Cancún.- Personas que han sido víctimas de desalojo o que están en proceso de ser desalojados, por procesos presuntamente viciados con inmobiliarias, o con el Ayuntamiento de Benito Juárez, se manifestaron de forma pacífica hoy frente al Palacio Municipal, para exigir la revisión de sus casos, que superan los 800.

Denominados Grupo de Resistencia Civil Pacífica Ciudadana, estas personas arribaron a la Plaza de la Reforma con una manta y algunas cartulinas, en donde piden un alto a estos desalojos ilegales y solicitan la intervención de la autoridad, para poder pagar un precio justo por sus viviendas.
Cada caso es distinto, pero principalmente son tres grupos, comentaron.

Están los Procesos Administrativos de Ejecución (PAE), que es cuando el Ayuntamiento quita la casa por no pagar predial. Los inconformes dicen conocer entre 30 y 40 casos en donde por una deuda de incluso dos mil pesos, los despojan de viviendas de hasta 400 mil pesos de valor.

“Por cinco mil pesos de predial, ejecutaron mi casa para entregarlo a la inmobiliaria, por un monto menor al real”, comentó una víctima. “A ellos se la venden rematada, pero yo, que nunca fui notificada de esto, me cobraban un valor como si fuera nueva”.
A decir de esta mujer, el Ayuntamiento se “lava las manos” pues indican que ocurrió en la administración pasada y ya se procedió contra los funcionarios responsables.
“No se vale, porque estos trabajadores representaban al municipio, y ellos deben responsabilizarse por ello”, se quejó.
Todas estas casas, comentó otra ciudadana, fueron adquiridas por el banco HSBC, a través de procesos simulados, en donde no se notificó a los ciudadanos. Ellos se presentan ante las familias estafadas como dueños de las viviendas, para ofrecérselas por precios superiores a lo real, de lo contrario, proceden a expulsarlos.

Existen otros casos en donde estos funcionarios corruptos ya les habían pagado el predial, pero ya no alcanzaron a adjudicarse las casas, lo que significa que el fraude pudo ser mucho mayor.
Por otro lado, están quienes pagaron Infonavit, o incluso continúan pagando, pero que ya están en proceso de desalojo, por haber recibido un cofinanciamiento con una hipotecaria que pretende adjudicarse la propiedad.

“Hay una persona que continúa pagando su casa, estando ésta a la vente; él dice que ya lo arruinaron, porque perdió su crédito con Infonavit”, señaló esta misma ciudadana.
Por último, están los créditos hipotecarios con empresas que se fueron a la quiebra, como SuCasita, cuya cartera vencida cayó con distintos recuperadores de vivienda, que recurrieron a amenazas o juicios para cobrar pagos, sin comprobar ser quienes efectivamente adquirieron estos créditos.

Existe un caso de una persona que dice representar a múltiples despachos y que con amenazas saca pagos, pero al revisar el registro público de la propiedad, no figura la supuesta hipoteca, lo que hace pensar que se trata de un estafador.
“Hay asociaciones y licenciados que prometen ayudar, pero al final roban dinero, o usan las firmas para entregar viviendas”, señaló otro de los presentes.

Una mujer explicó que obtuvo un crédito de vivienda a 25 años por 207 mil pesos. Ahora, después de 18 años pagando, revisó y debe 260 mil pesos.
“¿Dónde se fue todo ese dinero?, dicen que es por las UDIs, pero entonces significa que el crédito no ha bajado?”, comentó.
En su caso, en febrero ya no pudo seguir pagando, al perder su empleo por el COVID. Trató de llegar a un acuerdo con al inmobiliaria, Operax, pero ésta se nego, al indicar que el gobierno no los ha obligado a apoyar.

Ella ya cayó en cartera vencida y teme perder su casa, que ha pagado por 18 años, sin que esto se refleje en su adeudo.
En total, estiman que hay más de 800 personas en situaciones como esta, pero deben ser más.
Luis Eduardo Martín Medina, abogado quien lleva muchos de estos casos, dijo que la objeción común en estos casos es que estos ciudadanos dejaron de pagar, olvidando que la inmobiliaria se fue a la quiebra y nadie sabe quién se quedó con la cartera vencida. El Código Civil exige que el nuevo acreedor debe presentarse como tal, pero esto no ocurrió.
“Muchas personas astutas llegaron a cobrarles a mucha gente, dando lugar a fraudes. Mucha gente humilde depositaba en distintas cuentas, incluso personales”, indicó.
La existencia de estos adeudos, también fue caldo de cultivo para fraudes procesales, para desposeer a estas personas de su patrimonio.
“No puedo decir que sean procesos simulados, pues eso toca a un juez, pero al leer los expedientes, apestan a fraudes”, comentó el abogado.

Afirmó que son cientos de familias que de un día al otro se quedan sin su vivienda, pese a que la constitución señala que deben ser vencidas en un juicio, en el que ellos pueden aportar evidencias.
Ya entregaron un expediente al presidente Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia mañanera, para pedirle que ponga orden y les permitan pagar con certeza jurídica, a precios justos.
“No creo que no sepa de esta situación, que viene de años. Pasa en todo el país”, reclamó una inconforme.