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Mientras millones de ciudadanos iniciaron el año con la carga de más impuestos en varios estados del país colapsados por sus deudas públicas y recortes en presupuestos y fondos federales, el gobierno de Quintana Roo evitó no sólo imponer nuevos gravámenes a la población sino también un mayor endeudamiento al que dejaron las dos últimas administraciones estatales.

Según datos de la Secretaría de Economía, al final del sexenio 2005-2011 la deuda de Quintana Roo quedó en poco más de 9,000 millones de pesos, lo cual implicó un aumento en el endeudamiento de 7,261 millones durante todo el periodo de Félix González. Para 2012, ya en el gobierno de Roberto Borge, la deuda pública era de 13 mil 25 millones de pesos aunque en 2016, antes de que terminara su gestión, alcanzó los 22 mil 247 millones de pesos.

Ese sobreendeudamiento fue heredado por la presente administración que, sin recurrir a nuevos préstamos, ha sorteado sus obligaciones de inversión en programas y obras públicas al tiempo en que contuvo el creciente aumento, por sobretasas de intereses, de la deuda estatal que ahora se estima en 19 mil millones de pesos.

En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que algunos estados y municipios recibieron las “arcas vacías y con mucha deuda” de anteriores administraciones, por lo que apenas les alcanza para cubrir sus nóminas. “Se endeudó a los gobiernos estatales y municipales porque era parte del negocio que tenían los altos funcionarios públicos”, dijo.
El presidente dijo que “algunos estados están tan mal, les dejaron tan pobres las finanzas, que no están haciendo obras, no les alcanza”.

En Quintana Roo, no obstante que sus arcas fueron saqueadas y que su presupuesto fue prácticamente hipotecado para pagar el sobreendeudamiento, el gobierno estatal ha continuado invirtiendo en programas y obras para la población e, incluso, ha financiado con recursos propios al Consejo de Promoción Turística -figura que desapareció a nivel nacional- dando como resultado que la entidad se haya consolidado como líder en ocupación hotelera, número de visitantes e inversión extranjera en el sector.

De igual forma, el gobierno de Quintana Roo ha evitado imponer mayor carga impositiva a sus ciudadanos, en comparación con otros gobiernos estatales que optaron por esta medida ante la caída de presupuestos y fondos federales. En esta situación se encuentran Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas, donde los gobiernos apretarán a sus ciudadanos para compensar sus bajas presupuestales.

En Jalisco, por ejemplo, aumentó 10% el cobro a refrendos y licencias, y se reactivó el cobro de 500 pesos por verificación vehicular, el cual no se aplicaba desde 2017. En Aguascalientes, la tasa del Impuesto Sobre la Renta pasó del 2 al 2.5%, mientras en Baja California y Puebla subió de 2.43 al 3%, aunado a impuestos sobre servicio de hospedaje y en aplicaciones digitales del 5%, así como a la venta de gas natural con un 5% y a la venta de gasolina con un 2.5%.

En Guanajuato se aplicará un gravamen a bebidas alcohólicas del 4.5% y a la venta de inmuebles del 5%, además de un incremento del 2 al 4% al impuesto por servicios de hospedaje, mientras en la Ciudad de México se aprobaron impuestos de 4.5% a bebidas alcohólicas y de 10% a juegos y sorteos.