Por Pedro Canché
A 35 días del Rambo Beto Capella se va con todo contra 15 policías de los 300 rebeldes a quienes acusa ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de motín, delito con que su tocayo Beto Borge acostumbraba acusar a quien se manifestara.
Por motín el castigo es de un año de cárcel y fianza de 6 mil pesos y el dolor de cabeza de un juicio.
Responde así al paro de 300 policías municipales donde pretende despedir a 170 de ellos y hoy en el día D descontará el sueldo como primera medida de presión en tanto un grupo de élite avanza para desalojar a los policías.
En lo laboral y en lo civil los policías como cualquier mexicano le asisten todos los derechos de manifestarse y Beto Capella ha tenido error tras error ante la crisis.
Respondió no con autoridad sino con autoritarismo desde el primero momento y advirtió que esas conductas no se van a tolerar.
Lo grave son sus declaraciones al decir que existe una red de coptación de la instituciones policíacas por parte del crimen organizado, es decir, criminaliza la protesta en estos precisos momentos cuando la gravedad de la acusación ameritaba que ya fueran denunciados los narcopolicías desde que conoció el caso. Ya tiene 35 días en el puesto, faltaba más.
Hacerlo en ese momento de crisis ante una policía de tránsito que depende de la morenista Hermelinda Lezama le resta seriedad a sus acusaciones.
Entonces cualquier policía que exija sus derechos o se inconforme será tachado de narco, muy mal Beto Capelline con esta estrategia. El fondo está en que su recomendado, el director policíaco de Cancún, Jesús Pérez Abarca fue humillado y echado de las instalaciones policíacas y puesto de patitas en la calle. Capella lo trajo a estos lares al igual que decenas de mandos altos y medios a quienes ha incrustrado en puestos como la dirección de policía de Tulum.
¿Que dirá Carlos Joaquín de la estrategia de su secretario de Seguridad Pública?
