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Preocupa a Artículo 19 represión y violencia contra la prensa en Quintana Roo

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Cancún.- Para Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información, Quintana Roo es un foco rojo en esa materia, en especial ahora que los casos de censura y bloqueos tienden a potencializarse por el proceso electoral que se atraviesa, informó Nohemí Pineda, investigadora del área de Protección y Defensa del organismo.
“Nos preocupa Quintana Roo, que está existiendo una situación de violencia contra la prensa… que son realizadas por los mismos candidatos y candidatas”, indicó en entrevista.
“Tal es el grado de preocupación para Artículo 19 el estado de Quintana Roo, que se tomó la decisión de que en esta ocasión fuera presencial”, dijo en relación a un taller que impartieron representantes de esa organización, dirigido a reporteros y periodistas en la ciudad de Cancún.

“Nuestra presencia es fundamental para poder fortalecer las redes existentes en Quintana Roo para los periodistas”, añadió.
En ese marco, Nohemí Pineda adelantó que se trabaja en diseñar estrategias y dotar de herramientas a los comunicadores para prevenir actos de amenazas y represión, entre otros.
“Vamos a ir proponiendo, también una estrategia es mantener el anonimato de estos planes de seguridad para resguardo de quienes van estar cubriendo los procesos electorales”, apuntó.
Asimismo, señaló que han identificado que las agresiones contra las y los reporteros aumentan en todo el país en cada jornada comicial.

“Sí existe un aumento porque se criminaliza a quienes realizan algún tipo de reportaje, algún cuestionamiento, alguna crítica, quienes intentan hacer evidente alguna situación”, enfatizó.
Por ello, la entrevistada exhortó a las y los aspirantes, así como partidos políticas a respetar la labor periodística.

“En este proceso electoral se pide que se respete la labor periodística, que se omita también realizar comentarios estigmatizantes, el que se permita acceder a tener todo este monitoreo porque es muy importante para todos y para todas”, finalizó.

Red de periodistas de QRoo y Artículo 19 condenan amenazas de Roberto Palazuelos

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Cancún.- Luego de las recientes amenazas y mensajes intimidantes que emitió el precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo, Roberto Palazuelos, la Red de Periodistas de Quintana Roo y ARTICLE 19 condenaron este hecho, asi como las amenazas de acción legal contra la periodista Lydia Cacho.

En un comunicado ARTICLE 19 refirió que las declaraciones del politico generan estigmatización sobre la función de la labor periodística, del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a recibir información. La crítica y el escrutinio públicos son necesarios para garantizar el mayor flujo de información posible, sobre todo en contextos electorales. Conocer a las y los candidatos o militantes de partidos políticos, ayuda a identificar afinidades o preocupaciones sobre quién encabezará puestos de elección popular y con ello el electorado tomará decisiones sobre quién podrá ejercer la administración pública,

Calificar de «campaña sucia a los cuestionamientos de periodistas o de la población, implica frenar el flujo de información y mantiene una hegemonía sobre unsolo discurso, disminuyendo a las voces criticas sin argumentos y sin debate.

También resalta que las amenazas de inicio de acciones legales o de acoso judicial implican un efecto inhibidor en la cobertura de los actos públicos del politico, ya que pueden ser considerados a criterio del politico como «campaña sucia». ARTICLE 19 y la Fundación para la Libertad de Prensa, señalan efectos perniciosos sobre el acoso judicial, como desgaste económico y pérdida de prestigio de medios y periodistas que mantienen una editorial crítica o que dan a conocer posibles actos de corrupción o hechos ilícitos. Por tanto, resulta preocupante que se emitan amenazas de inicio de acciones legales en un contexto electoral, que apenas empieza, sin considerar la obligación que tienen las figuras públicas de tolerar la critica y el escrutinio, justamente por el carácter o proyección públicos.

Los hechos aqui descritos, se dan en un contexto de continua violencia contra la prensa en Quintana Roo, por este motivo los colectivos exigen a Roberto Palazuelos, al partido Movimiento Ciudadano y a demás precandidatos y candidatos a la gubernatura de Quintana Roo, a evitar cualquier descalificativo al ejercicio de la libertad de expresión y de la labor periodistica, y acudir a las medidas más democráticas que garanticen el flujo de información y robustecimiento del debate público.

Así mismo, le solicitaron al gobernador del estado Carlos Joaquín González, condenar de manera pública las agresiones contra la prensa y generar politicas públicas integrales de prevención y protección contra periodistas.

Un paraíso que calla: violencia contra la prensa en Quintana Roo

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Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019.- Hoy en día, Quintana Roo es uno de los estados más violentos para ejercer el periodismo en México. Las agresiones han ido en aumento sin que las autoridades afronten el problema. Tan sólo durante el primer semestre de 2019 se han registrado 26 agresiones, el mismo número que el total del año anterior.

Quintana Roo es uno de los cinco estados más peligrosos para la prensa desde 2009, junto con Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. De ese año y hasta junio pasado, se han registrado 161 agresiones.

En 2017, aumentaron 500% respecto al año anterior[1], cuando se registraron 3. Desde entonces, han incrementado año con año. Al siguiente, en 2018, se pasó de 18 a 26 agresiones registradas, es decir un aumento del 44.4%. A diferencia de los anteriores, en ese mismo año se registraron 2 asesinatos. Los de los periodistas José Guadalupe Chan Dzib, el 29 de junio, en Felipe Carrillo Puerto, y Rubén Pat, el 24 de junio, en Playa del Carmen. Ambos trabajaban en el medio Semanario Playa News. Estos niveles de violencia no se han observado en ningún otro estado.

ARTICLE 19 advirtió sobre las consecuencias de esta violencia en 2014[2], durante el gobierno de Roberto Borge, cuando el clima ya era adverso para la prensa y señaló que, de no atenderse, se agudizaría. Las cifras confirman el cumplimiento de este augurio.

En junio, ARTICLE 19 realizó una misión a Quintana Roo, donde visitó los municipios de Solidaridad y Benito Juárez para entrevistar a periodistas sobre el contexto de violencia que enfrentan en esta entidad. Las personas entrevistadas afirmaron que las agresiones provienen de integrantes de la delincuencia organizada. De igual forma, aseguraron que tanto funcionarios públicos como empresarios también han pretendido censurarlos, oponiéndose a que publiquen sobre el incremento de la violencia ante el temor de que disminuya la afluencia turística.

Agresiones contra la prensa: entre el narco y el Estado

Para académicos como Erubiel Tirado, la reciente ola de violencia en la entidad comprende una dinámica cruenta de reacomodos y disputas entre organismos criminales en una región que conforma un enclave estratégico para la operación y control sobre el tráfico, venta y consumo de drogas[3].

En un reportaje publicado en Forbes, en marzo de 2019, se hace un recuento de las cifras de violencia en Quintana Roo de 2016 a 2018, revelando que en 2016 había una tasa de 12 homicidios por cada 100 mil habitantes, la cual aumentó un 118% en el 2017 y en 2018 un 113% con respecto al año anterior[4].

Forbes asegura que actualmente Quintana Roo se ubica 4 veces por arriba de la tasa de homicidios a nivel nacional y 10 veces por encima de la tasa mundial. La mayor parte de estos crímenes suceden en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos, Bacalar, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres.[5]

Según testimonios, las agresiones hacia la prensa en Quintana Roo obedecen principalmente a dos fenómenos. En principio, las presiones a las que son sometidos periodistas por la delincuencia organizada se configuran en amenazas y extorsiones para obligarlos a publicar fotografías de “narcomantas” o de cuerpos expuestos en la vía pública como mensaje a sus contrincantes, a las autoridades o a la sociedad, además de obligarlos a borrar hechos noticiosos que consideran puedan afectar a sus intereses. Por otro lado, autoridades estatales y municipales presionan a la prensa para no publicar los índices de violencia en el estado, ni posibles actos de corrupción de funcionarios públicos.

Respecto a la violencia cometida por parte del “narco”, un periodista del municipio de Solidaridad, que pidió resguardar su nombre, comentó a ARTICLE 19 que frecuentemente recibe mensajes en su página de Facebook de personas que afirman pertenecen a cárteles que se encuentran en la zona. Bajo amenazas, le envían fotografías de “narcomantas” o de cuerpos desmembrados con mensajes dirigidos a sus enemigos. “Lo que hago es ignorar los mensajes y bloquear los perfiles. Sé que, si les publico algo, inmediatamente me señalan como su vocero”, refiere.

En entrevista con ARTICLE 19, Adriana Varillas, reportera del periódico El Universal y Sergio Caballero, subdirector del periódico Noticaribe, coinciden en que la intensidad de las agresiones contra la prensa, principalmente por parte de la delincuencia organizada, empezó a hacerse más visible a raíz de la entrada de la nueva administración estatal, encabezada por Carlos Joaquín González, y con el evidente reacomodo entre grupos de la delincuencia organizada que han operado de manera intermitente por el dominio de la zona.

Caballero afirma que con Roberto Borge “se empezaron a configurar agresiones contra la prensa en el espacio digital, orquestadas desde el mismo gobierno del estado, para restarle credibilidad a la labor de los periodistasvinculándola con actos de corrupción, además de asociarlos con las actividades ilícitas de la delincuencia organizada”. Actualmente, estas agresiones digitales continúan, pero ahora, según señala el periodista “la delincuencia organizada ha aprovechado estas mismas formas de agresión para presionar”.

Cabe recordar que, en 2014, ARTICLE 19 describió cómo el exgobernador mostraba intolerancia a la prensa y mediante el uso de recursos públicos atacaba por redes sociales[6] a medios de comunicación locales. Del periodo de su mandato no se olvidan los ataques contra la revista Luces del Siglo; contra Sergio Caballero, corresponsal de Proceso; contra el portal Noticaribe; así como la detención arbitraria de Pedro Canché y el hostigamiento contra la periodista Lydia Cacho.

En este contexto, las amenazas en línea se han convertido en una forma de agresión constante. Ejemplo de ello es lo sucedido entre marzo y mayo de este año, cuando Canché, quien dirige su portal informativo Pedro Canché Noticias, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, recibió mensajes amenazantes de alguien que afirmaba ser integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En los primeros mensajes, esta persona le exigía al periodista remover contenido que había publicado en su página web y también lo coaccionaba para publicar notas sobre determinados homicidios que habían sucedido en el municipio.

Sin embargo, luego de que Canché ignorara los mensajes, llegaron otros de mayor calibre: “Quiero que saques una nota que diga que el muerto de la zona de cancun fue gent de lety de 40 (sic)”, “te voy a enseñar q a un parcero no se le evita perro t vamos a picar. (sic)” y, “ya sup q andas d sapo perro t voy a picar (sic)”. Estos fueron enviados el 30 de abril, 2 y 8 de mayo, respectivamente.

Además. recibió otros mensajes por parte de esa persona donde le pedía trabajar para él además de exigirle que no publicara nada relacionado con otro cartel que tiene presencia en la zona. También, el periodista relató haber recibido un comentario en Facebook donde una persona le amenaza con “cortarle la lengua”.

Por su parte, en el mes de mayo de 2019, el locutor de la radio Punto Sipse, Gonzalo Hermosillo, del municipio de Chetumal, recibió amenazas de muerte por medio de mensajes enviados a través de WhatsApp por parte de un hombre que afirmó ser integrante del CJNG. En ellos, le exigió adjudicar unos asesinatos al cartel enemigo y no relacionarlos con ellos. Incluso, le ofreció trabajar para ellos a cambio de dinero.

Afortunadamente, las amenazas en contra de Canché y Hermosillo no se han materializado. Sin embargo, lo mismo no sucedió con Francisco Romero, director del medio digital Ocurrió Aquí. ARTICLE 19 pudo comprobar que Romero recibió un mensaje privado en su cuenta personal de Facebook, del usuario “Dante Monterubio”, quien dijo que le haría daño a su familia si no publicaba información que favorecía al CJNG.

El 16 de mayo, sicarios dispararon al periodista a las afueras del estacionamiento del bar “La Gota”, matándolo a tan sólo tres cuadras de la base de la Policía Estatal del municipio de Solidaridad.

Antes de su asesinato, fue detenido arbitrariamente el 7 de marzo por elementos municipales de tránsito mientras cubría un accidente. En su momento, Romero aseguró a ARTICLE 19 que la detención fue ordenada por la presidenta municipal, Laura Beristáin, y un comandante de la policía municipal, conocido como “El Oso”, ya que luego de ser trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública él le dijo: “¿Ya ves? Y eso que no te metimos una putiza. No nos debes echar mierda a mí ni a la jefa (sic)”.

Luego de permanecer detenido durante dos horas fue llevado con una funcionaria de la misma corporación, quien le dijo: “la licenciada Laura Beristáin te mandó a soltar. Pero que ya te calmes y te quedes tranquilo”. Estos hechos, al igual que la amenaza recibida en Facebook mencionada anteriormente tuvieron lugar semanas antes del homicidio.

Ocurrió Aquí fue fundado en 2018 por Romero, posterior a los asesinatos de sus colegas José Guadalupe Chan y Rubén Pat, del Semanario Playa News, del cual también había sido integrante. Además del asesinato de su director, otro integrante del medio fue blanco de agresiones.

En febrero, Ricardo Cáceres, fue agredido por policías municipales del municipio de Solidaridad, quienes trataron de impedir la transmisión en vivo de un accidente vial. “Ya estábamos fuera del acordonamiento cuando llegaron los elementos de la patrulla y me agredieron. Uno de los policías me jala e intenta quitarme el celular”, relató el periodista.

Además, ARTICLE 19 documentó actos tendientes a criminalizar a la prensa en la entidad. Estos han sido protagonizados por las mismas autoridades que en lugar de actuar para garantizar a libertad de expresión, señalan a periodistas como supuestos operadores de la delincuencia organizada.

Uno de ellos se registró el 24 de febrero, durante la Reunión Nacional sobre Turismo, celebrada en Chetumal, cuando Beristáin acusó públicamente a los medios de comunicación pertenecientes a las empresas Grupo Cantón y Grupo Quequi de ser “sicarios periodísticos”. Esto después de que estos medios evidenciaran la situación de violencia en el municipio de Solidaridad.

Los asesinatos a periodistas en Quintana Roo y la falta de respuesta del Estado

La violencia extrema en el estado ha dejado el saldo inaceptable de 3 periodistas asesinados en menos de dos años: Rubén Pat, José Guadalupe Chan y Franciso Romero. Estos hechos fueron consumados en circunstancias similares. Chan fue asesinado el 30 de junio de 2018 por impactos con arma de fuego en el bar “La Baticueva”, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. El 24 de julio del mismo año, Pat también fue asesinado por impactos de bala afuera del bar “ARRE” en el municipio de Solidaridad. Y menos de un año después, sicaríos cegaron la vida de Romero exactamente bajo el mismo modus operandi.

Tanto Pat como Romero eran beneficarios del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), institución que no cumplió con proteger sus vidas. A la fecha los tres homicidios continúan sin esclarecerse y con señales de permanecer en la impunidad.

Tres meses antes del asesinato de Chan, ARTICLE 19 presentó en esta entidad la Agenda Mínima en materia de libertad de expresión, cinco recomendaciones y una hoja de ruta para garantizar el ejercicio del periodismo dirigidas a Carlos Manuel Joaquín González, previo a su toma de protesta como gobernador electo. No obstante, ninguna de las recomendaciones y propuestas enviadas por esta organización hacia el actual gobierno fue atendidas de manera puntual.

Desafortunadamente, mientras el Estado no otorgue garantías para ejercer la libertad de expresión, este clima no podrá sino empeorar. Quintana Roo se convertirá en una zona silenciada para la libertad de expresión, perdiendo de forma paulatina y continua las voces que aún producen información local de interés público, a pesar de las presiones del crimen organizado y de los grupos políticos en pugna[7].

Parte de la responsabilidad de la descomposición de la situación de libertad de expresión en Quintana Roo recae necesariamente en el gobierno estatal. El gobernador Carlos Manuel Joaquín González generó grandes expectativas por ser la primera alternancia de la entidad. Sin embargo, deja hasta el momento un saldo rojo en materia de garantías al periodismo. Es su obligación actuar con urgencia para revertir esta tendencia en el tiempo que le queda.

Quintana Roo vive un contexto de amenazas múltiples y sistemáticas a periodistas por parte del crimen organizado que opera en la zona y cuyas facciones se mantienen una pugna por dominar el tráfico de drogas en la entidad. Para estas redes de crimen organizado mantener el control del discurso público y de la información vital, es un asunto estratégico para la consecución de sus fines delictivos.

Exigencias

Actualmente cientos de periodistas en Quintana Roo sufren las consecuencias de las pugnas entre grupos de la delincuencia organizada que busca utilizarlos como portavoces de la violencia hacia sus contrarios mientras que el Estado falla en proteger y otorgar las garantías necesarias para que las y los periodistas puedan desarrollar su trabajo.

Por esto, frente al deber de las autoridades para proteger a la prensa ARTICLE 19 realiza las siguientes exigencias:

1.- Al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a asumir públicamente el compromiso de frenar la violencia contra la prensa en Quintana Roo y a actuar con voluntad política de manera contundente para la consecución de tal fin.
2.- Al Gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González a condenar públicamente la violencia ejercida contra periodistas del Estado y a asumir públicamente el compromiso de frenar la violencia en la Entidad. Además, deberá construir protocolos de protección que regulen la actuación de autoridades con periodistas para el cumplimiento de los estándares de prevención, protección y procuración de justicia en crímenes contra la libertad de expresión.
3.- A los presidentes municipales y Ayuntamientos, a garantizar que las investigaciones administrativas sobre el uso desproporcional de la fuerza pública y sobre cualquier acto denunciado de forma administrativa como censura a los medios y periodistas avancen se dicten sanciones ejemplares.
4.- A la Fiscalía Especial para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República (FEADLE), atraer el caso de Francisco Romero, Rubén Pat y José Guadalupe Chan, para que, con base en la aplicación del Protocolo Homologado para la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, se sancione a los responsables.
5.- Al Fiscal General del Estatal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca a coadyuvar con la FEADLE de manera diligente con la investigación de los casos mencionados anteriormente.
6.- Al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a realizar de manera urgente las gestiones necesarias de coordinación con el gobierno estatal, a fin de poner en marcha estrategias de protección y prevención integrales en el Estado. Así como medidas tendientes a salvaguardar la vida e integridad de las víctimas indirectas de los homicidios cometidos contra periodistas.
7.- A la Fiscalía Especial para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República (FEADLE), atraer el caso de Francisco Romero, para que, con base en la aplicación del Protocolo Homologado para la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, se sancione a los responsables.
8.- A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se le solicita realizar un análisis de la violación sistemática de derechos Humanos en la entidad, y en su caso, emitir recomendaciones a las autoridades responsables por violaciones a los mismos, poniendo especial énfasis en la libertad de expresión.
Fuente: articulo19

Autoridades no tomaron en cuenta evidencia contra Laura Beristain, señalan Artículo 19, periodistas y organizaciones

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El director del medio Ocurrió Aquí y beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, en adelante Mecanismo, Francisco Romero, también apodado el “Naca Ñaca” por quienes le conocían, fue asesinado en la madrugada del 16 de mayo de 2019 en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

De acuerdo con la documentación de distintas organizaciones de la sociedad civil, desde marzo del presente año Romero había sido víctima de diversas agresiones y violaciones a derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, amenazas por funcionarios públicos e integrantes de la delincuencia organizada y ataques digitales, el Mecanismo otorgó como medida de protección, un botón de asistencia y dos escoltas, quienes no se encontraban con él al momento del asesinato.

Esto se desarrolla en un contexto en el que la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas incrementan en el país. No obstante en el estado de Quintana Roo se ha identificado un patrón alarmante durante 2018 y 2019 en el que las autoridades municipales son las principales agresoras de la prensa, colocándola recientemente como una de las entidades más peligrosas para el gremio.

De los cuatro periodistas que han sido asesinados siendo beneficiarios del Mecanismo desde su creación en 2012, dos de ellos han sido del municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Asimismo, en lo que va del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador tres personas con medidas de protección del Mecanismo han sido asesinadas.

Hasta el momento ni el Mecanismo ni otras instituciones encargadas de prevenir, proteger e investigar, atienden las causas estructurales de la violencia, dejando en evidencia nuevamente que la protección del Mecanismo se enfoca en la seguridad de la persona y no en crear condiciones y entornos seguros para garantizar el ejercicio de sus derechos. Frente a ataques que tienen como objetivo privar la vida a un periodista o persona defensora de derechos humanos, la sola protección física no será ni eficaz ni suficiente, como lo demuestra una vez más, el asesinato de otra persona beneficiaria del Mecanismo.

En ese sentido, Francisco Romero había hecho público un video en el que señaló directamente como responsable de lo que pudiera ocurrirle a la alcaldesa del municipio de Solidaridad, posterior a la privación ilegal de su libertad y las amenazas, sin que las autoridades locales encargadas de investigar e impartir justicia lo hubieran tomado en cuenta. Ello lo dejó en un mayor riesgo ya que como ha quedado en evidencia, la impunidad no es más que un aliciente para seguir agrediendo y violando derechos humanos.

Por ello, cualquier política pública encaminada a proteger la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas debe vincular y armonizar las obligaciones de prevención, protección, investigación, sanción y reparación del daño.

Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes:

Expresamos nuestro total repudio y condenamos el asesinato del director del medio Ocurrió Aquí, Francisco Romero.
Solicitamos al Estado que condene enérgicamente la narrativa que difama, criminaliza y revictimiza a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Además de propiciar un ambiente favorable que les permita llevar a cabo su labor libre de todo tipo de intimidación, amenazas y represalias.
Exigimos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que de manera coordinada con la Fiscalía General del estado de Quintana Roo investiguen de manera diligente e imparcial tomando en cuenta como principal línea de investigación la labor periodística de Francisco Romero. Asimismo a aplicar el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
Solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos iniciar una queja de oficio por las posibles violaciones graves a derechos humanos y la probable responsabilidad de funcionarios públicos.
Finalmente exigimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas:
Proteger a la familia del periodista y personas que colaboraban con él y que pudieran estar en riesgo.
Iniciar una investigación interna que especifique las falencias del plan de protección de Francisco Romero y la presunta responsabilidad de funcionarios públicos federales, estatales y municipales que no hayan actuado conforme a su deber de protección, conforme a los artículos 65 al 67 de la actual Ley de Protección.
Realizar una evaluación de la situación de la libertad de expresión en Quintana Roo y valorar la posibilidad de implementar un plan de contingencia para prevenir que las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Quintana Roo continúen escalando.
Elaborar una ruta crítica para la construcción de una política pública integral para prevenir. proteger, investigar, sancionar y reparar el daño de los delitos y violaciones a derechos humanos cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Para ello se deben convocar a mesas plurales de trabajo con el Congreso de la Unión, la Fiscalía General de la República, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil de todo el país.
Personas

Alberto Elenes, periodista de Tijuana; Ana Laura Pérez Mendoza, CEAPP; Alejandro Garcia Villasuso; Ángela Torres; Lozano; Alejandro Ceja, periodista; Adelaida Salas Salazar; Alberto Raúl Rivera, periodista; Alfonso Sotomayor García; Arturo Galván Salinas; Alvaro Morales Lopez; Berenice Martínez; Bibi Gutiérrez Olivar Presidenta de la Asociación de Periodistas de Tijuana; Carmen Olsen RosaritoenlaNoticia; Christyan Adolfo Estrada Castillo \ Unimedios Coahuila; César Orta; Cecilia Vargas Simón; Diana Juárez, periodista de Puebla; Daniel Leon Rivera https://bajaforo.info; Elizabeth Lezama, La Jornada de Oriente; Evelyn Guadalupe León Regalado; Fabiola González Barrera, Red de Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México; Fernanda Peñaloza Del Valle; Félix Márquez; Francisco Rábago Quezada, Director de Códice Periódico; Flora Isela Chacón, periodista de Chihuahua; Gloria Ruiz Gracia/Periodista; Guadalupe Catzín Sandoval. REDMYH; Germán Ramos González, Asociación de Periodistas de Tecate; Gerardo López adame saltillo Coahuila; Israel Velázquez G. Independiente; Jesús Humberto González Deleija; Jorge Ley / La Jornada Baja California; José Germán Pasos Tzec; Jovana Espinosa, Periodista y Activista; Juan Noé Fernández (Periodista independiente); Leonor Adriana Gómez Barreiro, Sí Contamos (Coahuila); Lourdes Loza Romero; Luis Felipe Navarro Lucas | Director: El Informante Puebla; Lidia Rira Bonilla Delgado; Maria Teresa Marin Gutierrez; Martín Hernández Alcántara; Miguel Ángel León Carmona; Martha Cázares, presidenta de la Asociación de Periodistas de Nuevo Laredo; Marisol Córdoba Antena 21 noticias; Marcelino García Contreras; Natividad Ambrocio; Noé Gea Medina .el editor de Tamaulipas; Omar Bello Pineda Asociación de Periodistas Desplazados; Pedro Canché; Raquel Osorio Gallegos Red de Periodistas Con Visión de Género de Tamaulipas; Rely Torres Miranda; Ronny Aguilar Pérez, Director de Paginabierta.mx, medio de comunicación independiente; Ramón Hurtado reportero gráfico Tijuana; René Guadalupe Martínez Bravo; Ricardo Reyes portal Zacatecas web; Rosa Maria Rodriguez Quintanilla (Periodista); Rosalía Orozco Murillo; Sandra Segura Reportera Veracruz; Samantha Páez, periodista de Puebla; Socorro Chablé/ Periodista en Yucatán; Tamara Corro Ortiz; Ubaldo Martinez Valdez; Verónica Carbajal García; Violeta Santiago, periodista veracruzana; Voces Irritilas (Comarca Lagunera); Yadira Llaven, reportera de La Jornada de Oriente.

Organizaciones

Article 19; Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio, de Sinaloa; Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” A.C.; Colectivo #YoSíSoyPeriodista de Baja California; Colectivo por la Libertad de Expresión de Guanajuato; Comunicación e Información de la Mujer A.C.; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Enfoque de igualdad A. C. (S.L.P.); EHECATL Organización para la Integración Familiar A. C.; Info Quórum; Mucei A.C.; Periodistas Desplazados de México A.C.; Propuesta Cívica A.C.; Red Nacional de Periodistas; Red Puebla de Periodistas; Red Veracruzana de Periodistas; Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas en Altamirario; Oasis de San Juan de Dios A.C.; Voces Irritilas (Comarca Lagunera); Voces Irritilas AC (Periodistas de la Laguna de Coahuila y Durango).

Espacio OSC

Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comité Cerezo México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(Conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio. Si

«Insuficiente la política de comunicación social anunciado por AMLO»: Artículo 19

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Esta política anunciada por el gobierno federal no garantiza el final de una relación viciada entre medios y gobierno.
El cambio real debe pasar por la abrogación de la actual Ley General de Comunicación Social, y la discusión y aprobación de una nueva.

La política de comunicación social publicada el 17 de abril en el Diario Oficial de la Federación, significa algunos avances importantes en la materia pero que no son suficientes para garantizar un mejor uso del gasto en publicidad oficial. Impulsar un cambio real en la relación entre medios y gobierno debe pasar por la abrogación de la Ley General de Comunicación Social, la discusión y emisión de una nueva, y un cambio profundo de las prácticas institucionales.

Esta política busca establecer los criterios que deberán seguir las dependencias y entidades federales para el uso de los recursos asignados a publicidad oficial. El anuncio se inscribe en el mismo esfuerzo que los Lineamientos generales para el registro y autorización de los programas de comunicación y de promoción y publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2019 publicado en enero de este año.

Ambos ordenamientos dan mayor certeza sobre la transparencia del gasto y de las ampliaciones presupuestales, los criterios de asignación, la evaluación de las campañas y la prohibición del uso propagandístico de estos recursos o como un instrumento para influir en la línea editorial de los medios de comunicación. Sin embargo, algunas medidas son insuficientes y perpetúan las malas prácticas, como la discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la repartición.

Uno de los problemas más graves que hemos documentado desde Fundar y Article 19 es el aumento injustificado en este gasto. Basta recordar que entre 2013 y 2018 el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 61 mil 659 millones de pesos en publicidad oficial, lo que significa 89% más de lo aprobado. Frente a esto, el nuevo gobierno no ha establecido topes presupuestarios. Esta nueva política no los prohíbe, aunque su Artículo 11 obliga a las dependencias a anunciarlos. Si bien esto resulta positivo en términos de transparencia, sigue validando las malas prácticas de administraciones anteriores.

Por otro lado, actualmente entre 45 y 50% del gasto en publicidad oficial se concentra en 10 medios de comunicación. En el Artículo 12 de la nueva política se prohíbe que uno solo reciba más del 25% del gasto. Sin embargo, esta medida de avanzada está acompañada de excepciones.

El Artículo 14 fija de manera muy oportuna algunos criterios de asignación de la publicidad oficial pero falta claridad y precisión en su redacción, lo que da un margen importante de interpretación y de discrecionalidad.

Asimismo, la política anunciada hace caso omiso de las concesiones de uso social comunitarias e indígenas. Con el marco legal actual los medios comunitarios tienen acceso limitado a la publicidad oficial, y se podría garantizar el destino de un porcentaje del presupuesto a estos medios.

Esta política tendrá efectos limitados. Si bien es un avance, su contenido no acaba con todos los grandes males de la publicidad oficial. Su aplicación es sólo a nivel federal, pero no podremos cambiar la relación entre medios y gobiernos si no se avanza hacia una legislación que obligue a todos los poderes de todos los niveles de gobierno.

La actual Ley General de Comunicación Social debe abrogarse para poder discutir y legislar una nueva de conformidad con lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y retomando los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus “Principios sobre regulación de la publicidad y libertad de expresión”. A finales del año pasado, como parte del Colectivo #MediosLibres, elaboramos una iniciativa de ley general, y pedimos al gobierno que se discuta y revise por el Congreso bajo un modelo de parlamento abierto.

«Plan de austeridad de AMLO pone en riesgo empleos de periodistas»: Artículo 19

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Según con el Proyecto de Nación 2018-2024, el plan de austeridad de Andrés Manuel López Obrador, está pensado para aminorar el gasto gubernamental en publicidad oficial.
Solo para el 2019 se destinarán mil 872 millones de pesos, sería un 80 por ciento menos que lo desembolsado el 2017, y si bien bajará el gasto corriente, también da un golpe al gremio informativo.
“Si hay una reducción del gasto en publicidad gubernamental definitivamente va haber un adelgazamiento en los medios de comunicación que viven de la publicidad oficial, y por eso es tan necesario que haya una corresponsabilidad de las casas de medios con sus reporteros y que éstos empiecen a identificar los mecanismos para hacer sustentable el medio de comunicación sin depender del dinero público”, aseguró Ana Cristina Ruelas directora regional de Artículo 19 para México y Centroamérica.
El documento Proyecto de Nación 2018-2024, refiere que “Por un principio de justicia social”, se reducirá el gasto en comunicación social de 9 mil 361 millones de pesos a solo mil 872, por lo que se ahorrarían 7 mil 489 millones de pesos al año.

Destaca que el gasto en materia de comunicación social, de 2006 a 2016, asciende a 71 mil 139 millones de pesos, el cual pudo haber servido para construir 284 mil 554 viviendas, considerando un costo promedio de 250 mil por vivienda y 89 hospitales, considerando un costo promedio de 800 millones de pesos por hospital de 144 camas.
En lo que se refiere específicamente a publicidad oficial, la actual administración gastó más de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial y 56 por ciento de éste se concentró en 20 medios, mientras que el porcentaje restante se dividió en 3 mil 108 medios. El medio con la mayor concentración es Televisa, con el 16.45 por ciento del gasto; le sigue Estudios Azteca con 9.7 por ciento y Starcom Worldwide con 3.2 por ciento, de acuerdo con el reporte “Democracia simulada, nada que aplaudir”, elaborado por Artículo 19.

“El problema de la publicidad oficial y la relación que existe actualmente entre los medios y el gobierno es que al depender de la publicidad gubernamental adaptan sus líneas editoriales al gobierno en turno, pero además impacta de manera directa en la precariedad laboral de los reporteros, es decir, si se recorta el gasto los ajustes que harán los medios será en su personal”, advirtió la titular de Artículo 19.
De acuerdo con el monitoreo de la Propiedad de los Medios este año el salario de los periodistas en México oscila entre los 4 y los 5 mil pesos, esto representa una caída con respecto a años anteriores y tiene una correlación con la violencia en contra de la prensa, esto se debe a la falta de responsabilidad de las empresas con sus trabajadores.
El 1 de julio una vez que los contendientes a la presidencia de la República reconocieron que los resultados no les habían sido favorables y reconocían el virtual triunfo de López Obrador el 2 de julio muchos de los medios de comunicación viraron sus líneas editoriales, pues muchos de éstos habían sido muy “críticos” con quien será el próximo Presidente.

“Los medios se adecuan como buenas empresas a quien es su mayor cliente, es decir el gobierno, es importante que se reduzca el gasto, la reducción podría ser la medida más fácil, pero no es la medida que se necesita si no viene acompañada de una ley que diga que la publicidad oficial es un mecanismo de comunicación del gobierno y de la ciudadanía pero no para hacer proselitismo, si no para informar y rendir cuentas”, aseguró Ruelas.

La especialista detalló que la reducción del gasto puede ser una buena medida pero al final el gasto va seguir siendo arbitrario mientras no haya criterios claros de asignación y se va a seguir destinando a ciertos medios, favoreciendo a algunos medios sobre otros, en lugar de beneficiar a la mayoría.
“Hay un expendio exorbitante e indiscriminado en publicidad gubernamental que además no es utilizado para informar si no para hacer proselitismo, pero es importante señalar que cualquier gasto, aun cuando sea mucho menor debe venir aparejado de criterios de asignación, objetivos claros y transparentes que den pauta a fomentar la pluralidad y además que no discriminen entre los distintos medios”.

Dijo que puede ser que la reducción esté contemplada en el presupuesto de egresos, pero, como sucedió durante la actual administración, en el presupuesto se aprueban 4 mil millones de pesos y se gastan 9 mil millones al año, es decir, la reducción no exime que pueda haber un subejercicio de otros 7 mil millones de pesos, por lo que lo que se necesita es poner topes al gasto.
“A pesar del recorte, 2 mil millones de pesos siguen siendo muchísimo dinero, y el problema es que si sigue utilizando para el proselitismo de poco sirve que se destinen menos recursos. La medida puede ser positiva en cuanto a la reducción del presupuesto, pero no es positiva porque no existen criterios para la asignación. Lo que tiene que hacer el nuevo gobierno si realmente quiere hablar de un cambio democrático tiene que modificar su relación con los medios de comunicación”, afirmó.

Ana Ruelas destacó que no se puede seguir manteniendo el mismo nivel de dependencia entre los medios de comunicación y el dinero público, por lo que es necesario que los medios generen nuevos mecanismos para que exista más pluralidad, y no sean medios oficiales diciendo que son medios privados.
“La publicidad gubernamental no tiene que ser vista como un subsidio de los medios de comunicación, para eso deben existir otras medidas y otros mecanismos. Se necesita abrogar la ley de comunicación social, generar una nueva ley que fije criterios claros, objetivos y transparentes en la asignación del gasto”, destacó.
Información de: LAURA QUINTERO – Economíahoy.mx

Juez federal decreta libertad a favor de uno de los implicados en la detención arbitraria de Pedro Canché

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El 15 de mayo pasado el Juez Sexto de Distrito del Estado de Quintana Roo (federal) con sede en Chetumal, dictó auto de libertad en favor del Juez Javier Ruiz Ortega, y auto de formal prisión en contra de la Agente del Ministerio Público, Tila Patricia Galera León, por la posible comisión de delitos contra la administración de justicia en contra del periodista maya Pedro Canché. Asimismo, el día de ayer, el perito que estaba en calidad de prófugo de la justicia, se presentó a rendir su declaración preparatoria, una vez obtenida una suspensión a través de un juicio de amparo.

El pasado nueve de mayo, agentes de la Procuraduría General de la República cumplimentaron la orden de aprehensión dictada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo en contra de Tila Patricia Galera y Javier Ruiz Ortega. La orden de aprehensión, también dirigida contra el perito Julio César Pérez Vela, fue girada derivado del injusto y malicioso proceso penal y el subsecuente encarcelamiento arbitrario seguido en contra del periodista Pedro Celestino Canché Herrera.

En esta determinación, el Juez Sexto de Distrito consideró que existían elementos para acreditar la probable responsabilidad penal de Javier Ruíz Ortega en el encarcelamiento de Canché, pues, entre otras cosas señaló: “aún cuando era evidente que no contaba con material probatorio alguno para acreditar el delito de sabotaje previsto en el artículo 204 fracción I del Código Penal del Estado de Quintana Roo y existiendo evidentes ilegalidades que se aprecian de la sola lectura del expediente, dictó orden de aprehensión y en su momento auto de formal prisión en contra del periodista PEDRO CELESTINO CANCHÉ HERRERA (…)”.

De la misma forma, el Juez Sexto de Distrito continuó con su razonamiento afirmando: “es evidente también que el pliego de consignación sometido a consideración de Javier Ruíz Ortega, no contaba con prueba alguna de la existencia de un daño, afectación o trastorno alguno de algún servicio público en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, por lo que dicha consignación carecia de los elementos más básicos para la acreditación del cuerpo del delito de sabotaje (…)”. Continuó refiriendo que: “de las constancias reseñadas se desprende que al momento de dictado de la orden de aprehensión y auto de formal prisión en contra del periodista Pedro Celestino Canché Herrera sin contar con los elementos necesarios para su debida fundamentación y motivación, se evidenció la malicia con la que se condujo el sujeto activo (Javier Ruíz Ortega) ya que ese servidor público desde hacía más de veinte años había ingresado a laborar al Poder Judicial de ese Estado (…) aunado a los estudios (de Javier Ruíz Ortega) que fortalecen su conocimiento en la materia y su deseo de resolver contrario a las constancias del expediente, lo que evidentemente entorpeció la administración de justicia al periodista Pedro Celestino Canché Herrera restringiendo su libertad por más de 9 meses(…)”.

En este orden de ideas, el Juez Sexto de Distrito señaló que “(…) atento estos elementos debe decirse que los activos se condujeron dolosamente, pues de autos se advierte que los inculpados dentro de la esfera de su pensamiento, tuvieron la intención de entrar al plano de la ilicitud, como quedó demostrado al momento de analizar el entorpecimiento malicioso en el que incurrieron en la administración de justicia al periodista Pedro Celestino Canché Herrera (…)”.

Sin embargo, una semana después de adoptar estos criterios para girar la orden de aprehensión y una vez que Ruiz Ortega fue detenido y puesto a disposición del Juez federal, cambió radicalmente sus argumentos y consideró al resolver si lo sujetaba a proceso o no: “(…) debe decirse que de las constancias con las cuales el agente del Ministerio Público de la Federación consignador fundó el ejercicio de la acción penal contra Javier Ruiz Ortega por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la administración de justicia (…) resultan insuficientes para tener por demostrado específicamente en elemento normativo consistente en que con tal calidad de servidor público, entorpezca administración de justicia; así como elemento subjetivo consistente en la malicia (dolo) con la cual desplegó esa conducta.”

Asimismo refirió que “(…) los medios recabados permiten establecer que no existe dato alguno que haga presumir, aún de manera indiciaria, una voluntad de manera dolosa -malicia- e intencional para que en ejercicio de su función jurisdiccional como Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, generara conscientemente un entorpecimiento en la administración de justicia en agravio de Pedro Celestino Canché Herrera (…)”.

De la misma forma, y en evidente contradicción su propia determinación, el Juzgador Federal consideró que “(…)el sancionar penalmente los titulares de los órganos judiciales por errores netamente jurisdiccionales que derivan de los razonamientos jurídicos -acertados o no- contenidos en las resoluciones emitidas por éstos, se traduciría en una transgresión de principio de autonomía judicial(…)”

De acuerdo con todo lo anterior, ARTICLE 19 expresa su preocupación por las evidentes contradicciones del Juez Sexto de Distrito del Estado de Quintana Roo, pues por una parte -al girar orden de aprehensión- consideró que existió dolo e intención de entorpecer y causar daño a Pedro Canché y por otro -al dictar auto de libertad- determinó que la conducta del Juez responsable del ilegal proceso en contra del periodista, se trato de un simple “error judicial”. Contra ello Pedro Canché y su representación legal interpusimos recurso de apelación.

En este sentido, se resta eficacia real al tipo penal en el cual incurrieron los responsables de encarcelar al periodista Pedro Canché, pues con interpretaciones contradictorias entre si y al considerar que se violaría en perjuicio de los jueces su independencia jurisdiccional, se abre la puerta a que se sigan reproduciendo el actuar irregular en el Poder Judicial. Es precisamente cuando la falta de independencia e imparcialidad en los jueces afecta los derechos humanos de las personas que deben rendir cuentas ante la justicia los funcionarios judiciales.

Por su parte el perito Julio César Pérez Vela, quien permanecía prófugo de la justicia durante casi 10 días,, tramitó amparo para evitar su detención. El día de ayer se presentó ante el Juez Sexto de Distrito a rendir su declaración preparatoria. El funcionario, seguirá su proceso en libertad.

Por todo lo anterior, ARTICLE 19 considera que el Juez Federal no consideró la gravedad que representan actos como los cometidos en contra de Canché, y el uso desviado del aparato de justicia para castigar y censurar periodistas.

Por ello exhortamos al Poder Judicial de la Federación a mantenerse firmes en las resoluciones en las que se resuelvan casos de agresiones contra periodistas, debiendo apegarse a criterios coherentes y consistentes con los estándares de derechos humanos en el marco del debido proceso penal y garantizando el acceso a la justicia, verdad y reparación para las victimas.

Por último, esta Organización exhorta al Tribunal Unitario que resuelva la apelación para que tome en cuenta las inconsistencias en las que ha incurrido el Juez Sexto de Distrito, garantizando justicia completa e imparcial, considerando todos los derechos humanos que han sido violentados.
Fuente: Articulo19

“El expediente que se armó en contra de Pedro Canché es algo que nunca había visto”: Araceli Andrade, Artículo 19

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Araceli Andrade Tolama, abogada de profesión e integrante de la AC Artículo 19, una organización en defensa de los periodistas y de la libertad de expresión acompañó al periodista Pedro Canché, en una conferencia de prensa donde se manifiestan en contra de la decisión de liberar al Juez, Javier Ruiz Ortega, quien en 2014 por instrucciones superiores ordenó el encarcelamiento del periodista maya y que para ello creó un expediente con pruebas apócrifas, irreales, plagadas de falsos y mentiras y que contiene por lo menos más de cien inconsistencias.

Araceli Andrade explica que la detención de los funcionarios públicos era una gran noticia, no así la liberación de uno de ellos: “es histórico por que no se había visto que se detuviera a un juez y a una ministerio público por delitos contra la impartición de justicia afectando la libertad de expresión. Esto es importante porque nos afecta a todos los ciudadanos. La idea es que la impunidad vaya desapareciendo. Esos días vayan quedando atrás, los días que los funcionarios actuaban creyendo que no iba a haber consecuencias.
La historia que le pasó a Pedro, a Lydia puede pasarle a cualquier periodista en cualquier momento”, advirtió la abogada.

El Juez Sexto de Distrito con sede en Chetumal, Aarón Alonso Peraza Lizama, determinó liberar al juez Ruiz Ortega, esto para no sentar un precedente que les pudiera afectar en el futuro.
La abogada es tajante: “En el expediente de Pedro con el que lo metieron a la cárcel 9 meses a punta de puras mentiras e inconsistencias procesales de las más graves que he visto yo, hasta ahora en mi carrera como abogada, no he visto un expediente como el de Pedro Canché”.

A los funcionarios se les acusa de crear un expediente en contra del periodista Canché Herrera por instrucciones del exgobernador, Borge Ángulo. La defensora y colaboradora de Artículo 19 explica: “Como abogada este expediente me ofende, ofende todo lo que es legal y representa el abuso de poder y autoridad”.
Hay tres personas más involucradas en la fabricación del expediente, entre ellos una persona que se encuentra en calidad de prófuga, Araceli Andrade informa: “Si hay responsabilidades contra varios funcionarios públicos. Estas dos detenciones son solo el principio. Nos importa mucho ir por los autores materiales, porque entendemos que estos funcionarios estaban cumpliendo órdenes. Lo han confesado ellos mismos, ‘que cumplían órdenes’, la pregunta es ¿órdenes de quién?”, pregunta la defensora.

Detienen a dos funcionarios involucrados en detención arbitraria contra Pedro Canché

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El día de ayer, elementos de la Procuraduría General de la República detuvieron a la Agente del Ministerio Público Tila Patricia Galera y al Juez de Primera Instancia Javier Ruiz Ortega, ambos del Estado de Quintana Roo, en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo por la posible comisión de delitos contra la administración de justicia, derivado del injusto proceso penal y subsecuente encarcelamiento arbitrario seguido en contra del periodista Pedro Celestino Canché Herrera.

Este es un importante paso para lograr verdad, justicia y reparación en el caso del periodista maya, acusado sin prueba alguna del delito de sabotaje y recluido durante 9 meses en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto, en un proceso penal plagado de irregularidades, y que evidenció una operación de Estado en su contra.

¿De que fue víctima Pedro Canché?

Canché, fue injustamente privado de su libertad acusado del delito de sabotaje por el simple hecho de documentar y difundir el desalojo violento de un plantón de pobladores de Felipe Carrillo Puerto, ocurrido el 20 de agosto de 2014, a las afueras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. El 30 de agosto del mismo año, Pedro fue detenido e ingresado a la cárcel de la localidad, donde fue golpeado brutalmente por internos desde la primera noche aun cuando las autoridades en prisión debieron salvaguardar su integridad. Pese a las lesiones graves, nunca fue atendido debidamente en el Hospital General del municipio.

Las personas detenidas el día de ayer, fueron la Agente del Ministerio Público encargada de investigar los supuestos delitos cometidos por Canché en agosto de 2014, así como el Juez que determinó que existían elementos suficientes para dictar formal prisión y seguir proceso contra el periodista maya.

En su momento, el Grupo sobre la Detención Arbitraria de la ONU señaló en la opinión 18/2015 que “[e]l arresto, la detención y el proceso judicial contra el Sr. Canché Herrera son el producto de represalias contra sus actividades.” Calificó la detención de Pedro Canche ́ como arbitraria y solicitó al Gobierno Mexicano “Disponer la inmediata libertad del Sr. Canché Herrera y proveerle con una adecuada reparación, incluyendo, entre otros aspectos, el otorgamiento de una adecuada compensación y la provisión del tratamiento médico necesario”

De la misma manera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través de la Recomendación 13/2015, señaló que Pedro Canché sufrió violaciones a sus derechos a la libertad de expresión, integridad personal y seguridad jurídica, mediante la detención arbitraria durante más de ocho meses en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con motivo de una acusación sin sustento del Gobierno de Roberto Borge.

Pedro Canché recuperó la libertad el día 28 de mayo de 2015 tras un arduo esfuerzo de su defensa implementada por ARTICLE 19. En su resolución, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Quintana Roo concluyó que no había pruebas suficientes para determinar responsabilidad por el delito de sabotaje ya que el periodista se encontraba en el lugar de los hechos únicamente para grabar las manifestaciones.

Esta resolución permitió confirmar que la detención de Pedro Canché respondió a un afán de inhibir su libre ejercicio periodístico, además de que en todo momento la acusación en su contra estaba sustentada en elementos sumamente contradictorios e inconsistentes.

Tales inconsistencias vulneraron los derechos de Canché a la libertad personal, la libertad de expresión, el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, y lo convirtieron en víctima de un montaje jurídico en su contra. Derivado de lo anterior, Pedro inició un proceso contra quien resultara responsable de la violación de sus derechos humanos y de los posibles delitos cometidos en su perjuicio ante la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.

La detención de autoridades involucradas: sin precedente

La detención de dos de las personas involucradas en las violaciones a derechos humanos, del periodista, resultan de relevancia histórica. En este caso se establece un precedente inédito en la materia al admitir el Juez Sexto de Distrito de Quintana Roo que de acuerdo con las investigaciones realizadas por la FEADLE, existen elementos suficientes para girar ordenes de aprehensión en contra de dos funcionarios públicos, una de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado y otro del Poder Judicial de Quintana Roo.

Dichos funcionarios fueron señalados por el propio periodista y ARTICLE 19 como ejecutores de evidente desvío de poder para menoscabar la libertad de expresión de Pedro mediante la detención arbitraria, situación corroborada en las propias investigaciones de la FEADLE y suficientemente probada hasta el momento para que el Juez de Distrito girara las órdenes de aprehensión.

La anterior situación demuestra, de primera instancia, y con investigaciones que lo sustentan, que el proceso fue fabricado como sanción al periodismo crítico de Pedro, dando con ello un paso más en el acceso a la justicia para el periodista.

En este sentido, ARTICLE 19 celebra el avance significativo para la obtención de Justicia de Pedro Canché, luego de tres años y diez meses de iniciada la denuncia correspondiente ante la propia FEADLE de PGR.

ARTICLE 19 ve con especial preocupación el uso del aparato de justicia como medio represivo en contra de periodistas. Con mayor razón preocupa el uso del derecho penal como medio de coerción hacía periodistas por el ejercicio de su libertad de expresión y como forma de censura a través de castigos privativos de libertad.

Por ello este avance representa reconocer que la procuración de justicia en este país es utilizada para perseguir y escarmentar a periodistas críticos, y en general, cualquier voz disidente del gobierno en turno. También pone en evidencia la falta de independencia de las autoridades judiciales que convalidan estas actuaciones violatorias de derechos humanos.

ARTICLE 19 mantiene la exigencia de justicia pronta y completa hacía el periodista, puesto que el proceso penal en contra de los posibles implicados en el injusto encarcelamiento de Pedro Canché apenas inicia. En las próximas horas el Juez Sexto de Distrito del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal deberá determinar si existen elementos de prueba para dictar auto de formal prisión contra los funcionarios detenidos. En paralelo las investigaciones deberán continuar hasta la sanción de todos los responsables y el pleno esclarecimiento de los hechos.

Hacemos un llamado a garantizar un proceso penal, que se ciña a las reglas del debido proceso, y que contemple la importancia del ejercicio periodístico de Pedro Canché y la relación de este con un arbitrario uso del poder punitivo en su contra. Mantenemos la plena de convicción de que el abatimiento de la impunidad es un aspecto urgente y necesario para erradicar la alarmante violencia contra la prensa.
Fuente: Article 19 (articulo19.org)

Artículo 19 invita a taller de seguridad para periodistas

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AGENCIA SIM

Cancún.- Article 19 impartirá un taller de seguridad integral y de verificación de información para reporteros y periodistas en esta ciudad, en vista de las reiteradas agresiones a la prensa en los últimos años y la saturación de datos falsos en el ámbito electoral.

El objetivo del curso es dotar a periodistas de Quintana Roo de herramientas para hacer una cobertura segura en los ámbitos digital, física, legal y psicosocial, indicó la asociación, en un comunicado. También se busca evitar problemas en la cobertura electoral, donde existe una saturación de información falsa, con el fin de confundir a la población.

En el taller se abordarán temas como las Herramientas de seguridad para prevenir o actuar frente a riesgos y agresiones en el contexto electoral; Entrenamiento para la documentación y verificación de información (ámbito legal, ámbito digital y estrategias verificación de información); Análisis de riesgo y elaboración de protocolos de seguridad física, psicosocial y digital.
El taller se llevará a cabo el jueves 22 de febrero de 10 de la mañana a seis de la tarde en la Universidad del Caribe en el Aula A1 en Cancún.

Incluso se pondrá a disposición un transporte a los periodistas de otros municipios únicamente confirmar su asistencia a través del correo electrónico diego@article19.org o por vía whatsapp al 5529444152.

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