen nada que hacer dentro de la Policía”, comentó.
A la pregunta de si él como presidente del Congreso apoya las acciones del secretario de Seguridad Pública estatal, responde que sí, “siempre y cuando se respeten los derechos humanos y laborales de los policías”.
Recalca que una vez respetado eso, quien no esté de acuerdo no tiene nada que hacer en una corporación de Seguridad Pública.
“Con la seguridad pública no se juega; se acatan las decisiones y se combate de manera frontal a la delincuencia”, sentenció.
Ante los señalamientos de que el secretario no paga viáticos, o que decidieron trasladar a 300 elementos de Chetumal, o por el uso del helicóptero, el diputado local dijo que aplaude el uso de este helicóptero que antes estuvo a “disposición de los anteriores gobiernos y era signo de corrupción”.
“Todos tenemos que reflexionar qué estamos haciendo para generar condiciones de paz y de seguridad; los medios de comunicación, los servidores públicos los ciudadanos, los empresarios, las autoridades municipales; tenemos que reflexionar”, expresó.
Sobre el tema de la falta de viáticos, dice que quien acusa debe probar su acusación. Y que por el momento ellos tampoco tienen información sobre el tema en el Congreso.
En su opinión, la protesta es porque los elementos ven reducidas su coto de poder y no a fallas de las nuevas autoridades municipales o del gobierno estatal.
“Es una corporación que probó no estar al servicio de los ciudadanos, sino prácticamente al servicio de la delincuencia organizada”, finalizó.
Fuente: Agencia SIM
