Código Familiar y centro de estudios de sargazo, entre propuestas del PAN

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Chetumal.- Los cuatro diputados de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), con la notoria ausencia de su dirigente estatal, presentaron su agenda legislativa, con diversas propuestas que ellos admitieron que no tiene claridad si podrán llevar a cabo, por ser minoría.
Las propuestas fueron agrupadas en los siguientes ejes: familias y personas en vulnerabilidad; igualdad de género; educación, ciencia y trabajo; medio ambiente sano; seguridad y justicia; combate a corrupción; democracia participativa y de resultados; y desarrollo económico.

Muchas de las propuestas incluyen armonizar el marco legal con el federal, o bien reformar diversas leyes con el fin de actualizarlas. Algunas de las más novedosas son crear un Instituto dela Familia, así como un Código Familiar, que concentre las distintas leyes en torno a este tema; imponer sanciones para obligar a la paridad de género en el gobierno; marcar a la violencia política de género como causal de nulidad de elección; flexibilizar los horarios laborales para madres; tipificar los delitos “contra la intimidad” (divulgación de material sensible), así como el nepotismo; definir a los trabajadores de confianza, para que su clasificación se defina por funciones, no por designación; y fortalecer la legitima defensa.

También proponen crear un centro Estatal de Estudios de Sargazo, reducir los costos del agua potable; poder interponer denuncias penales en línea, contar con un Instituto de Ciencias Forenses, y hacer que los municipios usen a Protección Civil para prevención, no con fin recadatorio, entre otros.
Los nuevos organismos que proponen dependerán del presupuesto que se les pueda asignar, algo que tendrá que revisarse con las demás bancadas.

Ausentes quedaron temas como la concesión del agua potable (que Cristina Torres aseveró que es un tema netamente jurídico), derechos humanos o el aborto, aunque al ser cuestionados al respecto, Lili Campos Miranda señaló que requeriría foros de opinión, pues la constitución protege la vida desde la concepción, por lo que incluso si quisieran legislarla, se violentaría la magna carta.

“QUE LOS JUZGADOS DECIDAN”
Sobre las diversas leyes que la fracción de Morena ya pretende cambiar, el diputado Eduardo Martínez Arcila comentó que varias de ellas están en litigio, por lo que opinó que habrá que esperar que determine la autoridad jurisdiccional cómo queden.

Una es la Ley de Asentamientos Humanos, bautizada como “Ley Casitas” por haber disminuido el tamaño mínimo de una vivienda, la que fue controvertida por el Ayuntamiento de Solidaridad y que está en revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También opinó igual por la Ley de Movilidad, contra la que la plataforma Uber se amparó, perdiendo en todos salvo por un punto.
“Qué mejor que sea la autoridad jurisdiccional la que tenga la última palabra”, argumentó el diputado reelecto, indicando que es preferible que sea así, a que se esté modificando por el parecer de las bancadas.

Sobre la Ley Orgánica de la Fiscalía, controvertida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Martínez Arcila también señaló que quedaba ver el criterio de la corte. Aunque él fue uno de sus promotores, admitió que fue incorrecto limitar el ingreso a la Fiscalía a los mexicanos por nacimiento.
La diputada Atenea Gómez Ricalde aclaró que la agenda presentada no es limitativa, sino que es un punto de partido. También indicó que ellos trabajarán por el bienestar de Quintana Roo, por lo que se sumarán a cualquier iniciativa benéfica, sin importar de qué bancada proviene. Por lo mismo, hizo un llamado respetuoso, tanto a Morena como a las demás bancadas, para que actúen igual.
Cuestionada sobre la falta de un reglamento de Movilidad, meses después del plazo legal, indicó que aquello es una facultad del Ejecutivo; pese a ello, se hizo un exhorto y la respuesta es que no se ha publicado porque se harían adecuaciones a la Ley de Movilidad.

La diputada isleña dijo ser testigo del caos generado en los municipios en materia de transporte por la falta de ese reglamento.
Negó que penalizar la difusión de imágenes íntimas o privadas violente la libertad de prensa.
Sobre Aguakan, Cristina Torres Gómez, que interpuso el recurso para revocar esta concesión como presidenta municipal, indicó que el Legislativo debe mantenerse vigilante de la concesión, pero no es su facultad intervenir. Actualmente el Ayuntamiento y CAPA tienen litigios contra la empresa, en donde incluso tienen las de ganar, pero el proceso se ha entrampado por la solicitud de arbitraje internacional, que marcha en paralelo al proceso local.

“Se va sólido, se va bien, las auditorías de CAPA consolidan el tema; le pido a la ciudadanía paciencia”, comentó la ex edil, añadiendo que una de sus propuestas justamente es revisar la ley de cuotas de agua.
Por último, de la ausencia de su dirigente estatal, Juan Carlos Pallares Bueno, se indicó que hubo un conflicto de agenda.

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