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Mineras y Embajada de Canadá en México, relacionadas al asesinato de activistas

en Noticias/Reportajes

Los familiares del activista Mariano Abarca Roblero, asesinado en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, el 27 de noviembre del 2009, después de una larga batalla y a casi 10 años del suceso, han hecho escuchar su voz de protestas en Canadá, en donde reclaman justicia al gobierno de ese país por el asesinato de este defensor del territorio.

Los deudos de Mariano Abarca, quien se opuso en vida a la operación de la mina a cielo abierto de oro, antimonio y barita operada por la empresa canadiense Black Fire en el Chicomuselo, lograron que un juez de Canadá atendiera el alegato de responsabilidad en este asesinato, no solo de la minera Black Fire, sino también de la embajada de Canadiense en nuestro país.

Este es un hito en la historia de búsqueda de justicia en los asesinatos de los defensores del territorio mexicano contra las mineras trasnacionales, pues hasta ahora, aun cuando se había evidenciado periodísticamente la participación de empresas mineras canadienses en varios asesinatos a defensores, ninguna instancia oficial había siquiera reconocido esa posibilidad.

La decisión del Juez canadiense de Keith M. Boswell, de escuchar el argumento de los familiares de Mariano Abarca Roblero, que refieren la responsabilidad de la minera Back Fire en este asesinato, abre la posibilidad de que otros homicidio de defensores de la tierra, que siguen en la impunidad por parte del gobierno mexicano, sean atendidos por los aparatos de justicia de los países de donde proceden las mineras señaladas de las agresiones.

Actualmente en México, de los 170 asesinatos de defensores del territorio que han sido registrados solo entre el 2010 al 2019, se estima –porque así lo refieren las evidencias extraoficiales- que en por lo menos 73 casos existe una participación directa de funcionarios de las empresas principalmente de origen canadiense, chino, norteamericano y argentino.

Sumado al asesinato de Mariano Abarca Roblero, también se encuentran las ejecuciones de otros activistas como Bernardo Vásquez de Puebla; Ramón Corrales Vega de Sinaloa; Jorge Torres y Efraín Moreno de Tabasco, así como el de Jazmín Rosario Azamar de Rosas en Veracruz, en donde se infiere la participación de las empresas mineras contra la que se alzaron en defensa de la tierra y el agua.

Lo más lamentable es que no solo se señala de esos asesinatos, entre otros, a las mineras trasnacionales, sino que también existen evidencias de intervención en dichas ejecuciones de las embajadas de varios países en México, las que intervinieron directamente en la “solución” de los conflictos que enfrentaron sus mineras contra los pobladores opositores, en donde el asesinato de los lideres fue una de las salidas acordadas.

El caso lo evidencia el asesinato de Mariano Abarca Roblero, del que se ha establecido que luego de oponerse a la operación de la minera Black Fire en Chicomuselo, Chiapas, la representación diplomática de Canadá en México, jugó –igual que en otros casos- un papel activo para posibilitar el fin del conflicto mediante el asesinato del principal líder comunal opositor.

Se sabe que el asesinato de Mariano Abarca, que fue ejecutado por un solitario ejecutor a bordo de una motocicleta, está relacionado con decisiones tomadas por el director general de Black Fire, Artemio Ávila Cervera, y el Gerente de Relaciones Públicas de la misma minera, Luis Antonio Flores Villatoro, quienes habrían recibido el respaldo de la embajada de Canadá en México, para terminar con el plantón que mantenía paralizada la mina contra la que se opuso Mariano Abarca.

De esta situación, obviamente, en el expediente de investigación que inició la entonces Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas, ni siquiera existe algún indicio que apunte a la apertura de una línea de investigación, en donde también se presume la participación de funcionarios del gobierno federal que cedieron el control a la embajada canadiense para cuidar los intereses económicos de sus empresas en México.

Una Política de Estado
Llama la atención que las acciones de disputa, que mantienen las mineras frente a los pueblos originarios en nuestro, no sólo se llevan a cabo con la participación de funcionarios del gobierno federal, sino que en la mayoría de los casos se cuenta con el apoyo de las embajadas de los países de origen de esos capitales.

El caso más evidente es la participación de la embajada canadiense en México, la que a través de su política “Economic Diplomacy”, se ha dedicado a proteger los intereses económicos de las mineras, siendo gestora de acciones de represión contra los pueblos que defienden su derecho al uso del agua, llegando en muchos casos a la decisión de ejecutar a los opositores.

Existen evidencias documentadas por organizaciones civiles como Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc) y Minning Watch, que revelan la participación de la embajada canadiense en México en acciones agresivas contra los pueblos.

Desde el 2004 hasta el cierre del 2018, la embajada canadiense en México había empujado, ante esferas del gobierno federal mexicano, acciones a favor de las mineras y consecuentemente en contra los pueblos naturales, en al menos 200 puntos geográficos de todo país, donde se han registrado, solo en los últimos cinco año, por lo menos 35 asesinatos de defensores ambientalistas.

La Sierrita, un Caso de Estudio
El caso más evidente de la intervención de la embajada canadiense, en apoyo a una minera con la finalidad de lograr el despojo del territorio y el agua a una comunidad, es el que se registró en la localidad de La Sierrita, en Mapimí, Durango, donde la representación diplomática de Canadá, gestionó ante el gobierno federal mexicano, encabezado entonces por Felipe Calderón, acciones de desalojo violento contra los comuneros que se alzaron contra la minera Excellon Resources.

En el ejido La Sierrita, hacia el año 2004, se asentó la minera Excellon Resource con la promesa inicial de rentar sólo 4 hectáreas para la explotación de “un reducido banco de plata”, pero en menos de dos años la oferta de renta de tierra creció a una superficie de 27 hectáreas. Con un monto de un millón 200 mil pesos se “benefició” a 127 ejidatarios con el pago único de 9 mil 500 pesos, ofreciendo de la mano hacer obras de infraestructura para la comunidad.

Lo que los representantes de la minera Excellon Resource nunca dijeron es que, como parte de la compra de los predios, también tenían el interés de la explotación total e irracional de los mantos freáticos. Los pobladores de La Sierrita ya contaban con sus propios pozos de agua, pese a lo desértico de la zona, los que, excavados a pocos metros de profundidad apenas daban sustento a la vida económica del lugar.

Pero Excellon Resource cavó tan profundo que no solo secó los pozos comunales, sino que se pudo hacer de un verdadero mar de agua encontrado bajo el suelo árido de la región de Mapimí, con el que no sólo atendió sus necesidades de lavado de minerales, sino que encontró un negocio: comenzó a extraer y a vender agua a los terratenientes de la zona, incluida la empresa lechera Lala. La explotación del agua fue a razón de una extracción de mil 370 litros por segundo, cuando los habitantes de La Sierrita apenas si subsistían con un suministro de agua estimado en 300 litros de agua por segundo.

Al secarse los pozos comunales que abastecían a la población local, el reclamo llegó: exigieron al gobierno federal el cese de la concesión de explotación de los mantos acuíferos otorgados a favor de Excellon Resource, pero su reclamo no encontró eco. Por eso los ejidatarios despojados de sus tierras se plantaron en los accesos a la mina La Platosa, sin imaginar la violenta reacción del gobierno federal mexicano, el que fue instigado a la represión por parte de la embajada canadiense en nuestro país.

Antes de la violeta represión sufrida por los 127 ejidatarios que se apostaron en un campamento a las afueras de las mina La Platosa, la embajada canadiense maniobró una serie de acciones, en coordinación con el gobierno federal mexicano y con el propio gobierno el estado de Durango, a efecto de terminar con la protesta de los ejidatarios, que exigieron el cese de la explotación de los mantos freáticos, luego de reconocer que el pueblo completo de La Sierrita se estaba “muriendo de sed, por culpa de la minera”.

Violencia desde la Embajada
Días previos al desalojo del plantón, cuando intervino el ejército, la policía federal y la policía ministerial de Durango, la embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky, mantuvo comunicación directa, a través del delegado comercial de la embajada, Wayne Robson, con el propio presidente Felipe Calderón, el gobernador de Durango, Jorge Herrera, con el entonces secretario de gobernación, Alejandro Poiré, y con el titular de la Secretaría de Economía, Bruno Ferrari.

La embajadora les solicitó apoyo a fin de proteger los intereses amenazados de la minera; el cuerpo diplomático de Canadá en México pidió expresamente, el uso de la fuerza para apagar el movimiento. La embajada canadiense garantizó a la empresa Excellon Resource todo el respaldo de la representación diplomática, poniendo a su disposición los “vínculos institucionales” necesarios a fin de salvaguardar sus intereses económicos.

La intervención de la embajada de Canadá en México, a favor de Excellon Resource, fue más allá que la puesta a su disposición de los “vínculos institucionales”, también maniobró una serie de reuniones entre el director de Excellon Resource en México, Brendan Cahill, con funcionarios federales de alto nivel, a fin de plantear la “necesidad urgente” de sofocar el movimiento social que mantuvo paralizadas las actividades de la mina por casi cuatro meses.

De igual forma, la embajadora de Canadá en México dispuso una serie de acciones para realizar espionaje político en contra de los ejidatarios, a fin de recabar información que pudiera ser útil para el cometido de la empresa.

Las gestiones de la embajada ante el gobierno federal, las que terminaron por desalojar violetamente la manifestación de los ejidatarios, fue ejecutada por el gerente de la mina La Platosa, el canadiense Rob Moore, al que por instrucción presidencial se le cedió el mando de las fuerzas federales, del ejército y de la policía de Durango. También se dispuso de un grupo de golpeadores traídos de las minas de Zacatecas, las que son operadas por la misma empresa, haciendo que el movimiento fuera disuelto y reconocido como un acto ilegal de los ejidatarios.

Otra de la Embajada de Canadá
Los directivos de la también minera canadiense Pan American Silver Corp., sin siquiera sentarse al diálogo con los habitantes quejosos de La Colorada en Zacatecas, denunciaron ante las autoridades de la Secretaría de Economía del gobierno federal, y ante las propias del estado de Zacatecas, que los pobladores intentaban frenar las actividades económicas de la minera.

Argumentaron que su inversión se ponía en riesgo, además de establecer que las quejas de los vecinos eran “un peligro para sus intereses”, por lo que solicitaron en forma inmediata la reubicación de 47 familias que afectaban su actividad productiva. Esta información fue emitida también a la embajada de Canadá, desde donde se gestionó ante el gobierno federal el envío de fuerzas federales para la protección del perímetro de la mina.

Fue así que la madrugada del 13 de enero, a los vecinos de La Colorada, los despertó el ruido de maquinaria pesada y los gritos de hombres armados, que se identificaron como “guardias privados de la empresa”, los que comenzaron a golpear en las puertas de las viviendas, para que todos los lugareños salieran a la calle.

Con las armas de por medio, los guardias de Pan American Silver Corp., comenzaron a empujar a los vecinos hacia la salida de la comunidad, mientras la maquinaria pesada destruía las viviendas. En medio del caos, algunos de los habitantes solicitaron vía telefónica el auxilio de la policía municipal de Chalchihuites y de la policía estatal de Zacatecas, los que hicieron presencia en forma inmediata, pero fue para respaldar a los guardias de la minera.

El desalojo de la comunidad La Colorada se hizo en menos de dos horas. Un total de 47 familias, las que se quejaban por los altos índices de contaminación en el agua, fueron desplazadas a un predio ubicado a cinco kilómetros de distancia, en donde la minera ofreció la construcción de viviendas para cada una de las familias trasladadas.

En forma inicial cada una de las familias fue dotada de un predio, con la promesa de iniciar la construcción de una vivienda para cada una de ellas por cuenta de la minera. La construcción de las viviendas dio inicio dos días después. Pero las viviendas que fueron entregadas a cada una de las familias desplazadas fueron construidas con cartón, láminas y el mejor de los casos con tablarroca y madera de desecho. En total fueron 230 los habitantes, incluyendo mujeres y niños, los que fueron desplazados de sus viviendas, por decisión directa de la embajada de Canadá en México. (Tomado de zenzontle400)

Autoridades no tomaron en cuenta evidencia contra Laura Beristain, señalan Artículo 19, periodistas y organizaciones

en Noticias/Sociedad

El director del medio Ocurrió Aquí y beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, en adelante Mecanismo, Francisco Romero, también apodado el “Naca Ñaca” por quienes le conocían, fue asesinado en la madrugada del 16 de mayo de 2019 en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

De acuerdo con la documentación de distintas organizaciones de la sociedad civil, desde marzo del presente año Romero había sido víctima de diversas agresiones y violaciones a derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, amenazas por funcionarios públicos e integrantes de la delincuencia organizada y ataques digitales, el Mecanismo otorgó como medida de protección, un botón de asistencia y dos escoltas, quienes no se encontraban con él al momento del asesinato.

Esto se desarrolla en un contexto en el que la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas incrementan en el país. No obstante en el estado de Quintana Roo se ha identificado un patrón alarmante durante 2018 y 2019 en el que las autoridades municipales son las principales agresoras de la prensa, colocándola recientemente como una de las entidades más peligrosas para el gremio.

De los cuatro periodistas que han sido asesinados siendo beneficiarios del Mecanismo desde su creación en 2012, dos de ellos han sido del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Asimismo, en lo que va del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador tres personas con medidas de protección del Mecanismo han sido asesinadas.

Hasta el momento ni el Mecanismo ni otras instituciones encargadas de prevenir, proteger e investigar, atienden las causas estructurales de la violencia, dejando en evidencia nuevamente que la protección del Mecanismo se enfoca en la seguridad de la persona y no en crear condiciones y entornos seguros para garantizar el ejercicio de sus derechos. Frente a ataques que tienen como objetivo privar la vida a un periodista o persona defensora de derechos humanos, la sola protección física no será ni eficaz ni suficiente, como lo demuestra una vez más, el asesinato de otra persona beneficiaria del Mecanismo.

En ese sentido, Francisco Romero había hecho público un video en el que señaló directamente como responsable de lo que pudiera ocurrirle a la alcaldesa del municipio de Solidaridad, posterior a la privación ilegal de su libertad y las amenazas, sin que las autoridades locales encargadas de investigar e impartir justicia lo hubieran tomado en cuenta. Ello lo dejó en un mayor riesgo ya que como ha quedado en evidencia, la impunidad no es más que un aliciente para seguir agrediendo y violando derechos humanos.

Por ello, cualquier política pública encaminada a proteger la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas debe vincular y armonizar las obligaciones de prevención, protección, investigación, sanción y reparación del daño.

Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes:

Expresamos nuestro total repudio y condenamos el asesinato del director del medio Ocurrió Aquí, Francisco Romero.
Solicitamos al Estado que condene enérgicamente la narrativa que difama, criminaliza y revictimiza a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Además de propiciar un ambiente favorable que les permita llevar a cabo su labor libre de todo tipo de intimidación, amenazas y represalias.
Exigimos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que de manera coordinada con la Fiscalía General del estado de Quintana Roo investiguen de manera diligente e imparcial tomando en cuenta como principal línea de investigación la labor periodística de Francisco Romero. Asimismo a aplicar el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
Solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos iniciar una queja de oficio por las posibles violaciones graves a derechos humanos y la probable responsabilidad de funcionarios públicos.
Finalmente exigimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas:
Proteger a la familia del periodista y personas que colaboraban con él y que pudieran estar en riesgo.
Iniciar una investigación interna que especifique las falencias del plan de protección de Francisco Romero y la presunta responsabilidad de funcionarios públicos federales, estatales y municipales que no hayan actuado conforme a su deber de protección, conforme a los artículos 65 al 67 de la actual Ley de Protección.
Realizar una evaluación de la situación de la libertad de expresión en Quintana Roo y valorar la posibilidad de implementar un plan de contingencia para prevenir que las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Quintana Roo continúen escalando.
Elaborar una ruta crítica para la construcción de una política pública integral para prevenir. proteger, investigar, sancionar y reparar el daño de los delitos y violaciones a derechos humanos cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Para ello se deben convocar a mesas plurales de trabajo con el Congreso de la Unión, la Fiscalía General de la República, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil de todo el país.
Personas

Alberto Elenes, periodista de Tijuana; Ana Laura Pérez Mendoza, CEAPP; Alejandro Garcia Villasuso; Ángela Torres; Lozano; Alejandro Ceja, periodista; Adelaida Salas Salazar; Alberto Raúl Rivera, periodista; Alfonso Sotomayor García; Arturo Galván Salinas; Alvaro Morales Lopez; Berenice Martínez; Bibi Gutiérrez Olivar Presidenta de la Asociación de Periodistas de Tijuana; Carmen Olsen RosaritoenlaNoticia; Christyan Adolfo Estrada Castillo \ Unimedios Coahuila; César Orta; Cecilia Vargas Simón; Diana Juárez, periodista de Puebla; Daniel Leon Rivera https://bajaforo.info; Elizabeth Lezama, La Jornada de Oriente; Evelyn Guadalupe León Regalado; Fabiola González Barrera, Red de Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México; Fernanda Peñaloza Del Valle; Félix Márquez; Francisco Rábago Quezada, Director de Códice Periódico; Flora Isela Chacón, periodista de Chihuahua; Gloria Ruiz Gracia/Periodista; Guadalupe Catzín Sandoval. REDMYH; Germán Ramos González, Asociación de Periodistas de Tecate; Gerardo López adame saltillo Coahuila; Israel Velázquez G. Independiente; Jesús Humberto González Deleija; Jorge Ley / La Jornada Baja California; José Germán Pasos Tzec; Jovana Espinosa, Periodista y Activista; Juan Noé Fernández (Periodista independiente); Leonor Adriana Gómez Barreiro, Sí Contamos (Coahuila); Lourdes Loza Romero; Luis Felipe Navarro Lucas | Director: El Informante Puebla; Lidia Rira Bonilla Delgado; Maria Teresa Marin Gutierrez; Martín Hernández Alcántara; Miguel Ángel León Carmona; Martha Cázares, presidenta de la Asociación de Periodistas de Nuevo Laredo; Marisol Córdoba Antena 21 noticias; Marcelino García Contreras; Natividad Ambrocio; Noé Gea Medina .el editor de Tamaulipas; Omar Bello Pineda Asociación de Periodistas Desplazados; Pedro Canché; Raquel Osorio Gallegos Red de Periodistas Con Visión de Género de Tamaulipas; Rely Torres Miranda; Ronny Aguilar Pérez, Director de Paginabierta.mx, medio de comunicación independiente; Ramón Hurtado reportero gráfico Tijuana; René Guadalupe Martínez Bravo; Ricardo Reyes portal Zacatecas web; Rosa Maria Rodriguez Quintanilla (Periodista); Rosalía Orozco Murillo; Sandra Segura Reportera Veracruz; Samantha Páez, periodista de Puebla; Socorro Chablé/ Periodista en Yucatán; Tamara Corro Ortiz; Ubaldo Martinez Valdez; Verónica Carbajal García; Violeta Santiago, periodista veracruzana; Voces Irritilas (Comarca Lagunera); Yadira Llaven, reportera de La Jornada de Oriente.

Organizaciones

Article 19; Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio, de Sinaloa; Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” A.C.; Colectivo #YoSíSoyPeriodista de Baja California; Colectivo por la Libertad de Expresión de Guanajuato; Comunicación e Información de la Mujer A.C.; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Enfoque de igualdad A. C. (S.L.P.); EHECATL Organización para la Integración Familiar A. C.; Info Quórum; Mucei A.C.; Periodistas Desplazados de México A.C.; Propuesta Cívica A.C.; Red Nacional de Periodistas; Red Puebla de Periodistas; Red Veracruzana de Periodistas; Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas en Altamirario; Oasis de San Juan de Dios A.C.; Voces Irritilas (Comarca Lagunera); Voces Irritilas AC (Periodistas de la Laguna de Coahuila y Durango).

Espacio OSC

Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comité Cerezo México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(Conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio. Si

OBSERVATORIO: Capella, el sastre del traje invisible, al igual que el famoso cuento, al Gobernador lo engañan

en Noticias/Opinión (Personaje)/Sociedad

Por Abraham Gorostieta

El escritor inglés Hans Christian Andersen en 1837 escribió un cuento que acrecentó su fama como narrador. Se trata de dos charlatanes que acuden con el Rey y se hacen pasar por sastres. Afirman ser los mejores tejedores y que trabajan las mejores telas de las que hacen los mejores vestidos que ojos humanos pudieran haber visto.
El Rey entusiasmado, ávido de lucimiento personal, les encarga un traje para presentarse ante su corte y plebellos en la próxima fiesta del reino. Los sastres le dicen que harán todo lo posible, tejerán un traje maravilloso, con hilos de oro y todo. A cambio pidieron bolsas llenas de oro y muchas joyas, pero advirtieron que al finalizar el traje, solo “era posible verlo por aquellas personas que realmente fueran hijos de quienes todos creían que era su padre”.

Así llegó la fiesta y el vestido del Rey estuvo terminado. Cuando el rey fue a probárselo no conseguía ver el traje, pero no dijo nada. Se desnudó e hizo como si se probase el vestido alabando la delicadeza y belleza del mismo. Los cortesanos que acompañaban al rey -sabiendo la advertencia de los sastres- se deshicieron en alabanzas a el vestido.
Llegado el día de la fiesta, el rey se vistió con el supuesto vestido y montado en su caballo salió en procesión por las calles de la villa. La gente también conocía de la rara advertencia que tenía el vestido, por lo tanto callaba y veía pasar a su Rey, hasta que un niño, dijo en voz alta y clara “el Rey va desnudo”.

Las conciencias de todos aquellos que presenciaban el desfile despertaron, primero con murmullos y luego a voz en grito todos empezaron a chismorrear “el rey va desnudo”, … “el rey va desnudo”; los cortesanos del rey y el mismo rey se dieron pronto cuenta del engaño y es que realmente el rey iba desnudo. Para entonces el par de charlatanes ya estaban muy lejos del reino y se habían llevado todo el oro del Rey.

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El cuento viene a presentarse en la realidad de Quintana Roo como calca. La llegada de Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública del estado no ha sido eficiente, sino lo contrario.
Desde noviembre a la fecha, los niveles de inseguridad se han disparado en Quintana Roo. Fecha en la que Alberto Capella tomó el control de la Seguridad en el Estado. Lo que nunca se vió o resultaban casos aislados en nuestra sociedad se volvieron noticias de todos los días: Ejecuciones a plena luz del día o en las noches. Secuestros a estudiantes, empresarios, familiares. Extorsiones telefónicas. Levantones, masacres.

En el poco tiempo en el que lleva al frente de la SSP de Quintana Roo, ha igualado el número de muertes que en toda la administración de Remberto Estrada, exedil de Cancún. Así lo reporta el Ejecutometro del diario Reforma, de noviembre a hasta el final del mes de abril 465 ejecutados en el estado de Quintana Roo. La administración de Remberto Estrada, la cual terminó en 2018 con 400 ejecuciones. Tan solo en 2019 en Cancún hay hasta la fecha 200 ejecuciones.
Ante las cifras de la dolorosa realidad en las que se ha sumergido el estado, el secretario de Seguridad Pública sigue con esa actitud de que no pasa nada en la entidad, “las ejecuciones no se dan en el día”, ha declarado en distintos medios.

No solo eso, aprovechando los vacíos legales que hay en materia de redes sociales, Alberto Capella ha creado una serie de “páginas” para que hablen bien de él y de su “trabajo”, así, usted lector cada vez que abre su Facebook se puede encontrar con videos publicitarios de Alberto Capella, diciendo que en Quintana Roo no pasa nada. Páginas como Entérate Mx, cuyo contenido solo es publicitario a favor de Alberto Capella, o Yucatán Al Momento, creada con el único fin de promover al secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo. Como esas, la lista de páginas creadas es grande y en la torpeza de sus asesores en imagen, las huellas digitales en redes sociales están a la vista de todos de quien quiera verlas.
Recientemente Alberto Capella se ha encapricahdo con tener el control de la Seguridad en Quintana Roo, en todo Quintana Roo. ¿Podrá? Al parecer el gobernador está dispuesto a correr el riesgo y otorgarle más poder a Capella. El gobernador no esta oyendo las advertencias que varias personas le han hecho.

A la llegada de Capella a Quintana Roo, en esta misma columna se advirtió sobre la mala fama que traía el llamado “rambo tijuanense”. Pero no solo los focos rojos se han prendido en la prensa.
Fue en diciembre pasado, durante la reunión de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos se acerco a Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, y después de un breve saludo, el astro futbolista convertido en político le advirtió: “Alberto Capella Ibarra, es una mala persona e ineficiente, cuando estuvo como Comisionado de Seguridad, fue él el que desestabilizó Morelos; es una persona mala, es una persona que hizo un desastre aquí en Morelos, lo bañó de sangre, es una persona muy corrupta”, le expresó al gobernador de Quintana Roo.

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El Gobierno de Morelos, encabezado por Cuauhtémoc Blanco presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de Fiscalización en contra del excomisionado Estatal de Seguridad, Jesús Alberto Capella Ibarra, por el delito de irregularidades en el manejo, administración, aplicación y desvío de los recursos federales de los Programas de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
Según la denuncia del gobernador de Morelos, se trata de presuntos desvíos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018 relacionados con la impartición de cursos de capacitación, adiestramiento y certificación para los elementos de las diversas instituciones de seguridad, así como la adquisición de material para la actividad.

Según la denuncia, durante el gobierno de Graco Ramírez, el entonces titular de la policía, Jesús Alberto Capella Ibarra, desvío de más de 32 millones de pesos de recursos federales provenientes del llamado Fortaseg, cuyo maejo del dinero era solo de su total responsabilidad directa.
En distintos medios de comunicación, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco aseguró tener todos los elementos probatorios de los fraudes y desvíos cometidos por el jefe policíaco y el proceso de la denuncia va.

La denuncia del gobernador de Morelos también involucra a Fernando Aldape Salas, quien fue director de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad de Morelos, y Juan Carlos Peniche Payen, que era el coordinador de Desarrollo y Vinculación, ambos personajes han encontrado refugio bajo las alas de Capella.
Durante su gestión al frente de la Seguridad en Morelos, Alberto Capella impuso el Mando Único a los municipios de la entidad y a pesar del maquillaje a las víctimas el modelo fue incapaz de enfrentar los altos índices de inseguridad en la entidad.

***

Al gobernador Carlos Joaquín le están mintiendo y le han confeccionado un traje que no es a su medida. Las cifras, maquilladas por campañas publicitarias en las redes sociales no ocultan la verdad: La ineficacia del sastre que vino con soluciones mágicas es evidente.
Basta que el gobernador vea, platiqué con los diputados que llamaron a cuentas a Capella Ibarra, así, sin pasiones, sin luchas políticas, les pregunte ¿cómo fueron las respuestas de su secretario de Seguridad? Ahí encontrará la óptica que busca, la que necesita ver.

Recientemente una encuesta telefónica inunda los hogares de Quintana Roo. Se mide la popularidad del gobernador: ¿Cuál es el problema que más afecta Quintana Roo?, preguntan y dan una serie de opciones: 1. Inseguridad, 2. Corrupción, 3. Educación, 4 Empleos… La respuesta que va ganando es la Uno. También preguntan: ¿Quién es responsable del nivel de inseguridad en el estado? La respuesta, según fuentes consultadas por este columnista, marca como único responsable a Carlos Joaquín. Hay una pregunta que evidencia más el alto nivel de desaprobación en la gestión del gobernador y la mala percepción que tienen los quintanarroenses de su gobierno: “Si usted fuera a salir de casa, y el gobernador fuera su vecino. ¿Le dejaría las llaves de su casa?”. Ante esta pregunta, ¿usted qué respondería querido lector?

“Dona un libro”, Campaña Nacional de Fomento a la Lectura

en Cultura/Noticias/Sociedad

#IEEAQROO te invita a la “Campaña de donación de libros 2019” que se realizará del 23 de abril al 3 de mayo.
Puedes donar libros en Dirección General (Av. Independencia #294) Chetumal.

En las Coordinaciones de Zona y Plazas Comunitarias en todo el estado.

Esta campaña ayudará a fortalecer nuestro programa de fomento a la lectura y también para disminuir el rezago educativo.

Estos días se realizará el acopio de libros donados, para que una vez terminada la campaña puedan ser utilizados.
PARTICIPA!!

Te recomendamos participes con temas de Literatura universal; Cuentos cortos; Revistas de divulgación científica y literaria o Superación personal.

#COMPARTE

“Todo sobre el SATQ”: Zetina

en Noticias

El Director Estatal de Auditoria Fiscal, Jaime Zetina, le concedió una entrevista al periodista Pedro Canché, durante la cual hablaron de las recaudaciones fiscales y más.
Jaime Zetina, habló sobre la colaboración de la Federación con el Gobierno del Estado, antes del 1 de abril, que es cuando nace este organismo, siempre había tenido estas facultades.
Mencionó que anteriormente, eran tres dependencias que estaban dentro de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la primera era manejada a través de la Subsecretaría de Ingresos, en la cual Zetina estuvo, la segunda es la Dirección de Auditoría Estatal, la cual, actualmente está dirigiendo.

Asimismo dijo, que existían 11 recaudadoras de renta, una por cada municipio, y las cuales no dependían de la Subsecretaría de Ingresos; pero dentro de la Procuraduría Fiscal, existía un área contenciosa, que se encargaba de atender las demandas de los contribuyentes, por ejemplo: si un contribuyente presentaba una denuncia la Procuraduría Fiscal se encargaba del proceso legal.
La recaudación antes era realizada a través de recaudadoras y de la Dirección de la Auditoría Fiscal.
Con el paso de los años se han sufrido cambios, y se llegó a lo que hoy se conoce como el SATQ, cabe mencionar que existían cuatro estados de la República, que llevaban un organismo similar, es el caso de Yucatán, Campeche, Coahuila y Sinaloa, y nosotros que nos ubicábamos en el quinto o sexto estado, que generábamos y creábamos este organismo, comentó el Director Estatal de Auditoría Fiscal.

En Quintana Roo nuestro organismo de recaudación se llama SATQ (Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo), para poder manejar estas siglas, fue necesario solicitar un permiso a la Federación, el cual fue otorgado, somos el único estado que manejamos las siglas del SAT (Sistema de Administración Tributaria).
En Yucatán su organismo de recaudación se llama AAFY (Agencia de Administración Fiscal de Yucatán).
Con la creación del SATQ, se unieron todas las recaudadoras del estado, es decir, se unieron las áreas de Auditoría Fiscal y la Contenciosa de la Procuraduría Fiscal.
Ahora las 11 recaudadoras, reportan a un solo director de recaudación, asimismo, se abrieron 6 direcciones en todo el estado, las cuales son: Recaudación, Auditoría, Administración, Informática, Jurídica y Atención al contribuyente.

Contamos con aproximadamente cerca de 150 mil contribuyentes, entre personas físicas y morales.
Se tienen contribuyentes que pagan un impuesto específico, a que se refiere, un ejemplo sería: Que de 150 a 158 mil contribuyentes pagan sus impuestos, pero en tenencias tenemos dados de alta un total de 400 mil vehículos, tenemos una diferencia a simple vista, lo que pasa, es que algunas personas solo tienen un auto, y únicamente pagan su resello, esto cuenta como un contribuyente.
Asimismo, Jaime Zetina expresó, que como no existe una cultura para realizar los pagos de impuestos, existen personas que no realizan sus contribuciones correspondientes, pero es más el alto porcentaje de quienes si cumplen con sus declaraciones.
Hay multas si no se cumple con las declaraciones, las cuales están tasadas en número de UMA´s, que es la unidad de medición que utiliza la Secretaría de Hacienda y en base a eso se tabula la multa.

Estas multas son aplicadas si los contribuyentes no realizan su declaración, las cuales se aplican en dos casos específicos, el primero, es sino cumple en tiempo y forma con su declaración y el segundo, es si dejaste de hacer tus declaraciones.
La Dirección Estatal de Auditoría Fisca, se centra en ver impuestos estatales y son: el impuesto sobre hospedaje y el impuesto de nómina
El SATQ calcula el impuesto de nómina de la siguiente manera, el importe total de tu salario mensual por el 3%; y en el caso del impuesto de hospedaje se calcula en base en lo total recaudado del servicio de hospedaje mensual por el 3%, así lo mencionó Zetina.
La recaudación mensual que estamos teniendo actualmente en la dependencia, solo de los impuestos estatales, son aproximadamente de unos 100 millones de pesos de cada impuesto, del impuesto de hospedaje y del impuesto de nómina.

También se manejan otros impuestos como los de extracción, libre ejercicio de profesión, aparte el de la Federación, que consiste en recaudar el IVA, el Impuesto Sobre la Renta (ISR); estos a través del convenio que existe de colaboración firmados entre el Estado y la Federación; y cada mes se realiza una conciliación entre la Federación y el Estado para verificar lo recaudado, y se realiza una participación.
La participación se obtiene a través de una fórmula nacional, en la que entran tres variables: 1. Extracción de tierra, 2. Número de habitantes en el estado y 3. Volumen recaudado; en esta fórmula se tiene un 100% de todo el país, y en base a lo recaudado que se tenga, la Federación otorga un porcentaje de participación.
El Director Estatal de Auditoría Fiscal, mencionó que esta participación es aterrizada en un Fideicomiso, el cual primero ejecuta los pagos de las deudas que el estado pueda tener, y lo sobrante llega al departamento de Tesorería.
Recordemos que tenemos deudas heredadas, la más conocida es del ex gobernador Borges, el cual nos dejó una deuda de casi $180,500 millones de pesos, y la cual entre en los pagos que realiza el Fideicomiso.

Cabe mencionar que en Quintana Roo se tienen proyecciones de inversiones, pero también se tienen muchas deudas, es que los avances que se puedan tener, no son notorios.
Consideró que el trabajo que está desempeñando el gobernador Carlos Joaquín es muy loable, porque recibió un gobierno con deudas heredadas, y que está trabajando con lo que tiene, para no seguir endeudando al estado de Quintana Roo.
A pesar que en estos dos años, en que las incidencias delictivas crecieron, o que el sargazo ha cubierto las playas, y aun con los bajos ingresos que se han producido, se sigue trabajando en favor de la ciudadanía.

El SATQ se creó en base a las necesidades de los ciudadanos, el gobernador pidió una forma de poder centralizar todo en un organismo.
Considera que este organismo, pueda ser la punta de lanza para la solidificación para un puesto de funcionario público, porque es un área muy específica.
Dijo que en este momento, está concentrado trabajando para Cancún, y se siente muy agradecido con el gobernador Joaquín, asimismo dijo, que se está trabajando con transparencia.
Opinó de los nuevos candidatos que a estos no se les debería vincular con los compadrazgos que tuvieron en el pasado, porque tienen derecho a buscar una diputación estatal.
AMLO habla de una libertad de expresión, y considera que no hay que perder el respeto, ni perder la forma en que nos expresamos de los servidores públicos, mencionó Zetina.

Zetina, considera que tiene muy buena relación con todos los gobernantes de los diferentes estados.
El gobernador Carlos Joaquín, les ha hecho ver que todos los que trabajan en una dependencia del gobierno, son servidores públicos y les ha instruido en cómo deben tratar a la ciudadanía.

6 historias de impunidad contra periodistas

en Nacional/Noticias/Reportajes/Sociedad

La Organización Civil Internacional Artículo 19, presentó este lunes el informe especial “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”, que dicho en otras palabras son los pasos a seguir para evitar la impunidad que caracteriza a las Fiscalías Estables como primeros respondientes.
El periodista Leopoldo Maldonado fue quién hizo la presentación de los casos recientes, historias de las víctimas del asesinato de Periodistas y activistas sociales en México, donde la impunidad y corrupción prevalecen sobre la justicia.

Jorge Sánchez hijo del periodista asesinado en Veracruz, José Sánchez, señala que en México no hay interés por resolver los casos de asesinatos de periodistas.
Incompetencia o complicidad son el reflejo de que en México no les interesa esclarecer estos crímenes lo que engrandece la impunidad y corrupción en las instancias procuradoras de justicia.
Mi padre fue asesinado presuntamente por Omar Cruz Reyes, el alcalde de Medellín de Bravo en Veracruz un 2 de enero, cuando un comando armado de seis sujetos entraron al domicilio, lo sustrajeron y después lo asesinaron.
Varios de estos homicidas materiales están identificados con el entonces presidente municipal de este lugar, uno de ellos detenidos de nombre Noe N y un policía municipal quién facilitó la huida de los asesinos.

Omar Cruz Reyes autor intelectual del artero asesinato del periodista Jorge Sánchez se encuentra prófugo, mientras la Fiscalía General de Veracruz no hace nada para detenerlo, denunció.
La autoridad no está para garantizar justicia sino para sembrar pruebas que garanticen la impunidad, la incompetencia y la corrupción.
El hijo del periodista asesinado hace ya cuatro años, pidió al presidente López Obrador descarte el perdón para los asesinos de su padre y lo cambie por justicia.
Rubén Espinosa Becerreril, fotógrafo y periodista asesinado el 31 de julio de 2015, su hermana con ayuda de Articulo 19 han estado solicitando justicia, ya que su hermano recibió amenazas, agresiones, secuestros en Veracruz y la muerte e impunidad lo alcanzaron en la ciudad de México junto a otras tres personas.
Señaló que hasta ahora todos los integrantes de la Fiscalía General de la Ciudad de México incluido el titular del Ejecutivo han progresado, han subido de puesto, garantizaron justicia y no cumplieron, por lo que la impunidad y la corrupción,
Desde el 31 de julio de 2015 que fue asesinado con cuatro mujeres, la Fiscalía General de la ciudad de México dejó de ser garantía para el refugio de periodistas y defensores de los derechos humanos.

Sufrió varas caras de la impunidad, ya que en vida fue perseguido, agredido, torturado, goleado, tanto por policías de Xalapa Veracruz, como por otros de la ministerial vestidos de civil, al grado que tuvo que refugiarse en la ciudad de México, donde fue asesinado junto con otras cuatro personas, damas.
Las autoridades de la Ciudad de México no ha investigado el origen del asesinato es decir la actividad periodística de Rubén Espinosa y las amenazas que en vida recibió y por lo contrario se encargaron de ensuciar la imagen de éste y las mujeres asesinadas en el multi homicidio de la colonia Narvarte aduciendo un supuesto robo, narcotráfico y prostitución, hipótesis sin ninguna prueba que las sustente.
Exigen, dijo Patricia Espinosa, una reparación integral que sancione a los servidores públicos que por omisión, incompetencia o corrupción se encargaron de frenar las investigaciones, de ensuciar la imagen e Rubén y las personas asesinadas y finalmente justicia. En síntesis una reparación integral que abata la impunidad.
Hasta ahora en ambos homicidios ya hay al menos uno o dos detenidos como actores materiales y la autoridad da por hecho que se hizo justicia, sin embargo no investigan quién o quiénes son los actores intelectuales de dichos asesinatos y el móvil que los llevó a ello, ya que hay impunidad y corrupción, dijo Leopoldo Maldonado

Pedro Canché, víctima de los berrinches del presidiario Roberto Borge
Pedro Canché Herrera, periodista de la Zona Maya señaló que pese a que se ha creado una instancia especializada en la Fiscalía General de la República para la protección a periodistas, no existe una certeza y garantía para ejercer con libertad el periodismo.
Todos los días en México se despierta con la idea de ¿Quién será el próximo periodista o activista de los derechos humanos asesinado?
Periodista maya que fue encarcelado en 2014 por defender el derecho al agua como constitucionalmente se establece en Carrillo Puerto y por capricho del gobernante Roberto Borge Angulo, hoy señala que México sigue sin ofrecer verdadera justicia a las víctimas de los periodistas asesinados, pues nunca se investiga a los autores intelectuales, a los verdaderos responsables de estas muertes.
Si para un periodista que logró librar la represión le es difícil conseguir justicia en México, mucho más para los 130 periodistas asesinados en los últimos 6 años que no van a poder nunca vencer la impunidad y corrupción que existe en el país.
Arturo Záldivar Presidente de la Suprema Corte de Justicia ha destituido por lo menos a tres magistrados de Campeche y Veracruz por asuntos de corrupción, pero no es suficiente ya que consideró que hay una “secta” entre los jueces para proteger a los victimarios de los periodistas asesinados y de los que son atacados o reprimidos en su libertad de expresión.
Esta secta entre los jueces permite que los ataques a los periodistas a la libertad de expresión continúe. No hay ningún funcionario público encerrado por estas acciones.
En su caso, agregó Pedro Canché, el ex gobernador Roberto Borge, quien lo encarceló, no hay ningún expediente, ninguna coma sobre los motivos reales que lo llevaron a atentar contra su libertad y el ejercicio periodístico que realizaba en 2014 y ante ello la Fiscalía Especializada también se colude con ellos, pues no “encontraron” elementos para probar que el ex mandatario lo haya mandado a encarcelar.

Viví amenazas, tortura psicológica y demás violencia cuando estuve en la cárcel, la intención era doblegarme, al final quedan secuelas, se genera psicosis, todo es miedo. Al salir de la cárcel dos mantas aparecieron que me iban a ejecutar y todo esto afecta, psicológicamente afecta, ya no duermes tranquilo, aseguró Pedro Canché.
Su estancia en la cárcel obedeció a una venganza ejercida por el hoy presidiario Roberto Borge Angulo
Se requiere una pronta respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se investigue y se haga justicia en todos los casos de agresiones a periodistas y más aún a los asesinados, ya que no es posible que le responda más rápido a la mamá del Chapo Guzmán que a la viuda de un periodista, Javier Váldez, que en la conferencia mañanera le entregó una carta pidiendo justicia.
El presidente de México no puede estar más a la orden de los poderosos; tiene que priorizar, si es más importante la vida de un narcotraficante que la vida de un periodista y más aún la impartición de la justicia en cada uno de los 130 asesinatos de los periodistas, aseguró Pedro Canché.
“Cuando un periodista es amenazado o se violenta su libertad de expresión, lo que menos se debe hacer esa bajar la guardia, ya que dejar esta profesión por esta causa es abonar a la impunidad” dijo.

Caso de Alejandra Rodríguez, acusada de anarquismo
Alejandra Rodríguez detenida el 1 de diciembre de 2013, indicó que aun cuando fue sometida de manera brutal, subida a una patrulla y ante la juez no se presentan los policías a testificar, sale libre por falta de elementos y aun cuando está agresión física deja secuelas emocionales, el Estado se fue contra ella con una campaña de desprestigio utilizando a otros medios de comunicación afines y a su servicio, que criminalizan las protestas sociales.
Miembro de la Red Rompe el Miedo, aseguró que cuando fue detenida estaba estudiando y al mismo tiempo escribía ya en un medio de comunicación, pero el argumento de la Fiscalía General de la Ciudad de México es que nunca se identificó como prensa, como periodista, argumento por más infantil en un país donde supuestamente se se respetan las libertades.
Dijo que a cinco años de su agresión el caso sigue estancado en la Fiscalía General ya que no hay castigo para los servidores públicos involucrados y mucho menos para los actores intelectuales de su detención.
Justicia, la verdad y la reparación del daño es lo que exige a las autoridades que hasta el momento no terminan las investigaciones de su caso.

Caso Aldo Sotelo
Agredido en protestas sociales, al documentar los hechos 14 de diciembre de 2013 vivió una detención arbitraria que le cambió la vida.
Video reportero para revista internacional, se disponía a cenar con su pareja, pero esa noche había un bloqueo de policías de la ciudad de México en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, por lo baja su cámara y empieza a documentar la manifestación que ahí ocurría.
Acompañado de su novia descienden de su vehículo y se adentran hacia el Zócalo donde los policías tenían cerrado el acceso a la plancha de Zócalo donde se manifestaban un grupo de al menos 15 personas.
Los policías obligaron a los manifestantes a desalojar el Zócalo y sobre la calle Madero eran obligados a salir.
Aldo, documentaba todo con su videocámara y cuando los policías se dan cuenta que eran grabados lo someten y empiezan a golpear, hasta que ciudadanos lo rescatan impidiendo su detención.
Al igual como sus antecesores que expusieron sus vivencias en Artículo 19, su caso sigue en la Fiscalía General de la Ciudad de México sin avance alguno.
La impunidad y la corrupción en la cadena de mando de la policía de la ciudad de México continua imponiéndose a la libre manifestación y peor aún al ejercicio de la libertad de expresión.
“Nosotros los periodistas somos los ojos y oídos de la sociedad que necesita ser escuchada y al mismo tiempo escuchar todas esas voces que están en las calles y es por eso que la labor periodística debe ser más cuidada en este contexto del país que hoy estamos viviendo”, aseguró.

El caso de Sin Embargo
Es quizá el menos complicado de todos los expuestos en este informe del “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”, pero no por ello deja de ser un elemento más de prueba de las agresiones a periodistas y a medios de comunicación en este México violento.
Alejandro Páez, director de Sin Embargo indicó que Adrián Ruvalcaba, de la delegación Cuahimalpa, mandó a agredirlos, primero con un correo electrónico para que bajaran la fotografía de una publicación que lo vinculaba con la delincuencia y posteriormente, con uno de sus colaboradores que físicamente ingresó a las oficinas para agredir a las reporteras y demás personal de la redacción de este portal.
Pero el ataque siguió a través del Facebook utilizando a la actriz Belinda, en donde ella replicaba unas fotografías del director de Sin Embargo con información de violador de niños y las vincularon todas con la revista causando un enorme daño a la imagen del medio. Al cuestionar a esta actriz dijo simplemente que le jaquearon su cuenta y así se quedó el asunto.
En la denuncia hecha contra Adrián Ruvalcaba el juez autoriza que lo video-graben así como a sus colaboradores y Sin Embargo descubre que usaban la misma mecánica de ataques a otros medios de comunicación y periodistas como Carmen Aristegui y la Revista Proceso, que eran orquestados por su equipo de comunicación social y por el de seguridad de este funcionario emanado del PRI.
Hasta la fecha no hay avances en la Fiscalía Especializada, el expediente sigue “inmóvil” y los culpables como si nada, en este México de complicidades y corrupción, en un país sin una verdadera protección al ejercicio periodístico, aseguró Alejandro Páez.

ARTICLE 19 presenta su informe especial “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”,
En este informe se realiza un análisis cualitativo de 6 casos representativos de la violencia contra periodistas en México, que va desde agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hostigamiento y amenazas, hasta la fabricación de delito y proceso penal, tortura, desaparición y homicidio u ejecución; los cuales además, comparten un patrón de impunidad.
México continúa enfrentando un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y niveles críticos de violencia en donde se encuentra desdibujada la frontera entre autoridades y grupos criminales y de índices de impunidad casi absolutos. En los últimos 13 años, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ARTICLE 19 ha observado como una constante los homicidios o ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de tortura, detenciones arbitrarias, fabricación de culpables, represión en protestas, etcétera.
En este escenario, la libertad de expresión y el periodismo en México se han convertido en un frente de resistencia, atacado entre diversos fuegos, ya sea políticos, económicos, criminales o gubernamentales, por lo que las y los periodistas cada día ejercen su labor sin garantías y con un alto riesgo.
Desde el año 2000 hasta la fecha de la publicación de este informe especial, 123 periodistas han sido asesinados en el país: 48 en el sexenio de Felipe Calderón y 47 en el de Enrique Peña Nieto.

A casi 90 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, se ha incrementado en forma alarmante: 3 periodistas han sido asesinados en relación con su labor. Asimismo, desde el año 2003 hasta la fecha, 24 periodistas continúan desaparecidos.
El Estado mexicano ha incumplido sus obligaciones, no sólo de prevención y protección para la labor periodística, sino también en procuración e impartición de justicia. Las investigaciones carecen de eficiencia, exhaustividad e imparcialidad; pero además las Fiscalías o Procuradurías se encargan en un primer momento de desacreditar u omitir la labor periodística de la víctima, criminalizarla o estigmatizarla, y en ocasiones, filtrar información contenida en los expedientes de manera tendenciosa y revictimizante.
Es en las investigaciones ministeriales donde se encuentran los primeros grandes obstáculos para llegar a la justicia y verdad, donde se omiten diligencias importantes y no se tiene como prioridad la línea de investigación relacionada con la actividad periodística de las víctimas, descartándola a priori y generando una narrativa estigmatizante que afirma motivos personales (amorosos, problemas con vecinos, drogas, etc.) en los delitos cometidos, asumiendo con ello “verdades históricas”.
Es desde ese momento en que se va alejando el acceso a la justicia y la verdad para las víctimas, y al partir de estos vicios de origen, en las instancias de impartición de justicia no se arriban a sanciones para personas responsables, mucho menos para quienes fungieran como autores mediatos o intelectuales en los delitos.
Tan sólo en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contras la Libertad de Expresión (FEADLE), de acuerdo con sus propios informes, de 2010 a diciembre de 2018 se iniciaron 1,140 investigaciones, de las cuales ha consignado un total de 163, respecto al anterior sistema penal inquisitivo. En cuanto al sistema acusatorio, que entró en vigor en 2016, ha judicializado un total de 23 carpetas de investigación.

Es decir, un total de 186 acusaciones han sido conocidas por jueces penales, lo cual representa que sólo el 16.3% de las denuncias recibidas por la FEADLE han sido consignadas o judicializadas. Sumado a ello, del total de investigaciones iniciadas, se han obtenido 10 sentencias condenatorias, lo que representa que en sólo 0.87% de las investigaciones se arribó a una sentencia contra algún responsable de los delitos. Esto se traduce en un 99.13% de impunidad en delitos contra la libertad de expresión, sólo a nivel federal.
Respecto a los homicidios contra periodistas, la FEADLE reporta un registro total de 89 casos de 2010 a 2018, de los cuales en 44 no encontró relación con la labor periodística de la víctima, y en 45 sí la encontró. De estos 45 casos, 31 continúan en trámite y sólo se han consignado o judicializado 4 (8.8%). Sin embargo, a reserva de saber las razones puntuales por las que en 44 casos no encontró relación con el ejercicio periodístico,y si están plenamente justificadas y acreditadas, del total de 89 homicidios registrados en ese periodo, habría una efectividad de 4.4% en la consignación de investigaciones por este delito.

Otro de los aspectos preocupantes es el ejercicio sumamente arbitrario y poco claro de la facultad de atracción. Al respecto, la FEADLE sólo ha ejercido esta facultad en 57 casos de mayo 2013 a diciembre 2018, lo cual comparado con el total de las 735 investigaciones que inició durante ese periodo, representa un 7.7%.
En el informe especial damos cuenta de esta situación a través del análisis cualitativo de 6 casos de periodistas que han sido víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos, los cuales han sido acompañados y representados por ARTICLE 19 en los últimos cinco años:

1. Moisés Sánchez, periodista sustraído de su domicilio el 2 de enero de 2015 y posteriormente asesinado, en Medellín, Veracruz, quien conjugaba su labor informativa con un activismo social en favor de su comunidad.
2. Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado el 31 de julio de 2015 en la Ciudad de México, quien semanas antes se desplazó del estado de Veracruz por actos de hostigamiento y amenazas en su contra.
3. Pedro Canché, periodista detenido el 30 de agosto de 2014 y encarcelado arbitrariamente durante 9 meses en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, fabricándole el delito de sabotaje, sólo por cubrir una protesta social.
4. Alejandra Rodríguez, periodista víctima de agresiones físicas y sexuales, detenida arbitrariamente por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, el 1° de diciembre de 2013 durante una protesta social en la Ciudad de México.
5. Aldo Sotelo, periodista víctima de agresiones físicas el 14 de diciembre de 2013 en la Ciudad de México, por parte de elementos policiales capitalinos, quienes además lo obligaron a entregar su material fotográfico donde había de documentado sus actos arbitrarios e ilegales.
6. Sinembargo.mx, portal web de noticias, que en 2014 fue atacado y sacado de línea, además de amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio en contra de sus colaboradores.
Además, en el informe especial enumeramos una serie de recomendaciones a diversas autoridades como la FEADLE, fiscalías y procuradurías estatales, así como a comisiones de derechos humanos.
Por otro lado se emiten recomendaciones a los distintos poderes y niveles de gobierno (Poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto federal como estatales), para que cada uno en el ámbito de las funciones que desempeñan, lleven a cabo acciones que contribuyan a revertir la situación de impunidad que impera en México.
Para ARTICLE 19 resulta apremiante, entre otras cuestiones, que las autoridades se abstengan de estigmatizar y descalificar a las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos así como no omitir su labor periodística.

En este sentido, la línea de investigación relacionada con el periodismo debe ser prioritaria; se debe realizar análisis de contexto sobre la actividad periodística de las víctimas, que conduzca a indicios o datos de prueba para esclarecer los hechos; investigar y juzgar con perspectiva de género e interculturalidad; tratar con respeto y dignidad a las personas víctimas; realizar planes de investigación que brinden una debida conducción y orden en los expedientes.
En este sentido, ARTICLE 19 conmina a las autoridades ministeriales, a nivel federal y estatal, a observar y cumplir con lo establecido en el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
De igual forma, todas las autoridades deben atender los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión, aplicando o interpretando todo acto o norma que resulte más favorable a las personas.

ARTICLE 19 considera de suma importancia que en la construcción actual dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), se establezcan todos aquellos cambios estructurales que resultan totalmente necesarios, comenzando por garantizar su plena autonomía; capacitar al personal en materia de derechos humanos, en técnicas de investigación, relación y trato con personas víctimas, así como aplicar una perspectiva psicosocial, entre otras diversas. Esta organización observa una oportunidad importante en las próximas semanas para emprender este tipo de cambios con el establecimiento de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos que formará parte de la FGR.
Resulta apremiante que todas las autoridades cumplan sus obligaciones en materia de libertad de expresión, prevención y protección para el ejercicio periodístico, y abatir la ominosa impunidad que impera en este tipo de delitos, debiendo demostrar total capacidad y voluntad para revertir esta situación de violencia contra la prensa, y que finalmente las y los periodistas desempeñen su labor con plena libertad y seguridad, lo cual hablará de un verdadero sistema democrático en México

Ganacias de Miguel Quintana y Constance Madrazo en bancos de Malta

en Noticias/Política/Sociedad

La Revista semanal Proceso puso el dedo en la yaga al poner al descubierto que en el paraíso fiscal de Malta están los dineros de diversos empresarios mexicanos, entre los que sobre salen el empresario quintanarroense Miguel Quintana Pali, presidente de Grupo Experiencias Xcaret, y sus socios en ese emporio de parques turísticos en la Rivera Maya, Carlos, Óscar y Marcos Constandse Madrazo.

El gobierno mexicano a través de una investigación fiscal logró detectar que hay 62 empresarios mexicanos y los quintanarroensesa aparecen como accionistas de la empresa Deansfield Company Limited, incorporada en diciembre de 2000.

Deansfield Company Limited forma parte del portfolio de empresas de Grupo Barceló, un gigante del sector hotelero de origen español. En sus informes anuales, la sociedad aparece como “durmiente”.

Tanto Quintana Pali como los Constandse Madrazo no sólo encabezan un emporio comercial en la Rivera Maya: también gozan de vínculos con los niveles más altos de la política nacional.

El primero, por ejemplo, es cuñado de José Ángel Gurría, secretario de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores en el gobierno de Ernesto Zedillo, y desde 2006 secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), uno de los órganos internacionales que pretende regular y poner orden en el uso de las jurisdicciones offshore.

Carlos, Óscar y Marcos Constandse, por su parte, son primos del frustrado candidato presidencial y expresidente del PRI, Roberto Madrazo Pintado, quien también fue gobernador de Tabasco.

La isla de Malta, ubicada en el Mediterráneo, presenta ventajas innegables para las personas más adineradas del planeta: el pequeño país, de 430 mil habitantes, forma parte de la Unión Europea –la presidió en el último año–, el mercado más importante del mundo, y ofrece tasas de recaudación mínimas para los extranjeros y las compañías que perciben sus ingresos fuera de la isla, cita la Revista Proceso.

Esto no es todo: en Malta, los secretos de los poderosos están bien guardados. Como otras jurisdicciones secretas, su registro del comercio no está accesible al público. Es, además, una de las pocas jurisdicciones offshore con las que México no ha firmado un Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria.

Por lo menos 62 ciudadanos mexicanos –magnates, empresarios, personajes vinculados con políticos e incluso futbolistas de renombre que juegan en Europa– eligieron el paraíso fiscal para operar sociedades, de acuerdo con registros de Malta obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y 97 medios aliados, entre ellos Proceso.

Entre ellos destaca el expresidente de tiendas Coppel, Enrique Coppel Luken, quien compró todas las acciones de Yachting Solution Malta Limited, incorporada en Malta, el 6 de junio de 2012. El domicilio de la sociedad coincide con una sede del despacho Ganado Advocates, que provee “una amplia gama de servicios navieros y corporativos”, entre ellos el registro de barcos con bandera de Malta, de acuerdo con su sitio de internet.

Las autoridades maltesas diseñaron una legislación tributaria particularmente favorable a los dueños de yates: además de ofrecer bajos costos para el registro de naves, exenta de impuestos a sus dueños, no restringe la nacionalidad de la tripulación y no interfiere en la venta o renta de los barcos, entre muchas otras ventajas.

El 30 de septiembre de 2014, Coppel incorporó una segunda entidad en el paraíso fiscal, llamada Magtor Limited. Para ello, obtuvo el apoyo del financiero alemán Martin Marschner, residente en el paraíso fiscal de Mónaco.

Surgido en Culiacán, Sinaloa, Coppel es ahora uno de los principales grupos empresariales del país, con actividades no sólo de tienda departamental, sino crediticias y de administración de fondos de pensiones, y tiene presencia en Argentina y Brasil.

En 2014, el Índice de Multimillonarios Bloomberg ubicó a Enrique Coppel como uno de los 10 hombres más ricos de México, con una fortuna evaluada a cuatro mil 300 millones de dólares.

En el ámbito político diplomático está el caso del hijo de Juan José Bremer, exembajador de México en Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, Alemania y Cuba. El nombre de Juan Cristóbal Bremer Villaseñor aparece en Malta como uno de los –numerosos– accionistas de la compañía Rasa Land Investors plc., la cual invirtió en varias compañías mexicanas involucradas en la construcción de hoteles y desarrollos inmobiliarios de lujo, como el proyecto “Nuevo Cancún”, en el municipio de Tomatlán, Jalisco.

De acuerdo con los registros, estas empresas, como Paraland, Chala Mar y Chalalegre, participan en el fideicomiso F/380, que fue integrado para financiar la construcción del “Nuevo Cancún”. Pero en ese instrumento financiero, controlado por el banco Monex, no sólo hay dinero privado: el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) invirtió 89 millones de dólares de los burócratas jaliscienses en el fideicomiso, del que tiene una participación de 48.5%.

Bremer Villaseñor es director general adjunto y miembro del Comité Ejecutivo de RLH Properties, firma dedicada al segmento hotelero alto, de la que el empresario Diego Laresgoiti Matute es vicepresidente de finanzas. De hecho, el 29 de enero de 2016, Bremer Villaseñor entregó 277 mil 218 acciones de Para Land Investors a Laresgoiti.

Isaac Hamui Sitton, cofundador y director general del Grupo Proyecciones de la Moda, que tiene la tienda de ropa de moda femenina Julio, también aparece en los registros de Malta como accionista de la compañía Rasa Land Investors, junto con Flavia Patricia Murillo Félix.

Entre los mexicanos que operan en Malta resaltan personajes conocidos en el mundo offshore y que Proceso identificó en la investigación global Panama Papers, también coordinada por el ICIJ.

El abogado Luis Doporto Alejandre y el magnate del acero Guillermo Francisco Voguel Hinojosa registraron la sociedad Tempest Point Holding en noviembre de 2012 en Malta, junto con una cuenta bancaria en el Bank of Valletta. La sociedad y la cuenta formaron parte de esquema offshore diseñado por Doporto para adquirir compañías en Europa.

Experto en la creación de complejos esquemas financieros, Doporto es esposo de Melissa Flores Alcántara, hija de Aurora Alcántara Rojas, cuya familia, de origen empresarial, está identificada con el llamado Grupo Atlacomulco, del Estado de México. Aurora Alcántara Rojas es además esposa del exgobernador José Murat Casab, padre del actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.

El Grupo R, del contratista de Pemex José Ramiro Garza Cantú, es otro de los clientes del mundo offshore identificado en los Panama Papers. En el marco de esa investigación internacional, Proceso reveló los esquemas de suma complejidad que utilizó el empresario de origen tamaulipeco, dueño del periódico La Razón, para rentar plataformas petroleras a Pemex.

En Malta, dos de sus ejecutivos –Enrique Tovar Millán, director en Grupo R Explotación Marina SA de CV, y Mohamed Sánchez Raschid, director de Desarrollo de Negocios de Grupo R y en Offshore Drilling Holding SA–, fueron registrados en Malta como directores sucesivos de la firma ODH Corporate Services Limited, fundada el 16 de septiembre de 2013.

El despacho que administró la sociedad, IM Global Administrative Services y Carolina Luque Francés –la abogada encargada de firmar los documentos a nombre de la compañía–, fueron los mismos que operaron los esquemas offshore de Grupo R revelados en Panama Papers.

Ricardo Benjamín Salinas Pliego, el dueño de Grupo Salinas, también aparece en los Paradise Papers, año y medio después de que los Panama Papers exhibieran sus estructuras offshore.

En Malta, el dueño de TV Azteca operó a través de Grupo Elektra Global, SL –una sociedad española– para invertir en una fallida empresa de jets privados. El nombre del cuarto hombre más rico del país apareció también en el registro de Luxemburgo, otro paraíso fiscal donde incorporó la sociedad Codisco Investments Sàrl en septiembre de 2003.

En los Papeles de Panamá, Salinas Pliego apareció vinculado con dos empresas offshore. Una para comprar obras de arte en Islas Vírgenes Británicas y otra para la compra de un barco con bandera de Islas Caimán. La revelación fue considerada en su momento por Salinas Pliego como amarillismo y verdades a medias.

Paco Carrera es español, pero lleva a cabo su actividad empresarial en México, donde se desempeña como director de ventas y marketing global en la cadena española Oasis, establecida en la Riviera Maya, en Quintana Roo. En Malta, el hombre fungió como director de Clayton Properties Limited y de Frodo Holdings Limited.

Elías Sacal Cababie, director de la inmobiliaria Bay View Grand, dedicada al desarrollo de conjuntos residenciales de lujo en las principales playas de México, y su hijo Marcos Sacal Cohen, son propietarios de tres departamentos en la Torre Trump, en Nueva York, los cuales fueron evaluados en 10.25 millones de dólares.

Elías Sacal está domiciliado en Mónaco, con sociedades registradas en Londres e Irlanda. Ambos están en los registros de Malta como directores de la compañía Kelquan Holdings Limited.

Juan Antonio Cortina Gallardo, presidente de Grupo Azucarero, aparece con las compañías Win Holding Limited y Win Advanced Systems Limited, las cuales son del conocimiento público, de acuerdo con el servicio especializado de información financiera Bloomberg.

Egresado del ITAM y postgraduado en Administración de Negocios por la Universidad de Harvard, Cortina Gallardo trabajó en Scotiabank Inverlat para la región de Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y México) y en el año 2000 se incorporó a la Inmobiliaria Geusa, que es controlada por el Grupo Embotelladoras Unidas.

Luis Fernando Talavera Abdala, consejero propietario de Distribuidora de Alimentos SI (Dasi) –que opera, entre otros, la exitosa cadena de comida japonesa Sushi Itto–, está domiciliado en Malta y aparece como director y accionista de varias sociedades de la isla, entre ellas Maisonblu Limited, LFA RE Ltd o Lolablu Ltd. Exejecutivo de Microsoft en Estados Unidos, es un ingeniero en computación que tiene ocho patentes registradas en Estados Unidos.

Roberto José Muller Iduñate y Manuel Munib Bitar Canavati, dos empresarios coahuilenses, incorporaron una sociedad de apuestas en línea en Malta, llamada Gambling World Online Malta Limited, en septiembre de 2014. De acuerdo con sus perfiles sociales de LinkedIn, Muller Iduñate y Jorge Salomon Bitar Iduñate –familiar de Manuel Munib Bitar Canavati– operan la empresa Playdoit Online Casino, con sede en La Florida, Coahuila.

Fernando Martín Laborda García y de la Rosilla, también dedicado al negocio de las apuestas, aparece en los registros como accionista de la empresa Vaisey Investment Limited.

Laborda aparece como accionista y apoderado de la empresa Femalamex, la cual después de un litigio obtuvo en 2012 permiso de la Secretaría de Gobernación para operar la empresa Recreativos Marina SA de CV, dedicada a la operación de salas de sorteos de números. Recreativos Marinos es una empresa de origen español (Codere).

Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas SA de CV, razón de una mina de oro y plata en San Luis Potosí, aparece en los registros de Malta con la sociedad PE Investments Limited. Negociación Minera es propiedad del empresario minero José Cerrillo Chowell, quien fue presidente de la Cámara Minera de México durante el gobierno de Vicente Fox, y ha tenido resistencia de comunidades en sus desarrollos mineros.

Otra empresa minera con registro en Malta es Consorcio Minero de México, Cormin Mex SA de CV, cuyo representante y director general, Edmundo Abdón Vidal Cornelio, aparece mencionado. Dedicada al procesamiento, venta y distribución de minerales metálicos, Cormin Mex es subsidaria del grupo holandés Trafigura Beheer BV, que tiene su sede en Amsterdam.

Rubén Kupferman Silberstein, socio de la firma F&K Capital Advisers SC y vicepresidente del Patronato del Centro Médico ABC, aparece en los registros del país mediterráneo con la compañía FK Capital Mangement Sicav Plc. En ella también está registrado Jorge Flinker Braverman, como presidente de la misma. Flinker además está registrado en Malta con la empresa Capital Asset Management Ltd.

José Ignacio Armendáriz Morales, presidente y socio en México de Compass Group registró en Malta la sociedad Compass Desarrollo y Renta Residencial México F1-2 Ltd., cuyas acciones compartió con empresarios chilenos, entre ellos Jaime Eduardo de la Barra Jara, presidente de Compass Group Chile. Compass Group es una operadora de fondos de inversión en América Latina, originada en Nueva York.

En los últimos meses, el paraíso fiscal de Malta atrajo la atención de la prensa internacional. En mayo pasado, un consorcio internacional de periodistas publicó los “Malta Files”, los cuales revelaban que grandes empresarios europeos utilizaban sociedades offshore incorporadas en la isla para evitar el pago de impuestos en sus países y comprar yates.

El pasado 16 de octubre, el asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, en la explosión de una bomba instalada en su automóvil, despertó la indignación en el pequeño país. Siguiendo la pista abierta por los Panama Papers, la periodista revelaba historias de corrupción vinculadas con sociedades offshore en la isla.

El atentado, perpetrado a plena luz del día y a poca distancia del domicilio de la periodista, fue interpretado como un mensaje: en Malta, los intereses secretos deben estar bien guardados.

Crédito usurero “gota a gota” empujó al suicidio a una madre en Colombia

en Mundo/Noticias/Sociedad

Por Guillermo Miranda
En México tres casos documentados
En Quintana Roo quema de carros para presionar el pago de préstamos
La usura legal (disfrazada de instituciones bancarias y financieras) y la ilegal están asfixiando a los usuarios de estos servicios financieros, al grado que provocan actos de desesperación como el suicidio o la violencia como medida de presión para el cobro del adeudo contraído en estos sistemas de crédito, como el de “gota a gota”.
A nivel mundial el crédito usurero “gota a gota” en Colombia, provocó uno de los suicidios que conmocionó a todos, cuando una joven madre de 32 años se lanzó desde un puente con su hijo de 10 años en brazos por una deuda con este sistema financiero, ante la desesperación y por la presión de no poder devolver el préstamo con 40% de interés.

En el video que circula en redes sociales se observa a la joven mujer caer desde el puente con su hijo en brazos, en un recorrido de aproximadamente 100 metros, para impactarse en el suelo rocoso, ante la desesperanza de los policías colombianos que la quisieron ayudar y convencer de que desistiera de esta fatal decisión.
Los esfuerzos fueron en vano de la policía y una psicóloga que durante casi una hora trataron de disuadir a esta madre soltera de que no saltara al precipicio, lo que finalmente hizo con su hijo en brazos.

“Dos de los casos (de suicidio) que se presentaron recientemente tienen que ver con deudas y tienen que ver con algo que es monstruoso y que se está dando no sólo en Ibagué sino en Colombia entera que es el ‘gota a gota'”, explicó el alcalde de este departamento de Colombia.
Usura y violencia
Esta modalidad de préstamo es muy arriesgada. Quien lo solicita recibe el dinero rápido, sin garantías ni avales y con la firma de solo un papel.
Estos crédito son tentadores porque se devuelven en cuotas muy pequeñas, sin embargo la trampa se esconde en los intereses, que son altísimos.
En Quintana Roo antes de la aparición en diciembre de 2016 de los usureros colombianos, las instituciones financieras que más presionan a sus clientes son Elecktra, Banco Azteca, Santander Serfín, HSBC, Financiera Independiente, Bancomer, Liverpool, Credifácil, entre otros según la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUCEF).

Por esta razón, estos colombianos engancharon en Chetumal a todo tipo de personas: burócratas, comerciantes, tenderos, mecánicos, carpinteros, amas de casa emprendedoras, maestros, etc, y al ver que no había capacidad de pago por los altos intereses en las famosas “letras chiquitas”, empezaron a presionar a los deudores con mensajes intimidatorios de celular y visitas a altas horas de la noche en sus domicilios y hasta en lugares de trabajo, para finalmente quemar vehículos.
La forma de quemar los vehículos es rociarlos con un combustible líquido acelerante de fuego en casi todo su exterior, o mediante bombas molotov aventadas desde otros vehículos en movimiento (preferentemente motocicleta) lo que provoca que las llamas se extendieran rápidamente por toda la unidad, tanto por dentro como por fuera y casi sean declarados pérdidas totales.

Entre el mes de agosto del 2017 y noviembre de 2018 se quemaron 125 automóviles en Chetumal, de los cuales la mitad fueron provocados por los colombianos y de estos, el 90% de los propietarios tenían deudas con los usureros, por préstamos de dineros a 20 y 25% de interés mensual, solo hubo cuatro denuncias penales en la Fiscalía General del Estado.
Aunque durante 2018 la situación disminuyó, solo quemaron poco más de 32 automóviles, todos ellos a través de las bombas molotov y donde 19 de estas 32 víctimas habían contraído deudas con los prestamistas colombianos, los demás fueron daños colaterales de la presencia de este cartel delictivo en Chetumal.

De acuerdo al reporte policíaco, fueron desconocidos que se transportaban en motocicletas quienes calcinaron las tres camionetas de lujo: una Suburban, otra Town and Country y una S10.
Llama la atención lo acontecido el 7 de enero de 2018, que en una sola madrugada fueron quemados 3 vehículos en pleno centro de Chetumal y cuya propietaria tenía una pequeña tienda en la colonia Solidaridad, a donde le llegaron estos prestamistas colombianos y a los cuales rechazó, razón por la cual en venganza atentaron contra sus propiedades, incluyendo la fachada de la casa y el porch que ardieron en llamas.

En Chetumal a mediados de año se detuvieron a tres colombianos, que de inmediato fueron atraídos por la justicia federal, por lo que solo estuvieron 24 horas en el CERESO de Chetumal, para después ser trasladados a la ciudad de México al Reclusorio Sur, al parecer por otros delitos como lavado de dinero, además de cuentas pendientes en su país de origen por la quema de vehículos y presuntos asesinatos de varios de sus compatriotas deudores de Gota gota.
El modo de operar de estos prestamistas, como El Gota a gota.

“El ‘gota a gota’ se convirtió en una situación terrible porque no solamente extorsiona a la gente, sino que le roba su trabajo, lo intimida, chantajea, amenaza de muerte, en ocasiones acaba costándole la vida a quien contrae esos préstamos o como es el caso en Chetumal, el incendio de los vehículos.
Si no se cumple puntualmente con las cuotas, que pueden ser diarias, semanales o mensuales, es muy posible que la persona, o incluso sus familiares, corra peligro físico, tal y como le ocurrió a las víctimas del 7 de enero de 2018, cuya familia tuvo que salir brincando la barda, ya que corrían el riesgo de morir de asfixia o calcinados

Los suicidios por deudas en México
La tasa de suicidio en México, que es de 4.9 por cada 100 mil habitantes, es una de las más bajas en el mundo, señaló la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, María Elena García Medina.
Destacó que dicha cifra coloca a la República Mexicana muy cerca de Colombia, con 5.7 por cada cien mil habitantes; España, 7.6; Estados Unidos, 11; Francia, 17; Bélgica, 21, y Japón, 23, todos por cada 100 mil habitantes.
En su Informe Mundial de Prevención del Suicidio, dijo que las tasas de suicidios los niveles se han incrementado, hasta situar a México entre las naciones que tienen un nivel medio de intentos de suicidio y en su mayoría son por la situación económica, por la falta de empleo y préstamos impagables, es decir, víctimas de la usura.
La Organización Mundial de la Salud recomendó a México hacer más visible la importancia del suicidio, y lograr que su prevención se convierta en tema de la agenda de salud y de la política pública.

García Medina mencionó que las encuestas entre la población permiten conocer y entender los pasos de las conductas suicidas, y los factores que explican, al menos en parte, el paso de una ideación a un plan, y posteriormente a un intento.
Las estadísticas revelan que son más las mujeres que intentan quitarse la vida, son más los hombres que se suicidan. De acuerdo con las encuestas de Comorbilidad Psiquiátrica y de Adicciones, 3.75 por ciento de los adultos han intentado suicidarse, mientras que en los adolescentes alcanza 4.26 por ciento.
Casos de suicidios por deudas
Un ejemplo de ello es lo ocurrido en Saltillo, Coahuila donde un joven, de 27 años, atormentado por el desempleo y las deudas decidió quitarse la vida en su humilde hogar, colgandose de una viga. El jefe de familia se pasó la noche ingiriendo bebidas alcohólicas pues por su situación económica discutía constantemente con su esposa.

En la ciudad de México, Carlos se quiso suicidar por deuda con COPEL.
Luego de un trasplante de riñón exitoso, Carlos “N”, aun convaleciente en el hospital, recibió una llamada y de pronto entró en crisis y rompió el cristal de la habitación del piso 10 del edificio de especialidades del Centro Nacional La Raza, para subirse a la cornisa e intentar saltar.
Alfredo un paramédico llegó hasta la habitación, que era todo un drama, logró entablar el diálogo y tras 30 minutos tomó de la mano a Carlos, lo abrazó y evitó que se suicidara. El motivo que tenía el paciente era más que fuera de lo común: “¡Debo 500 pesos a Coppel!”, le decía.

En esa misma entidad una Mujer se suicida con sus dos hijos, debido igualmente, a la precaria situación económica en la que vivía ahí en los suburbios de Saltillo . Coahuila en el 2016. Ella se llamaba Sol y sus hijos Alberto y Óscar.
La escena fue fotografiada y guardada en el teléfono del comisario Navarro: el cuerpo de Sol tendido en el piso, a los pies de las dos camas que había en la recámara. En una estaba Alberto, tan hinchado que su cuerpo parecía el de un adulto; en la otra, Óscar, acostado de lado, acompañado por un alebrije de peluche. Minutos después, los peritos notarían que las puertas y ventanas estaban fuertemente cerradas por dentro, que las llaves del gas de la estufa estaban deliberadamente abiertas. Y encontrarían once hojas escritas a mano, en las que señalaba que no podía pagar lo que debía y ya no tenía fuerzas para trabajar y que sus hijos no tuvieran para comer.
Casos internacionales de “gota a gota”. BBC de Lóndres.

“La doctora Carolina Lis estaba ahí. Ya casi habíamos convencido a la señora, pero desafortunadamente llegó en ese momento una persona y al verla, se lanza al abismo”, relató Guillermo Jaramillo, alcalde de Ibagué, Colombia.
Por pagar las facturas o comprarte un televisor puedes poner en riesgo tu negocio, tus propiedades, a ti mismo o a tu familia.
Te dan el dinero rápido, sin garantías ni avales, a devolver en cuotas muy pequeñas, pero intereses altísimos.
Estamos hablando de los préstamos “gota a gota”, también conocidos como “préstamos express” o el “prestadiario”.

Esta actividad tiene décadas de existencia y es legal en muchos países, pero comienza a preocupar a las policías de Latinoamérica por los delitos asociados a ella.
Grupos compuestos muchas veces por colombianos han sido detectados, y algunas veces arrestados y condenados, en varios países por delitos que derivan de esta práctica como la usura, el robo, lavado de dinero y agresiones.
Si no cumples con tus cuotas, es muy posible que corras peligro.
Después de que te dan el dinero que necesitas, por lo general tienes 20 o 30 días para devolver el monto más un interés que oscila entre el 10% al 40%.
Los cobradores, en muchos casos colombianos, asistirán puntuales durante ese tiempo para que entregues la cuota diaria.
Así le sucedió a Carlos, un taxista chileno que se prestó alrededor de US$150 y terminó pagando cinco veces esa cifra: US$750.
“Un ancla de la miseria”

Román Ortiz, el director de la consultora colombiana Decisive Point y experto en seguridad latinoamericana, explicó a BBC Mundo que existen tres razones para la proliferación de los “gota a gota” o “prestadiarios” en la región.
Los Estados latinoamericanos no tienen mecanismos adecuados para proteger a sus ciudadanos en zonas empobrecidas y alejadas, donde grupos extorsionadores pueden operar.
La falta de funcionamiento del sistema judicial que genera informalidad e ilegalidad.
La baja bancarización de las personas, que no pueden acceder a créditos y están obligadas a moverse en la economía informal.
“El sector informal es abordado por estructuras criminales con este tipo de préstamos de usura con tasas de interés muy altas”, señaló el investigador.
Ortiz define a los “prestadiarios” como “un ancla de la miseria en la que las personas quedan al servicio de los prestamistas o extorsionadores porque trabajan para cumplir con las deudas y los intereses”.

Es así que se presentaron casos en los que no sólo los acreedores pagaron mucho más de lo que recibieron, sino que perdieron aquello que compraron con el préstamo y más.
Es la historia de Jairo, un residente de la ciudad de Cali, Colombia, quien se prestó US$275 para comprarse un televisor y debía pagar US$9 durante casi 40 días.
No Prestes Tu Vida
Ante el incremento de los suicidios y el reporte de la violencia ejercida por los cobratorios a los deudores financieros, el gobierno del Perú instrumentó una campaña preventiva denominada “No Prestes tu Vioda”
El reporte policial en Perú da cuenta de que la modalidad de préstamos “gota a gota” operados por grupos ilegales colombianos alcanzó a 97 ciudades de ese país.
El dato encendió la señal de alerta en los medios de comunicación y en las autoridades gubernamentales en esta semana.

El miércoles, el Ministerio del Interior peruano lanzó la campaña #NoPrestesTuVida, una iniciativa para prevenir a sus ciudadanos de esta actividad por los peligros que conlleva.
La entidad gubernamental le explicó a BBC Mundo que la campaña “está dirigida a aquellas personas que por acceder a un crédito rápido y evitarse los trámites formales de una solicitud de préstamo de dinero, no miden el peligro del cual pueden ser víctimas”.
“Las sumas de dinero se incrementan tanto que los que accedieron a esos préstamos ya no pueden pagar e incumplen con las cuotas pactadas, ante ello los ‘prestamistas’ los agreden, extorsionan y los amenazan de muerte si no pagan la suma prestada y el total de intereses”.
La Dirección de Investigación Criminal de Perú afirmó que las principales víctimas del “gota a gota” en Perú son comerciantes.

“Las investigaciones policiales señalan que algunos de estos falsos prestamistas andan fuertemente armados y tendrían nexos con bandas criminales colombianas”, informó el Ministerio del Interior peruano.
Esta actividad ilícita también ha movilizado a las fuerzas del orden de Bolivia, Chile, Argentina y Colombia.
No se trata sólo de colombianos
En países como Bolivia, Perú y Argentina afirman que grandes bandas criminales colombianas como “Los Urabeños” o la “Oficina de cobro de Envigado” están detrás de la ola de prestamistas “gota a gota” en América Latina.

Sin embargo, el director de Decisive Point, Román Ortiz, precisa que estas agrupaciones se dedican a actividades ilícitas más grandes y que manejan sumas de dinero mucho mayores.
Ortiz precisa que aquellos que realizan los “gota a gota” en Colombia son grupos de extorsionadores y lo mismo podría pasar en otros países, donde pueden haber colombianos.
Uno de los motivos por los que se multiplicaron los grupos delictivos colombianos en otros países es la diáspora de las grandes bandas criminales provocada por el combate al crimen organizado en ese país.

Situación que sucede, por ejemplo, en Bolivia, donde las ferias y mercados de la ciudad de Santa Cruz tienen presencia de prestamistas extranjeros que trabajan en colaboración con bolivianos.
Arron Daugherty, periodista del portal especializado en crimen organizado Insight Crime, señala que “algunos gobiernos ocasionalmente han usado a los colombianos como chivos expiatorios para explicar el crimen u otros problemas sociales”, sin embargo reconoce que en este caso existe evidencia de su participación en estos delitos.
“Los usureros pueden establecerse en un nuevo país mezclándose con otras empresas criminales. Varias de las naciones en las que han sido capturados usureros colombianos también han arrestado recientemente a personas de ese mismo país”, afirmó el periodista.
Sin embargo, no todos ven este fenómeno como algo malo.

Una investigación del diario hondureño La Tribuna indica que vendedoras en mercados de Tegucigalpa ven con buenos ojos a los prestamos “gota a gota”porque les sirven “para pagar la luz o cuando no alcanza para comprar la harina”.
Tanto en Bolivia como en Honduras, policías y autoridades locales advirtieron la presencia de estas actividades.
En ambos países, como en otros de Latinoamérica, las personas con necesidades económicas no saben los riesgos que pueden correr al prestarse un poco de dinero para un televisor.
FUENTE: BBC DE LONDRES

OBSERVATORIO: Solo el 0.5 % de los recursos que se robaron los borgistas se han logrado recuperar

en Noticias/Sociedad

Más de 13 mil 663 millones faltan por recuperar del saqueo que hicieron los borgistas al erario público, informó el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Manuel Palacios Herrera, que corresponden a las auditorías practicadas a instancias de gobierno en el periodo de los años 2015 y 2016.

La auditoría extraordinaria reveló que el saqueo preliminar es de 13 mil 663 millones 51 mil 38 pesos con 32 centavos y apenas la Fiscalía Anticorrupción ha logrado recuperar la cantidad de 69 millones de pesos, en 38 denuncias interpuestas que implican a 97 servidores públicos de los periodos 2015 y 2016.
Legisladores integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura se reunieron con Manuel Palacios Herrera, quien les informó sobre el estatus de las investigaciones correspondientes a las auditorías practicadas a instancias de gobierno de correspondientes a los años 2015 y 2016.

Durante la reunión que encabezó el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, presidente de la citada Comisión, el Auditor Superior informó que las denuncias interpuestas, así como los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) derivados de la auditoría complementaria ordenada por el Pleno de la XV Legislatura a las cuentas públicas de la pasada administración, continuarán hasta sus últimas instancias.
El objetivo es, dijo el legislador, lograr la completa reparación del daño a la hacienda pública. El Auditor reiteró que, precisamente, ese es el principal objetivo de las denuncias que se encuentran en curso.

Ramos Hernández resaltó que para la XV Legislatura, es importante que la ciudadanía y los medios de comunicación conozcan cuáles son los avances y el resultado de la auditoría complementaria realizada a la pasada administración, así como el compromiso de los legisladores porque los procedimientos iniciados se concluyan hasta lograr la reparación del daño al estado de Quintana Roo.
Ante los diputados Luis Ernesto Mis Balam, Gabriela Angulo Sauri, Fernando Zelaya Espinoza, Javier Padilla Balam, Yamina Rosado Ibarra y Juan Ortiz Vallejo, el Auditor presentó los avances de la revisión casuística y concreta de las cuentas públicas 2015 de diversos entes fiscalizables del estado y los municipios de la pasada administración, solicitada por el Congreso del Estado en febrero de 2017.

Como se recordará, esta auditoría busca completar la revisión al 100 por ciento, de los informes de resultados de las cuentas públicas del 2015, cuyos informes fueron avalados por la legislatura anterior sin tener la certeza mínima requerida, con avances de apenas un 50 y 75 por ciento, en sus revisiones tanto financieras como física de las obras públicas.
Ante los legisladores, Palacios Herrera informó que la Auditoría Superior presentó un total de 15 denuncias por un monto de 8 mil 955 millones 615 mil 432 pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2015, donde se involucran a 64 servidores públicos de la pasada administración estatal y de las municipales.
Para el periodo 2015-2016 se interpusieron 14 denuncias por un monto de 1 mil 925 millones 874 mil 530 pesos, en la que se involucran a 18 servidores públicos. Mientras que del periodo 2016, se presentaron 9 denuncias que involucran a 15 servidores públicos, por la cantidad de 2 mil 781 millones 561 mil 75 pesos.

En total son 97 servidores públicos involucrados en 38 denuncias por un monto de 13 mil 663 millones 51 mil 38 pesos con 32 centavos de 2015 y 2016.
Además de las denuncias penales interpuestas, se han promovido 36 Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) ante los órganos internos de control de las dependencias donde se registraron estas irregularidades.

El Auditor Superior del Estado Manuel Palacios Herrera presentó también el Seguimiento del proceso de solventación del ejercicio fiscal 2016 que, de acuerdo con el corte al 31 de enero de 2019, se han registrado observaciones por 790 millones 940 mil 887 pesos de los cuales, se han logrado solventar 165 millones 934 mil 874 pesos, quedando un pendiente por 624 millones 407 mil 418 pesos.

Los datos ofrecidos por el titular de la ASEQROO corresponden al informe entregado en noviembre de 2018 a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, relativo al avance de la fiscalización de la cuenta pública de la actual administración, cuyo informe final deberá presentarse el próximo 20 de febrero de 2019

¿Cómo se salvan las lenguas de la extinción?

en Cultura/Noticias/Sociedad

SRF / Barbara Büttner

Alrededor de 7000 idiomas todavía se hablan en todo el mundo. Pero más de un tercio de ellos están en riesgo. Particularmente amenazadas son las lenguas de los pueblos indígenas. Según la Unesco, tal lengua muere cada 14 días. La ONU quiere contrarrestar esta extinción lingüística y proclamó 2019 el año de las lenguas indígenas. El lingüista Nikolaus Himmelmann explica qué trae consigo ese año y cómo se puede frenar la extinción del lenguaje.

SRF News: ¿Es el Año de las lenguas indígenas de la ONU más que un mero simbolismo?
Nikolaus Himmelmann: Sí, eso es algo más que simbolismo. Es importante que este tema sea percibido en la sociedad y en todo el mundo. Y puede apoyar iniciativas individuales que buscan preservar las lenguas indígenas.

Cada dos semanas muere una lengua indígena. ¿Dónde está la extinción del lenguaje lo peor?
Especialmente en las regiones donde ya ha comenzado la extinción del lenguaje: sería América del Norte, Australia y partes de África. Pero el mayor número de idiomas amenazados se puede encontrar alrededor del ecuador, porque existen los idiomas indígenas más hablados.

¿Y por qué es que simplemente desaparecen allí?
América del Norte y Australia tienen una historia más larga de supresión de las lenguas indígenas. Esto comenzó en la década de 1920 y 1930 y más o menos llevó a que estos idiomas se extinguieran en gran medida. Los escenarios de amenaza actuales en torno al ecuador están relacionados con la globalización. Allí, cada vez más familias o aldeas deciden dejar de usar su propio idioma y cambiar al idioma regional o nacional.

¿Qué significa eso en términos concretos?
La muerte lingüística significa que una generación decide no comunicarse con los niños en su lengua materna. La generación joven ya no aprende este idioma activamente. Muchas de estas comunidades sienten que sus propios idiomas no son realmente valiosos, pero que los niños crecen en idiomas nacionales o regionales lo mejor posible. Eso es un mal juicio.

Para tener éxito en la escuela, no es mejor si intenta que el niño crezca en un idioma nacional o regional que no se domine bien. Ese es el problema típico. Cuanto mejor crecen los niños en su lengua materna, más efectivos son en otros idiomas.

Eso significa, ¿tendría que ser un replanteamiento con los padres?
Esencialmente, tendría que hacer algo sobre el prestigio de las lenguas indígenas. También se debe aclarar que la idea es errónea, que el éxito escolar y las carreras posteriores dependen de aprender a hablar en el idioma nacional o regional lo antes posible.

Pero, ¿están los niños interesados?
Eso depende de los adultos de muchas maneras. La mayoría de los niños están haciendo las cosas que hacen los adultos. Luego están los típicos bloqueos juveniles. Los jóvenes también son muy buenos inventando sus propias versiones lingüísticas para diferenciarse. Pero la gran línea está determinada por el mundo adulto. Eso es lo que pienso – en todo el mundo.

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