Chetumal.- Catalina Castro Meneses, ex pareja del empresario Sergio León Cervantes y víctima del «influyentismo y amiguismo» que se vive al interior del Poder Judicial del Estado, presentó ante la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo las pruebas contundentes que confirman las violaciones a la ley en las que ha incurrido la Magistrada Consejera del Tribunal Superior de Justicia (TSJPJ), Verónica Acacio Trujillo, y por el que ha solicitado al Poder Legislativo un juicio político en su contra.
El pasado 24 de mayo, Catalina Castro y su representante legal Araceli Andrade presentaron ante la Comisión de Justicia del Congreso del Estado la solicitud de juicio político en contra de Verónica Acacio, en el que fue señalada por su intervención a modo en el juicio 148/2022 que enfrenta la víctima y que fue promovido por el ex presidente de COPARMEX Quintana Roo, Sergio León Cervantes.
Según las declaraciones de la mujer, la magistrada ha violado y manipulado la ley y a los servidores públicos del Juzgado Segundo Oral Familiar de Cancún en beneficio de León Cervantes, quien es su intimo amigo.
La víctima asegura que Acacio Trujillo es «juez y parte» en su caso, a pesar que la ley lo prohíbe.
Por estás razones, Castro Meneses y su abogada solicitaron el juicio político y fue el día de ayer viernes cuando presentaron las pruebas que argumentan las acusaciones contra la Magistrada.
Entre las evidencias presentadas, data lo siguiente:
1. Copia Certificada de la Escritura Pública número 2873 con fecha 13 de julio de 2009 expedida por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) y pasada ante la Fe Pública de la licenciada Carmen Nicolás Ramírez, titular de la Notaría Pública 38, relativa a la conformación persona moral «Corporación Jurídica Acacio Sociedad Civil» formada por Alfredo Romero Pasos, Verónica Gloria Acacio Trujillo, Benigno Renan Quezada Rodríguez, Gaspar Felipe Buenfil Caballero, Luis Miguel Paredes Cocom y María Luisa Del Rio Vent.
Prueba que acredita que la magistrada es socia mayoritaria al 80 por ciento del despacho, que representa jurídicamente los intereses de Sergio León Cervantes en el juicio 158/2022 del Juzgado Segundo Oral Familiar en Cancún.
La anterior, es la evidencia mayor de las violaciones a la ley en que ha incurrido Acacio Trujillo. Por un lado el artículo 100 de la Constitución Política del Estado que dice «… Ningún servidor público del Poder Judicial del Estado tener, servir o desempeñar al mismo tiempo otro empleo, cargo o comisión diverso, excepción de la docencia y los cargos honoríficos en instituciones públicas o privadas. asociaciones o sociedades científicas, literarias, culturales, educativas, deportivas, de investigación científica o de beneficencia, cuyo desempeño no perjudique las funciones o labores propias de su cargo…»
Por otro lado, el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo que expresa: «…Los servidores públicos del Poder Judicial no podrán prestar sus servicios en actividades que se relacionen con el ejercicio de la abogacía…»
Está ley ha sido ignorada por Verónica Acacio, quien ha preferido apoyar y defender a su amigo Sergio León en su despacho.
2. Certificado de Libertad de Gravamen expedida por Hilda Margarita Manrique Ley, delegada del RPPC en Cancún, relativa al inmueble con domicilio en Avenida Contoy Lote: 54 Manzana: 02 Supermanzana: 19, a nombre de Verónica Gloria Acacio Trujillo, propietaria del 100 por ciento.
Esta prueba, confirma que el despacho de la magistrada es el autorizado por Sergio León Cervantes «cómo domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones aún las de carácter personal, documentos, títulos y valores», en el juicio de divorcio.
Las dos evidencias anteriores comprueban la intromisión de Verónica Acacio en el juicio para favorecer a su amigo de fiestas y convivencias, y dejar en la calle y sin hijos a Catalina Castro.
Pero no fueron las únicas pruebas, también presentaron un documento de la Fiscalía General del Estado (FGE) que comprueba el tráfico de influencias de la magistrada Verónica Acacio en la institución a través del fiscal del Ministerio Público, Gaspar Felipe Buenfil Caballero.
Buenfil Caballero es socio de Acacio Trujillo en la «Corporación Jurídica Acacio S.C» y es también complice de las arbitrariedades que se han cometido en la FGE en agravio de Catalina Castro.
Tras las evidencias presentadas Castro Meneses y Andrea Tolima solicitaron a la Comisión de Justicia la medida cautelar de dar parte a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que investigue la procedencia de los recursos que ha adquirido Verónica Acacio por medio del despacho jurídico «Corporación Jurídica Acacio, Sociedad Civil», cómo una prueba más de la señalado en la solicitud de Juicio Político en su contra.
