Observatorio Legislativo

Cancún.- La aprobación de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales perpetrados contra menores de edad aprobada ayer por la Cámara de Diputados federal ayudará para que el turismo sexual en el estado se sancione con mayor fuerza.

Lo anterior lo indicó Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo, quien respaldó la aprobación por unanimidad de los diputados federales al Código Penal Federal.

“Es algo muy relevante, porque son temas que no se han querido abordar, porque son temas que se ocultan y que según estadísticas hay un gran número de menores de edad afectados”, indicó.

Esta reforma ayudará para evitar que sigan impunes los agravios a los menores, además de que establece mayores sanciones a funcionario públicos que comentan este tipo de actos, así como a los ministros de culto que aprovechan su posición de influencia sobre los menores.

“Esto ayudará para que poco a poco vayamos erradicando este mal de la sociedad mexicana”, señaló.

Cabe señalar que en esta reforma se expone que si la persona que comete el delito es “servidor público o ministro de culto religioso, además de las sanciones señaladas, se castigará con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquier otro de carácter público o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta”.

Cancún.- Desde que se implementaron los diversos programas el Observatorio Legislativo de Quintana Roo hizo varios señalamientos de algunas irregularidades, como la falta de una comisión se vigilancia para verificar que se cumpla con la reglas de operatividad, como lo marca la ley.

En entrevista, Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, indicó que esta comisión estaría conformada por académicos y expertos en temas sociales con puestos honoríficos, sin embargo, hasta el momento no se ha cumplido con esta normativa.

Comentó que es necesario hacer una verificación correcta de los padrones de beneficiarios, siguiendo los criterios y reglas de operación, como el que las personas se encuentren en zonas prioritarias, que estén marcadas tanto por el IEGI, como por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Recordó que en este caso del programa “Mujer Es Vidas”, desde que se abrió la convocatoria señalaron diversas irregularidades, ya que al lanzarse en redes sociales limitó el acceso a personas que no contaban con internet o que debían trasladarse hasta la cabecera municipal, en el caso de los municipios de la zona maya.

Además de que una semana después de haberse concluido el periodo de inscripciones, ya se estaban entregando las tarjetas en Benito Juárez, cuando apenas se estaba cerrando el padrón.

“Esta fue una observación que hicimos, que el programa va dirigido a fortalecer las estructuras de Morena y el Partido Verde”, expresó.

Galaviz Ibarra señaló que ahora con las denuncias donde se detectó a funcionarias que estaban abusando de esos programas sociales, es cuando ven el tema se está verificando.

El cese del cargo a estas personas no es suficiente, comentó, ya que se tendría que hacer una denuncia por ese abusar de su posición y quitarle el recurso a la gente que sí lo necesita.

Por último, resaltó que con las denuncias que se interpusieron públicamente, la Comisión Anticorrupción y Transparencia ya debió de haber llamado a cuentas al secretario del Bienestar, Pablo Bustamante, pero al parecer tratan de protegerlo”.