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6 historias de impunidad contra periodistas

en Nacional/Noticias/Reportajes/Sociedad

La Organización Civil Internacional Artículo 19, presentó este lunes el informe especial “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”, que dicho en otras palabras son los pasos a seguir para evitar la impunidad que caracteriza a las Fiscalías Estables como primeros respondientes.
El periodista Leopoldo Maldonado fue quién hizo la presentación de los casos recientes, historias de las víctimas del asesinato de Periodistas y activistas sociales en México, donde la impunidad y corrupción prevalecen sobre la justicia.

Jorge Sánchez hijo del periodista asesinado en Veracruz, José Sánchez, señala que en México no hay interés por resolver los casos de asesinatos de periodistas.
Incompetencia o complicidad son el reflejo de que en México no les interesa esclarecer estos crímenes lo que engrandece la impunidad y corrupción en las instancias procuradoras de justicia.
Mi padre fue asesinado presuntamente por Omar Cruz Reyes, el alcalde de Medellín de Bravo en Veracruz un 2 de enero, cuando un comando armado de seis sujetos entraron al domicilio, lo sustrajeron y después lo asesinaron.
Varios de estos homicidas materiales están identificados con el entonces presidente municipal de este lugar, uno de ellos detenidos de nombre Noe N y un policía municipal quién facilitó la huida de los asesinos.

Omar Cruz Reyes autor intelectual del artero asesinato del periodista Jorge Sánchez se encuentra prófugo, mientras la Fiscalía General de Veracruz no hace nada para detenerlo, denunció.
La autoridad no está para garantizar justicia sino para sembrar pruebas que garanticen la impunidad, la incompetencia y la corrupción.
El hijo del periodista asesinado hace ya cuatro años, pidió al presidente López Obrador descarte el perdón para los asesinos de su padre y lo cambie por justicia.
Rubén Espinosa Becerreril, fotógrafo y periodista asesinado el 31 de julio de 2015, su hermana con ayuda de Articulo 19 han estado solicitando justicia, ya que su hermano recibió amenazas, agresiones, secuestros en Veracruz y la muerte e impunidad lo alcanzaron en la ciudad de México junto a otras tres personas.
Señaló que hasta ahora todos los integrantes de la Fiscalía General de la Ciudad de México incluido el titular del Ejecutivo han progresado, han subido de puesto, garantizaron justicia y no cumplieron, por lo que la impunidad y la corrupción,
Desde el 31 de julio de 2015 que fue asesinado con cuatro mujeres, la Fiscalía General de la ciudad de México dejó de ser garantía para el refugio de periodistas y defensores de los derechos humanos.

Sufrió varas caras de la impunidad, ya que en vida fue perseguido, agredido, torturado, goleado, tanto por policías de Xalapa Veracruz, como por otros de la ministerial vestidos de civil, al grado que tuvo que refugiarse en la ciudad de México, donde fue asesinado junto con otras cuatro personas, damas.
Las autoridades de la Ciudad de México no ha investigado el origen del asesinato es decir la actividad periodística de Rubén Espinosa y las amenazas que en vida recibió y por lo contrario se encargaron de ensuciar la imagen de éste y las mujeres asesinadas en el multi homicidio de la colonia Narvarte aduciendo un supuesto robo, narcotráfico y prostitución, hipótesis sin ninguna prueba que las sustente.
Exigen, dijo Patricia Espinosa, una reparación integral que sancione a los servidores públicos que por omisión, incompetencia o corrupción se encargaron de frenar las investigaciones, de ensuciar la imagen e Rubén y las personas asesinadas y finalmente justicia. En síntesis una reparación integral que abata la impunidad.
Hasta ahora en ambos homicidios ya hay al menos uno o dos detenidos como actores materiales y la autoridad da por hecho que se hizo justicia, sin embargo no investigan quién o quiénes son los actores intelectuales de dichos asesinatos y el móvil que los llevó a ello, ya que hay impunidad y corrupción, dijo Leopoldo Maldonado

Pedro Canché, víctima de los berrinches del presidiario Roberto Borge
Pedro Canché Herrera, periodista de la Zona Maya señaló que pese a que se ha creado una instancia especializada en la Fiscalía General de la República para la protección a periodistas, no existe una certeza y garantía para ejercer con libertad el periodismo.
Todos los días en México se despierta con la idea de ¿Quién será el próximo periodista o activista de los derechos humanos asesinado?
Periodista maya que fue encarcelado en 2014 por defender el derecho al agua como constitucionalmente se establece en Carrillo Puerto y por capricho del gobernante Roberto Borge Angulo, hoy señala que México sigue sin ofrecer verdadera justicia a las víctimas de los periodistas asesinados, pues nunca se investiga a los autores intelectuales, a los verdaderos responsables de estas muertes.
Si para un periodista que logró librar la represión le es difícil conseguir justicia en México, mucho más para los 130 periodistas asesinados en los últimos 6 años que no van a poder nunca vencer la impunidad y corrupción que existe en el país.
Arturo Záldivar Presidente de la Suprema Corte de Justicia ha destituido por lo menos a tres magistrados de Campeche y Veracruz por asuntos de corrupción, pero no es suficiente ya que consideró que hay una “secta” entre los jueces para proteger a los victimarios de los periodistas asesinados y de los que son atacados o reprimidos en su libertad de expresión.
Esta secta entre los jueces permite que los ataques a los periodistas a la libertad de expresión continúe. No hay ningún funcionario público encerrado por estas acciones.
En su caso, agregó Pedro Canché, el ex gobernador Roberto Borge, quien lo encarceló, no hay ningún expediente, ninguna coma sobre los motivos reales que lo llevaron a atentar contra su libertad y el ejercicio periodístico que realizaba en 2014 y ante ello la Fiscalía Especializada también se colude con ellos, pues no “encontraron” elementos para probar que el ex mandatario lo haya mandado a encarcelar.

Viví amenazas, tortura psicológica y demás violencia cuando estuve en la cárcel, la intención era doblegarme, al final quedan secuelas, se genera psicosis, todo es miedo. Al salir de la cárcel dos mantas aparecieron que me iban a ejecutar y todo esto afecta, psicológicamente afecta, ya no duermes tranquilo, aseguró Pedro Canché.
Su estancia en la cárcel obedeció a una venganza ejercida por el hoy presidiario Roberto Borge Angulo
Se requiere una pronta respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se investigue y se haga justicia en todos los casos de agresiones a periodistas y más aún a los asesinados, ya que no es posible que le responda más rápido a la mamá del Chapo Guzmán que a la viuda de un periodista, Javier Váldez, que en la conferencia mañanera le entregó una carta pidiendo justicia.
El presidente de México no puede estar más a la orden de los poderosos; tiene que priorizar, si es más importante la vida de un narcotraficante que la vida de un periodista y más aún la impartición de la justicia en cada uno de los 130 asesinatos de los periodistas, aseguró Pedro Canché.
“Cuando un periodista es amenazado o se violenta su libertad de expresión, lo que menos se debe hacer esa bajar la guardia, ya que dejar esta profesión por esta causa es abonar a la impunidad” dijo.

Caso de Alejandra Rodríguez, acusada de anarquismo
Alejandra Rodríguez detenida el 1 de diciembre de 2013, indicó que aun cuando fue sometida de manera brutal, subida a una patrulla y ante la juez no se presentan los policías a testificar, sale libre por falta de elementos y aun cuando está agresión física deja secuelas emocionales, el Estado se fue contra ella con una campaña de desprestigio utilizando a otros medios de comunicación afines y a su servicio, que criminalizan las protestas sociales.
Miembro de la Red Rompe el Miedo, aseguró que cuando fue detenida estaba estudiando y al mismo tiempo escribía ya en un medio de comunicación, pero el argumento de la Fiscalía General de la Ciudad de México es que nunca se identificó como prensa, como periodista, argumento por más infantil en un país donde supuestamente se se respetan las libertades.
Dijo que a cinco años de su agresión el caso sigue estancado en la Fiscalía General ya que no hay castigo para los servidores públicos involucrados y mucho menos para los actores intelectuales de su detención.
Justicia, la verdad y la reparación del daño es lo que exige a las autoridades que hasta el momento no terminan las investigaciones de su caso.

Caso Aldo Sotelo
Agredido en protestas sociales, al documentar los hechos 14 de diciembre de 2013 vivió una detención arbitraria que le cambió la vida.
Video reportero para revista internacional, se disponía a cenar con su pareja, pero esa noche había un bloqueo de policías de la ciudad de México en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, por lo baja su cámara y empieza a documentar la manifestación que ahí ocurría.
Acompañado de su novia descienden de su vehículo y se adentran hacia el Zócalo donde los policías tenían cerrado el acceso a la plancha de Zócalo donde se manifestaban un grupo de al menos 15 personas.
Los policías obligaron a los manifestantes a desalojar el Zócalo y sobre la calle Madero eran obligados a salir.
Aldo, documentaba todo con su videocámara y cuando los policías se dan cuenta que eran grabados lo someten y empiezan a golpear, hasta que ciudadanos lo rescatan impidiendo su detención.
Al igual como sus antecesores que expusieron sus vivencias en Artículo 19, su caso sigue en la Fiscalía General de la Ciudad de México sin avance alguno.
La impunidad y la corrupción en la cadena de mando de la policía de la ciudad de México continua imponiéndose a la libre manifestación y peor aún al ejercicio de la libertad de expresión.
“Nosotros los periodistas somos los ojos y oídos de la sociedad que necesita ser escuchada y al mismo tiempo escuchar todas esas voces que están en las calles y es por eso que la labor periodística debe ser más cuidada en este contexto del país que hoy estamos viviendo”, aseguró.

El caso de Sin Embargo
Es quizá el menos complicado de todos los expuestos en este informe del “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”, pero no por ello deja de ser un elemento más de prueba de las agresiones a periodistas y a medios de comunicación en este México violento.
Alejandro Páez, director de Sin Embargo indicó que Adrián Ruvalcaba, de la delegación Cuahimalpa, mandó a agredirlos, primero con un correo electrónico para que bajaran la fotografía de una publicación que lo vinculaba con la delincuencia y posteriormente, con uno de sus colaboradores que físicamente ingresó a las oficinas para agredir a las reporteras y demás personal de la redacción de este portal.
Pero el ataque siguió a través del Facebook utilizando a la actriz Belinda, en donde ella replicaba unas fotografías del director de Sin Embargo con información de violador de niños y las vincularon todas con la revista causando un enorme daño a la imagen del medio. Al cuestionar a esta actriz dijo simplemente que le jaquearon su cuenta y así se quedó el asunto.
En la denuncia hecha contra Adrián Ruvalcaba el juez autoriza que lo video-graben así como a sus colaboradores y Sin Embargo descubre que usaban la misma mecánica de ataques a otros medios de comunicación y periodistas como Carmen Aristegui y la Revista Proceso, que eran orquestados por su equipo de comunicación social y por el de seguridad de este funcionario emanado del PRI.
Hasta la fecha no hay avances en la Fiscalía Especializada, el expediente sigue “inmóvil” y los culpables como si nada, en este México de complicidades y corrupción, en un país sin una verdadera protección al ejercicio periodístico, aseguró Alejandro Páez.

ARTICLE 19 presenta su informe especial “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”,
En este informe se realiza un análisis cualitativo de 6 casos representativos de la violencia contra periodistas en México, que va desde agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hostigamiento y amenazas, hasta la fabricación de delito y proceso penal, tortura, desaparición y homicidio u ejecución; los cuales además, comparten un patrón de impunidad.
México continúa enfrentando un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y niveles críticos de violencia en donde se encuentra desdibujada la frontera entre autoridades y grupos criminales y de índices de impunidad casi absolutos. En los últimos 13 años, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ARTICLE 19 ha observado como una constante los homicidios o ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, actos de tortura, detenciones arbitrarias, fabricación de culpables, represión en protestas, etcétera.
En este escenario, la libertad de expresión y el periodismo en México se han convertido en un frente de resistencia, atacado entre diversos fuegos, ya sea políticos, económicos, criminales o gubernamentales, por lo que las y los periodistas cada día ejercen su labor sin garantías y con un alto riesgo.
Desde el año 2000 hasta la fecha de la publicación de este informe especial, 123 periodistas han sido asesinados en el país: 48 en el sexenio de Felipe Calderón y 47 en el de Enrique Peña Nieto.

A casi 90 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, se ha incrementado en forma alarmante: 3 periodistas han sido asesinados en relación con su labor. Asimismo, desde el año 2003 hasta la fecha, 24 periodistas continúan desaparecidos.
El Estado mexicano ha incumplido sus obligaciones, no sólo de prevención y protección para la labor periodística, sino también en procuración e impartición de justicia. Las investigaciones carecen de eficiencia, exhaustividad e imparcialidad; pero además las Fiscalías o Procuradurías se encargan en un primer momento de desacreditar u omitir la labor periodística de la víctima, criminalizarla o estigmatizarla, y en ocasiones, filtrar información contenida en los expedientes de manera tendenciosa y revictimizante.
Es en las investigaciones ministeriales donde se encuentran los primeros grandes obstáculos para llegar a la justicia y verdad, donde se omiten diligencias importantes y no se tiene como prioridad la línea de investigación relacionada con la actividad periodística de las víctimas, descartándola a priori y generando una narrativa estigmatizante que afirma motivos personales (amorosos, problemas con vecinos, drogas, etc.) en los delitos cometidos, asumiendo con ello “verdades históricas”.
Es desde ese momento en que se va alejando el acceso a la justicia y la verdad para las víctimas, y al partir de estos vicios de origen, en las instancias de impartición de justicia no se arriban a sanciones para personas responsables, mucho menos para quienes fungieran como autores mediatos o intelectuales en los delitos.
Tan sólo en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contras la Libertad de Expresión (FEADLE), de acuerdo con sus propios informes, de 2010 a diciembre de 2018 se iniciaron 1,140 investigaciones, de las cuales ha consignado un total de 163, respecto al anterior sistema penal inquisitivo. En cuanto al sistema acusatorio, que entró en vigor en 2016, ha judicializado un total de 23 carpetas de investigación.

Es decir, un total de 186 acusaciones han sido conocidas por jueces penales, lo cual representa que sólo el 16.3% de las denuncias recibidas por la FEADLE han sido consignadas o judicializadas. Sumado a ello, del total de investigaciones iniciadas, se han obtenido 10 sentencias condenatorias, lo que representa que en sólo 0.87% de las investigaciones se arribó a una sentencia contra algún responsable de los delitos. Esto se traduce en un 99.13% de impunidad en delitos contra la libertad de expresión, sólo a nivel federal.
Respecto a los homicidios contra periodistas, la FEADLE reporta un registro total de 89 casos de 2010 a 2018, de los cuales en 44 no encontró relación con la labor periodística de la víctima, y en 45 sí la encontró. De estos 45 casos, 31 continúan en trámite y sólo se han consignado o judicializado 4 (8.8%). Sin embargo, a reserva de saber las razones puntuales por las que en 44 casos no encontró relación con el ejercicio periodístico,y si están plenamente justificadas y acreditadas, del total de 89 homicidios registrados en ese periodo, habría una efectividad de 4.4% en la consignación de investigaciones por este delito.

Otro de los aspectos preocupantes es el ejercicio sumamente arbitrario y poco claro de la facultad de atracción. Al respecto, la FEADLE sólo ha ejercido esta facultad en 57 casos de mayo 2013 a diciembre 2018, lo cual comparado con el total de las 735 investigaciones que inició durante ese periodo, representa un 7.7%.
En el informe especial damos cuenta de esta situación a través del análisis cualitativo de 6 casos de periodistas que han sido víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos, los cuales han sido acompañados y representados por ARTICLE 19 en los últimos cinco años:

1. Moisés Sánchez, periodista sustraído de su domicilio el 2 de enero de 2015 y posteriormente asesinado, en Medellín, Veracruz, quien conjugaba su labor informativa con un activismo social en favor de su comunidad.
2. Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado el 31 de julio de 2015 en la Ciudad de México, quien semanas antes se desplazó del estado de Veracruz por actos de hostigamiento y amenazas en su contra.
3. Pedro Canché, periodista detenido el 30 de agosto de 2014 y encarcelado arbitrariamente durante 9 meses en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, fabricándole el delito de sabotaje, sólo por cubrir una protesta social.
4. Alejandra Rodríguez, periodista víctima de agresiones físicas y sexuales, detenida arbitrariamente por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, el 1° de diciembre de 2013 durante una protesta social en la Ciudad de México.
5. Aldo Sotelo, periodista víctima de agresiones físicas el 14 de diciembre de 2013 en la Ciudad de México, por parte de elementos policiales capitalinos, quienes además lo obligaron a entregar su material fotográfico donde había de documentado sus actos arbitrarios e ilegales.
6. Sinembargo.mx, portal web de noticias, que en 2014 fue atacado y sacado de línea, además de amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio en contra de sus colaboradores.
Además, en el informe especial enumeramos una serie de recomendaciones a diversas autoridades como la FEADLE, fiscalías y procuradurías estatales, así como a comisiones de derechos humanos.
Por otro lado se emiten recomendaciones a los distintos poderes y niveles de gobierno (Poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto federal como estatales), para que cada uno en el ámbito de las funciones que desempeñan, lleven a cabo acciones que contribuyan a revertir la situación de impunidad que impera en México.
Para ARTICLE 19 resulta apremiante, entre otras cuestiones, que las autoridades se abstengan de estigmatizar y descalificar a las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos así como no omitir su labor periodística.

En este sentido, la línea de investigación relacionada con el periodismo debe ser prioritaria; se debe realizar análisis de contexto sobre la actividad periodística de las víctimas, que conduzca a indicios o datos de prueba para esclarecer los hechos; investigar y juzgar con perspectiva de género e interculturalidad; tratar con respeto y dignidad a las personas víctimas; realizar planes de investigación que brinden una debida conducción y orden en los expedientes.
En este sentido, ARTICLE 19 conmina a las autoridades ministeriales, a nivel federal y estatal, a observar y cumplir con lo establecido en el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
De igual forma, todas las autoridades deben atender los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión, aplicando o interpretando todo acto o norma que resulte más favorable a las personas.

ARTICLE 19 considera de suma importancia que en la construcción actual dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), se establezcan todos aquellos cambios estructurales que resultan totalmente necesarios, comenzando por garantizar su plena autonomía; capacitar al personal en materia de derechos humanos, en técnicas de investigación, relación y trato con personas víctimas, así como aplicar una perspectiva psicosocial, entre otras diversas. Esta organización observa una oportunidad importante en las próximas semanas para emprender este tipo de cambios con el establecimiento de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos que formará parte de la FGR.
Resulta apremiante que todas las autoridades cumplan sus obligaciones en materia de libertad de expresión, prevención y protección para el ejercicio periodístico, y abatir la ominosa impunidad que impera en este tipo de delitos, debiendo demostrar total capacidad y voluntad para revertir esta situación de violencia contra la prensa, y que finalmente las y los periodistas desempeñen su labor con plena libertad y seguridad, lo cual hablará de un verdadero sistema democrático en México

Ganacias de Miguel Quintana y Constance Madrazo en bancos de Malta

en Noticias/Política/Sociedad

La Revista semanal Proceso puso el dedo en la yaga al poner al descubierto que en el paraíso fiscal de Malta están los dineros de diversos empresarios mexicanos, entre los que sobre salen el empresario quintanarroense Miguel Quintana Pali, presidente de Grupo Experiencias Xcaret, y sus socios en ese emporio de parques turísticos en la Rivera Maya, Carlos, Óscar y Marcos Constandse Madrazo.

El gobierno mexicano a través de una investigación fiscal logró detectar que hay 62 empresarios mexicanos y los quintanarroensesa aparecen como accionistas de la empresa Deansfield Company Limited, incorporada en diciembre de 2000.

Deansfield Company Limited forma parte del portfolio de empresas de Grupo Barceló, un gigante del sector hotelero de origen español. En sus informes anuales, la sociedad aparece como “durmiente”.

Tanto Quintana Pali como los Constandse Madrazo no sólo encabezan un emporio comercial en la Rivera Maya: también gozan de vínculos con los niveles más altos de la política nacional.

El primero, por ejemplo, es cuñado de José Ángel Gurría, secretario de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores en el gobierno de Ernesto Zedillo, y desde 2006 secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), uno de los órganos internacionales que pretende regular y poner orden en el uso de las jurisdicciones offshore.

Carlos, Óscar y Marcos Constandse, por su parte, son primos del frustrado candidato presidencial y expresidente del PRI, Roberto Madrazo Pintado, quien también fue gobernador de Tabasco.

La isla de Malta, ubicada en el Mediterráneo, presenta ventajas innegables para las personas más adineradas del planeta: el pequeño país, de 430 mil habitantes, forma parte de la Unión Europea –la presidió en el último año–, el mercado más importante del mundo, y ofrece tasas de recaudación mínimas para los extranjeros y las compañías que perciben sus ingresos fuera de la isla, cita la Revista Proceso.

Esto no es todo: en Malta, los secretos de los poderosos están bien guardados. Como otras jurisdicciones secretas, su registro del comercio no está accesible al público. Es, además, una de las pocas jurisdicciones offshore con las que México no ha firmado un Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria.

Por lo menos 62 ciudadanos mexicanos –magnates, empresarios, personajes vinculados con políticos e incluso futbolistas de renombre que juegan en Europa– eligieron el paraíso fiscal para operar sociedades, de acuerdo con registros de Malta obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y 97 medios aliados, entre ellos Proceso.

Entre ellos destaca el expresidente de tiendas Coppel, Enrique Coppel Luken, quien compró todas las acciones de Yachting Solution Malta Limited, incorporada en Malta, el 6 de junio de 2012. El domicilio de la sociedad coincide con una sede del despacho Ganado Advocates, que provee “una amplia gama de servicios navieros y corporativos”, entre ellos el registro de barcos con bandera de Malta, de acuerdo con su sitio de internet.

Las autoridades maltesas diseñaron una legislación tributaria particularmente favorable a los dueños de yates: además de ofrecer bajos costos para el registro de naves, exenta de impuestos a sus dueños, no restringe la nacionalidad de la tripulación y no interfiere en la venta o renta de los barcos, entre muchas otras ventajas.

El 30 de septiembre de 2014, Coppel incorporó una segunda entidad en el paraíso fiscal, llamada Magtor Limited. Para ello, obtuvo el apoyo del financiero alemán Martin Marschner, residente en el paraíso fiscal de Mónaco.

Surgido en Culiacán, Sinaloa, Coppel es ahora uno de los principales grupos empresariales del país, con actividades no sólo de tienda departamental, sino crediticias y de administración de fondos de pensiones, y tiene presencia en Argentina y Brasil.

En 2014, el Índice de Multimillonarios Bloomberg ubicó a Enrique Coppel como uno de los 10 hombres más ricos de México, con una fortuna evaluada a cuatro mil 300 millones de dólares.

En el ámbito político diplomático está el caso del hijo de Juan José Bremer, exembajador de México en Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, Alemania y Cuba. El nombre de Juan Cristóbal Bremer Villaseñor aparece en Malta como uno de los –numerosos– accionistas de la compañía Rasa Land Investors plc., la cual invirtió en varias compañías mexicanas involucradas en la construcción de hoteles y desarrollos inmobiliarios de lujo, como el proyecto “Nuevo Cancún”, en el municipio de Tomatlán, Jalisco.

De acuerdo con los registros, estas empresas, como Paraland, Chala Mar y Chalalegre, participan en el fideicomiso F/380, que fue integrado para financiar la construcción del “Nuevo Cancún”. Pero en ese instrumento financiero, controlado por el banco Monex, no sólo hay dinero privado: el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) invirtió 89 millones de dólares de los burócratas jaliscienses en el fideicomiso, del que tiene una participación de 48.5%.

Bremer Villaseñor es director general adjunto y miembro del Comité Ejecutivo de RLH Properties, firma dedicada al segmento hotelero alto, de la que el empresario Diego Laresgoiti Matute es vicepresidente de finanzas. De hecho, el 29 de enero de 2016, Bremer Villaseñor entregó 277 mil 218 acciones de Para Land Investors a Laresgoiti.

Isaac Hamui Sitton, cofundador y director general del Grupo Proyecciones de la Moda, que tiene la tienda de ropa de moda femenina Julio, también aparece en los registros de Malta como accionista de la compañía Rasa Land Investors, junto con Flavia Patricia Murillo Félix.

Entre los mexicanos que operan en Malta resaltan personajes conocidos en el mundo offshore y que Proceso identificó en la investigación global Panama Papers, también coordinada por el ICIJ.

El abogado Luis Doporto Alejandre y el magnate del acero Guillermo Francisco Voguel Hinojosa registraron la sociedad Tempest Point Holding en noviembre de 2012 en Malta, junto con una cuenta bancaria en el Bank of Valletta. La sociedad y la cuenta formaron parte de esquema offshore diseñado por Doporto para adquirir compañías en Europa.

Experto en la creación de complejos esquemas financieros, Doporto es esposo de Melissa Flores Alcántara, hija de Aurora Alcántara Rojas, cuya familia, de origen empresarial, está identificada con el llamado Grupo Atlacomulco, del Estado de México. Aurora Alcántara Rojas es además esposa del exgobernador José Murat Casab, padre del actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.

El Grupo R, del contratista de Pemex José Ramiro Garza Cantú, es otro de los clientes del mundo offshore identificado en los Panama Papers. En el marco de esa investigación internacional, Proceso reveló los esquemas de suma complejidad que utilizó el empresario de origen tamaulipeco, dueño del periódico La Razón, para rentar plataformas petroleras a Pemex.

En Malta, dos de sus ejecutivos –Enrique Tovar Millán, director en Grupo R Explotación Marina SA de CV, y Mohamed Sánchez Raschid, director de Desarrollo de Negocios de Grupo R y en Offshore Drilling Holding SA–, fueron registrados en Malta como directores sucesivos de la firma ODH Corporate Services Limited, fundada el 16 de septiembre de 2013.

El despacho que administró la sociedad, IM Global Administrative Services y Carolina Luque Francés –la abogada encargada de firmar los documentos a nombre de la compañía–, fueron los mismos que operaron los esquemas offshore de Grupo R revelados en Panama Papers.

Ricardo Benjamín Salinas Pliego, el dueño de Grupo Salinas, también aparece en los Paradise Papers, año y medio después de que los Panama Papers exhibieran sus estructuras offshore.

En Malta, el dueño de TV Azteca operó a través de Grupo Elektra Global, SL –una sociedad española– para invertir en una fallida empresa de jets privados. El nombre del cuarto hombre más rico del país apareció también en el registro de Luxemburgo, otro paraíso fiscal donde incorporó la sociedad Codisco Investments Sàrl en septiembre de 2003.

En los Papeles de Panamá, Salinas Pliego apareció vinculado con dos empresas offshore. Una para comprar obras de arte en Islas Vírgenes Británicas y otra para la compra de un barco con bandera de Islas Caimán. La revelación fue considerada en su momento por Salinas Pliego como amarillismo y verdades a medias.

Paco Carrera es español, pero lleva a cabo su actividad empresarial en México, donde se desempeña como director de ventas y marketing global en la cadena española Oasis, establecida en la Riviera Maya, en Quintana Roo. En Malta, el hombre fungió como director de Clayton Properties Limited y de Frodo Holdings Limited.

Elías Sacal Cababie, director de la inmobiliaria Bay View Grand, dedicada al desarrollo de conjuntos residenciales de lujo en las principales playas de México, y su hijo Marcos Sacal Cohen, son propietarios de tres departamentos en la Torre Trump, en Nueva York, los cuales fueron evaluados en 10.25 millones de dólares.

Elías Sacal está domiciliado en Mónaco, con sociedades registradas en Londres e Irlanda. Ambos están en los registros de Malta como directores de la compañía Kelquan Holdings Limited.

Juan Antonio Cortina Gallardo, presidente de Grupo Azucarero, aparece con las compañías Win Holding Limited y Win Advanced Systems Limited, las cuales son del conocimiento público, de acuerdo con el servicio especializado de información financiera Bloomberg.

Egresado del ITAM y postgraduado en Administración de Negocios por la Universidad de Harvard, Cortina Gallardo trabajó en Scotiabank Inverlat para la región de Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y México) y en el año 2000 se incorporó a la Inmobiliaria Geusa, que es controlada por el Grupo Embotelladoras Unidas.

Luis Fernando Talavera Abdala, consejero propietario de Distribuidora de Alimentos SI (Dasi) –que opera, entre otros, la exitosa cadena de comida japonesa Sushi Itto–, está domiciliado en Malta y aparece como director y accionista de varias sociedades de la isla, entre ellas Maisonblu Limited, LFA RE Ltd o Lolablu Ltd. Exejecutivo de Microsoft en Estados Unidos, es un ingeniero en computación que tiene ocho patentes registradas en Estados Unidos.

Roberto José Muller Iduñate y Manuel Munib Bitar Canavati, dos empresarios coahuilenses, incorporaron una sociedad de apuestas en línea en Malta, llamada Gambling World Online Malta Limited, en septiembre de 2014. De acuerdo con sus perfiles sociales de LinkedIn, Muller Iduñate y Jorge Salomon Bitar Iduñate –familiar de Manuel Munib Bitar Canavati– operan la empresa Playdoit Online Casino, con sede en La Florida, Coahuila.

Fernando Martín Laborda García y de la Rosilla, también dedicado al negocio de las apuestas, aparece en los registros como accionista de la empresa Vaisey Investment Limited.

Laborda aparece como accionista y apoderado de la empresa Femalamex, la cual después de un litigio obtuvo en 2012 permiso de la Secretaría de Gobernación para operar la empresa Recreativos Marina SA de CV, dedicada a la operación de salas de sorteos de números. Recreativos Marinos es una empresa de origen español (Codere).

Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas SA de CV, razón de una mina de oro y plata en San Luis Potosí, aparece en los registros de Malta con la sociedad PE Investments Limited. Negociación Minera es propiedad del empresario minero José Cerrillo Chowell, quien fue presidente de la Cámara Minera de México durante el gobierno de Vicente Fox, y ha tenido resistencia de comunidades en sus desarrollos mineros.

Otra empresa minera con registro en Malta es Consorcio Minero de México, Cormin Mex SA de CV, cuyo representante y director general, Edmundo Abdón Vidal Cornelio, aparece mencionado. Dedicada al procesamiento, venta y distribución de minerales metálicos, Cormin Mex es subsidaria del grupo holandés Trafigura Beheer BV, que tiene su sede en Amsterdam.

Rubén Kupferman Silberstein, socio de la firma F&K Capital Advisers SC y vicepresidente del Patronato del Centro Médico ABC, aparece en los registros del país mediterráneo con la compañía FK Capital Mangement Sicav Plc. En ella también está registrado Jorge Flinker Braverman, como presidente de la misma. Flinker además está registrado en Malta con la empresa Capital Asset Management Ltd.

José Ignacio Armendáriz Morales, presidente y socio en México de Compass Group registró en Malta la sociedad Compass Desarrollo y Renta Residencial México F1-2 Ltd., cuyas acciones compartió con empresarios chilenos, entre ellos Jaime Eduardo de la Barra Jara, presidente de Compass Group Chile. Compass Group es una operadora de fondos de inversión en América Latina, originada en Nueva York.

En los últimos meses, el paraíso fiscal de Malta atrajo la atención de la prensa internacional. En mayo pasado, un consorcio internacional de periodistas publicó los “Malta Files”, los cuales revelaban que grandes empresarios europeos utilizaban sociedades offshore incorporadas en la isla para evitar el pago de impuestos en sus países y comprar yates.

El pasado 16 de octubre, el asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, en la explosión de una bomba instalada en su automóvil, despertó la indignación en el pequeño país. Siguiendo la pista abierta por los Panama Papers, la periodista revelaba historias de corrupción vinculadas con sociedades offshore en la isla.

El atentado, perpetrado a plena luz del día y a poca distancia del domicilio de la periodista, fue interpretado como un mensaje: en Malta, los intereses secretos deben estar bien guardados.

Crédito usurero “gota a gota” empujó al suicidio a una madre en Colombia

en Mundo/Noticias/Sociedad

Por Guillermo Miranda
En México tres casos documentados
En Quintana Roo quema de carros para presionar el pago de préstamos
La usura legal (disfrazada de instituciones bancarias y financieras) y la ilegal están asfixiando a los usuarios de estos servicios financieros, al grado que provocan actos de desesperación como el suicidio o la violencia como medida de presión para el cobro del adeudo contraído en estos sistemas de crédito, como el de “gota a gota”.
A nivel mundial el crédito usurero “gota a gota” en Colombia, provocó uno de los suicidios que conmocionó a todos, cuando una joven madre de 32 años se lanzó desde un puente con su hijo de 10 años en brazos por una deuda con este sistema financiero, ante la desesperación y por la presión de no poder devolver el préstamo con 40% de interés.

En el video que circula en redes sociales se observa a la joven mujer caer desde el puente con su hijo en brazos, en un recorrido de aproximadamente 100 metros, para impactarse en el suelo rocoso, ante la desesperanza de los policías colombianos que la quisieron ayudar y convencer de que desistiera de esta fatal decisión.
Los esfuerzos fueron en vano de la policía y una psicóloga que durante casi una hora trataron de disuadir a esta madre soltera de que no saltara al precipicio, lo que finalmente hizo con su hijo en brazos.

“Dos de los casos (de suicidio) que se presentaron recientemente tienen que ver con deudas y tienen que ver con algo que es monstruoso y que se está dando no sólo en Ibagué sino en Colombia entera que es el ‘gota a gota'”, explicó el alcalde de este departamento de Colombia.
Usura y violencia
Esta modalidad de préstamo es muy arriesgada. Quien lo solicita recibe el dinero rápido, sin garantías ni avales y con la firma de solo un papel.
Estos crédito son tentadores porque se devuelven en cuotas muy pequeñas, sin embargo la trampa se esconde en los intereses, que son altísimos.
En Quintana Roo antes de la aparición en diciembre de 2016 de los usureros colombianos, las instituciones financieras que más presionan a sus clientes son Elecktra, Banco Azteca, Santander Serfín, HSBC, Financiera Independiente, Bancomer, Liverpool, Credifácil, entre otros según la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUCEF).

Por esta razón, estos colombianos engancharon en Chetumal a todo tipo de personas: burócratas, comerciantes, tenderos, mecánicos, carpinteros, amas de casa emprendedoras, maestros, etc, y al ver que no había capacidad de pago por los altos intereses en las famosas “letras chiquitas”, empezaron a presionar a los deudores con mensajes intimidatorios de celular y visitas a altas horas de la noche en sus domicilios y hasta en lugares de trabajo, para finalmente quemar vehículos.
La forma de quemar los vehículos es rociarlos con un combustible líquido acelerante de fuego en casi todo su exterior, o mediante bombas molotov aventadas desde otros vehículos en movimiento (preferentemente motocicleta) lo que provoca que las llamas se extendieran rápidamente por toda la unidad, tanto por dentro como por fuera y casi sean declarados pérdidas totales.

Entre el mes de agosto del 2017 y noviembre de 2018 se quemaron 125 automóviles en Chetumal, de los cuales la mitad fueron provocados por los colombianos y de estos, el 90% de los propietarios tenían deudas con los usureros, por préstamos de dineros a 20 y 25% de interés mensual, solo hubo cuatro denuncias penales en la Fiscalía General del Estado.
Aunque durante 2018 la situación disminuyó, solo quemaron poco más de 32 automóviles, todos ellos a través de las bombas molotov y donde 19 de estas 32 víctimas habían contraído deudas con los prestamistas colombianos, los demás fueron daños colaterales de la presencia de este cartel delictivo en Chetumal.

De acuerdo al reporte policíaco, fueron desconocidos que se transportaban en motocicletas quienes calcinaron las tres camionetas de lujo: una Suburban, otra Town and Country y una S10.
Llama la atención lo acontecido el 7 de enero de 2018, que en una sola madrugada fueron quemados 3 vehículos en pleno centro de Chetumal y cuya propietaria tenía una pequeña tienda en la colonia Solidaridad, a donde le llegaron estos prestamistas colombianos y a los cuales rechazó, razón por la cual en venganza atentaron contra sus propiedades, incluyendo la fachada de la casa y el porch que ardieron en llamas.

En Chetumal a mediados de año se detuvieron a tres colombianos, que de inmediato fueron atraídos por la justicia federal, por lo que solo estuvieron 24 horas en el CERESO de Chetumal, para después ser trasladados a la ciudad de México al Reclusorio Sur, al parecer por otros delitos como lavado de dinero, además de cuentas pendientes en su país de origen por la quema de vehículos y presuntos asesinatos de varios de sus compatriotas deudores de Gota gota.
El modo de operar de estos prestamistas, como El Gota a gota.

“El ‘gota a gota’ se convirtió en una situación terrible porque no solamente extorsiona a la gente, sino que le roba su trabajo, lo intimida, chantajea, amenaza de muerte, en ocasiones acaba costándole la vida a quien contrae esos préstamos o como es el caso en Chetumal, el incendio de los vehículos.
Si no se cumple puntualmente con las cuotas, que pueden ser diarias, semanales o mensuales, es muy posible que la persona, o incluso sus familiares, corra peligro físico, tal y como le ocurrió a las víctimas del 7 de enero de 2018, cuya familia tuvo que salir brincando la barda, ya que corrían el riesgo de morir de asfixia o calcinados

Los suicidios por deudas en México
La tasa de suicidio en México, que es de 4.9 por cada 100 mil habitantes, es una de las más bajas en el mundo, señaló la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, María Elena García Medina.
Destacó que dicha cifra coloca a la República Mexicana muy cerca de Colombia, con 5.7 por cada cien mil habitantes; España, 7.6; Estados Unidos, 11; Francia, 17; Bélgica, 21, y Japón, 23, todos por cada 100 mil habitantes.
En su Informe Mundial de Prevención del Suicidio, dijo que las tasas de suicidios los niveles se han incrementado, hasta situar a México entre las naciones que tienen un nivel medio de intentos de suicidio y en su mayoría son por la situación económica, por la falta de empleo y préstamos impagables, es decir, víctimas de la usura.
La Organización Mundial de la Salud recomendó a México hacer más visible la importancia del suicidio, y lograr que su prevención se convierta en tema de la agenda de salud y de la política pública.

García Medina mencionó que las encuestas entre la población permiten conocer y entender los pasos de las conductas suicidas, y los factores que explican, al menos en parte, el paso de una ideación a un plan, y posteriormente a un intento.
Las estadísticas revelan que son más las mujeres que intentan quitarse la vida, son más los hombres que se suicidan. De acuerdo con las encuestas de Comorbilidad Psiquiátrica y de Adicciones, 3.75 por ciento de los adultos han intentado suicidarse, mientras que en los adolescentes alcanza 4.26 por ciento.
Casos de suicidios por deudas
Un ejemplo de ello es lo ocurrido en Saltillo, Coahuila donde un joven, de 27 años, atormentado por el desempleo y las deudas decidió quitarse la vida en su humilde hogar, colgandose de una viga. El jefe de familia se pasó la noche ingiriendo bebidas alcohólicas pues por su situación económica discutía constantemente con su esposa.

En la ciudad de México, Carlos se quiso suicidar por deuda con COPEL.
Luego de un trasplante de riñón exitoso, Carlos “N”, aun convaleciente en el hospital, recibió una llamada y de pronto entró en crisis y rompió el cristal de la habitación del piso 10 del edificio de especialidades del Centro Nacional La Raza, para subirse a la cornisa e intentar saltar.
Alfredo un paramédico llegó hasta la habitación, que era todo un drama, logró entablar el diálogo y tras 30 minutos tomó de la mano a Carlos, lo abrazó y evitó que se suicidara. El motivo que tenía el paciente era más que fuera de lo común: “¡Debo 500 pesos a Coppel!”, le decía.

En esa misma entidad una Mujer se suicida con sus dos hijos, debido igualmente, a la precaria situación económica en la que vivía ahí en los suburbios de Saltillo . Coahuila en el 2016. Ella se llamaba Sol y sus hijos Alberto y Óscar.
La escena fue fotografiada y guardada en el teléfono del comisario Navarro: el cuerpo de Sol tendido en el piso, a los pies de las dos camas que había en la recámara. En una estaba Alberto, tan hinchado que su cuerpo parecía el de un adulto; en la otra, Óscar, acostado de lado, acompañado por un alebrije de peluche. Minutos después, los peritos notarían que las puertas y ventanas estaban fuertemente cerradas por dentro, que las llaves del gas de la estufa estaban deliberadamente abiertas. Y encontrarían once hojas escritas a mano, en las que señalaba que no podía pagar lo que debía y ya no tenía fuerzas para trabajar y que sus hijos no tuvieran para comer.
Casos internacionales de “gota a gota”. BBC de Lóndres.

“La doctora Carolina Lis estaba ahí. Ya casi habíamos convencido a la señora, pero desafortunadamente llegó en ese momento una persona y al verla, se lanza al abismo”, relató Guillermo Jaramillo, alcalde de Ibagué, Colombia.
Por pagar las facturas o comprarte un televisor puedes poner en riesgo tu negocio, tus propiedades, a ti mismo o a tu familia.
Te dan el dinero rápido, sin garantías ni avales, a devolver en cuotas muy pequeñas, pero intereses altísimos.
Estamos hablando de los préstamos “gota a gota”, también conocidos como “préstamos express” o el “prestadiario”.

Esta actividad tiene décadas de existencia y es legal en muchos países, pero comienza a preocupar a las policías de Latinoamérica por los delitos asociados a ella.
Grupos compuestos muchas veces por colombianos han sido detectados, y algunas veces arrestados y condenados, en varios países por delitos que derivan de esta práctica como la usura, el robo, lavado de dinero y agresiones.
Si no cumples con tus cuotas, es muy posible que corras peligro.
Después de que te dan el dinero que necesitas, por lo general tienes 20 o 30 días para devolver el monto más un interés que oscila entre el 10% al 40%.
Los cobradores, en muchos casos colombianos, asistirán puntuales durante ese tiempo para que entregues la cuota diaria.
Así le sucedió a Carlos, un taxista chileno que se prestó alrededor de US$150 y terminó pagando cinco veces esa cifra: US$750.
“Un ancla de la miseria”

Román Ortiz, el director de la consultora colombiana Decisive Point y experto en seguridad latinoamericana, explicó a BBC Mundo que existen tres razones para la proliferación de los “gota a gota” o “prestadiarios” en la región.
Los Estados latinoamericanos no tienen mecanismos adecuados para proteger a sus ciudadanos en zonas empobrecidas y alejadas, donde grupos extorsionadores pueden operar.
La falta de funcionamiento del sistema judicial que genera informalidad e ilegalidad.
La baja bancarización de las personas, que no pueden acceder a créditos y están obligadas a moverse en la economía informal.
“El sector informal es abordado por estructuras criminales con este tipo de préstamos de usura con tasas de interés muy altas”, señaló el investigador.
Ortiz define a los “prestadiarios” como “un ancla de la miseria en la que las personas quedan al servicio de los prestamistas o extorsionadores porque trabajan para cumplir con las deudas y los intereses”.

Es así que se presentaron casos en los que no sólo los acreedores pagaron mucho más de lo que recibieron, sino que perdieron aquello que compraron con el préstamo y más.
Es la historia de Jairo, un residente de la ciudad de Cali, Colombia, quien se prestó US$275 para comprarse un televisor y debía pagar US$9 durante casi 40 días.
No Prestes Tu Vida
Ante el incremento de los suicidios y el reporte de la violencia ejercida por los cobratorios a los deudores financieros, el gobierno del Perú instrumentó una campaña preventiva denominada “No Prestes tu Vioda”
El reporte policial en Perú da cuenta de que la modalidad de préstamos “gota a gota” operados por grupos ilegales colombianos alcanzó a 97 ciudades de ese país.
El dato encendió la señal de alerta en los medios de comunicación y en las autoridades gubernamentales en esta semana.

El miércoles, el Ministerio del Interior peruano lanzó la campaña #NoPrestesTuVida, una iniciativa para prevenir a sus ciudadanos de esta actividad por los peligros que conlleva.
La entidad gubernamental le explicó a BBC Mundo que la campaña “está dirigida a aquellas personas que por acceder a un crédito rápido y evitarse los trámites formales de una solicitud de préstamo de dinero, no miden el peligro del cual pueden ser víctimas”.
“Las sumas de dinero se incrementan tanto que los que accedieron a esos préstamos ya no pueden pagar e incumplen con las cuotas pactadas, ante ello los ‘prestamistas’ los agreden, extorsionan y los amenazan de muerte si no pagan la suma prestada y el total de intereses”.
La Dirección de Investigación Criminal de Perú afirmó que las principales víctimas del “gota a gota” en Perú son comerciantes.

“Las investigaciones policiales señalan que algunos de estos falsos prestamistas andan fuertemente armados y tendrían nexos con bandas criminales colombianas”, informó el Ministerio del Interior peruano.
Esta actividad ilícita también ha movilizado a las fuerzas del orden de Bolivia, Chile, Argentina y Colombia.
No se trata sólo de colombianos
En países como Bolivia, Perú y Argentina afirman que grandes bandas criminales colombianas como “Los Urabeños” o la “Oficina de cobro de Envigado” están detrás de la ola de prestamistas “gota a gota” en América Latina.

Sin embargo, el director de Decisive Point, Román Ortiz, precisa que estas agrupaciones se dedican a actividades ilícitas más grandes y que manejan sumas de dinero mucho mayores.
Ortiz precisa que aquellos que realizan los “gota a gota” en Colombia son grupos de extorsionadores y lo mismo podría pasar en otros países, donde pueden haber colombianos.
Uno de los motivos por los que se multiplicaron los grupos delictivos colombianos en otros países es la diáspora de las grandes bandas criminales provocada por el combate al crimen organizado en ese país.

Situación que sucede, por ejemplo, en Bolivia, donde las ferias y mercados de la ciudad de Santa Cruz tienen presencia de prestamistas extranjeros que trabajan en colaboración con bolivianos.
Arron Daugherty, periodista del portal especializado en crimen organizado Insight Crime, señala que “algunos gobiernos ocasionalmente han usado a los colombianos como chivos expiatorios para explicar el crimen u otros problemas sociales”, sin embargo reconoce que en este caso existe evidencia de su participación en estos delitos.
“Los usureros pueden establecerse en un nuevo país mezclándose con otras empresas criminales. Varias de las naciones en las que han sido capturados usureros colombianos también han arrestado recientemente a personas de ese mismo país”, afirmó el periodista.
Sin embargo, no todos ven este fenómeno como algo malo.

Una investigación del diario hondureño La Tribuna indica que vendedoras en mercados de Tegucigalpa ven con buenos ojos a los prestamos “gota a gota”porque les sirven “para pagar la luz o cuando no alcanza para comprar la harina”.
Tanto en Bolivia como en Honduras, policías y autoridades locales advirtieron la presencia de estas actividades.
En ambos países, como en otros de Latinoamérica, las personas con necesidades económicas no saben los riesgos que pueden correr al prestarse un poco de dinero para un televisor.
FUENTE: BBC DE LONDRES

OBSERVATORIO: Solo el 0.5 % de los recursos que se robaron los borgistas se han logrado recuperar

en Noticias/Sociedad

Más de 13 mil 663 millones faltan por recuperar del saqueo que hicieron los borgistas al erario público, informó el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Manuel Palacios Herrera, que corresponden a las auditorías practicadas a instancias de gobierno en el periodo de los años 2015 y 2016.

La auditoría extraordinaria reveló que el saqueo preliminar es de 13 mil 663 millones 51 mil 38 pesos con 32 centavos y apenas la Fiscalía Anticorrupción ha logrado recuperar la cantidad de 69 millones de pesos, en 38 denuncias interpuestas que implican a 97 servidores públicos de los periodos 2015 y 2016.
Legisladores integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura se reunieron con Manuel Palacios Herrera, quien les informó sobre el estatus de las investigaciones correspondientes a las auditorías practicadas a instancias de gobierno de correspondientes a los años 2015 y 2016.

Durante la reunión que encabezó el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, presidente de la citada Comisión, el Auditor Superior informó que las denuncias interpuestas, así como los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) derivados de la auditoría complementaria ordenada por el Pleno de la XV Legislatura a las cuentas públicas de la pasada administración, continuarán hasta sus últimas instancias.
El objetivo es, dijo el legislador, lograr la completa reparación del daño a la hacienda pública. El Auditor reiteró que, precisamente, ese es el principal objetivo de las denuncias que se encuentran en curso.

Ramos Hernández resaltó que para la XV Legislatura, es importante que la ciudadanía y los medios de comunicación conozcan cuáles son los avances y el resultado de la auditoría complementaria realizada a la pasada administración, así como el compromiso de los legisladores porque los procedimientos iniciados se concluyan hasta lograr la reparación del daño al estado de Quintana Roo.
Ante los diputados Luis Ernesto Mis Balam, Gabriela Angulo Sauri, Fernando Zelaya Espinoza, Javier Padilla Balam, Yamina Rosado Ibarra y Juan Ortiz Vallejo, el Auditor presentó los avances de la revisión casuística y concreta de las cuentas públicas 2015 de diversos entes fiscalizables del estado y los municipios de la pasada administración, solicitada por el Congreso del Estado en febrero de 2017.

Como se recordará, esta auditoría busca completar la revisión al 100 por ciento, de los informes de resultados de las cuentas públicas del 2015, cuyos informes fueron avalados por la legislatura anterior sin tener la certeza mínima requerida, con avances de apenas un 50 y 75 por ciento, en sus revisiones tanto financieras como física de las obras públicas.
Ante los legisladores, Palacios Herrera informó que la Auditoría Superior presentó un total de 15 denuncias por un monto de 8 mil 955 millones 615 mil 432 pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2015, donde se involucran a 64 servidores públicos de la pasada administración estatal y de las municipales.
Para el periodo 2015-2016 se interpusieron 14 denuncias por un monto de 1 mil 925 millones 874 mil 530 pesos, en la que se involucran a 18 servidores públicos. Mientras que del periodo 2016, se presentaron 9 denuncias que involucran a 15 servidores públicos, por la cantidad de 2 mil 781 millones 561 mil 75 pesos.

En total son 97 servidores públicos involucrados en 38 denuncias por un monto de 13 mil 663 millones 51 mil 38 pesos con 32 centavos de 2015 y 2016.
Además de las denuncias penales interpuestas, se han promovido 36 Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) ante los órganos internos de control de las dependencias donde se registraron estas irregularidades.

El Auditor Superior del Estado Manuel Palacios Herrera presentó también el Seguimiento del proceso de solventación del ejercicio fiscal 2016 que, de acuerdo con el corte al 31 de enero de 2019, se han registrado observaciones por 790 millones 940 mil 887 pesos de los cuales, se han logrado solventar 165 millones 934 mil 874 pesos, quedando un pendiente por 624 millones 407 mil 418 pesos.

Los datos ofrecidos por el titular de la ASEQROO corresponden al informe entregado en noviembre de 2018 a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, relativo al avance de la fiscalización de la cuenta pública de la actual administración, cuyo informe final deberá presentarse el próximo 20 de febrero de 2019

¿Cómo se salvan las lenguas de la extinción?

en Cultura/Noticias/Sociedad

SRF / Barbara Büttner

Alrededor de 7000 idiomas todavía se hablan en todo el mundo. Pero más de un tercio de ellos están en riesgo. Particularmente amenazadas son las lenguas de los pueblos indígenas. Según la Unesco, tal lengua muere cada 14 días. La ONU quiere contrarrestar esta extinción lingüística y proclamó 2019 el año de las lenguas indígenas. El lingüista Nikolaus Himmelmann explica qué trae consigo ese año y cómo se puede frenar la extinción del lenguaje.

SRF News: ¿Es el Año de las lenguas indígenas de la ONU más que un mero simbolismo?
Nikolaus Himmelmann: Sí, eso es algo más que simbolismo. Es importante que este tema sea percibido en la sociedad y en todo el mundo. Y puede apoyar iniciativas individuales que buscan preservar las lenguas indígenas.

Cada dos semanas muere una lengua indígena. ¿Dónde está la extinción del lenguaje lo peor?
Especialmente en las regiones donde ya ha comenzado la extinción del lenguaje: sería América del Norte, Australia y partes de África. Pero el mayor número de idiomas amenazados se puede encontrar alrededor del ecuador, porque existen los idiomas indígenas más hablados.

¿Y por qué es que simplemente desaparecen allí?
América del Norte y Australia tienen una historia más larga de supresión de las lenguas indígenas. Esto comenzó en la década de 1920 y 1930 y más o menos llevó a que estos idiomas se extinguieran en gran medida. Los escenarios de amenaza actuales en torno al ecuador están relacionados con la globalización. Allí, cada vez más familias o aldeas deciden dejar de usar su propio idioma y cambiar al idioma regional o nacional.

¿Qué significa eso en términos concretos?
La muerte lingüística significa que una generación decide no comunicarse con los niños en su lengua materna. La generación joven ya no aprende este idioma activamente. Muchas de estas comunidades sienten que sus propios idiomas no son realmente valiosos, pero que los niños crecen en idiomas nacionales o regionales lo mejor posible. Eso es un mal juicio.

Para tener éxito en la escuela, no es mejor si intenta que el niño crezca en un idioma nacional o regional que no se domine bien. Ese es el problema típico. Cuanto mejor crecen los niños en su lengua materna, más efectivos son en otros idiomas.

Eso significa, ¿tendría que ser un replanteamiento con los padres?
Esencialmente, tendría que hacer algo sobre el prestigio de las lenguas indígenas. También se debe aclarar que la idea es errónea, que el éxito escolar y las carreras posteriores dependen de aprender a hablar en el idioma nacional o regional lo antes posible.

Pero, ¿están los niños interesados?
Eso depende de los adultos de muchas maneras. La mayoría de los niños están haciendo las cosas que hacen los adultos. Luego están los típicos bloqueos juveniles. Los jóvenes también son muy buenos inventando sus propias versiones lingüísticas para diferenciarse. Pero la gran línea está determinada por el mundo adulto. Eso es lo que pienso – en todo el mundo.

“En mi corazón no cabe la venganza”: Julissa

en Noticias/Reportajes/Sociedad

Las lágrimas que derrama Julissa no compensan los cinco años que pagará el asesino de su madre y su hermana.

Justicia, aun sea divina pero justicia
Julissa Itza Coba, en aparente calma, con la mirada triste y el rostro lleno aún de incredulidad, exclama que ninguna lágrima derramada, ni los cinco años de presión, ni las multas a que fue condenado el asesino de su madre y hermana van a compensar el inmenso dolor que hoy siente su corazón y que le desgarra el alma.
“Nosotros no buscamos venganza, buscamos justica por la muerte de mi madre y mi hermana, nada más. Si los padres del Chino Elizama Be nos miran con odio y sed de venganza no tienen por qué hacerlo, ya que fue su hijo el que dañó a nuestra familia”, afirma con voz firme y la mirada triste, Julissa Itzá.

La gemela sobreviviente del joven homicida “El Chino” Elizama B (ahora sentenciado a 5 años de cárcel), rompió el silencio y dijo que la justicia alcanzará al asesino de su mami Bertha y su hermana Yutzal, ya que esa pena máxima otorgada por la Juez nunca será suficiente para que pague por el brutal asesinato cometido.
Su rostro pálido, su mirada triste, entre sollozos y respiración entre cortada e intermitente, la joven Julissa aún recuerda la fatídica tarde en la que bromeó con su hermana y vio la sonrisa de su mami por última vez, recostada en la hamaca, donde con brutalidad el Chino Elizama Be perpetuó el artero crimen con todas la agravantes.
No hay dinero que resarza el daño cometido a esta humilde familia de la Zona Maya, que prácticamente este asesino les llenó de dolor y cambio su vida para siempre, sobre todo la de Julissa, quien aun en la incredulidad sueña que todo fuera una amarga pesadilla y al despertar verá de nuevo a su mami y disfrutará de la alegría de Yuztal, su gemela acuchillada.

“5 años no es justo, nadie nos va a regresar la vida de mi mamá y de mi hermanita y no me parece que quienes hicieron las leyes de esta manera, nunca visualizaran que un menor de edad pudiera cometer un asesinato tan perverso, tan brutal y 5 años nadie garantiza que el Chino Elizama Be lo va a volver a hacer”, señaló.
La noche fatídica del 23 de agosto
Recorriendo con su mirada la calle donde su señora madre terminó muerta, en medio de un charco de sangre, Julissa clama justicia, pero ya no la del hombre, sino de la divinidad contra este, justo yació su cuerpo a unos pasos de su vecina de enfrente, luego de que intentó salvar la vida de su hija como toda madre guerrera, pero que el destino no lo quiso así para perecer pidiendo ayuda y detener al brutal asesino.
“No me parece justo que pasará 5 años en rehabilitación con jóvenes menores de edad igual que él, en un anexo que ni siquiera es prisión, sino como un internado en una anexo, ¡no me parece justo!, no lo es”, agregó con voz entre cortada y la mirada fija en el horizonte, si allá donde aún recuerda a su madre tapada con una sábana blanca, en medio de las cintas amarillas y rojas que acordonaron la escena del artero doble feminicidio.

Lo que más coraje y hasta miedo da es que este asesino, el Chino Elizama Be no muestra arrepentimiento de lo que hizo. Estuvo en el juicio tranquilo, como si no hubiera hecho nada y me miró como si nada, como cuando venía a mi casa, precisó, volviendo su mirada ahora fuerte, pero aún llena de impotencia e incredulidad con lo que hasta ahora ha vivido.
“Mi mamá le abrió las puertas de la casa, aún era novio de mi hermanita y ese fatídico 23 de agosto no sé lo que ocurrió, pues desde las 6 de la tarde estaba ahí…. Me fui a hacer tarea y fue la última vez que vi a mi madre acostada en su hamaca y a mi hermanita que bromeó conmigo al salir….. después a las 10:30 pm al regresar ya las había apuñalado”, agregó.
Caminando por la calle, trataba de evocar cada detalle de lo que ocurrió el fatídico 23 de agosto de 2018 cuando con su mano temblorosa, del coraje e impotencia, señala hasta donde la dejaron llegar con su bicicleta, entre las luces de torretas de patrullas y ambulancias y la mirada de decenas de curiosos que veían el ir y venir de los policías, que no podían creer lo que veían, por las más de 21 puñaladas asestadas a los cuerpos de su madre y hermana gemela por el asesino El Chino Elizama Be.
Ya en su domicilio, en esta entrevista, Julissa Itza, hace una pausa, contiene el llanto, pero no puede evitar que sus ojos se llenen de lágrimas, suspira y cuenta que en febrero de 2018 empezó a visitar su casa el Chino Elizama Be para convertirse en novio de su hermana Yutzal Itzá. Le dieron la confianza, llegaba a la casa a comer y convivía mucho con la familia, al grado que las acompañaba a todos lados, incluso a fiestas donde eran invitadas las hermanas Itza Cobá, por lo que ignora el motivo por el cual cometió este brutal homicidio.
En el patio de la vivienda donde al fondo hay un altar a la Virgen María, Julissa recuerda que al principio, el asesino de su madre y hermana solo pasaba al patio, ahí recargaba su bicicleta y se ponía a platicar con la gemela Yutzal, por horas y poco a poco se ganó la confianza de su mamá, quien lo trataba como a un familiar.
“se le dio la confianza, se le trataba como alguien de la familia, duele mucho…. Duele mucho, pues nunca imaginamos que nos llegara a hacer esto”, agregó con lágrimas en los ojos Julissa Itza Coba.

Chino Elizama, sicópata asesino
Por la forma en que asesinó a doña Bertha y a la gemela Yuztal, el Chino Elizama Be reflejó una mente enferma, ser casi un psicópata, un criminal, un poseído del infierno, que con regularidad jugaba juegos de video en línea donde la temática era asesinar y sobrevivir, era matar utilizando todo tipo de armas a su alcance, además de ver una serie sangrenta en televisión de paga, entre otros programas violentos, en los cuales había una característica en común: muerte y sangre, mucha sangre, como la estela de sangre que dejó en el humilde domicilio de la familia Itzá Cobá, el fatídico 23 de agosto de 2018.
Para la autoridad, el trastorno mental sufrido por el Chino Elizama Be a consecuencia de este tipo de programas sangrientos, es la causa aparente que lo motivó a cometer estos crueles asesinatos, aunque en el trasfondo de esta tragedia a otros factores que lo llevaron a cometer este doble feminicidio.
La lección para muchos padres de familia de niños en la pubertad, adolescentes y jóvenes es alejarlos de esos juegos violentos en línea que cualquiera pueda descargar en su teléfono celular como Pung Mobile, Fornite y Call of duty y Free Five FF y hasta las series de televisión mil maneras de morir, crímenes sangrientos, etc, que sumados a la desintegración familiar y hogares disfuncionales, hoy están abonando para que los jóvenes sean víctimas fáciles de la violencia, de la delincuencia, etc.
El abandono de la autoridad
Lo desesperante para la familia es la indolencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de las instituciones dedicadas a la defensa de los derechos de la mujer, ya que hasta ahora nadie le ha ofrecido a Julissa Itza Coba apoyo psicológico, económico o alguna beca que le permita a la estudiante salir adelante. Hasta ahora solamente los directivos del bachillerato CBTIS le han condonado la colegiatura, pero nadie ni del DIF, IQM, Municipio, Diputados Locales y federales ni los senadores les ha preocupado la situación de Julissa, que se quedó en la orfandad para luchar sola en la vida que le espera en los siguientes años.

Sin rencores, pero no se olvida
A la pregunta expresa ¿guardas rencor?, Julissa Itza Coba, respira profundamente, fija su mirada al cielo, como queriendo encontrar a Dios y dice con toda seguridad y aplomo ¡no, no puedo, no soy una persona mala, pues a la vez que me da tristeza verlo (al homicida El Chino Elizama Be) si tengo un profundo coraje pues no muestre signos de arrepentimiento y esté muy tranquilo después de este brutal doble asesinato que cometió, en donde me cambió la vida al arrancarme a mi mami y a mi hermanita!.
Con el dolor a flor de piel, Julissa alza la mirada como pidiendo justicia al cielo, expresando su incredulidad, cuando en la audiencia de sentencia cuando lo tuvo frente a frente y no podía creer que ahí estuviera el Chino Elizama Be, el asesino, como si nada hubiera pasado; con una tranquilidad increíble al escuchar su condena de solo 5 años de prisión, pese al gran daño causado, que cambió la vida de sus dos hermanos y de ella, al dejarla en la orfandad total.
Los sueños de Yutzal truncados
Este homicida terminó con los sueños de Yutzal Itzá, que desde que cursaba la secundaria le platicaba a su gemela Julissa Itzá que quería ser licenciada en derecho, sueño para el cual se preparaba al cursar el CBTIS, en donde no terminó al ser apuñalada 11 veces para perder la vida en la ambulancia camino a Chetumal.
“A mi hermana le gustaba el futbol, jugaba mucho y era muy buena. Su materia favorita en la escuela era ciencias sociales y lógica, además de que estaba llena de vida e ilusiones, ser abogada era su sueño, aunque eran regulares y buenas sus calificaciones, era una muchacha noble y alegre”, afirmó Julissa Itzá.

A Yutzal Itza le gustaba comer en el Pastorcito Maya, establecimiento ubicado en el mercado municipal de Felipe Carrillo Puerto y convivían en familia cuando su señora madre, viuda desde hace varios años, con su trabajo de “doméstica” en casa de una maestra ganaba algo extra para darles esos pequeños lujos de cenar fuera de casa.
“Mi mamá luchaba a diario para mantenernos, trabajaba y lo poco que ganaba a veces lo gastaba con nosotras, nos llevaba al Pastorcito Maya, pues no le alcanzaba para más lujos”, dijo con lágrimas en los ojos y el rostro desencajado a medida que avanzaba la entrevista hecha por Pedro Canché.
Yutzal era una gran persona
Julissa se decidió a romper el silencio luego de cinco meses de no poder hablar, ya que era menor de edad y aun no se repone de este impacto emocional que cambio su vida por completo, al enterarse que este desalmado asesino acabó con la vida de su mamá y de su hermana, apuñalándolas y cortando parte de sus cuerpos, tal y como lo describe Julissa Itzá Cobá.
“Yutzal, mi hermanita, prefería comer pizza de peperoni y hawuallana y la pedíamos Donatelo, cuando se podía y cuando mi mamá nos consentía” dijo y esbozó una sonrisa al recordar esos momentos compartidos con la ahora occisa.
“Mana nos decíamos desde que estábamos en el Kinder y hasta ahora, había mucho en común, un gran cariño, aunque también era diferente, algo rebelde y muy directa, cuando le molesta algo lo dice y no se quedaba callada”, indicó, hablando de su hermana como si aún estuviera viva, con mucho amor y a la vez melancolía.
“siempre fue más directa, cuando no le parecía algo te lo decía. Ella era fuerte en los momentos difíciles, yo lloraba o me ponía triste y ella siempre me ayudaba y era muy fuerte”, dijo, al momento de alzar su mirada y con las lágrimas en los ojos que no dejaban de fluir al referirse a cada momento que vivió a lado de su gemela Ytzal.
Con el llanto en sus ojos, tuvo que ser abrazada y consolada por su hermano Yambo, el más fuerte y pilar de lo que queda de su familia.

Nuevamente en la orfandad
Ha quedado huérfana. La primera a los 6 años cuando muere su padre por una enfermedad. Con él nunca les faltó nada. Fue la época en la que las gemelas corrían por el patio de su casa, felices, sin que nada ni nadie les truncara sus sueños, sus juegos, su día a día.
Pero desde los seis años, cuando sufrieron la pérdida de su padre, su vida cambió, pues su mamá empezó a trabajar limpiando casas y en ocasiones haciendo cositas para vender, con lo que sus hermanos salieron adelante – los dos mayores y ya ambos trabajan, mientras que Julissa tendrá que enfrentar sola a la vida, pues este doble feminicidio le arrebató a su madre, su único sustento económico que la mantenía estudiando en el CBTIS de Felipe Carrillo Puerto.

-Hija, después del CBTIS tendrás que ponerte a trabajar, pues no me alcanzará para costear una carrera universitaria-, aún en su memoria prevalecen las palabras de su mamá, cuando ingresó a realizar su bachillerato en dicha institución.
Petición a la autoridad
No esperamos gran apoyo de la autoridad, pero sí que vean nuestro caso – el asesinato de mi madre y de mi hermana- y estudien una reforma a las leyes, que las cambien, ya que aún sentenciado el Chino Elizama Be, nada garantiza que al cumplir sus cinco años de prisión entre menores de edad, vuelva a matar personas.
Es lo único que solicita Julissa Itzel a las autoridades competentes, en específico a las de la Fiscalía General de Justicia y a los diputados, en especial al que representa la Zona Maya, que se trabaje en estudiar este tipo de leyes y se endurezcan, para que si alguna familia vuelve a pasar por una situación similar, el asesino aún sea menor de edad, cumpla una condena mayor, es decir, alcance cuando menos 30 años de prisión.
“Por lo blando de las leyes contra los menores de edad que delinquen es que hoy en México hay mucha delincuencia, mucho narco, muchachitos que ya están en las drogas y cometiendo delitos sabiendo que la ley no los castigará con mano dura”, señala, al tiempo que su rostro se endurece y la rabia e impotencia vuelve a apresar sus lágrimas y contener su llanto, pese a que éstas resbalan por sus mejillas.

Julissa exige a las autoridades detener la delincuencia juvenil, ya que no solo matan –como lo hizo el Chino Elizama Be- sino que roban, asaltan, hieren, violan, cometen todo tipo de abuso, pues saben que estas conductas delictivas de adultos no les serán contadas y lo máximo que alcanzarán solo serán cinco años de prisión y al salir seguir por el mal camino, pues no hay una rehabilitación que los haga cambiar.
La delincuencia ha enfermado a los menores
La perversión de los adultos –los verdaderos delincuentes- están utilizando a los menores de edad, e incluso a los niños para delinquir ya que saben que la ley será benévola con ellos y que el castigo que recibirán será mínimo con los delitos que puedan cometer, incluso el asesinato a sangre fría.
“Los delincuentes adultos les dicen ve y roba, asalta, o hasta los contratan para asesinar a otras personas, y les dicen, total tú en cinco años sales y disfrutarás todo tu dinero, por ello estos muchachitos de hoy se han vuelto violentos y son utilizados para cometer muchos delitos y esto debe acabar, la autoridad debe ver el caso de mi familia y cambiar las leyes lo más pronto posible, sino volverá a suceder una tragedia como la que hoy vivimos”, dice, al tiempo que su voz se vuelve a quebrar, respira y contiene el llanto, pues recibe el fraternal abrazo de su hermano mayor, que se ha convertido en el hombre fuerte de esta desquebrajada familia producto de una sociedad que protege a la delincuencia juvenil.
Delincuencia organizada idiotiza a menores
Los recientes acontecimientos en ciudades como Cancún y Playa del Carmen, donde la delincuencia ha avanzado y sigue creciendo sin que la autoridad la pueda contener, es el claro ejemplo que los jóvenes de hoy reciben, es el mensaje de robar, traficar, herir y matar, sabiendo que al salir de la cárcel disfrutarán del dinero mal habido, pues dependiendo del delito lo máximo que estarán encerrados en cómodas celdas en el Centro de reinserción juvenil serán solo 5 años.
Es claro que los delitos cometidos en Cancún, las ejecuciones y matanzas entre narcotraficantes, el enriquecimiento de muchas de estas personas por el tráfico de drogas, secuestros y demás son la atracción del momento para muchos adolescentes, que ven la vida fácil, el dinero fácil y sobre todo aprenden violencia y generan violencia, como lo que hizo el Chino Elizama Be, quien aprendió la violencia y la ejecutó matando a la madre y a la hermana de Julissa, dejándola en la orfandad.

Desgraciadamente la mafia, los narcotraficantes y hasta los delincuentes de cuello blanco, refiriéndose a funcionarios corruptos, están utilizando a los muchachitos para cometer todo tipo de delitos al amparo de la ley y con plena impunidad, sabiendo que cinco años será lo máximo que puedan alcanzar. Hoy vemos muchos jóvenes delinquiendo, muchos niños ya en las drogas y cometiendo abusos, Bullying en las escuelas, pues se les ha hecho fácil con el ejemplo que la sociedad les está dando, mientras la autoridad con este tipo de leyes se muestra complaciente.
Nuestros adolescentes y jóvenes imitan los actos delictivos de los adultos, imitan lo que hacen las mafias y narcotraficantes y esto tiene que acabar, lo tiene que cambiar la autoridad y los que hacen las leyes, indicó con indignación y aún esperanza la víctima colateral de esta tragedia familiar, quien hoy con dolor revela en la entrevista sus sentimientos y lo que en realidad vive y con lo que tendrá que vivir día a día, pues es claro que la acción mal intencionada, con dolo y tal vez premeditación del Chino Elizama Be, cambio totalmente su vida y la marcó para siempre.
“como dije anteriormente los senadores, los diputados, el gobernador, deben cambiar las leyes. Al momento que aprobaron esta ley, que la promulgaron nunca pensaron que un niño, un menor de edad, iba a hacer algo tan perverso, tan brutal, tan malo, tan despreciable como lo es arrebatarle la vida a dos personas con todas las agravantes y tan solo recibir 5 años de prisión. Esto debe cambiar no puede quedarse así”, son las palabras, el reclamo duro hacia las autoridades hecho con la rabia e impotencia a flor de piel de Julissa, hoy quien carga con este daño a su vida, a su alma, a su corazón.
Julissa, toma aliento, se sienta en una silla blanca de plástico, a su espalda un niño juega, un pequeño familiar suyo que en su inocencia aún no se contamina su corazón con el dolor de la muerte de la madre Bertha y su hermana Yutzal.

Hace una pausa y clava su mirada en el horizonte, esperando la siguiente pregunta del entrevistador. Pasa poco a poco su dolor, su rostro deja de ser duro y nuevamente aflora su inocencia, aunque su mirada triste no cambia, se acentúa, implorando a la divinidad justicia.
Aún con la tragedia a cuestas teme represarías de la familia Be Pech
Asustada se muestra Julissa al ser cuestionada sobre la familia del Chino Elizama Be y cómo ha participado en esta tragedia.
Su rostro cambia, de la niña que no guarda rencor a la joven con miedo, si ese miedo que causan las amenazas veladas o directas, ese miedo que se le tiene a la gente pudiente, con poder político y económico, capaces de dañar y seguir dañando a los que menos tienen, a la gente, que como Julissa, están en la orfandad no solo por la pérdida de sus padres, sino por la ausencia de la protección de la autoridad, que a la fecha no le han apoyando en nada.
Con mucha preocupación y miedo explica que durante el proceso penal del Chino Elizama B., la madre de este Luci Pech arremetió con amenazas contra sus testigos, siempre señalando la clásica frase “no saben con quien se están metiendo”, suceso que llenó de indignación a muchas personas que conocen a la familia de Julissa y que sirvió para que no se amedrentaran y dijeran lo que vieron el día de los lamentables hechos en agosto de 2018.
El poder político y económico que rodea a la familia Be Pech es tanto que hoy han producido miedo en la familia afectada por el doble feminicidio.
Julissa teme por su vida y la de sus hermanos y demás familiares, así como de las personas que participaron como testigos oculares de los lamentables hechos del 23 de agosto de 2018, y no es para menos se trata del poder de un expresidente municipal, ya que aún se desconocen los verdaderos motivos por los cuales el Chino Elizama Be ultimó a cuchilladas a la madre y hermana, mismos que no han quedado claros pese a que ya fue sentenciado a 5 años de prisión.
“quiero que la autoridad nos de protección a mi familia y a las personas que participaron como testigos en el juicio” aseguró con llanto en los ojos y la voz desquebrajada, de manera muy valiente expone la situación y a la vez teme por su vida, al grado que desde ahora hace responsable a la señora Lucia Pech de los que en un futuro les pueda ocurrir ya que acusaron de recibo las amenazas.
“no es justo que esta señora –Lucía Pech – nos trate así, ¡vergüenza! Debería tener por lo que hizo su hijo y no estar amenazando”, agregó Julissa Itzá con una mirada de indignación, pero a la vez con un miedo justificado, ya que no quiere tener más tragedias en su familia ni mucho menos tener relación con este tipo de personas pudientes y sin escrúpulos.
Cinismo sin escrúpulos de Lucía Pech, miradas que matan.

Pese a que su hijo, el Chino Elizama B. por alguna razón, aún desconocida tanto para los juzgadores como para la familia Iztá Cobá, asesinó cruelmente a doña Bertha y a Yutzal, nada explica la actitud cínica e indolente asumida por Lucía Pech, quien no se cansa de intimidar – tanto de palabras como a través de su mirada llena de odio- a Julissa y a sus hermanos, que como valientes Mayas no se dejan vencer, no se amedrentan y siguen adelante, ya que no piden venganza sino claman justicia, aunque sea divina, ante la fragilidad de las leyes que juzgaron al criminal con tan solo 5 años de prisión.
“Me mira con odio, me mira como si nosotros tuviéramos la culpa, cuando el asesino es su hijo y es producto de la educación que le dieron. Que le dio ella –Lucía Pech- como madre. A veces siento que me mira y me quiere matar con su mirada, percibo so odio, se siente, pero lejos de contestarle su amenazas y miradas amedrentadoras, solo me volteo y no le sigo su juego”, señala Julissa, cuyo semblante cambia, con el rostro recio lleno de orgullo de esa sangre maya que no se rinde, que no se agacha, que no se somete.
No le gusta a Julissa que la señora Lucía Pech los mire con esa cara de desprecio, de odio, ya que ellos tres, los sobrevivientes a la tragedia del 23 de agosto de 2018, no le hicieron nada, no tomaron de la mano al Chino Elizama Be para cometer estos atroces crímenes, donde reflejó simplemente el odio a la familia, al amor familiar, a la unión familiar de lo cual careció en casa de sus padres Lucía y Elizama.
Es tal la impotencia de la familia Iztá Cobá ante la indolencia de Lucía Pech y Elizama Be Cituk que no aceptan que su hijo – El Chino Elizama Be Pech- es un delincuente, un criminal que merece mucho más que cinco años de prisión, aseguró de manera enérgica Julissa, al tiempo que aseguró que en su familia le dieron mucho cariño y afecto a este delincuente que en su casa es evidente que le faltó y por tanto solo reflejó en este sangriento asesinato de lo que siempre ha carecido, el amor de sus padres, su guía y su consejo.
Pero qué se puede esperar, viendo la actitud indolente, de odio jarocho hacia la familia afectada de parte de Lucia Pech? Su hijo, el Chino Elizama Be es reflejo de la prepotencia, arrogancia, indiferencia ante las tragedias, duro de corazón tal y cuales son sus promogenitores.

Crimen hecho por el Chino Elizama Be producto de una mala educación familiar
Con gran indignación Julissa señala que las amenazas de Lucía Pech no deben ser, ya que ella y su esposo Elizama Be Cituk son los que se metieron con su familia, al criar a un asesino. Son igual de responsables del doble feminicidio cometido por su vástago, pues es la educación que recibió, los valores que le inculcaron, ya que hasta un niño pequeño sabe lo que es bueno y lo que es malo, más un muchacho como el “Chino Elizama Be”, que perpetuó este artero crimen, sin compasión y con una saña inusitada, salvajismo y carente de toda misericordia.
“Él está consciente de lo que hizo, y seguro lo aprendió en algún lugar, lo vio en su familia, pues su educación fue en el seno de su hogar. Sus padres le enseñaron lo bueno y lo malo y tienen la culpa por no darle valores”, agregó con desesperación y miedo de que le suceda algo por hablar de lo que en realidad sufre su familia por este atroz crimen.
El desequilibrio mental que argumentó la defensa del Chino Elizama Be Pech en su juicio fue producto del rompimiento familiar, de un hogar disfuncional, en donde Lucía Pech vivía ya con su nuevo “marido” y Elizama Be con una jovencita en otra vivienda, según lo que contaba el victimario cuando en vida convivía con Doña Bertha y su novia Yutzal.
Todo mundo en Carrillo Puerto sabe y conoce el rompimiento de la familia del Chino Elizama Be, lo que no es suficiente razón para que haya perpetuado este atroz crimen y después huido del lugar como si nada hubiese hecho.
Lo que más lastima a Julissa fue que ese amor de hogar, ese amor de familia que no tenía en su casa, se le dio como novio de Yutzal, ya que era triste ver que andaba como “perrito callejero” de una casa a otra, con su mamá o con su papá o simplemente solo, por lo que “el Chino” comía en su casa, por la confianza que le dio doña Bertha de hasta acompañarlas a fiestas, por eso Julissa aun no puede creer lo que él hizo y le lastima grandemente el corazón.

Solo buenos tratos de la familia Itzá Cobá recibió el criminal Chino Elizama
Debido a que desde los seis años Yutzal y Julissa se quedaron huérfanas de padre, su mamá –doña Bertha- además de dedicarse a limpiar casas para ganar dinero y sostenerlas, también los domingos vendía cochinita en las afueras de su casa, donde los vecinos acudían a comprar y sus clientes, pues a decir verdad, las personas que probaban la rica cochinita quedaban “enamorados de su sabor” y se volvían clientes.
Por ello, vecinos de la calle donde habita la familia Iztá Cobá, conocían al Chino Elizama, pues prácticamente era un miembro más de esta humilde familia, en donde, según testigos, lo trataban bien e incluso estaban ya acostumbrados a verlo conviviendo y participando en las actividades familiares de su novia a quien mató a cuchilladas.
Algunos vecinos refieren que el Chino Elizama Be solo recibió buenos tratos de parte de Yuztal y doña Bertha, por lo que ignoran cuál fue el motivo real que llevó a este criminal a cometer tan cruel y despiadados asesinatos la fatídica tarde noche del 23 de agosto de 2018, en la que literalmente llenó a cuchilladas a madre e hija, dejando una estela de sangre y sufrimiento para esta humilde familia de Carrillo Puerto.
El Chino Elizama Be fue visto salir de la casa con sangre en sus manos por al menos dos vecinos, pero por miedo solo uno testificó en su contra, ya que saben del poder económico y político de su primogenitor.
Julissa, terminará CBTIS y seguirá trabajando
Sin prometer nada en memoria de su madre Bertha y su hermana gemela Yuztal, Julissa espera poder terminar su nivel bachillerato en el CBTIS de Carrillo Puerto, ya que sus sueños de ser doctora en el Tecnológico, simplemente no podrá ser, debido a la pobreza y ahora sin el apoyo económico de su madre, este sueño seguirá truncado, pues también se lucha contra lo insensible y la indolencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que no se han acercado para ayudarla, para darle una esperanza de vida digna.
Julissa seguirá trabajando y estudiando para terminar su bachillerato y cuando menos presentar un certificado a la hora de buscar un mejor empleo, que el que actualmente realiza en la tortillería, donde desde hace unos meses ya laboraba para ayudar a la economía de su hogar, que en antes del 23 de agosto de 2018 era su mamá Bertha quien daba el mayor aporte económico para el sustento de esta familia.
Ser fuerte y luchar con honestidad, el legado de doña Bertaha.

Rompió en llanto y alzó la mirada al cielo, mientras las lágrimas surcaban sus mejillas y su voz se resquebrajaba más y más, casi haciéndose inaudible. Respira profundamente y mira a su hermano, entonces Julissa contiene el llanto y su rostro parece tener una luz de esperanza al recordar los momentos más hermosos que pasó con su madre Bertha.
“Ser valiente, no rendirse jamás, luchar siempre por salir adelante con honestidad y sin pasar por encima de los demás” es el mayor legado de mi madre, aseguró Julissa, que con ese orgullo y coraje de su sangre maya, habla de la mejor herencia que recibió de su mamá.
Luchar siempre con coraje y determinación para salir de la pobreza, para ser alguien en la vida es el ejemplo que recibió de su mamá y es lo que seguirá haciendo, para honrar su memoria, honrar el mejor legado de amor de su mami Bertha.
Mis quince años, el más grato recuerdo con Yuztal
Para finalizar esta entrevista, Julissa ya con un brillo de luz de esperanza en su mirada y con el ánimo renovado al recordar el legado de doña Bertha, recuerda con mucho amor en sus palabras a su hermana fallecida Yutzal, en especial los planes que tenían juntas antes de los 15 años.
“Planeamos tantas cosas para nuestros 15 años, pero la pobreza y la falta de recursos no permitió que tuviéramos una gran fiesta con chambelanes, vals, conjunto y baile. Pero fuimos felices en el festejo que nos organizaron mi mamá y mis hermanos. Un pastel, una comida, dos vestidos iguales y sencillos, pero elegantes..”.
Una fiesta con mucho amor, el amor inigualable de su madre y el cariño de sus hermanos y vecinos, es sin duda, su mejor recuerdo con Yutzal, su hermana gemela asesinada por el Chino Elizama B.

Los 15 años que el Verde ha chupado Quintana Roo

en Noticias/Política/Reportajes

Cuando el entonces diputado federal, Juan Ignacio ‘Chacho’ García Zalvidea rompió en el marco del proceso electoral 2001-2002 con el PAN, al no ser postulado por ese partido a la presidencia municipal de Benito Juárez (Cancún), propició el ascenso del PVEM y el arribo de Jorge Emilio ‘El Niño Verde’ González Martínez a Quintana Roo.

Para el carismático ‘Chacho’, que un par de años antes se convirtió en el primer diputado federal de mayoría de Quintana Roo, con la coalición PAN-PVEM y de la mano del candidato presidencial de esta alianza, Vicente Fox, no fue impedimento que Acción Nacional no lo postulara a presidente municipal y se fue al Partido Verde.

Jorge Emilio González Martínez lo recibió con los brazos abiertos y le puso como operadores al ahora ex gobernador de Chiapas, Manuel Velazco y a Arturo Escobar.

‘El Chacho’ ganó las elecciones en 2002 y ‘El Niño Verde’ se arraigó en Quintana Roo e hizo de Cancún su centro de operaciones.

Justo en la administración de García Zalvidea, en febrero de 2004, salió a la luz pública un video que mostraba a Jorge Emilio González en conversaciones y negociaciones con un sujeto que le ofreció un soborno por 2 millones de dólares para que ayudara en la liberación de unos terrenos protegidos en Cancún. En su defensa, ‘El Niño Verde’ alegó que lo ‘chamaquearon’.

Pero ese mismo año, el ‘Chacho’ rompió con el ‘Niño Verde’ en su intención de ser candidato a gobernador a través de una ‘mega alianza’, e, incluso, pretendió una nueva dirigencia nacional para el PVEM.

El entonces alcalde cancunense pagó con creces su osadía. Fue echado del palacio municipal por ‘porros’ priistas y el Congreso del estado, dominado por el PRI, nombró un Concejo municipal, presidido por Marisol Ávila, del PVEM, que duró apenas unas semanas en el cargo, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los procedimientos para destituir a García Zalvidea y desaparecer el ayuntamiento fueron ilegales.

A final de cuentas, el ‘Chacho’ acabó en la cárcel, tras perder la elección a gobernador, bajo las siglas del PRD-PT, mientras que Jorge Emilio se fue con el PRI de Quintana Roo, que ganó con Félix González Canto.

El PVEM, en alianza con el PRI, en aquella ocasión obtuvo dos diputados de representación proporcional, incluido el empresario Gastón Alegre, pero que al final se declaró independiente y además obtuvo con Jose Luis Pineda, la sindicatura del ayuntamiento de Benito Juárez, presidio por el priista Francisco Alor.

La alianza PRI-PVEM se afianzó en la segunda mitad del gobierno de González Canto (2008-2011). Si bien el PRI perdió la presidencia municipal de Benito Juarez, los verdes alcanzaron tres diputaciones locales, con Marisol Ávila, Giovanni Gamboa y Alan Ferrat.

Además, en los comicios federales de 2006, Ludivina Menchaca, del ‘Verde’ se convirtió en senadora, en alianza entre PRI y PVEM, que llevó en la primera fórmula Pedro Joaquín Coldwell.

Con Roberto Borge como gobernador (2011-2016), la alianza entre el PRI Quintana Roo y Jorge Emilio llegó al tope.

La alianza PRI-Verde perdió cinco de nueve municipios, incluido Benito Juárez y en la XIII Legisladora, pero el PVEM obtuvo dos diputaciones, incluida una pluriniominal para Gabriela Medrano, que a larga fue efímera pareja de Roberto Borge, además de puestos en el gabinete estatal.

En las elecciones federales de 2012, Jorge Emilio hizo gala de su poder, al ser postulado como candidato a senador de la primera fórmula por Quintana Roo y mandando a la segunda, Félix González, que apenas un año antes había sido gobernador de la entidad.

Pero, desde un año a antes, Jorge Emilio implementó un sofisticado sistema de entrega de despensas en colonias populares en Cancún.

Para los comicios intermedios locales de 2013, el PRI y PVEM siguen aliados en Quintana Roo y Roberto Borge se llevó ‘carro competo’. El PVEM obtiene otras dos diputaciones locales, incluida una para Remberto Estrada y en la comuna de Benito Juárez, con el priista Paul Carrillo como alcalde, al ‘verde’ le tocan la sindicatura y la secretaria general del ayuntamiento, entre otros cargos en la comuna cancunense.

En los comicios federales intermedios de 2015, se mantiene la alianza PRI-PVEM, y además de llevarse el ‘carro completo’ en Quintana Roo, Remberto Estrada se convierte en el primer diputado federal de mayoría del ‘verde’ en Quintana Roo.

La alianza PRI-PVEM continúa en 2016, para las elecciones de gobernador. Si bien el ex priista, Carlos Joaquín, con el cobijo de PAN y PRD, ganó la gubernatura, el PVEM, con Remberto Estrada, ganó la presidencia municipal de Benito Juárez, además de ganar cinco diputaciones de mayoría, de las cuales cuatro fueron en Cancún.

Para los comicios presidenciales de 2018, el PVEM siguió la alianza entre priistas y “verdes”. Jorge Emilio se convirtió en diputado plurinominal por Quintana Roo.

A la par, hubo elecciones municipales, y el PVEM no logró retener Benito Juárez, en un accidentado proceso electoral, en el que la candidata de Morena-PT, Mara Lezama, no tuvo adversarios, pues se ‘cayeron’ las candidaturas del PRI y ‘Verde’ y de PAN-PRD y Movimiento Ciudadano.

Pero, tras la elección, en la que Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente de México, los legisladores ‘verdes’ se aliaron a Morena y en las negociaciones, incluyeron que la cancunense, Ana Patricia Peralta, que ganó una diputación pluriniominal con la sigla del PVEM, acabara en la bancada ‘morenista’.

Y esta alianza, entre López Obrador y Jorge Emilio, ‘aterrizó’ este martes en Quintana Roo, con el acuerdo de coalición entre PVEM y Morena para las elecciones intermedias locales del próximo 2 de junio.

Tras este acuerdo PVEM-Morena, Jorge Emilio cumplirá casi tres lustros de ‘arraigo’ político en Quintana Roo.
Fuente: Noticaribe

“Las descalificaciones no son parte del derecho de réplica”, le dice en carta abierta Artículo 19 a López Obrador

en Noticias/Sociedad

Carta pública al Presidente Andrés Manuel López Obrador

Estimado Presidente Andrés Manuel López Obrador,

Desde el 1 de julio, a lo largo del periodo de transición y durante el primer mes de la toma de posición, ARTICLE 19 ha documentado con preocupación algunas referencias que estigmatizan la labor de la prensa. En él usted habló, como Presidente electo, de una “prensa fifí” que estaba aliada a la “mafia del poder” e incluso calificó a la prensa crítica como tendenciosa o amarillista. Al respecto, ARTICLE 19 emitió un comunicado instando a su gobierno a ser tolerante a la crítica y el mes pasado publicó las Pautas para garantizar la libertad de expresión, basadas en los mas altos estándares internacionales en la materia.

A pesar de esto, ahora como Presidente constitucional se refirió a Reforma como uno que difunde “información falsa y equivocada”, “información sensacionalista, no apegada a la realidad”, en respuesta a una nota publicada por el medio el 2 de enero titulada “Crecen ejecuciones con AMLO en 65%”.

Cabe recordar que las descalificaciones y estigmatizaciones constantes hacia medios de comunicación o periodistas, como ha señalado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), generan un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos y, en un contexto de violencia como el nuestro, incrementa la vulnerabilidad de las y los periodistas.

En este sentido es importante advertir que las descalificaciones no son parte del derecho de réplica. Dicho derecho no entraña descalificar o estigmatizar a quien tiene un discurso contrario, sino que atiende a la necesidad de conocer las distintas versiones de los hechos del protagonista de una nota periodística. La réplica no debe restringir o inhibir la libertad de expresión, sino complementar y permitir a la ciudadanía hacerse de una idea propia a partir de diversas visiones.

Además al ejercer el derecho de réplica debe atenderse al carácter de quién lo hace. No tiene las mismas implicaciones y alcances para un ciudadano o una ciudadana común que para un alto funcionario del Estado, quien cuenta con todos los medios a su alcance para hacerlo de manera prudente y razonable, sin un afán de inhibir la cobertura controversial o las opiniones críticas.

En el caso concreto del medio Reforma, es importante aclarar que si bien es cierto que el Ejecutivo puede ejercer su derecho de réplica y que sin duda esto enriquece el debate público, también es deber del Estado dar, de manera proactiva, información sobre temas de seguridad pública y de otros temas de interés público. Esto garantizará el derecho de acceso a la información de la sociedad y contribuirá a un debate plural a partir de una diversidad de fuentes.

Además, es importante recordar que de acuerdo a los Principios de Libertad de Expresión de la misma CIDH, el nivel de veracidad exigible a los medios es menor que el que deben tener los funcionarios públicos. Los condicionamientos de verdad, oportunidad o imparcialidad que deben primar en el actuar de los Estados y sus funcionarios, son incompatibles con la libertad de expresión de medios de comunicación y particulares, puesto que la “garantía de corrección de la información puede ser fuente de grandes abusos y violaría el derecho a la información que tiene la sociedad.

Ello no quiere decir que la veracidad no sea exigible a los medios de comunicación y periodistas, pero recae en un ámbito de ética profesional que le toca juzgar a las audiencias al momento de optar por las diversas ofertas informativas. Solamente en casos extremos de violación de otros derechos, y través de cauces legales y procedimientos previamente establecidos, la veracidad puede ser un criterio para calificar la licitud de una publicación. De ninguna manera puede ser un instrumento de censura por parte del Estado.

ARTICLE 19 confía en la defensa que su gobierno hará para que todas y todos estemos mejor informados, con la finalidad de que haya información plural, objetiva e independiente.

Por esto, ARTICLE 19 recuerda que tanto el derecho a la información como el derecho a la libertad de expresión van de la mano. Ambos derechos son herramientas para el fortalecimiento de las democracias, permiten el reclamo de exigencias y conocer lo que pasa a nuestro alrededor. A su vez, la libre manifestación de ideas ha facilitado la identificación de proyectos comunes y con ello su materialización. Al respecto es importante recalcar que todo discurso – incluso los que resulten chocantes, estridentes, cáusticos- deben estar inicialmente protegidos por la libertad de expresión, y siempre tendrá preponderancia ante otro derecho cuando se trate de información de interés público. En todo caso, el ejercicio de este medular derecho, puede estar sujeto a responsabilidades ulteriores.

Asimismo, cabe recalcar que la protección de la libertad de expresión tiene un sistema dual, que permite gradualidad en la tolerancia de discursos chocantes que pudieran resultar molestos para los funcionarios públicos, precisamente en virtud del interés público de sus actividades. Así, quienes detentan el poder público y quienes se ponen de manera voluntaria en el foco público, deben tener mayor tolerancia a tales discursos precisamente por quedar sujetos al escrutinio.

En este sentido ARTICLE 19 recuerda que es responsabilidad de los Estados contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas, incluso cuando las mismas resulten ofensivas o perturbadoras. No debe perderse de vista que México es hoy uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Tan sólo en 2018, ARTICLE 19 documentó 9 asesinatos a periodistas en razón de su labor informativa.

Esta crisis de violencia que enfrentan las y los periodistas en México debe detonar posturas públicas de altos funcionarios del Estado dirigidas a reconocer la importancia de esta labor en la construcción de una sociedad democrática. En caso de controversia, los funcionarios de gobierno deben replicar con argumentos y pruebas, no con descalificaciones y estigmatizaciones que pongan en mayor riesgo la labor periodística y que inhiban el debate social sobre el ejercicio del poder público.

Por esto Señor Presidente, lo instamos de manera respetuosa a adoptar un discurso público favorable a la libertad de expresión y que contribuya a prevenir cualquier tipo de violencia contra quienes ejercen el periodismo. El proyecto político que encabeza requiere de la mayor pluralidad de voces, sumar a más actores, no restar ni excluir a quienes puedan incomodarlo. Esa es premisa fundamental para avanzar a una de verdadera democracia.

Por lo anterior hacemos un llamado para que se abstenga de hacer declaraciones que inhiban la discusión pública sobre su gobierno, y más bien se provoque un debate abierto, incluyente, crítico y plural. En congruencia con ello, es urgente que su gobierno adopte una política pública integral que garantice la protección de cientos de periodistas víctimas de agresiones en razón de su ejercicio.

Estamos seguros y seguras que mediante un diálogo permanente se podrán atender las graves problemáticas que aquejan el ejercicio de la libertad de expresión en México.

Atentamente,

ARTICLE 19, Oficina Regional para México y Centroamérica.

Posicionamientos Sentencian a ex alcalde y policías de Seyé, Yucatán, por agresiones en contra del periodista Edwin Canché

en Noticias/Sociedad

Ayer fue notificada la sentencia dictada en contra del ex alcalde Emilio Dzul Huchim y cinco ex policías municipales de Seyé, Yucatán, por las agresiones en contra del periodista Edwin Canché. Los agresores purgarán penas de prisión de hasta 2 años, multa y trabajo en favor de la comunidad.

El 1 de enero de 2014, Canché cubría un accidente de tránsito en el que estaba involucrado un sobrino del ex alcalde, cuando fue detenido y trasladado sin orden ni motivo legal a las oficinas del ayuntamiento. Ahí fue torturado físicamente y psicológicamente por los elementos, entre ellos el entonces directos de la corporación, Jesús Chuc Aldana, bajo las órdenes del dirigente municipal.

El mismo ex alcalde le dijo mientras era agredido: “Ya estoy hasta la madre, me tienen cansado de que estén criticando mi administración (sic)”.

Por esto, se inició el proceso penal durante el cual ARTICLE 19 y el Equipo INDIGNACIÓN han llevado a cabo el acompañamiento integral, en representación de Edwin Canché. En un primer momento, derivado de la denuncia presentada por el periodista, se inició la averiguación previa ante la Procuraduría de Yucatán; posteriormente, la investigación fue atraída por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometido en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), la cual consignó a los policías junto con el entonces alcalde, por los delitos de lesiones y abuso de autoridad, radicándose la causa penal en el Juzgado Quinto de Distrito en Mérida, Yucatán.

Reclasificación de los delitos
Es importante mencionar que tanto los entonces policías municipales como el ex alcalde, llevaron el proceso penal en libertad, después de pagar fianza por tratarse de delitos no graves. En este sentido, ARTICLE 19 y Equipo INDIGNACIÓN solicitamos en su momento la reclasificación de los delitosde abuso de autoridad y lesiones, para que fueran procesados por los delitos de tortura y privación ilegal de la libertad, conforme a la gravedad de los hechos cometidos en agravio de Edwin Canché por parte de quienes fungían como servidores públicos.

El proceso contra los servidores públicos agresores se siguió por aquellos delitos, bajo los cuales ahora fueron finalmente sentenciados. El Juzgado Quinto de Distrito de Yucatán, quien llevó el proceso, se negó en diversas etapas a clasificar adecuadamente los hechos. Ante esta negativa, las organizaciones representantes promovimos un juicio de amparo en la que instancias superiores se negaron a reclasificar los delitos, tal como lo solicitamos reiteradamente. En suma, se convalidó en sede judicial la incorrecta clasificación de los delitos sobre hechos particularmente graves.

Suprema Corte de Justicia y estándares sobre periodismo
En el juicio de amparo que conoció el Tribunal Unitario de Campeche el Magistrado consideró que Edwin no demostraba ser periodista con alguna credencial o contrato de algún medio de comunicación, lo cual implicaba que todo el proceso penal regresara al fuero común en Yucatán, donde la Fiscalía del Estado había mostrado total desdén por las violaciones a derechos humanos del periodista. Por ese motivo se impugnó la resolución, de la cual solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atrajera el asunto para pronunciarse al respecto, que finalmente se registró bajo el amparo en revisión número 1422/2015.

El 1 de marzo de 2017, la Primera Sala de la SCJN emitió una resolución trascendente para la libertad de expresión y periodismo en México, sentando un precedente importante en estas materias, al reconocer la perspectiva amplia y funcional del periodismo, visto como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, sin que deba acreditarse la pertenencia a un medio de comunicación o contar con un título universitario, ya que en la función periodística participan una variedad de personas. Esta resolución también impactó en los mecanismos de protección que se han establecido en los últimos años ante la situación de violencia y riesgo a la que se enfrentan las y los periodistas; obligando a brindar medidas de prevención y protección a quienes lo necesiten bajo parámetros amplios ahora reconocidos por la Suprema Corte en México.

Comisión Nacional y estatal de Derechos Humanos: protección fallida
Derivado de los hechos contra el periodista, también se abrió un expediente de queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), quien emitió la Recomendación 20/2015 en la cual consideró que los hechos ocurridos no constituyeron tortura sino únicamente “uso indebido de la fuerza”, por lo cual ARTICLE 19 y Equipo INDIGNACIÓN impugnamos dicha determinación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mediante un recurso de impugnación, en diciembre de 2015.

La resolución que emitió la CNDH resultó lamentable, desechando el recurso de impugnación, pues además de ser notificada el 9 de enero de 2017, a más de un año de que se interpuso dicho recurso, convalidó la determinación de la CODHEY refiriendo que como las lesiones ocasionada a Edwin Canché son aquellas que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días, “no se podían considerar como tortura”. Peor aún, redujo los actos que pueden considerarse tortura, sólo aquellos que tienen el propósito de obtener información o la confesión de aceptar la participación en un ilícito, contrariando la definición más amplia y protectora en materia de tortura que se encuentra en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, e incluso en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el estado de Yucatán.

Sentencia
Finalmente, 5 años después, el Juzgado Quinto de Distrito en Mérida, Yucatán, dictó sentencia condenatoria contra el entonces presidente municipal de Seyé, Ermilo Dzul Huchim, y 5 policías municipales, incluido el director de la corporación, por los delitos de lesiones y abuso de autoridad, estableciendo 2 años de prisión para cada uno, así como una multa y trabajo que deben hacer en favor de la comunidad.

Cabe aclarar que pueden obtener un beneficio para sustituir la pena de prisión, por la naturaleza de los delitos, lo cual como ya se refirió, desatiende lo que la víctima y las organizaciones representantes impulsamos durante estos años. Desafortunadamente, los hechos constitutivos de tortura y detención arbitraria no fueron correctamente clasificados por la FEADLE, y durante el proceso por el Poder Judicial de la Federación, lo que conlleva que ahora los servidores públicos de Seyé no enfrenten sanciones proporcionales.

No obstante, es importante referir que esta sentencia condenatoria -aun con sus falencias- constituye un precedente trascendental que envía un mensaje contundente ante la situación crítica de violencia contra periodistas en México, ubicándose entre los primeros lugares en el mundo de periodistas asesinados, y con un 99.2% de impunidad en delitos contra la prensa.

En palabras de Edwin Canché “esta sentencia es para mi una pequeña victoria, un triunfo en una batalla contra el gigante de la impunidad que azota y hiere uno de los derechos más importantes en nuestra vida social que es nuestra libertad de expresión. Es un gran logro que contribuye a dar una esperanza en la lucha contra la violencia que cada día trata de mermar la voces que se alzan para denunciar los abusos e injusticias, es punto de apoyo para dar fuerzas a quienes levantan la voz y llevan el mensaje de los más débiles a los oídos de una autoridad insensible y despiadada. Es un respiro que dará fuerza y reafirmará la convicción de quienes seguirán adelante pese a los embates para callar sus voces”.

Desde ARTICLE 19 hemos documentado en los últimos años, que una parte sustancial de las agresiones contra periodistas proviene de servidores públicos. A pesar del discurso oficial, en el cual el gobierno ha culpado una y otra vez al crimen organizado por la violencia contra la prensa, de las 1,986 agresiones ocurridas entre 2013 y 2017, 8% fueron presuntamente cometidas por integrantes del crimen organizado y 48% por servidores públicos. De enero a julio de 2018, del total de las agresiones contra la prensa, 42% fueron cometidas por estos mismos.

En ningún año de los documentados, las agresiones por funcionarios han sido rebasadas por las de algún otro grupo, sujeto o tipo de perpetrador. Es decir, las autoridades, quienes están obligadas a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, son las primeras que los menoscaban y anulan.

En Yucatán, conforme a la documentación de ARTICLE 19, las agresiones contra periodistas son cometidas principalmente por agentes estatales o de seguridad pública, que sin un conocimiento de sus obligaciones y protocolos, cometen violaciones a los derechos humanos.

Esta resolución, después de una larga lucha de Edwin y su familia, es un importante mensaje contra las violaciones a derechos humanos cometidas contra periodistas por parte de servidores públicos locales. Sin duda cuando la sanción de las autoridades implicadas en delitos contra la.prensa sea la regla y no la excepción, comenzaremos a observar una reducción significativa en los patrones de violencia cometidos contra la libre expresión.
Fuente: Article19

La crisis AMLO-Poder Judical Jueces responden

en Noticias/Política/Reportajes

No cobramos más de 600 mil en salarios, jueces y magistrados.
Un conjunto de jueces y magistrados desmintió que en el Poder Judicial cobre sueldos mayores a 600 mil pesos mensuales, y señalaron que se busca debilitar el sistema de frenos y contrapesos de la democracia y vulnerar el Estado de Derecho.

“Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso de erario público señalando cantidades excesivas, como que percibimos más de 600 mil pesos mensuales que no corresponden ni cercanamente a la realidad. Solo para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios, nada más falso”.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito indicó el que exista contrapesos firmes es necesario para contrarrestar las concentraciones del poder que ponen en riesgo la supervivencia de la democracia.

“En un auténtico régimen de división de Poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo, no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie”, subrayaron.

Dieron explicación que han promovido una extensa defensa que conforma la presentación de demandas de amparo en contra de lo que consideran “un conjunto de acciones sistemáticas e intentos legislativos que buscan la injerencia en la vida interna del Poder Judicial de la Federación”.

“Estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como ‘ejercicios modernizadores’ que supuestamente harán más eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos, sin embargo, en el fondo esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho”.

En su cuenta de Twitter, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también expuso que es falso que alguien gane más de 600 mil pesos mensuales.

La Ley Federal de Remuneraciones regula el artículo 127 constitucional que dictamina que ningún servidor público puede percibir más que el Presidente de la República. Sin embargo, el artículo 94 constitucional establece que los salarios de jueces, magistrados y ministros no pueden ser reducidos mientras duren en el encargo.

Una resolución de la Corte suspendió la aplicación de la Ley de Remuneraciones, sin embargo, el senador Ricardo Monreal, dijo que Morena impugnará ante la misma Suprema Corte, pues a decir del coordinador de la bancada morenista se violó la ley al contravenir el artículo 64 de esa misma norma.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, dijo que continuará con las acciones e incluso impugnaciones a la decisión del Poder Judicial de congelar la legislación que establece que nadie gane más que el presidente.

“Si no ganan los 600 mil pesos que se dice, si gana mucho menos, cuál es su preocupación”, manifestó Batres en conferencia de prensa.

Negó que haya una batalla entre poderes o vulneración de la autonomía del Poder Judicial.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el salario más alto en el Poder Judicial es de 269 mil 215 pesos mensuales.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que optó por promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios porque son exagerados y ofensivos, y en el caso del Poder Judicial, son los mejor pagados del mundo, al recibir hasta 600 mil pesos mensuales.

“Integrantes del Poder Judicial se inconforman y acuden a recursos legales, a amparos, están en su derecho y nosotros vamos a respetar las decisiones que tomen porque queremos que haya un Estado de Derecho”, aseveró López Obrador.
Con información de: Animal Político

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