Chetumal.- La XV Legislatura del Congreso del Estado aprobó reformas para otorgar a la Secretaría de Gobierno, la función de administrar, normar, conducir y supervisar los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
En sesión ordinaria número 10, presidida por el diputado José Esquivel Vargas, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el Ejecutivo estatal Carlos Joaquín González.
Esquivel Vargas rindió su informe de actividades como presidente de la Mesa Directiva del primer mes de sesiones. Cabe mencionar que los trabajos correspondientes al segundo mes del actual periodo de sesiones serán presididos por la diputada Gabriela Angulo Sauri, mientras que el diputado independiente Juan Ortiz Vallejo fungirá como vicepresidente de la Mesa Directiva.
En el dictamen que contiene las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, los legisladores señalan que el Registro Público de la Propiedad es un instrumento jurídico indispensable para garantizar la autenticidad de los bienes o de las transacciones comerciales.
Por ello, resulta indispensable generar este cambio en la administración central del Estado, y que se encomiende a la Secretaría de Gobierno directamente la coordinación de las funciones registrales, a fin de brindar mayor publicidad y garantizar la seguridad jurídica de los titulares de los bienes inmuebles frente a terceros, sustentándose en los principios de fe pública, legitimación, inscripción, prelación, calificación, rogación, especialidad, legalidad y tracto sucesivo.
En la misma sesión, se aprobaron reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de difusión de criterios relevantes locales y fomento al diálogo jurisprudencial, promovidas por el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio.
Con las reformas se dará cabida al conocimiento de la ciudadanía de los criterios judiciales en materia de derechos humanos, así como el fomento para que dichas determinaciones sean difundidas al interior del Poder Judicial del Estado, así como entre las autoridades jurisdiccionales y administrativas presentes.
Las resoluciones que sean emitidas en dicha categoría como parte del ejercicio de la función jurisdiccional por los juzgadores locales en el Estado, podrán ser conocidas en versión pública tanto por la ciudadanía al tratarse de una cuestión de orden público, como también puedan ser difundidos entre las autoridades jurisdiccionales y administrativas presentes en la entidad.
Además, el Pleno dio entrada a una iniciativa de reforma constitucional presentada por el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, en la que se propone que la representación originaria del Estado se encomiende al Gobernador del Estado, salvo en los casos previstos en la Constitución federal.
Finalmente, el Pleno recibió una minuta federal enviada por el Senado de la República, relacionada con el procedimiento para designar al titular de la Fiscalía General de la República.
