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Cuando Roberto Borge Angulo actuó sin medirse en el abuso del poder y ocupó los recursos públicos para hacer negocios privados, fue necesario que existiera todo un ecosistema de impunidad garantizado desde la federación, que incluiría al presidente Enrique Peña Nieto, según Juan Ernesto Pardinas Carpizo, director general del Instituto Mexicano de la Competitividad. n

“Es obvio que actuó con la certeza de que no le podía ocurrir nada, que tenía una protección y un blindaje que iban mucho más allá de los poderes del estado, porque no me imagino cómo hubiera podido dormir tranquilo con las cosas que hizo, suponiendo que había un grado alto de posibilidad de castigo, de una investigación seria, de un tema judicial funcional; la impunidad es también una construcción constitucional y yo creo que esta construcción viene desde la Federación, en casos como los de Borge o Duarte”, resaltó.

Con un doctorado en Política Pública por la London School Economics, Pardinas Carpizo dijo que para no tener futuros casos de corrupción en los estados de la república el combate debe darse tanto desde la prevención como del castigo ejemplar para los responsables. “Yo creo que la mejor manera de prevenir que se repita un caso como el de Borge en Quintana Roo o
el de Duarte en Veracruz, serían sentencian sólidas y que pagaran por sus delitos estos personajes, no sólo ellos como individuos sino toda esta red cleptocrática que construyeron, que los favoreció y les permitió crecer de esta manera desmesurada a costa del bienestar de la población de sus
estados, de la salud institucional de sus gobiernos”, externó.

Es de todos sabido que los servidores públicos incurren en responsabilidades tanto por actos como por omisiones, agregó que todas las actividades ilegales por los que hoy está preso Borge, ya eran del conocimiento previo de las autoridades federales, que se vieron obligadas a actuar cuando les fue imposible seguirlas ocultando.
“Su pecado (de Borge) fue perder la elección porque la evidencia sobre la corrupción de su gobierno, ya era conocida muchos antes de que finalmente el ministerio público actuará con una averiguación previa y una investigación”, indicó.
–¿El nuevo gobierno federal debería pedirle cuentas a Peña Nieto por estos casos?
–Yo creo que esa es una expectativa de la mayoría de los mexicanos que votaron por el hoy nuevo

Presidente electo.
Este lunes, en la Ciudad de México, el IMCO presentará los resultados de su “Informe Legislativo 2018” el cual analiza el manejo financiero y el desempeño de los diputados integrantes de los 32 congresos estatales del país con miras a encontrar fórmulas que garanticen a los ciudadanos contar con órganos de representación popular más eficientes y transparentes dentro de un marco de austeridad. En un adelanto de ese informe, comentó que el vicio más recurrentes de los Congresos estatales es no rendirle cuentas a los ciudadanos sobre el manejo de los recursos públicos ni de la actuación de cada uno de los diputados a pesar de ser una obligación, lo cual abre la puerta a que se cometan
diferentes irregularidades.

“Una de las funciones primigenias del Congreso es exigir la rendición de cuentas al Poder Ejecutivo, a los gobernadores en el caso de los congresos locales, y lo que vemos de forma preocupante es que por sí mismos los congresos no rinden cuentas, no están acostumbrados a explicarle a los ciudadanos cómo usan el dinero, cómo procesan las distintas legislaciones enviadas por el Ejecutivo, cuál es su aportación al proceso de redacción de las leyes, creo que sí es necesario pasar a la báscula a los congresos del País, y justamente este estudio es un análisis puntual tanto de la parte financiera como del desempeño de los congresos como contrapeso de los Gobernadores”.
Fuente: Agustín Ambriz. Luces del Siglo