Con una mayoría avasallante de 433 votos a favor, 9 en contra y una sola abstención, los diputados avalaron la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, la cual no permitirá que algún político cobre más que el Presidente de México, incluyendo los ex presidentes.
La iniciativa propone también una modificación al Código Penal Federal para tipificar el delito de remuneración ilícita a los servidores públicos y castigarlos hasta con 14 años de cárcel y multa equivalente a 3 mil días de salario mínimo.
Los grupos del PRI, PAN, MC, PRD y PVEM aprobaron la iniciativa en lo general, pero reservaron en conjunto para su análisis en lo particular la totalidad de los artículos, por considerar necesario corregir inconsistencias, anacronismos y hasta vicios de inconstitucionalidad en la minuta, tras siete años en la “congeladora” legislativa.
Además, en la propuesta de la Ley de Austeridad Republicana queda claro que quedarán prohibidas las pensiones de retiro a los jefes del Ejecutivo federal, y sólo tendrán acceso a las que les otorgue el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El ex presidente dijo que la prestación otorgada a los ex mandatarios no es un caso de abuso de poder.
Establece que todos los servidores públicos de la Federación recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social correspondiente. También se busca eliminar los “haberes de retiro” y regímenes especiales de jubilaciones y pensiones, así como la contratación de seguros de gastos médicos mayores, de separación individualizada o colectiva por parte de los entes públicos federales.
Se busca no crear plazas adicionales a las autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni se aumentarán sus dotaciones y la contratación de servicios personales por honorarios, sólo procederá en casos excepcionales y plenamente justificados.
Señala que los vehículos sólo podrán destinarse a actividades prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población.
En cuanto a viajes oficiales, sólo se autorizarán, por ente público, dependencia, órgano desconcentrado o entidad, los que resulten estrictamente necesarios y “queda prohibida la adquisición de boletos de viajes en servicio de primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte”.
Fuente: The Mexico News
