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Termina controversia judicial contra la periodista Sanjuana Martínez

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La controversia judicial contra Sanjuana Martínez terminó después de más de 4 años. En 2013, la periodista fue demandada por el ex dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, quien pidió, entre otras cosas, pago de indemnización por daño moral tras la publicación de trabajos periodísticos donde fue mencionado.

El proceso judicial significó un desgaste para la periodista, mismo que se agudizó ante las violaciones probadas a sus garantías procesales perpetradas por el Poder Judicial de la Ciudad de México. Más allá de la consecuencias económicas negativas que pudo tener sobre Martínez una eventual indemnización desproporcionada, el proceso en sí mismo se constituyó como una herramienta de hostigamiento judicial, pues es precisamente en sede judicial dónde no se garantizaron los derechos de la periodista.

ARTICLE 19 exhortó en diversas ocasiones a las y los jueces involucrados en esta demanda por daño moral, así como al propio Jesús Ortega que su actuar se apegara a los más altos estándares en materia de libertad de expresión para permitir un flujo constante de información de interés público.

En este sentido, ARTICLE 19 reconoce a Jesús Ortega la acción realizada a finales del año 2018 en beneficio de la libre expresión, al terminar por medio de convenio judicial la controversia que sostenía en contra de la periodista. Con este tipo de acciones se abona a la consecución de un Estado democrático de derecho.

ARTICLE 19 permanece firme en la exigencia de garantizar el libre flujo de información de interés público, por lo que hace un llamado a funcionarias y funcionarios públicos, así como a personas con proyección pública, a realizar todas las acciones pertinentes que garanticen la libre expresión de las ideas a través del ejercicio periodístico debiendo abstenerse de presentar demandas que puedan provocar la autocensura de las y los periodistas ante el temor de represalias legales.

Esta acción realizada por Ortega Martínez, debe ser replicada por aquellos funcionarios y funcionarias o personas con proyección pública que aún sostienen acciones legales en contra de las y los periodistas -tales como las demandas por daño moral- supuestamente ocasionadas con la publicación de información de interés público.

En caso de que los actores de demandas en contra de periodistas persistan en la insistencia de pretender la asfixia financiera y la censura, el Poder Judicial de la Federación así como los Poderes Judiciales Locales deben ser garantes del derecho a la información de la sociedad, así como del derecho a la libre expresión de las y los periodistas.
Fuente: Article 19

«Desabasto de gasolina me recuerda a Cuba»

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Por Peniley Rámirez

Después de negarme a hacer compras de pánico ni filas de horas durante la crisis de gasolina, mi carro acaba de llegar a la reserva. En 6 gasolineras cercanas a mi casa no hay abasto. Qué pena, de verdad, que esta sea la cara con que inicia un nuevo gobierno. #Nohaygasolina.

Crecí en un país donde continuamente nos pedían “trabajo voluntario”, “esfuerzo colectivo”, “disculpar las molestias” y “odiar al imperialismo”. Crecí con la mitad del día sin electricidad, una ración de 10 huevos al mes, sin gasolina, sin jabón, sin papel sanitario.

En ese país, que amo y extraño cada día de mi vida, cada crítica era considera “debilidad ideológica” y la culpa siempre era del otro, del enemigo imperialista. Nunca mi gobierno aceptó haber tomado una mala decisión. Ni una sola.

Pasé ocho años sin ver a mi padre cuando se fue de Cuba. La última conversación que recuerdo antes de su partida fue: es mi deber darles otro futuro. Llevo 17 años fuera de mi ciudad, mi amada ciudad. Solo me quedan allí dos amigos. Todos los demás se han ido. Igual mi familia.

Estacionaré mi coche porque no quiero contribuir en lo más mínimo a la histeria colectiva. Me gusta usar transporte público y lo he hecho siempre. Estudié en una universidad pública en México y durante años he documentado la gravedad del huachicoleo, la impunidad y la corrupción.

Soy periodista y me enorgullezco de investigar el poder, sin importar su filiación ideológica. Soy, como ciudadana, una persona de izquierda y así he ejercido siempre mi derecho al voto, que obtuve gracias a México en 2008.

Muchas de mis fuentes, a quienes entrevistaba cuando daban férreas batallas desde la oposición, ahora están en el gobierno. Los respeto como sé que me respetan. Creo que buen gobierno e ideología son cosas distintas. Es solo que hoy me asaltaron los recuerdos, y duelen.

Sé que en las próximas horas este hilo recibirá respuestas llenas de encono. Haré un esfuerzo por no leerlas. Solo les digo: antes de llamarme fifí, huachicolera, clasista, busquen alguna nota que yo haya firmado y no haya sido crítica de gobiernos anteriores. Los abrazo.

Sé que muchas de esas respuestas dirán que no soy capaz de comprender que se combate un problema de fondo y que lo demás es una molestia necesaria. No es así. Me preocupa la estrategia y no el fondo, la improvisación y no las intenciones, como sería con cualquier gobierno.

No puse gasolina en todos estos días porque pensé sinceramente que el asunto era pasajero, un cambio de estrategia que necesitaba ajustes. Sin embargo, cada día ha cambiado la explicación, los plazos. He preguntado, sin respuesta, cuál fue la estrategia, cuándo y cómo se decidió.

No conocemos esa estrategia. No sabemos cuánto ha sido improvisado. No sabemos si hay controles internos a esa improvisación. Sabemos muy poco de los resultados. Estacionaré mi auto y seguiré atenta, preguntando, porque esa es mi vocación.

Encontré esta nota que escribí en 2015 sobre el dineral que Pemex se había gastado en el sistema de monitoreo en tiempo real Scada y cómo eso no frenó el huachicoleo. Ojalá les interese:

https://www.reporteindigo.com/reporte/entierran-inversion/

Posicionamientos Sentencian a ex alcalde y policías de Seyé, Yucatán, por agresiones en contra del periodista Edwin Canché

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Ayer fue notificada la sentencia dictada en contra del ex alcalde Emilio Dzul Huchim y cinco ex policías municipales de Seyé, Yucatán, por las agresiones en contra del periodista Edwin Canché. Los agresores purgarán penas de prisión de hasta 2 años, multa y trabajo en favor de la comunidad.

El 1 de enero de 2014, Canché cubría un accidente de tránsito en el que estaba involucrado un sobrino del ex alcalde, cuando fue detenido y trasladado sin orden ni motivo legal a las oficinas del ayuntamiento. Ahí fue torturado físicamente y psicológicamente por los elementos, entre ellos el entonces directos de la corporación, Jesús Chuc Aldana, bajo las órdenes del dirigente municipal.

El mismo ex alcalde le dijo mientras era agredido: “Ya estoy hasta la madre, me tienen cansado de que estén criticando mi administración (sic)”.

Por esto, se inició el proceso penal durante el cual ARTICLE 19 y el Equipo INDIGNACIÓN han llevado a cabo el acompañamiento integral, en representación de Edwin Canché. En un primer momento, derivado de la denuncia presentada por el periodista, se inició la averiguación previa ante la Procuraduría de Yucatán; posteriormente, la investigación fue atraída por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometido en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), la cual consignó a los policías junto con el entonces alcalde, por los delitos de lesiones y abuso de autoridad, radicándose la causa penal en el Juzgado Quinto de Distrito en Mérida, Yucatán.

Reclasificación de los delitos
Es importante mencionar que tanto los entonces policías municipales como el ex alcalde, llevaron el proceso penal en libertad, después de pagar fianza por tratarse de delitos no graves. En este sentido, ARTICLE 19 y Equipo INDIGNACIÓN solicitamos en su momento la reclasificación de los delitosde abuso de autoridad y lesiones, para que fueran procesados por los delitos de tortura y privación ilegal de la libertad, conforme a la gravedad de los hechos cometidos en agravio de Edwin Canché por parte de quienes fungían como servidores públicos.

El proceso contra los servidores públicos agresores se siguió por aquellos delitos, bajo los cuales ahora fueron finalmente sentenciados. El Juzgado Quinto de Distrito de Yucatán, quien llevó el proceso, se negó en diversas etapas a clasificar adecuadamente los hechos. Ante esta negativa, las organizaciones representantes promovimos un juicio de amparo en la que instancias superiores se negaron a reclasificar los delitos, tal como lo solicitamos reiteradamente. En suma, se convalidó en sede judicial la incorrecta clasificación de los delitos sobre hechos particularmente graves.

Suprema Corte de Justicia y estándares sobre periodismo
En el juicio de amparo que conoció el Tribunal Unitario de Campeche el Magistrado consideró que Edwin no demostraba ser periodista con alguna credencial o contrato de algún medio de comunicación, lo cual implicaba que todo el proceso penal regresara al fuero común en Yucatán, donde la Fiscalía del Estado había mostrado total desdén por las violaciones a derechos humanos del periodista. Por ese motivo se impugnó la resolución, de la cual solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atrajera el asunto para pronunciarse al respecto, que finalmente se registró bajo el amparo en revisión número 1422/2015.

El 1 de marzo de 2017, la Primera Sala de la SCJN emitió una resolución trascendente para la libertad de expresión y periodismo en México, sentando un precedente importante en estas materias, al reconocer la perspectiva amplia y funcional del periodismo, visto como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, sin que deba acreditarse la pertenencia a un medio de comunicación o contar con un título universitario, ya que en la función periodística participan una variedad de personas. Esta resolución también impactó en los mecanismos de protección que se han establecido en los últimos años ante la situación de violencia y riesgo a la que se enfrentan las y los periodistas; obligando a brindar medidas de prevención y protección a quienes lo necesiten bajo parámetros amplios ahora reconocidos por la Suprema Corte en México.

Comisión Nacional y estatal de Derechos Humanos: protección fallida
Derivado de los hechos contra el periodista, también se abrió un expediente de queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), quien emitió la Recomendación 20/2015 en la cual consideró que los hechos ocurridos no constituyeron tortura sino únicamente “uso indebido de la fuerza”, por lo cual ARTICLE 19 y Equipo INDIGNACIÓN impugnamos dicha determinación ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mediante un recurso de impugnación, en diciembre de 2015.

La resolución que emitió la CNDH resultó lamentable, desechando el recurso de impugnación, pues además de ser notificada el 9 de enero de 2017, a más de un año de que se interpuso dicho recurso, convalidó la determinación de la CODHEY refiriendo que como las lesiones ocasionada a Edwin Canché son aquellas que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días, “no se podían considerar como tortura”. Peor aún, redujo los actos que pueden considerarse tortura, sólo aquellos que tienen el propósito de obtener información o la confesión de aceptar la participación en un ilícito, contrariando la definición más amplia y protectora en materia de tortura que se encuentra en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, e incluso en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el estado de Yucatán.

Sentencia
Finalmente, 5 años después, el Juzgado Quinto de Distrito en Mérida, Yucatán, dictó sentencia condenatoria contra el entonces presidente municipal de Seyé, Ermilo Dzul Huchim, y 5 policías municipales, incluido el director de la corporación, por los delitos de lesiones y abuso de autoridad, estableciendo 2 años de prisión para cada uno, así como una multa y trabajo que deben hacer en favor de la comunidad.

Cabe aclarar que pueden obtener un beneficio para sustituir la pena de prisión, por la naturaleza de los delitos, lo cual como ya se refirió, desatiende lo que la víctima y las organizaciones representantes impulsamos durante estos años. Desafortunadamente, los hechos constitutivos de tortura y detención arbitraria no fueron correctamente clasificados por la FEADLE, y durante el proceso por el Poder Judicial de la Federación, lo que conlleva que ahora los servidores públicos de Seyé no enfrenten sanciones proporcionales.

No obstante, es importante referir que esta sentencia condenatoria -aun con sus falencias- constituye un precedente trascendental que envía un mensaje contundente ante la situación crítica de violencia contra periodistas en México, ubicándose entre los primeros lugares en el mundo de periodistas asesinados, y con un 99.2% de impunidad en delitos contra la prensa.

En palabras de Edwin Canché “esta sentencia es para mi una pequeña victoria, un triunfo en una batalla contra el gigante de la impunidad que azota y hiere uno de los derechos más importantes en nuestra vida social que es nuestra libertad de expresión. Es un gran logro que contribuye a dar una esperanza en la lucha contra la violencia que cada día trata de mermar la voces que se alzan para denunciar los abusos e injusticias, es punto de apoyo para dar fuerzas a quienes levantan la voz y llevan el mensaje de los más débiles a los oídos de una autoridad insensible y despiadada. Es un respiro que dará fuerza y reafirmará la convicción de quienes seguirán adelante pese a los embates para callar sus voces”.

Desde ARTICLE 19 hemos documentado en los últimos años, que una parte sustancial de las agresiones contra periodistas proviene de servidores públicos. A pesar del discurso oficial, en el cual el gobierno ha culpado una y otra vez al crimen organizado por la violencia contra la prensa, de las 1,986 agresiones ocurridas entre 2013 y 2017, 8% fueron presuntamente cometidas por integrantes del crimen organizado y 48% por servidores públicos. De enero a julio de 2018, del total de las agresiones contra la prensa, 42% fueron cometidas por estos mismos.

En ningún año de los documentados, las agresiones por funcionarios han sido rebasadas por las de algún otro grupo, sujeto o tipo de perpetrador. Es decir, las autoridades, quienes están obligadas a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, son las primeras que los menoscaban y anulan.

En Yucatán, conforme a la documentación de ARTICLE 19, las agresiones contra periodistas son cometidas principalmente por agentes estatales o de seguridad pública, que sin un conocimiento de sus obligaciones y protocolos, cometen violaciones a los derechos humanos.

Esta resolución, después de una larga lucha de Edwin y su familia, es un importante mensaje contra las violaciones a derechos humanos cometidas contra periodistas por parte de servidores públicos locales. Sin duda cuando la sanción de las autoridades implicadas en delitos contra la.prensa sea la regla y no la excepción, comenzaremos a observar una reducción significativa en los patrones de violencia cometidos contra la libre expresión.
Fuente: Article19

Cuitláhuac García se reúne con esposa e hijo de Moisés Sánchez Cerezo

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La noche de este miércoles el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez sostuvo una reunión con María Josefina Ordóñez y Jorge Sánchez Ordoñez, esposa e hijo del periodista, Moisés Sánchez Cerezo, respectivamente, quien el pasado 2 de enero del 2015, fue privado de su libertad en su domicilio y hallado sin vida días después, esto al cumplirse cuatro años de impunidad.

Cuitláhuac García, mencionó que en el caso del periodista, Moisés Sánchez Cerezo fueron identificados los culpables del asesinato, sin embargo, estos no fueron detenidos.

“Estamos en la oficina del gobernador atendiendo una solicitud, porque el día de hoy se cumplen cuatro años, esta fecha fue sacado de su domicilio el periodista Moisés y después apareció muerto, caso en donde se tienen identificados a todos los culpables desde los autores materiales e intelectuales y no se ha hecho justicia, porque, culpable el alcalde de Medellín de ese entonces está prófugo”.

Dijo que María Josefina Ordóñez y Jorge Sánchez Ordoñez, acusan que la autoridad correspondiente no ha actuado, ni detenido a los autores materiales e intelectuales.

“Lo que expresan Jorge su hijo y su esposa María Josefina, no se ha actuado, no se ha detenido, no ven ellos que haya un compromiso de la autoridad correspondiente para detenerlos, porque ya van varios años y no se han dado resultados”.

El mandatario indicó que pronto será el día del periodista, y por lo cual ha invitado a María Josefina Ordóñez y Jorge Sánchez Ordoñez a que estén presentes ellos y todos los familiares de periodistas asesinados en las administraciones anteriores.

“Pronto va hacer el día del periodista y nos he invitado a que estén presentes ellos y todos los periodistas que fueron asesinados en las administraciones anteriores, yo creo que es importante que estén presentes en un acto que se habla de la persona, en memoria de ellos, en la labor que hicieron ese día estén presentes, porque tenemos que dejar mensaje claro, a los periodistas se les debe respetar, se les debe darle la libertad que tienen derecho y expresar públicamente sus opiniones, pierden la vida todos ellos, en ejercicio de sus derechos, por ejercicio de su profesión, la libertad de expresión el dar la noticia, por eso están ellos aquí en memoria y para exigir justicia, para que se den con los culpables”.

Mencionó que en la Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz que emitió el pasado 1 de diciembre, durante su toma de protesta, tiene un apartado sobre los periodistas asesinados en el estado.

Cabe recordar que el 2 de enero del 2015, Con lujo de violencia un comando armado irrumpió en el domicilio del fotorreportero y activista social, José Moisés Sánchez Cerezo, sacándolo y llevándose a su paso su computadora, su cámara fotográfica y varios equipos celulares.

Los familiares de José Moisés Sánchez Cerezo indican que de acuerdo al testimonio de los vecinos, al domicilio –ubicado en la calle Violetas número 4 en la colonia Rosas del Municipio de Medellín de Bravo– arribaron tres automóviles de donde bajaron varios hombres fuertemente armados, ingresaron a la casa y extrajeron a Sánchez Cerezo, subiéndolo a uno de los vehículos.
Fuente: agnveracruz

Se esclarecen hechos por FGE en contra de periodista en Tulum

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La Fiscalía General de Estado informa que en atención a la denuncia interpuesta por H.V.H. con número de carpeta 930/2018, la representación social giró las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad del agraviado.

Por tal motivo, la representación social turnó el expediente ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República, para que a través de los canales adecuados, se dé cumplimiento a las disposiciones que marca la ley y se realicen las investigaciones correspondientes con base en los Mecanismos de Protección a Periodistas.

La Fiscalía General del Estado es garante de los Derechos Humanos y coadyuvará con las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, ya que es respetuosa del ejercicio de la libertad informativa.

Sicarios querían liberar a presunto asesino de periodista

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El intento de ataque ocurrido ayer sábado en las oficinas de la Fiscalía General del Estado en Cancún, ocurrieron como represalia por la detención de MAA, ocurrido el jueves, vinculado con varios homicidios, entre ellos, el de Javier Rodríguez Valladares, camarógrafo de un canal de televisión local.
Un juez dictó prisión justificada por un año en contra de MAA, en tanto se integra la investigación en su contra, por delito de narcomenudeo, informó la Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado.

Mientras procede ese lapso, los Ministerios Públicos y peritos avanzarán en las investigaciones para comprobarle al detenido otros delitos, entre ellos varios homicidios y su supuesta vinculación con el asesinato del camarógrafo de Canal 10 en Cancún, Javier Rodríguez Valladares.
MAA fue detenido por la Policía Estatal en coordinación con la Marina el jueves pasado, y su detención generó amenazas y un intento de ataque a las oficinas de la Fiscalía en Cancún, la que fue repelida a balazos y que terminó en la detención de cinco personas, a las que se les aseguró droga, armas largas, municiones y una bomba casera.
Los detenidos identificados como ACJ, AAR, RME, AMM y ESH fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), después de una persecución por parte de agentes de la Policía Ministerial con respaldo de las Fuerzas Armadas.

En los vehículos, los agentes ministeriales encontraron dos armas largas tipo AK-47 mejor conocidas como “cuerno de chivo” y dos armas cortas, un cargador circular, seis cargadores más para armas largas, y cientos de cartuchos útiles de diferentes calibres.
También se les encontró un artefacto explosivo de fabricación casera, consistente en un tubo de unos 20 centímetros de largo, sellado en ambas puntas y relleno con explosivo.
Además, tenían en su poder más de 30 bolsas de plástico con marihuana, con un peso aproximado de medio kilo cada una, en las que se podían leer los nombres de los vendedores a quienes serían entregadas, y cinco pasamontañas.
Fuente: Agencia SIM

Ataque con bombas molotov a Periodista de Tulum

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Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2018.-El periodista Héctor Valdez Hernández, director de Tulum En Red, sufrió un ataque el 6 de noviembre en su domicilio, ubicado en Tulum, Quintana Roo, por parte de sujetos desconocidos, quienes lanzaron dos bombas molotov que impactaron afuera de su vivienda: una junto a un vehículo de su propiedad y la otra en la puerta principal.

 

Los hechos se registraron durante la madrugada; sin embargo, debido a la distribución de las habitaciones, el periodista se percató más tarde en la mañana. Afuera también encontró otros dos explosivos sin utilizar.

 

Tulum en Redes considerado un medio crítico de la región y recientemente ha señalado las fallas en su labor de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo y las Policías Municipales de Cancún y Tulum. Las últimas coberturas fueron sobre declaraciones del titularde la dependencia estatal, la protesta de policías municipales de Cancúnen contra de su director general, malas actuacionesy destitucionesde funcionarios locales, represión de protestasy desalojos.

 

“Hemos registrado niveles de violencia muy altos en la región. Creo que es importante visibilizar la situación en Tulum y, en mi caso particular, porque he sido advertido sobre el peligro que corre mi vida si las autoridades no actúan”, dijo el periodista en entrevista con ARTICLE 19.

 

Además, relató que se ha estigmatizado la labor del medio con señalamientos falsos. “Hay personas que dicen que estas críticas las hacemos para que nos asignen contratos de publicidad, sin embargo, eso no es mi interés”.

 

No sólo la violencia en general, también la dirigida contra la prensa ha ido en aumento en Quintana Roo. De enero a julio de 2018, ARTICLE 19 ha documentado 12 agresiones, de las que destacan 2 asesinatos de periodistas, golpes a reporteros, robos de equipo, detenciones arbitrarias, torturay amenazas.

 

Frente a este panorama ARTICLE 19 exige al gobierno municipal de Tulum y al gobierno estatal de Quintana Roo abstenerse de realizar, habilitar u omitir ataques no sólo contra Héctor Vázquez sino contra cualquier periodista de la región. Involucrarse por acción u omisión en la ejecución de dichos actos es un grave atropello al derecho del periodista a recopilar, investigar y difundir información así como un contrasentido a la obligación que en su calidad de garantes de la libre expresión tienen como representantes del Estado.

 

Asimismo, exigimos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) investigar de manera diligente el incidente descrito en esta comunicación a fin de ubicar a los responsables y sancionarlos. La creciente violencia contra la prensa en Quintana Roo no se explica sino a través de la impunidad, que permite que no se castiguen ataques como el llevado a cabo contra Héctor Vázquez, por ello es fundamental su intervención.

 

Del mismo modo es importante que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) conozca del caso y en el ámbito de sus facultades contribuya a brindar apoyo al periodista agredido en caso de que, derivado de las investigaciones, haya indicios de la participación intelectual o material de funcionarios públicos en los ataques descritos en esta alerta.

 

Finalmente, hacemos un llamado al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob) para que en la medida de sus atribuciones hagan todo lo necesario para proteger al periodista agredido.

Fuente: article19

Periodista de Tulum denuncia amenazas ante la PGR

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Cancún.- El periodista Héctor Valdés, de Tulum, se presentó en las instalaciones de la Procuraduría General de la República en esta ciudad para denunciar ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, la agresión de la que fue objeto, al lanzarle una bomba molotov en su casa hace unos días.

Un sujeto arrojó una bomba incendiaria contra su vehículo, pegando sobre el parabrisas y rebotando cayendo en su casa; solo que la mecha se apagó mientras caía, por lo que no causó el daño esperado.

El director de un portal de internet local en Tulum desde hace 10 años, expresó que teme por su vida y su patrimonio, pues en los últimos meses lo han amenazado en repetidas ocasiones, algunas ante testigos, por parte de “personeros” del actual presidente municipal.

En unas de estas amenazas le advirtieron que le quemarían su carro, en tanto que en otra, una persona, frente a testigos, le dijo “yo soy tu amigo, esto te terminará costando la vida”.

La denuncia se hizo ante la Fiscalía General del Estado, en su mesa en Tulum, donde no querían recibirla, pero al ser filmados procedieron a ingresarla, con el número de expediente 1049/2018.

“Ya la ratifiqué con amenazas que ha recibido desde hace meses, de personeros de un grupo político”, manifestó. “No puedo asegurar que sea la base real, pero son los elementos que tengo; le tocará a la autoridad investigar con profundidad y esclarecer estos hechos”.

Una de estas amenazas inclusive fue atestiguada por el entonces director de Seguridad Pública, Gabriel González Ornelas, pues le marcaron cuando estaba a su lado y puso al desconocido en altavoz.

Este grupo está molesto por la labor periodística, dijo.

La FEADLE, aunque no tiene representación en el estado, giró instrucciones a la delegación que le reciban la denuncia, para que desplacen a un fiscal del centro de la República a investigar lo sucedido.

A pesar de esto, expresó no confiar mucho en las autoridades, pues en fechas pasadas le llegó un citatorio de la PGR, para acudir a Cancún, con un día de anticipación, para declarar por una denuncia interpuesta siete años atrás.

Sobre qué espera que suceda ahora, comentó: “Espero seguir con vida y que el patrimonio no siga en detrimento”.

información: AGENCIA SIM

Otorgan 18 meses de cárcel, a exjefe policiaco, por retener a periodista

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El exdirector de la policía municipal de Centla, Luis Alfonso Arias Notario, fue sentenciado a un año y seis meses de cárcel por mantener preso ilegalmente al periodista Felipe Eladio Jiménez Solís, el 30 de diciembre de 2016, por mandato de la entonces presidenta municipal, Gabriela López Sanluca.

El periodista tabasqueño fue maltratado, humillado e incomunicado en la cárcel municipal. Un día después fue puesto en libertad por la presión social y desde entonces, el comunicador presentó una denuncia que no avanzó en manera estatal, ni en la Fiscalía General ni en la Comisión de Derechos Humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos resolvió el año pasado a favor de Jiménez Solís y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, logró este fin de semana una sentencia condenatoria contra Luis Alfonso “A”, quien era un servidor público municipal en Centla, Tabasco, por su responsabilidad penal en los delitos de detención ilícita y función persecutoria indebida en agravio de un periodista.

La exalcaldesa, quien dejó sus funciones el pasado 4 de octubre, fue arrestada en Frontera, Centla, por agentes especiales y llevada a las oficinas centrales de la PGR en Villahermosa. Horas después fue liberada para seguir el proceso fuera de prisión.

Dio a conocer la FEADLE que al señalado “le fue impuesta una pena de un año y seis meses de prisión y se le ordenó pagar una multa de siete mil 403 pesos, a reparar el daño causado, a observar un buen comportamiento, someterse al cuidado y vigilancia del órgano desconcentrado de prevención y reinserción social por el tiempo que dure la pena y a evitar cualquier acto de molestia a la víctima”.

En total, para resarcir el daño a la víctima, el ex director policiaco le pagará 70 mil pesos.
Notario tendrá su proceso fuera de prisión, de acuerdo al Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Con información de: FABIOLA XICOTENCATL. EXCELSIOR

Detiene la PGR a Excaldesa por agresión a periodista

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La ex presidenta municipal, de Centla, Tabasco, Gabriela López Sanlucas, fue detenida por la Procuraduría General de la República, por una agresión contra el periodista Felipe Eladio Jiménez.
El operativo fue dirigido por Agentes del Ministerio Público de la Federación, quienes se trasladaron hasta la Ciudad de México.

Al ejecutar una orden de aprehensión, la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, aprehendió a la política priista por quitarle su libertad de manera ilegal al comunicador el pasado 30 de diciembre de 2016.
Se confirmó que la orden de aprehensión la giró un Juez de Tabasco, bajo la causa penal 61/2018.

La ex funcionaria municipal, fue detenida por los federales, cuando charlaba en una fonda enclavada en el primer cuadro de la ciudad, acompañada de varias mujeres. Tras el operativo, la mujer fue trasladada a las oficinas de PGR en Tabasco donde permanece. Anoche mismo fue visitada por su esposo e hijo y el abogado que la defenderá.
En la acusación, hay elementos uniformados relacionados tras los hechos ocurridos en el año 2016, precisamente el 30 de diciembre y en el que el pasado 18 de junio, fue capturado el elemento Luis Alfonso Arias Notario a quien se le trasladó, también, a la ciudad de México, acusado de los cargos de detención ilícita y función persecutoria indebida en agravio del periodista Jiménez Solís.

Se tiene conocimiento que el ex director de Seguridad Pública de Gabriela López, aceptó un procedimiento abreviado y declaró en contra de ella.
La ex alcaldesa llevó a cabo su declaración en audiencia privada en los Juzgados de Distrito en Dos Montes, ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
Del mismo se sabe que se trata de un delito no grave, por lo que podría quedar en libertad hoy mismo tras dictarse medidas cautelares.
Como medida de prevención para sustentar el buen desarrollo del proceso se le decretó como medida cautelar asistir este viernes y el próximo lunes a firmar ante este recinto Federal.

En el año 2016, López Sanlucas era la alcaldesa del municipio tabasqueño. Por lo que, según las investigaciones, habría utilizado a policías para retener al periodista en contra de su voluntad.

El agente involucrado en el caso fue vinculado a proceso en junio del presente año, por el mismo agravio.

López Sanlucas es señalada también, de arruinar al municipio de Centla por abusar de su poder, gobierno falto de transparencia y peculado.

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