Reportajes

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019.- Hoy en día, Quintana Roo es uno de los estados más violentos para ejercer el periodismo en México. Las agresiones han ido en aumento sin que las autoridades afronten el problema. Tan sólo durante el primer semestre de 2019 se han registrado 26 agresiones, el mismo número que el total del año anterior.

Quintana Roo es uno de los cinco estados más peligrosos para la prensa desde 2009, junto con Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. De ese año y hasta junio pasado, se han registrado 161 agresiones.

En 2017, aumentaron 500% respecto al año anterior[1], cuando se registraron 3. Desde entonces, han incrementado año con año. Al siguiente, en 2018, se pasó de 18 a 26 agresiones registradas, es decir un aumento del 44.4%. A diferencia de los anteriores, en ese mismo año se registraron 2 asesinatos. Los de los periodistas José Guadalupe Chan Dzib, el 29 de junio, en Felipe Carrillo Puerto, y Rubén Pat, el 24 de junio, en Playa del Carmen. Ambos trabajaban en el medio Semanario Playa News. Estos niveles de violencia no se han observado en ningún otro estado.

ARTICLE 19 advirtió sobre las consecuencias de esta violencia en 2014[2], durante el gobierno de Roberto Borge, cuando el clima ya era adverso para la prensa y señaló que, de no atenderse, se agudizaría. Las cifras confirman el cumplimiento de este augurio.

En junio, ARTICLE 19 realizó una misión a Quintana Roo, donde visitó los municipios de Solidaridad y Benito Juárez para entrevistar a periodistas sobre el contexto de violencia que enfrentan en esta entidad. Las personas entrevistadas afirmaron que las agresiones provienen de integrantes de la delincuencia organizada. De igual forma, aseguraron que tanto funcionarios públicos como empresarios también han pretendido censurarlos, oponiéndose a que publiquen sobre el incremento de la violencia ante el temor de que disminuya la afluencia turística.

Agresiones contra la prensa: entre el narco y el Estado

Para académicos como Erubiel Tirado, la reciente ola de violencia en la entidad comprende una dinámica cruenta de reacomodos y disputas entre organismos criminales en una región que conforma un enclave estratégico para la operación y control sobre el tráfico, venta y consumo de drogas[3].

En un reportaje publicado en Forbes, en marzo de 2019, se hace un recuento de las cifras de violencia en Quintana Roo de 2016 a 2018, revelando que en 2016 había una tasa de 12 homicidios por cada 100 mil habitantes, la cual aumentó un 118% en el 2017 y en 2018 un 113% con respecto al año anterior[4].

Forbes asegura que actualmente Quintana Roo se ubica 4 veces por arriba de la tasa de homicidios a nivel nacional y 10 veces por encima de la tasa mundial. La mayor parte de estos crímenes suceden en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos, Bacalar, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres.[5]

Según testimonios, las agresiones hacia la prensa en Quintana Roo obedecen principalmente a dos fenómenos. En principio, las presiones a las que son sometidos periodistas por la delincuencia organizada se configuran en amenazas y extorsiones para obligarlos a publicar fotografías de “narcomantas” o de cuerpos expuestos en la vía pública como mensaje a sus contrincantes, a las autoridades o a la sociedad, además de obligarlos a borrar hechos noticiosos que consideran puedan afectar a sus intereses. Por otro lado, autoridades estatales y municipales presionan a la prensa para no publicar los índices de violencia en el estado, ni posibles actos de corrupción de funcionarios públicos.

Respecto a la violencia cometida por parte del “narco”, un periodista del municipio de Solidaridad, que pidió resguardar su nombre, comentó a ARTICLE 19 que frecuentemente recibe mensajes en su página de Facebook de personas que afirman pertenecen a cárteles que se encuentran en la zona. Bajo amenazas, le envían fotografías de “narcomantas” o de cuerpos desmembrados con mensajes dirigidos a sus enemigos. “Lo que hago es ignorar los mensajes y bloquear los perfiles. Sé que, si les publico algo, inmediatamente me señalan como su vocero”, refiere.

En entrevista con ARTICLE 19, Adriana Varillas, reportera del periódico El Universal y Sergio Caballero, subdirector del periódico Noticaribe, coinciden en que la intensidad de las agresiones contra la prensa, principalmente por parte de la delincuencia organizada, empezó a hacerse más visible a raíz de la entrada de la nueva administración estatal, encabezada por Carlos Joaquín González, y con el evidente reacomodo entre grupos de la delincuencia organizada que han operado de manera intermitente por el dominio de la zona.

Caballero afirma que con Roberto Borge “se empezaron a configurar agresiones contra la prensa en el espacio digital, orquestadas desde el mismo gobierno del estado, para restarle credibilidad a la labor de los periodistasvinculándola con actos de corrupción, además de asociarlos con las actividades ilícitas de la delincuencia organizada”. Actualmente, estas agresiones digitales continúan, pero ahora, según señala el periodista “la delincuencia organizada ha aprovechado estas mismas formas de agresión para presionar”.

Cabe recordar que, en 2014, ARTICLE 19 describió cómo el exgobernador mostraba intolerancia a la prensa y mediante el uso de recursos públicos atacaba por redes sociales[6] a medios de comunicación locales. Del periodo de su mandato no se olvidan los ataques contra la revista Luces del Siglo; contra Sergio Caballero, corresponsal de Proceso; contra el portal Noticaribe; así como la detención arbitraria de Pedro Canché y el hostigamiento contra la periodista Lydia Cacho.

En este contexto, las amenazas en línea se han convertido en una forma de agresión constante. Ejemplo de ello es lo sucedido entre marzo y mayo de este año, cuando Canché, quien dirige su portal informativo Pedro Canché Noticias, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, recibió mensajes amenazantes de alguien que afirmaba ser integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En los primeros mensajes, esta persona le exigía al periodista remover contenido que había publicado en su página web y también lo coaccionaba para publicar notas sobre determinados homicidios que habían sucedido en el municipio.

Sin embargo, luego de que Canché ignorara los mensajes, llegaron otros de mayor calibre: “Quiero que saques una nota que diga que el muerto de la zona de cancun fue gent de lety de 40 (sic)”, “te voy a enseñar q a un parcero no se le evita perro t vamos a picar. (sic)” y, “ya sup q andas d sapo perro t voy a picar (sic)”. Estos fueron enviados el 30 de abril, 2 y 8 de mayo, respectivamente.

Además. recibió otros mensajes por parte de esa persona donde le pedía trabajar para él además de exigirle que no publicara nada relacionado con otro cartel que tiene presencia en la zona. También, el periodista relató haber recibido un comentario en Facebook donde una persona le amenaza con “cortarle la lengua”.

Por su parte, en el mes de mayo de 2019, el locutor de la radio Punto Sipse, Gonzalo Hermosillo, del municipio de Chetumal, recibió amenazas de muerte por medio de mensajes enviados a través de WhatsApp por parte de un hombre que afirmó ser integrante del CJNG. En ellos, le exigió adjudicar unos asesinatos al cartel enemigo y no relacionarlos con ellos. Incluso, le ofreció trabajar para ellos a cambio de dinero.

Afortunadamente, las amenazas en contra de Canché y Hermosillo no se han materializado. Sin embargo, lo mismo no sucedió con Francisco Romero, director del medio digital Ocurrió Aquí. ARTICLE 19 pudo comprobar que Romero recibió un mensaje privado en su cuenta personal de Facebook, del usuario “Dante Monterubio”, quien dijo que le haría daño a su familia si no publicaba información que favorecía al CJNG.

El 16 de mayo, sicarios dispararon al periodista a las afueras del estacionamiento del bar “La Gota”, matándolo a tan sólo tres cuadras de la base de la Policía Estatal del municipio de Solidaridad.

Antes de su asesinato, fue detenido arbitrariamente el 7 de marzo por elementos municipales de tránsito mientras cubría un accidente. En su momento, Romero aseguró a ARTICLE 19 que la detención fue ordenada por la presidenta municipal, Laura Beristáin, y un comandante de la policía municipal, conocido como “El Oso”, ya que luego de ser trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública él le dijo: “¿Ya ves? Y eso que no te metimos una putiza. No nos debes echar mierda a mí ni a la jefa (sic)”.

Luego de permanecer detenido durante dos horas fue llevado con una funcionaria de la misma corporación, quien le dijo: “la licenciada Laura Beristáin te mandó a soltar. Pero que ya te calmes y te quedes tranquilo”. Estos hechos, al igual que la amenaza recibida en Facebook mencionada anteriormente tuvieron lugar semanas antes del homicidio.

Ocurrió Aquí fue fundado en 2018 por Romero, posterior a los asesinatos de sus colegas José Guadalupe Chan y Rubén Pat, del Semanario Playa News, del cual también había sido integrante. Además del asesinato de su director, otro integrante del medio fue blanco de agresiones.

En febrero, Ricardo Cáceres, fue agredido por policías municipales del municipio de Solidaridad, quienes trataron de impedir la transmisión en vivo de un accidente vial. “Ya estábamos fuera del acordonamiento cuando llegaron los elementos de la patrulla y me agredieron. Uno de los policías me jala e intenta quitarme el celular”, relató el periodista.

Además, ARTICLE 19 documentó actos tendientes a criminalizar a la prensa en la entidad. Estos han sido protagonizados por las mismas autoridades que en lugar de actuar para garantizar a libertad de expresión, señalan a periodistas como supuestos operadores de la delincuencia organizada.

Uno de ellos se registró el 24 de febrero, durante la Reunión Nacional sobre Turismo, celebrada en Chetumal, cuando Beristáin acusó públicamente a los medios de comunicación pertenecientes a las empresas Grupo Cantón y Grupo Quequi de ser “sicarios periodísticos”. Esto después de que estos medios evidenciaran la situación de violencia en el municipio de Solidaridad.

Los asesinatos a periodistas en Quintana Roo y la falta de respuesta del Estado

La violencia extrema en el estado ha dejado el saldo inaceptable de 3 periodistas asesinados en menos de dos años: Rubén Pat, José Guadalupe Chan y Franciso Romero. Estos hechos fueron consumados en circunstancias similares. Chan fue asesinado el 30 de junio de 2018 por impactos con arma de fuego en el bar “La Baticueva”, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. El 24 de julio del mismo año, Pat también fue asesinado por impactos de bala afuera del bar “ARRE” en el municipio de Solidaridad. Y menos de un año después, sicaríos cegaron la vida de Romero exactamente bajo el mismo modus operandi.

Tanto Pat como Romero eran beneficarios del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), institución que no cumplió con proteger sus vidas. A la fecha los tres homicidios continúan sin esclarecerse y con señales de permanecer en la impunidad.

Tres meses antes del asesinato de Chan, ARTICLE 19 presentó en esta entidad la Agenda Mínima en materia de libertad de expresión, cinco recomendaciones y una hoja de ruta para garantizar el ejercicio del periodismo dirigidas a Carlos Manuel Joaquín González, previo a su toma de protesta como gobernador electo. No obstante, ninguna de las recomendaciones y propuestas enviadas por esta organización hacia el actual gobierno fue atendidas de manera puntual.

Desafortunadamente, mientras el Estado no otorgue garantías para ejercer la libertad de expresión, este clima no podrá sino empeorar. Quintana Roo se convertirá en una zona silenciada para la libertad de expresión, perdiendo de forma paulatina y continua las voces que aún producen información local de interés público, a pesar de las presiones del crimen organizado y de los grupos políticos en pugna[7].

Parte de la responsabilidad de la descomposición de la situación de libertad de expresión en Quintana Roo recae necesariamente en el gobierno estatal. El gobernador Carlos Manuel Joaquín González generó grandes expectativas por ser la primera alternancia de la entidad. Sin embargo, deja hasta el momento un saldo rojo en materia de garantías al periodismo. Es su obligación actuar con urgencia para revertir esta tendencia en el tiempo que le queda.

Quintana Roo vive un contexto de amenazas múltiples y sistemáticas a periodistas por parte del crimen organizado que opera en la zona y cuyas facciones se mantienen una pugna por dominar el tráfico de drogas en la entidad. Para estas redes de crimen organizado mantener el control del discurso público y de la información vital, es un asunto estratégico para la consecución de sus fines delictivos.

Exigencias

Actualmente cientos de periodistas en Quintana Roo sufren las consecuencias de las pugnas entre grupos de la delincuencia organizada que busca utilizarlos como portavoces de la violencia hacia sus contrarios mientras que el Estado falla en proteger y otorgar las garantías necesarias para que las y los periodistas puedan desarrollar su trabajo.

Por esto, frente al deber de las autoridades para proteger a la prensa ARTICLE 19 realiza las siguientes exigencias:

1.- Al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a asumir públicamente el compromiso de frenar la violencia contra la prensa en Quintana Roo y a actuar con voluntad política de manera contundente para la consecución de tal fin.
2.- Al Gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González a condenar públicamente la violencia ejercida contra periodistas del Estado y a asumir públicamente el compromiso de frenar la violencia en la Entidad. Además, deberá construir protocolos de protección que regulen la actuación de autoridades con periodistas para el cumplimiento de los estándares de prevención, protección y procuración de justicia en crímenes contra la libertad de expresión.
3.- A los presidentes municipales y Ayuntamientos, a garantizar que las investigaciones administrativas sobre el uso desproporcional de la fuerza pública y sobre cualquier acto denunciado de forma administrativa como censura a los medios y periodistas avancen se dicten sanciones ejemplares.
4.- A la Fiscalía Especial para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República (FEADLE), atraer el caso de Francisco Romero, Rubén Pat y José Guadalupe Chan, para que, con base en la aplicación del Protocolo Homologado para la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, se sancione a los responsables.
5.- Al Fiscal General del Estatal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca a coadyuvar con la FEADLE de manera diligente con la investigación de los casos mencionados anteriormente.
6.- Al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a realizar de manera urgente las gestiones necesarias de coordinación con el gobierno estatal, a fin de poner en marcha estrategias de protección y prevención integrales en el Estado. Así como medidas tendientes a salvaguardar la vida e integridad de las víctimas indirectas de los homicidios cometidos contra periodistas.
7.- A la Fiscalía Especial para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República (FEADLE), atraer el caso de Francisco Romero, para que, con base en la aplicación del Protocolo Homologado para la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, se sancione a los responsables.
8.- A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se le solicita realizar un análisis de la violación sistemática de derechos Humanos en la entidad, y en su caso, emitir recomendaciones a las autoridades responsables por violaciones a los mismos, poniendo especial énfasis en la libertad de expresión.
Fuente: articulo19