Chetumal - Page 187

Se autoriza un nuevo plazo para las licencias de bebidas alcoholicas

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Chetumal.– Para facilitar a los contribuyentes a seguir cumpliendo con sus obligaciones fiscales y no generarles multas por algún vencimiento, el gobernador Carlos Joaquín autoriza una ampliación de 31 días adicionales en el pago de derechos de las Licencias de Bebidas Alcohólicas para beneficiar a los comercios quintanarroenses y seguir evitando la informalidad.

Recordemos que, como parte de los apoyos económicos por el gobierno del estado para fomentar la afiliación al Régimen de Incorporación Fiscal, así como aprovechar los refrendos, comodatos y renovaciones se otorgaron diferentes estímulos fiscales que, en el caso de las bebidas alcohólicas, vencieron a partir del 28 de febrero para aquellos titulares de comercios dedicados a ese rubro.

A partir de hoy, la Secretaría de Finanzas y Planeación; publicado en el Periódico Oficial de Quintana Roo ofrecerá en todo el mes de marzo un 20%, 30% y 50% de descuento en el pago de derechos que se generen por el otorgamiento de refrendos y comodatos; con el fin de propiciar el desarrollo social y económico de la entidad.

Así el gobierno del estado junto con la SEFIPLAN, apoyan al sector empresarial dedicado a la venta de bebidas alcohólicas, para mejorar la competitividad, propiciando su permanencia y la generación de fuentes de empleo directos en Quintana Roo.

Congreso aprueba la creación del distrito judicial de Tulum

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Chetumal.- Para hacer efectivo el principio de acceso a la justicia a favor de los quintanarroenses, particularmente a los que viven en el municipio de Tulum, la XV Legislatura aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial por el que se crea un distrito judicial en el mencionado municipio, lo que permitirá la creación de nuevos juzgados en dicha demarcación.

En la sesión ordinaria número 5, presidida por el diputado José Esquivel Vargas, las diputadas y diputados del Congreso del Estado votaron a favor del dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, que propone la modificación y la adición de una fracción al artículo 75 de la citada ley.

La reforma, promovida por el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, atiende a las necesidades de los habitantes del municipio de Tulum, un municipio que se encuentra en constante crecimiento y transformación, y que el aumento poblacional aunado la alta afluencia turística que ha registrado en los últimos años, implica relaciones jurídicas complejas.

El municipio de Tulum actualmente se encuentra dentro del Distrito Judicial de Solidaridad, junto al municipio de Solidaridad. De acuerdo a la estadística judicial, en el 2016 se iniciaron 195 carpetas administrativas en este distrito judicial, de las cuales 8 provinieron de Tulum, mientras que en 2017 la cifra aumentó a 22 carpetas.

El estimado de los litigios de justiciables pertenecientes al municipio de Tulum, de los cuales conocen los juzgados de primera instancia con sede en Playa del Carmen, correspondientes a las materias familiar y civil, relativos al año 2016 y hasta octubre de 2017, asciende a un total de 304 asuntos, de los que han derivado 418 notificaciones. Esto se traduce en el ejercicio de recursos públicos por parte del Poder Judicial y los correlativos por parte de los justiciables para su traslado a la sede de los juzgados.

De ahí que los legisladores consideraron necesario tener como propósito la tutela del acceso a la justicia de los habitantes del municipio de Tulum, mismos que, para el conocimiento de sus asuntos, deben desplazarse hacia los juzgados que se encuentran en la cabecera del distrito judicial de Solidaridad, es decir en la ciudad de Playa del Carmen, con la afectación económica que ello conlleve.

En la sesión ordinaria, se aprobó un punto de acuerdo promovido por el diputado Alberto Vado Morales, presidente de la Comisión de Cultura, donde se solicita a la Gran Comisión del Congreso del Estado, gire las instrucciones necesarias para crear un departamento de mantenimiento y restauración, que se dedique a la protección de los murales del artista plástico chetumaleño Elio Carmichael, que se encuentran en el vestíbulo del Congreso.

Además, la XV Legislatura, a propuesta de la diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, emitió un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que destine recursos e implemente en Quintana Roo, conjuntamente con los ayuntamientos, un programa emergente de limpieza de playas para la recolección y destino final de las toneladas de sargazo que se encuentra afectando los principales destinos turísticos.

En tribuna, Angulo Sauri mencionó no se ha autorizado a nivel central los recursos de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), para que los ayuntamientos puedan desarrollar dicho programa de limpieza de playas. En las últimas dos semanas, el sargazo ha impactado de nueva cuenta las costas quintanarroenses, desde Mahahual hasta Cancún, generando molestia de ciudadanos y visitantes.

La legisladora consideró necesario y urgente que se generen las condiciones necesarias para que la problemática del sargazo se atienda de manera inmediata y que los ciudadanos, así como los visitantes nacionales y extranjeros, puedan disfrutar la belleza de las playas quintanarroenses y de los servicios turísticos que ofrece la entidad.

Finalmente, el Pleno Legislativo aprobó un punto de acuerdo presentado por las diputadas Santy Montemayor Castillo, Tyara Schleske de Ariño, Ana Patricia Peralta de la Peña y por los diputados José de la Peña Ruiz de Chávez y José Carlos Toledo Medina, integrantes del grupo parlamentario del PVEM, para exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El exhorto busca que, en el censo general de población y vivienda que se llevará a cabo en el año 2020, se establezcan metodologías idóneas para el adecuado diagnóstico de la discapacidad en México y con ello se implementen políticas públicas adecuadas que permitan una inclusión eficiente y desarrollo pleno para la población de conformidad a cada tipo de discapacidad.

“Que la gente decida las obras a construir en sus ayuntamientos”

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Los impuestos con los que la población contribuye y con los que finalmente se integran los presupuestos de egresos de los Ayuntamientos se deben reflejar fielmente en el desarrollo de obras y acciones que la misma gente requiere para el desarrollo de sus comunidades, afirmó el diputado Fernando “El Chino” Zelaya.

En entrevista, el legislador detalló que por esta razón hace unos días ingresó a la XV Legislatura del Congreso del estado una iniciativa de decreto que modifica la Constitución local y adiciona la Ley de Participación Ciudadana Para el Estado de Quintana Roo, en las que se incluye las figuras de Presupuesto Participativo, Cabildo Abierto y Consulta Vecinal.

“Los gobernantes son electos para dirigir el destino de las comunidades, sin embargo, éstos deben escuchar y obedecer el sentir de la población a la que sirven, sobre todo cuando se trata de planear y construir las obras que la gente requiere para mejorar su bienestar y desarrollo”, explicó.

En tal sentido, abundó que a la fecha no existen los mecanismos adecuados para que sea la propia población quien decida qué obras se deben realizar y esta iniciativa la empodera para que así sea y, además, éstas se construyan bajo las especificaciones técnicas adecuadas.

Por citar algunos ejemplos en el municipio capitalino, el diputado mencionó la ciclopista del bulevar Bahía, que, si bien es una demanda ciudadana, no reúne las especificaciones de una verdadera vía para quienes andan en bicicleta, ya sea por deporte u ocio, o como medio de transporte, pese a la millonaria inversión que se realizó.

Asimismo, señaló que la remodelación de la Explanada de la Bandera de Chetumal, o la construcción de la Megaescultura y muchas otras obras nunca se consultaron a la población antes de ser iniciadas y hoy permanecen, como es el último caso, como elefantes blancos porque la gente no las necesita.

“El Chino” Zelaya dijo que espera que en breve se analice en comisiones la iniciativa presentada hace unos días, con el fin de que se dictamine y pase al pleno, donde sus compañeros legisladores decidirán lo conducente y en caso de aprobarla, dotar a los gobernados de una herramienta más para participar de manera directa en la construcción de los municipios que nos merecemos.

Orden de aprehensión en contra de Mauricio N, por el delito de peculado

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Chetumal, Q. Roo.- La Fiscalía General del Estado, informa que agentes ministeriales adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Mauricio N, por el delito de peculado que se sigue en la carpeta administrativa 227/2017, en agravio de la administración pública del municipio de Solidaridad, en el cual el daño material causado hasta este momento según dictamen pericial contable es por la cantidad de $245, 895,576.98 de pesos.

La orden de aprehensión fue girada por un Juez de Control adscrito a los juzgados de control y Tribunales de Juicio Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, y cumplimentada por los agentes en el Centro de Reinserción Social de Chetumal, en donde Mauricio “N” se encuentra sujeto actualmente a la medida cautelar de prisión preventiva justificada desde el pasado 27 de enero por una carpeta administrativa diversa.

El juez de control adscrito al distrito de Solidaridad fijo para esta propia fecha a las 12 horas para que se lleve a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación, en dicho municipio motivo por el cual será trasladado con las medidas de seguridad correspondientes para el desahogo de dicha audiencia.

Cabe destacar que en todo momento, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha dado seguimiento puntual a todas las denuncias interpuestas por las autoridades gubernamentales, a fin de esclarecer los hechos y resarcir los daños ocasionados al patrimonio del Estado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado, refrenda su compromiso de combate frontal a la corrupción, con estricto apego a la legalidad, y los preceptos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

AGENCIA SIM

Martínez Arcila, en la mira para una plurinominal federal

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Chetumal.- Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión, es propuesta para el Partido Acción Nacional (PAN) para ocupar una candidatura plurinominal a una diputación federal, aunque falta definir si el espacio para Quintana Roo será hombre o mujer.

En entrevista, el diputado local plurinominal indicó que la definición corresponde al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), pero “sería una mentira si te digo que el CEN no ha visto entre otras figuras a un servidor, como a varias mujeres”.

“Si es un varón, estoy en la propuesta, pero estoy muy tranquilo; seguimos en el trabajo”, añadió.

De resultar candidato y alcanzar curul, Martínez Arcila se separaría de su cargo actual, que sería asumido por su suplente, Oscar Bernal Ávalos, ex secretario general del PAN en Benito Juárez y actual precandidato a regidor en ese municipio.

Cuestionado al respecto, Martínez Arcila no quiso adelantar qué pasaría con la composición de la Gran Comisión, pues todavía es “una hipótesis” y son varios los diputados que se separarán del cargo, pues muchos incluso ya están ratificados como candidatos.

No obstante, uno de los temas pendientes del actual periodo es abolir esta figura, para reemplazarla por una Junta de Coordinación Política, con lo que Martínez Arcila no tendría un sucesor como tal.

A la pregunta si estas licencias y suplencias interferirán con las labores legislativas, el panista se quejó que el verdadero obstáculo es el ausentismo, pues hoy debían analizar la reforma laboral, pero hasta ese momento faltaban 17 diputados.

“Todo indica que no se podrá aprobar”, lamentó. “Eso retrasa, no los suplentes, que vendrán a realizar su trabajo bien”.

El legislador no quiso señalar a nadie o a ninguna bancada, pues desconoce las circunstancias personales, pero “parece que cuidan temas propios, que no son los del congreso”. Por ello, revisará con oficialía mayor que se aplique lo que dice el reglamento y se descuenten días de trabajo.

AGENCIA SIM

Disparan sobre vivienda de popular colonia en Chetumal

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AGENCIA SIM
Chetumal.- Esta madrugada, dos sujetos dispararon sobre una vivienda de la colonia Santa María, dejando como saldo un hombre herido.

El sujeto fue trasladado a un hospital de la ciudad, en donde se mantiene bajo atención médica.

Agentes de la Fiscalía General del Estado reportaron que un hombre adulto recibió al menos dos disparos por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital.

Hoy cumple 33 años el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social(SQCS).

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Chetumal.- Durante la administración de Roberto Borge, la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, hizo un desvió de más de mil 300 millones de pesos, desvío que el Sistema Quintanarroense de Comunicac ión Social ayudó a desaparecer y que mantuvo ocultó durante todo este tiempo.

En enero pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR) tres nuevas denuncias penales por malos manejos de casi 540 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregó mediante convenios a tres universidades en 2015, año en que esa dependencia estuvo encabezada por Rosario Robles y el hoy precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade.

Durante el mismo periodo Rosario Robles exsecretaria de Desarrollo Social, habría desviado más de mil 300 millones de pesos tras la firma de convenios con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en julio, septiembre y octubre de 2015.

Los presuntos desvíos se cometieron con el mismo esquema revelado por el portal de noticias Animal Político en la investigación periodística llamada “La Estafa Maestra”, es decir, a través de convenios que dependencias del gobierno federal firmaron con universidades o dependencias de comunicación social por servicios que, a su vez, estas terminan subcontratando con otras empresas para eludir los controles de licitación y transparencia. Los bienes y servicios que se contrataron terminaron siendo de dudosa calidad o inexistentes.

La ASF detectó los desvíos por 1,311 millones de pesos de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante las gestiones de Rosario Robles, como lo reveló el diario Reforma.

Parte de los recursos desviados a través de empresas fantasmas fue transferido a Monex y a CIBanco, de donde se dispersó a cuentas de otros países, de acuerdo con tres auditorías forenses a los recursos ejercidos en 2014 y 2015.
Monex recibió un total de 37.1 millones de pesos, con los que se compraron dólares que fueron transferidos a cuentas en China, Ecuador, Bélgica, Israel y EU a nombre de Desarrollo Comercial El Olivo y Servicios Empresariales Helte.

En CI Banco se depositaron 28.9 millones de pesos, transferidos a America Highway Electronics Network y Comercializadora Texdenim, en Corea del Sur, China y Pakistán.

Los desvíos hechos en la Sedesol se realizaron mediante la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, con la cual firmó convenio y contratos en septiembre de 2014, así como en enero y febrero de 2015. En el caso de Sedatu, se firmaron convenios con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en julio, septiembre y octubre de 2015.

La Sedesol y la Sedatu firmaron convenios con estas entidades para eludir los requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, indica la ASF.

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Bloquean ejidatarios oficinas del Centro SCT

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Chetumal.- Un centenar de ejidatarios iniciaron el bloqueo de las oficinas locales de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), dependencia de la cual exigen el pago por la ocupación de sus tierras. Nozarim Espino Solís, abogado de los afectados, denunció que la dependencia ha retrasado intencionalmente los procesos y pretende pagar valores más bajos del precio comercial de la tierra.

Los inconformes, en representación de cientos de afectados de ejidos de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar, colgaron lonas en toda la fachada del edificio y colocaron cartulinas en las puertas, además de formar una cadena humana, con lo que evitaron que personal acudiera a laborar hoy.

Los comuneros reclaman el pago por la ocupación parcial de tierras ejidales para construcción de tramos carreteros, derechos de vía, ampliaciones, libramientos y demás, lo que han gestionado ante diversas instancias, incluso judiciales, para que sea por su valor comercial.

El abogado comentó que al ejido Bacalar, la SCT pretende pagarles 900 pesos la hectárea, en lugar de los 94 mil pesos por hectárea de su valor comercial.

Otro caso es el ejido Divorciados, donde la instancia federal pagó nueve pesos el metro cuadrado, cuando el propio Gobierno del Estado ha vendido tierras a 300 pesos el metro cuadrado.

“En algunos otros casos, el precio comercial de la hectárea llega a ser de 1.5 a 2 millones de pesos y la dependencia pretende pagar a razón de 90 mil pesos”, explicó el abogado.
A decir de Espino Solis, la dependencia federal actúa en contubernio con el Instituto de Administración y Avalúo de los Bienes Nacionales (Indaabin), dependencia que ha retrasado los avalúos e incluso, los ha hecho por montos menores, cuando se obtiene por sentencia judicial que el pago debe ser a precio comercial.

Espino Solís explicó que la Constitución determina que en estos casos, no debe excederse de tres meses para solucionarlo, no obstante, los trámites llevan más de un año en algunos casos, sin que haya solución; desde su perspectiva, justo se trata de eso, de retrasar lo más posible los pagos.

En muchos de estos procesos ya agotaron todas las instancias, es decir, una vez que no recibieron respuesta, los ejidatarios acudieron ante el Tribunal Unitario Agrario, se fue a revisión al Tribunal Superior Agrario, y luego al colegiado de distrito con sede en Cancún, pero ello fue obligado por la dependencia federal, cuando la ocupación de las tierras obliga a la federación al pago de la indemnización.

Los ejidatarios han amenazado con realizar bloqueos carreteros en el caso de que SCT insista en retrasarles su pago.

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Ejidatarios exigen a Sesa que les devuelvan su ambulancia

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Chetumal.- Habitantes del ejido Chacchobén exigieron a la Secretaría de Salud (Sesa) les devuelvan una ambulancia propiedad de la comunidad que en la Jurisdicción Sanitaria 1 les desmantelaron en 2014 y que a la fecha nadie ha respondido.

Raquel Bautista Ortiz, ejidataria, explicó que la ambulancia fue comprada por la comunidad en 2004, la cual fue adquirida procedente de Estados Unidos y tuvo que ser reconstruida, todo esto bajo el gobierno municipal en Othón P. Blanco por parte de Eduardo Espinosa Abuxapqui.

Relató que en ese entonces la comunidad pagó 40 mil pesos, cifra que depositaron ante la tesorería municipal y por la que no se les entregó ningún documento que acreditara la posición.

Agregó que cuentan con copias de la factura notariada y de recibos de depósito para demostrar la legítima posición.

Bautista Ortiz manifestó que en 2014 se descompuso la ambulancia, por lo que al ser un problema que no podía ser reparado por la comunidad, hubo que llevarla a la Jurisdicción Sanitaria 1 con sede en Chetumal.

“La Jurisdicción la desmanteló argumentando que la ambulancia es propiedad de ella, cuando la verdad no es así”, dijo. Añadió que en 2016 interpusieron una demanda ante la Fiscalía General del Estado, pero hasta la fecha no han tenido ninguna respuesta.

“No se me hace justo, si la ambulancia no es de la Jurisdicción”, citó.

FGE cumplimenta mandamiento judicial por violación

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Elementos de la Policía Ministerial de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Julián “N”, de 52 años de edad, el cual se encuentra relacionado con el expediente 305/2000, que se sigue por el delito de violación.

La detención se realizó en la Calzada del Centenario con Ernesto Villanueva y posteriormente el individuo fue puesto a disposición del Juez Penal que lo requirió.

La Fiscalía General del Estado reafirma el trabajo apegado a las leyes que nos rigen y con respeto total a los derechos humanos.

Fuente: Comunicación Social de la FGE.

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