Todos los juicios apócrifos que se creó durante el gobierno de Roberto Borge para despojar de propiedades a empresarios de Quintana Roo fueron resueltos durante el gobierno de Carlos Joaquín que está por concluir, aseguró la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo Navarro.
Lo anterior, luego del andamiaje de corrupción que operaba en la Junta de Conciliación y Arbitraje, en la pasada administración encabezada por Borge Angulo, se formó a través de grupos internos en la dependencia que creaban juicios apócrifos para ejecutar despojos a propiedades de lujo, hoteles y condominios, en diferentes municipios del estado, principalmente en destinos turísticos como Tulum, Playa del Carmen y Cancún.
“Se recuperaron la totalidad, tenemos que actualizar los avalúos, porque valor avaluó están bajos en los expedientes y tenemos que son 741 millones de pesos, pero a la época en que fue el avaluó ahora es mayor e incluso en dólares”, explicó la funcionaria estatal.
Agregó que en el municipio de Tulum se recuperaron 5 hoteles, los cuales ya fueron entregados a sus legítimos propietarios, así como las casas e incluso dinero a favor de las cuentas de los empresarios que les habían sido embargados.
Portillo Navarro recordó que la secretaría a su cargo atendió 24 casos de juicios apócrifos que fueron detectados y se trataban de casas y departamentos de lujo de empresarios que resultaron afectados por despojos operados en el periodo ‘borgista’ y que a través de amparos emitidos a través de un Juez de Distrito los dueños originales han logrado recuperar sus propiedades.
Cabe recordar que el proceso iniciaba con la creación de juicios apócrifos, se agregaban trabajadores ‘inexistentes’ o que nunca laboraron para las empresas que demandaban, se integraban al expediente con el apoyo de credenciales de elector provenientes de Tabasco y Veracruz, estos empleados a modo demandaban a grandes empresas por ‘despido injustificado’ y el siguiente paso era en el proceso de juicio, ya que la Junta de Conciliación y Arbitraje no realizaba las notificaciones de demanda a los empresarios afectados, lo que provocaba que no se encontraran pruebas que contradijeran los argumentos de despido injustificado de los ‘empleados a modo’.
Posteriormente la dependencia realizaba condenas millonarias a las cuentas bancarias o en su caso se apropiaron de los inmuebles.
